Auto 2011-00343 de septiembre 29 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Exp: 110010325000201100343 00

Núm. interno: 1294-11

Decretos del gobierno

Actor: Diego Enrique Sierra Yañez

Suspensión provisional

Bogotá D.C., veintinueve de septiembre de dos mil once.

El señor Diego Enrique Sierra Yañez, en nombre propio y en ejercicio de la acción de que trata el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, solicita la declaratoria de nulidad del Decreto 33 de 11 de enero de 2011 que modificó el artículo 1º del Decreto 4834 de 30 de diciembre de 2010, por medio del cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo legal mensual.

El Presidente de la República en uso de las atribuciones que le confiere el inciso 2º del parágrafo del artículo 8º de la Ley 278 de 1996, fijó mediante el Decreto 4834 de 2010 como SMLM para los trabajadores de los sectores urbano y rural la suma de $532.500, norma que regiría a partir del 1º de enero de 2011.

El 11 de enero de 2011 el Gobierno Nacional mediante el Decreto 33, modificó el artículo 1º del Decreto 4834 de 30 de diciembre de 2010, fijando un nuevo Salario Mínimo por la suma de $535.600.

Para resolver, la Sala

Considera

Como la demanda reúne los requisitos formales es del caso ordenar su admisión y trámite.

La suspensión provisional

La suspensión provisional es una medida de carácter cautelar, que busca restarle eficacia temporal a los actos administrativos demandados en acción de nulidad, durante el trámite del proceso.

El artículo 152 del Código Contencioso Administrativo prescribe taxativamente los requisitos que deben cumplirse para la procedencia de la suspensión los cuales corresponden fundamentalmente a dos aspectos: la forma como debe formularse la petición, bien sea en la misma demanda o en escrito separado pero dentro de una determinada oportunidad; la manifiesta infracción que surja de una simple comparación, como condición fáctica que debe darse, para que la medida sea decretada y si la acción es distinta a la de nulidad se deberá demostrar el perjuicio de la ejecución del acto causa o podría causar . El tenor literal de la anterior normatividad, es el siguiente:

“...

1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida.

2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.

3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar aunque sea sumariamente, el perjuicio de la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor”.

Como se observa, la suspensión provisional es una medida procesal sujeta a condiciones y requisitos exigentes, pues además de solicitarse por escrito, el interesado debe demostrar la existencia de una manifiesta infracción entre el acto demandado y las normas violatorias invocadas. Por consiguiente, no le es dable al juzgador acceder a su decreto sino cuando encuentre visibles esos extremos, pues en los casos en que la materia ofrece dudas o exige examinar el fondo del asunto, no resultaría procedente esa medida.

Argumentos de la solicitud

La solicitud de suspensión provisional fue sustentada con los siguientes razonamientos:

La Ley 278 de 1996 artículo 8º establece que cuando no se logre el consenso en la fijación del salario mínimo para el año inmediatamente siguiente, a más tardar el 30 de diciembre de cada año, el gobierno lo determinará.

Mediante el Decreto 33 de 11 de enero de 2011 proferido por el Presidente de la República, se modificó el artículo 1º del Decreto 4834 de 30 de diciembre de 2010, fijando el salario mínimo legal vigente en la suma de $535.600.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 33 de 2011 cuando ya había perdido competencia para hacerlo, actuando así de manera arbitraria, es decir, fue expedido por fuera de los términos legales previstos por la Ley 278 de 1996 que otorgaban competencia residual al gobierno, por lo que acarrea la nulidad del acto demandado.

De las normas violadas

Las normas citadas como violadas disponen:

Normas violadasActo demandando
Artículos 8º de la Ley 278 de 30 de abril de 1996
“Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales creada por el artículo 56 de la Constitución Política”.
Decreto 33 de 11 de enero de 2011 “por el cual Por el cual se modifica el artículo 1º del Decreto 4834 del 30 de diciembre de 2010”.
ART. 8º—<Artículo condicionalmente exequible> Las decisiones de la comisión serán adoptadas por consenso. El voto de cada sector representativo será el de la mayoría de sus miembros.
PAR.—Para la fijación del salario mínimo, la comisión deberá decidir a más tardar el quince (15) de diciembre. Si no es posible concertar, la parte o partes que no están de acuerdo deben, obligatoriamente, explicar por escrito las razones de la salvedad dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. Las partes tienen la obligación de estudiar esas salvedades y fijar su posición frente a ellas en el término de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas. De nuevo, la comisión deberá reunirse para buscar el consenso según los elementos de juicio que se hubieren allegado antes del treinta (30) de diciembre.
Cuando definitivamente no se logre el consenso en la fijación del salario mínimo, para el año inmediatamente siguiente, a más tardar el treinta (30) de diciembre de cada año, el gobierno lo determinará teniendo en cuenta como parámetros la meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República y la productividad acordada por el comité tripartito de productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del producto interno bruto (PIB) y el índice de precios al consumidor (IPC).
...”.
Que a falta de acuerdo tripartito para la fijación del aumento del salario mínimo para el año 2011 por parte de la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales, el Gobierno Nacional fijó mediante Decreto 4834 del 30 de diciembre de 2010 como salario mínimo legal mensual para los trabajadores de los sectores urbano y rural, la suma de quinientos treinta y dos mil quinientos ($532.500) pesos moneda corriente.
Que las estimaciones de inflación esperada para finales de año 2010 informadas por el Banco de la República a la Comisión permanente de políticas salariales y laborales, fue en promedio del 2.7%, por lo que el Gobierno Nacional fijó un incremento salarial del 3.4%. Que la inflación reportada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el 5 de enero de 2011 para el año 2010 fue del 3.17%, por lo que se hace necesario modificar el artículo 1º del Decreto 4834 del 30 de diciembre de 2010.
Que la intención del Gobierno Nacional es incrementar el poder adquisitivo del salario mínimo legal vigente otorgando un incremento superior a la inflación esperada.
ART. 1º—El artículo primero (1º) del Decreto 4834 del 30 de diciembre del 2010 quedará así “Fijar a partir del primero (1º) de enero del año 2011, como salario mínimo legal mensual para los trabajadores de los sectores urbano y rural, la suma de quinientos treinta y cinco mil seiscientos ($535.600,00) pesos moneda corriente”.
...”.

 

En el caso sub judice, estima la Sala que, no se ha causado ningún perjuicio susceptible de ser demostrado en la presente solicitud de suspensión provisional, y por lo tanto no se cumple con el requisito exigido en el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, ya que esta medida está sujeta a condiciones y requisitos exigentes como son la flagrancia y la violación de textos superiores. Por consiguiente, no le es dable al juzgador acceder a su decreto sino cuando encuentre visibles esos extremos pues en los casos en que la materia ofrezca dudas, carezca de requisitos o deba examinarse el fondo del asunto no resulta procedente la medida.

Además de la simple lectura del acto demandado con la norma aludida como violada, no observa la Sala la violación flagrante de preceptos superiores, en el presente caso se requiere de un estudio de fondo de todas las normas que se relacionan con la fijación del salario mínimo legal mensual, determinado por el Gobierno Nacional.

Por lo anterior, es del caso negar la suspensión provisional del acto demandado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. ADMÍTESE en acción de nulidad la demanda instaurada por Diego Enrique Sierra Yañez contra el Decreto 33 de 11 de enero de 2011 que modificó el artículo 1º del Decreto 4834 de 30 de diciembre de 2010, por medio del cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo legal mensual.

2. NOTIFÍQUESE personalmente al Agente del Ministerio Público.

3. NOTIFÍQUESE personalmente la admisión de esta demanda al Ministro de Hacienda y Crédito Público.

4. FÍJESE el asunto en lista por el término de diez (10) días para los efectos previstos en el artículo 207-5 del Código Contencioso Administrativo.

5. No hay lugar a señalar suma alguna por concepto de gastos ordinarios del proceso.

6. NIÉGASE la suspensión provisional solicitada.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Magistrados: Bertha Lucia Ramírez de Páez—Gerardo Arenas Monsalve—Gustavo Eduardo Gómez Aranguren—Luis Rafael Vergara Quintero—Alfonso María Vargas Rincón—Víctor H. Alvarado Ardila.