Auto 2011-00372 de febrero 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2011-00372-00

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Actor: Natural Light

Demandado: Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Referencia: Recurso de súplica - acción de nulidad

Bogotá, D.C., veinte de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

La procedencia de la medida de suspensión provisional está supeditada, según el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo a que la misma sea solicitada y sustentada de forma expresa y pueda establecerse la manifiesta infracción de una de las disposiciones que le sirven de fundamento, sea por confrontación directa o porque así lo evidencien los documentos allegados con la solicitud.

El citado artículo, es del siguiente tenor:

“ART. 152.—Procedencia de la suspensión. El Consejo de Estado y los tribunales administrativos podrán suspender los actos administrativos mediante los siguientes requisitos:

1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida.

2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.

3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor”.

En ese orden de ideas, corresponde entonces a la Sala determinar si, en efecto, en el caso sometido a consideración se configuran o no los presupuestos antes referidos para decretar la suspensión provisional de la Circular DG 100-00158-06 de 16 de mayo de 2006.

Alega el actor, que en la solicitud de medida cautelar se hizo el respectivo análisis, sobre lo que constituye la violación o infracción directa de las normas superiores invocadas, y a partir del cual considera que el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima incurrió en una flagrante violación del artículo 12 de la Ley 915 de 2004, que hace procedente la suspensión provisional de los efectos de dicho acto administrativo, a saber:

“ART. 17.—Los productos alimenticios, bebidas alcohólicas y productos de aseo, higiene y limpieza que se importen al departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para su introducción al resto del territorio nacional deberán acreditar el certificado de venta libre del país de procedencia, siempre y cuando sean expedidos por la autoridad sanitaria respectiva de Canadá, Estados Unidos y la Comunidad Europea. En el caso de cosméticos cuando se requiera efectuar la notificación sanitaria obligatoria, esta será gratuita”.

Para resolver, la Sala encuentra que a través de la Circular Externa DG 100-00158-06 (fls. 9 a 14), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima remite a los productores, importadores, exportadores y comercializadores de productos competencia del Invima y secretarías de salud la normativa explicativa correspondiente a la regulación de la Ley 915 de 2004.

En efecto, dicha circular establece que se permite la introducción y comercialización en el territorio colombiano a través del puerto de San Andrés Islas, sin que sea necesario la obtención del registro sanitario en la modalidad respectiva, únicamente de los productos clasificados como alimentos y aseo, higiene y limpieza. Además, prescribe que solo los productos considerados por el Invima como alimentos o productos de aseo, higiene y limpieza pueden ser importados con el certificado de venta libre, en este sentido si un producto en el exterior tiene clasificación de alimento y nuestras leyes lo consideran, para obtener su registro sanitario, como medicamento, se le exigirá registro sanitario expedido por el Invima.

Por su parte, el artículo 12 de la Ley 915 de 2004 prescribe que los comerciantes establecidos en el archipiélago de San Andrés, podrán vender mercancías a personas domiciliadas en el resto del territorio aduanero nacional; y en su parágrafo establece que se deberá acompañar a la declaración simplificada de importación el certificado de venta libre del país de procedencia, cuando por la naturaleza del producto se requiera y que este remplazará para todos los efectos, cuando sea expedido por las autoridades sanitarias de Canadá, Estados Unidos y la Comunidad Europea, el registro sanitario del Invima.

De la confrontación de dichas normas encuentra la Sala que no es palmaria la infracción directa de la ley; lo anterior en razón a que para determinar la misma resulta necesario un análisis detallado de las disposiciones contenidas en la Circular Externa DG 100-00158-06 que se demanda a la luz de la Ley 915 de 2004 y del Decreto 1541 de 2007 que la reglamenta y no es suficiente la comparación entre las mismas y no es propio del inicio del proceso sino del fallo, por lo cual, acudiendo al artículo 152 del Código Contencioso Administrativo al no estar presente la manifiesta infracción de las disposiciones que le sirven de sustento, la Sala advierte la improcedencia de la suspensión provisional.

En esta medida, encuentra la Sala que de la confrontación del artículo 17 de la Circular Externa con el artículo 12 de la Ley 915 de 2004 no es notoria la infracción directa debido a que la propia ley permite que se cumpla con el requisito del certificado de venta libre cuando por la naturaleza del producto se requiera, por lo cual, al determinar la categoría de productos, en este caso, la denominada alimentos, en principio no se estaría contrariando la misma que así lo permite, siendo necesario considerar que se presenta una distinción frente a los denominados alimentos, circunstancia que debe analizarse concluido el recaudo probatorio pertinente junto con los antecedentes administrativos y los argumentos de oposición de la parte demandada.

Por lo anterior, es claro que en el sub examine no se dan los presupuestos establecidos en el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo para decretar la suspensión provisional de los efectos del acto acusado, pues no se está frente a la infracción directa de la ley.

En consecuencia, para la Sala no es viable acceder a la solicitud de suspensión provisional, razón por la cual el auto recurrido no será revocado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

1. CONFÍRMASE el proveído suplicado, esto es, el auto de 24 de abril de 2013, proferido por el magistrado ponente Guillermo Vargas Ayala.

2. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente para su trámite de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».