AUTO 2011-00399/59092 DE ABRIL 4 DE 2018

 

Auto 2011-00399/59092 de abril 4 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 52001-23-31-000-2011-00399-01 (59.092)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas

Actor: Irma Liliana Correa Bolaños y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y otros

Referencia: solicitud de prelación de fallo. Acción de reparación directa

Procede la Sala a resolver la solicitud de prelación de fallo presentada por la parte demandante, dentro del líbelo de alegatos de conclusión de fecha diez (10) de agosto de dos mil diecisiete (2017).

Bogotá, D.C., cuatro de abril de dos mil dieciocho.

I. Antecedentes

1.1. Los señores Irma Liliana Correa Bolaños, en nombre propio y en representación de sus hijos Gissell Tatiana Quiñones Correa, Daniela y Edwin Santiago Sicard Correa; Luz Inés Bolaños, Clara Esther y Sandra Mercedes Popo Bolaños; Elsa Mery, Manuel Giovanni y Arry Etiel Correa Bolaños; Pablo Prado Sánchez y Nérida Prado Sánchez, por intermedio de apoderado judicial, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y el municipio de Tumaco, con el fin de que se les declarara extracontractualmente responsables de la cuadriplejía y pérdida de la capacidad laboral sufridas por la primera de estas el día 25 de abril de 2009, como consecuencia de un atentado por omisión de protección.

1.2. El Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia del quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017), denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa(1).

1.3. La parte actora presentó el siete (7) de marzo de dos mil diecisiete (2017), recurso de apelación contra la decisión denegatoria de las pretensiones(2).

1.4. El Tribunal Administrativo de Nariño con auto del veintitrés (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017), concedió el recurso de alzada formulado por la parte demandante(3).

1.5. Este despacho, mediante auto del treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecisiete (2017), admitió el recurso de apelación formulado por los actores(4) y, consecuentemente, en providencia del diecinueve (19) de julio de esa misma anualidad se ordenó correr traslado a las partes para alegar y al Ministerio Público para que rindiera concepto(5).

1.6. La apoderada judicial de la parte actora, con escrito fechado el diez (10) de agosto de dos mil diecisiete (2017), presentó alegatos de conclusión, en el que solicitó prelación de fallo, con fundamento en el estado de salud de la señora Irma Liliana Correa Bolaños, toda vez que esta padece de cuadriplejía, por la cual se le calificó con una pérdida de capacidad laboral superior al 93.5%. Para el efecto, señaló que dentro del plenario existía prueba psicológica que describía las condiciones físicas en las que se encontraba su poderdante(6).

II. Consideraciones

2.1. De la normativa aplicable.

El artículo 18 de la Ley 446 de 1998(7), establece la regla general del orden para proferir sentencias, de acuerdo con la fecha de ingreso al despacho para tal fin. No obstante, dicha norma establece unas excepciones y permite fallar con prelación algunos asuntos, a saber, eventos de sentencia anticipada o prelación legal, por la “naturaleza de los asuntos” y aquellos casos en los que medie solicitud del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social.

La Ley 1285 de 2009, la cual adicionó la Ley 270 de 1996 , dispuso como motivos de prelación los siguientes casos; razones de seguridad nacional; prevenir la afectación grave del patrimonio nacional; graves violaciones de los derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad; casos de especial trascendencia social o cuando por ausencia de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva; así mismo, dispone la norma en su inciso tercero, qué las Altas Cortes, podrán decidir sin sujeción al criterio cronológico de turno los recursos cuya decisión íntegra entrañe solo la reiteración de jurisprudencia, y un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia.

En el mismo sentido, el Decreto-Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, y 129 de la Ley 446 de 1998 establecen, que los procesos en los cuales sea parte una entidad pública en liquidación y los recursos de anulación propuestos contra laudos arbitrales tienen prelación en el trámite y la decisión.

De igual forma, el artículo 115 de la Ley 1395 de 2010, en concordancia con la citada Ley Estatutaria de Administración de Justicia, reiteró la facultad de las Altas Cortes para que en aquellos casos en los cuales exista un precedente jurisprudencial se puedan fallar con prelación los casos similares que estén en curso, previa elaboración de un acuerdo que permita la elección de los temas bajo los cuales se agruparan los procesos y los respectivos proyectos de sentencia.

Es por ello, que las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.

Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe solo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.

Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la regla general mas no absoluta es de resolver los asuntos sometidos a la justicia en el orden estricto de los procesos, pues el legislador puede establecer excepciones, siempre y cuando sean justificadas y razonables. Y explica que la autoridad judicial debe revisar cada caso en particular con el fin de determinar si se enmarca o no en las excepciones legales que permiten que los procesos sean fallados preferentemente, y justificar el cambio de orden para fallo(8).

Asimismo, la mencionada Corte ha establecido unos criterios que permiten identificar cuando la mora judicial justificada pone en grave riesgo los derechos fundamentales de los usuarios de la administración de justicia y por tanto justifica que el turno de fallo de un proceso sea adelantado, estos son(9):

a) La calidad de sujeto de especial protección que la Constitución reconozca a un individuo.

b) Que la mora judicial supere los plazos razonables y tolerables de solución, en contraste con las condiciones de espera particulares del afectado.

c) Relación directa entre las condiciones particulares del afectado y la resolución que espera de la administración de justicia.

2.2. Del caso concreto.

La solicitud de prelación se fundamentó en el grave estado de salud en que se encuentra la señora Irma Liliana Correa Bolaños, toda vez que padece de cuadriplejía que le generó una pérdida de su capacidad laboral superior al 93.25%, por lo que la Sala entrará a determinar si es viable acceder a la petición presentada.

La Corte Constitucional ha señalado frente a las solicitudes de alteración de turno para fallo sustentadas en el grave estado de salud, que cuando se encuentren demostradas estas circunstancias, excepcionalmente puede accederse a la prelación requerida. Lo anterior es posible cuando la parte que la solicita es un sujeto de especial protección constitucional y que, en caso de conservarse su asignación inicial para elaborar proyecto de sentencia, surge la posibilidad de que la persona fallezca antes de obtener una decisión de fondo sobre el asunto, lo cual derivaría en la vulneración del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia del titular de la protección reforzada. Al respecto dicha

Corporación (sic) señaló que(10):

“(…) tal como lo exige la jurisprudencia constitucional, en el caso concreto la tutela involucra derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional, ya que en dos de los casos se trata de personas de la tercera edad y, en los tres casos, de personas que atraviesan por una situación delicada de salud, tal como se prueba en los documentos recaudados por la Sala. Además, aunque Roquelina del Carmen Mendoza solo cuenta 58 años, su esposo, demandante también en el proceso contencioso, murió durante su trámite, dejándola con la responsabilidad de criar a sus hijos menores de edad, lo que hace suponer que dicha demandante es madre cabeza de familia, pues vela exclusivamente por la manutención y cuidado del hogar.

(…).

Finalmente, es claro que las condiciones económicas y de salud de las tutelantes están en íntima relación de dependencia respecto de las pretensiones del fallo, pues la decisión que debe adoptar el Consejo de Estado gira en torno a la indemnización reconocida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Córdoba. Ello hace suponer que la decisión que adopte el Consejo de Estado repercutiría eventualmente en la mejoría de las condiciones de salud y vida de las peticionarias, quienes de conformidad con las pruebas viven en condiciones de miseria, en casas de materiales baratos de construcción y en estado de desnutrición y anemia.

En conclusión, la Sala considera que las circunstancias que confluyen en el caso concreto ameritan aplicar la regla excepcionalísima de la prelación del fallo, habida cuenta el peligro inminente al que se enfrentan las tutelantes.

No obstante, la Sala se permite hacer estas siguientes precisiones con el fin de delimitar el alcance de esta decisión.”.

Asimismo, ese mismo Tribunal Constitucional en otro pronunciamiento señaló al respecto lo siguiente:

“En primer lugar, la Sala reitera la posición de la Corte en el sentido de que la procedencia de la tutela para adelantar los turnos de fallo ordinario es de carácter excepcionalísimo. Ello significa que la decisión que aquí se adopta procede por gracia de la confluencia de factores extremos que demuestran un peligro inminente para la supervivencia de los derechos fundamentales y de la vida de las peticionarias. Es la conjunción de estos elementos fácticos lo que permite que el orden regular de fallo, hecho para garantizar el derecho a la igualdad de los usuarios de la administración de justicia, ceda a la necesidad apremiante de proteger otros derechos fundamentales. Por ello, ni la sola condición de sujetos de especial protección, ni la edad, ni su situación física constituyen, per se, criterios que tengan la virtualidad de hacer triunfar la pretensión para que el turno de fallo se adelante (subrayado fuera del texto).”.

De lo anterior, se infiere que la jurisprudencia constitucional aceptó la procedencia de la prelación sustentada en la avanzada edad o en el delicado estado de salud del solicitante siempre y cuando la parte interesada demuestre siquiera sumariamente las circunstancias especiales que la llevan a pedir este beneficio, toda vez que la simple manifestación de encontrarse en una presunta situación de indefensión no es suficiente para verificar la necesidad de un trato preferente con respecto a los demás usuarios de la administración de justicia, carga procesal que encuentra su respaldo en el artículo 167 del Código General del Proceso(11), y que es apenas razonable si se tiene en cuenta que la decisión adoptada podría involucrar la afectación de los derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de quienes no solicitan un tratamiento especial.

Revisada la demanda, se pudo constatar que sus pretensiones van encaminadas a que se reparen los perjuicios causados a los demandantes, por una presunta falla del servicio atribuible a las entidades Estatales que omitieron adoptar las medidas necesarias para garantizar y proteger la vida e integridad de la señora Irma Liliana Correa Bolaños, toda vez que contra esta se perpetuó un atentado contra su vida que la dejó en un estado de cuadriplejía, pese haber advertido ante las autoridades competentes las supuestas amenazas en su contra(12).

Aunado a ello, luego de revisar el expediente y relacionarlo con el escrito de prelación presentado por el apoderado de la parte demandante, encuentra la Sala que las razones que lo motivan y las historias clínicas allegadas(13) dan cuenta de las patologías sufridas por la señora Irma Liliana Correa Bolaños con ocasión de atentado perpetrado contra su vida, el cual le generó una pérdida de capacidad laboral del 93.25%(14).

En efecto, obra dentro del expediente el “RESUMEN DE EGRESO UCI” de la señora Correa Bolaños del veinticinco (25) de abril de dos mil nueve (2009)(15), expedido por la Fundación Valle del Lili de la ciudad de Cali, donde se señala que:

“(…).

Causa de admisión y enfermedad actual:

Paciente quien ingresa a la Fundación Valle del Lili el día 25 de abril de 2009 por el servicio de urgencias, referida desde Tumaco, quien a las 10am del 25 de abril sufre herida por proyectil de arma de fuego en nivel 2, con orificio de entrada derecho, trauma raquimedular y déficit neurológico motor y sensitivo completo, remiten para manejo integral, niega disfagia o disfonía.

(…).

Al examen físico:

(…).

Paciente que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos por requerimiento de terapia respiratoria y ventilación mecánica, en la que se encuentran realizando trámites de Home Care, las cuales según nos informa auditoria médica, ya está autorizado y está pendiente alquiler y visita por parte del servicio de atención domiciliaria. Poco a Poco se han ido disminuyendo medicamentos, con el fin de disminuir efectos medicamentosos, paciente que se encuentra recibiendo Warfarina y por la sospecha asociada a medicamentos por lesión medular.”.

Igualmente, dentro del plenario se encuentra el “RESUMEN DE EGRESO UCIN” del veinticuatro (24) de julio de dos mil nueve (2009)(16), el cual indica:

“(…).

Causa de admisión y enfermedad actual:

(…).

Paciente quien ingresa a la Fundación Valle del Lili el 25 de abril de 2009 por el servicio de urgencias, referida de Tumaco quien a las 10 am de ese mismo día sufre herida por proyectil de arma de fuego en nivel 2 de cuello con orificio de entrada derecho, trauma raquimedular, déficit neurológico, motor y sensitivo completo.

(…).

Para el día de hoy se encuentra en buenas condiciones generales, son signos vitales con TA 128/66, TAM 80,FC 74, FR 12, Temp 36.6º C, saturación 96%, FIO2 40%, balance de líquidos negativos -1.490 cc, la paciente tolera vía oral, se encuentra hemodinámicamente estable, dependiente de su ventilador mecánico invasivo, somos informados de que ya tiene todos los suministros para poder remitir a Home Care, por tal motivo ante estabilidad clínica y hemodinámica y de completar tramites de Home Care se decide salida. La paciente sale en mejores condiciones generales, aunque con sus secuelas neurológicas tipo cuadriplejía.”.

Conforme a las pruebas señaladas, para la Sala es claro que los padecimientos sufridos por la señora Irma Liliana Correa Bolaños presuntamente devienen del atentado perpetrado contra su vida que dio origen a la investigación penal Nº 528356000538200980963, por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas(17).

De tal suerte, las razones esgrimidas en la solicitud de alteración del turno de fallo guardan estrecha relación con las pretensiones de la demanda y el daño que presuntamente causó el ente estatal, al no suministrarle protección y vigilancia en su momento. Al respecto, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional ha apoyado la concesión de un trato diferencial en este tipo de eventos(18), configurada la aludida circunstancia, es decir, siempre que “[l]a controversia t[uviera] relación directa con las condiciones de las que se deriva[ba] la calidad de sujeto de especial protección y que, de resultar favorable el fallo, la decisión [pudiera] incidir favorablemente en tales condiciones”.

En consecuencia, como la patología (cuadriplejía) que sufre la señora Irma Liliana Correa Bolaños presuntamente deviene del suceso dañoso respecto del cual no fue posible retrotraer sus efectos negativos a causa de la actuación omisiva de la administración demandada, la convierte en un sujeto de especial protección constitucional, por lo que el presente proceso se adecúa a los criterios establecidos para decretar la prelación de fallo.

No obstante, debe advertirse al solicitante que dicha situación no comporta la decisión inmediata del proceso en segunda instancia, dado que existen otros asuntos que también gozan de dicho beneficio por casos de similar relevancia constitucional y que, por haber entrado para fallo con anterioridad, serán decididos primero.

Finalmente, se le reconocerá al doctor Giovanny Albeyro Guerrero Salas como apoderado judicial del municipio de Tumaco - Nariño, tal como como lo advierte el poder visible a folio 1171 del cuaderno principal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

RESUELVE:

1. CONCEDER la prelación de fallo en el proceso de la referencia, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. RECONOCER al doctor Giovanny Albeyro Guerrero Salas, identificado con la Cédula de Ciudadanía Nº 98.399.669 de Pasto, abogado titulado portador de la tarjeta profesional Nº 194.479, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del municipio de Tumaco - Nariño, en los términos y para los efectos a que alude el poder presentado a folio 1171 del cuaderno principal.

Notifíquese y cúmplase

Consejeros: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Presidente de la Sala—Jaime Enrique Rodríguez NavasGuillermo Sánchez Luque, Aclaración de voto Cfr. Rad. 52781-18.

1 Fls. 1089 a 1097 C.P.

2 Fls. 1099 a 1121 C.P.

3 Fl. 1123 C.P.

4 Fl. 1128 C.P.

5 Fl. 1130 C.P.

6 Fls. 1138 a 1158 C.P.

7 “ART. 18.—Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social.

La alteración del orden de que trata el inciso precedente constituirá falta disciplinaria. En estos casos, el Consejo Superior de la Judicatura o los consejos seccionales, en lo de su competencia, solicitarán al juez o ponente la explicación pertinente para efectos administrativos y disciplinarios. El Consejo Superior de la Judicatura o los consejos seccionales obrarán de oficio o a petición de quienes hayan resultado afectados por la alteración del orden.”.

8 Corte Constitucional, Sentencia C-713 del 2008, M.P: Clara Inés Vargas Hernández.

9 Corte Constitucional, Sentencia T-945A del 2008, M.P: Marco Gerardo Monroy Cabra.

10 Corte Constitucional, Sentencia T-945 A de 2 de octubre de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

11 “ART. 167.—Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.”.

12 Conforme a los hechos referidos en la demanda fls. 2 a 38 C. 7.

13 Fls. 48 a 211 C. 1.

14 Formulario de dictamen para la calificación de la capacidad laboral y determinación de la invalidez, expedido por la ARP Positiva del 25 de noviembre de 2009 (fls. 637 a 640 C. 4).

15 Fls. 113 a 114 C. 1.

16 Fls. 172 a 174 C.1.

17 Escrito de acusación del 6 de enero de 2010. (Fls. 862 a 881 C.3).

18 Las sentencias T-027 de 2000, T-708 de 2006, T-220 de 2007, T-945A de 2008.