Auto 2011-00459 de noviembre 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 54001233100020110045902 (50335)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Fiduciaria Popular S.A.

Demandado: Caprecom IPS

Acción: Ejecutivo

Bogotá, D.C., diez de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

1. Esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante contra el auto del 29 de noviembre de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, como quiera que el presente proceso tiene vocación de doble instancia, en razón a la cuantía, pues el valor de la suma total de las pretensiones acumuladas asciende a $ 1.461.423.650, equivalente a 2.728 salarios mínimos mensuales legales de 2011, año de presentación de la demanda, al tenor del numeral 7º del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo y del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil.

De igual forma, el auto que niega total o parcialmente el mandamiento de pago es apelable, por encontrarse enlistado en el artículo 505 del Código de Procedimiento Civil.

2. Al respecto es de precisar que el proceso ejecutivo tiene por finalidad la realización de un derecho subjetivo de carácter patrimonial, registrado en documento escrito, del que se tiene certeza pero que se encuentra insatisfecho por quien es deudor.

No obstante, la existencia de una obligación documentada no implica per se que se pueda predicar del mismo el carácter de título ejecutivo, puesto que no solo se requiere que exista certeza sobre la existencia de la prestación sino que también cumpla con ciertos requisitos formales y de fondo.

Así, las exigencias formales consisten en que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación i) sean auténticos y ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o Tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva de conformidad con la ley(1).

En lo que corresponde a las exigencias de fondo, el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil exige que la obligación inserta debe ser clara, expresa y exigible. Clara es aquella obligación en la que los elementos constitutivos de la prestación debida son inteligibles o fáciles de comprender; expresa es la que se deriva explícita o evidentemente, en oposición a aquellas presuntas o supuestas, y exigible alude a que la misma tenga vocación para ser satisfecha, bien por haber nacido pura y simple, o en el evento de estar sujeta a plazo o condición, cuando la circunstancia modal que da lugar al pago ya hubiere acaecido.

Ahora bien, tratándose de un documento diferente al título valor, la ausencia de alguno de estos elementos solo puede predicarse cuando, a pesar de hacerse una interpretación integral del escrito, no se logra el convencimiento en torno a su ejecutabilidad, porque de la literalidad del mismo se desprenden múltiples opciones en cuanto a la prestación debida, el monto, la forma de pago o las circunstancias para su satisfacción.

Es decir que si el escrito en el que consta la obligación objeto de ejecución presenta inconsistencias que pueden ser salvadas mediante la interpretación integral del mismo, y esta inferencia encuentra correspondencia en las pretensiones de la demanda, el juez puede colegir la claridad exigida en la norma y proferir el mandamiento de pago deprecado.

Por último, en los casos en los que pretenda la ejecución de una suma de dinero, el Código de Procedimiento Civil ha entendido por “cantidad líquida la expresada en una cifra numérica precisa o que sea liquidable por simple operación aritmética, sin estar sujeta a deducciones indeterminadas”, según lo dispone el artículo 491 de dicho estatuto procedimental.

3. En el presente caso, el Despacho al analizar tanto el auto apelado proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander como el memorial de apelación suscrito por el apoderado de la parte demandante, evidencia que no se libró mandamiento de pago a favor de esta última, en el entendido que no encontró un título ejecutivo para proceder con el mismo y que existía falta de claridad sobre la legitimación en la causa para demandar. Por lo que se analizar por aparte cada uno de los dos (2) puntos manifestados por el a quo para no proceder a acceder a lo pretendido por el recurrente.

3.1. Falta de legitimación para demandar.

Con relación a la noción de legitimación en la causa, la jurisprudencia constitucional se ha referido a ella, como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(2), de esta manera cuando alguna de las partes carece de ella no podrá adoptarse una decisión a su favor. Frente a lo anterior es menester recordar lo que se ha dicho jurisprudencialmente al respecto:

“(...) La legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Cuando ella falte bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada (...)”(3).

En el sub lite, el Tribunal de primera instancia indicó que existía falta de claridad sobre el titular de las obligaciones reclamadas en la demanda, toda vez que se suscribió un contrato de cesión(4) entre la Fiduciaria Popular S.A., quien es la vocera y representante del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la ESE Francisco de Paula Santander (entidad actualmente liquidada), y el Ministerio de Protección Social.

Al respecto, el Despacho luego de observar y analizar el mencionado documento suscrito por los intervinientes aducidos, y el contrato de fiducia mercantil(5) mediante el cual se constituyó el patrimonio autónomo de remanentes, PAR, y el cual se suscribió por la ESE Francisco de Paula Santander en Liquidación y la Fiduciaria Popular S.A.; pudo vislumbrar que se trata de una cesión respecto de la calidad de fideicomitente lo que se cedió en su momento en cabeza del Ministerio de Protección Social, es por ello que no afecta en absoluto la facultad que posee la Fiduciaria Popular S.A. de poder demandar en favor de los activos de la extinta ESE Francisco de Paula Santander, como en el presente caso, y los cuales serán destinados al Patrimonio Autónomo de Remanentes de la entidad liquidada, como bien quedo expuesto en el contrato de fiducia mercantil efectuado por las partes ya mencionadas.

Es por ello, que no le asiste razón al Tribunal Administrativo de Norte de Santander entender el documento de cesión como si el legitimado para demandar estuviera radicado en favor del Ministerio de Protección Social, quien actualmente es el beneficiario de la fiducia compuesta por las partes aducidas previamente, y que en un posible caso sería el denominado Ministerio quien adoptaría la posición que poseía la ESE Francisco de Paula Santander Liquidada. Lo anterior, para dejar saneado que en efecto la Fiduciaria Popular S.A. está plenamente legitimada para demandar, como bien lo hizo.

3.2. Mandamiento ejecutivo.

Se encuentra que el a quo basó su decisión, argumentando que el convenio suscrito por las partes (fls. 24-28, cdno. 1), el cual dio paso al acta de liquidación final del mismo (fls. 244-246, cdno. 1) y el acta de conciliación final entre ambas entidades (fls. 30- 36, cdno. 1), no poseían unos soportes que acreditaran que el convenio podía constituir un título ejecutivo, en virtud del cual se podría librar mandamiento de pago a favor del ejecutante.

Ahora bien, en el presente proceso, el Despacho observa que la parte ejecutante allegó como título base de recaudo, copia auténtica del acta final de conciliación de 13 de noviembre de 2009 derivado del convenio interadministrativo suscrito entre Caprecom IPS y la ESE Francisco de Paula Santander, que en ese entonces se encontraba en liquidación. De igual forma, en su análisis del expediente, encontró, que lo que adeuda el demandado es la suma de un mil cuatrocientos sesenta y un millón cuatrocientos veintitrés mil seiscientos cincuenta pesos ($ 1.461.423.650), por concepto de “medicamentos e insumos, elementos de almacén, nómina de funcionarios, pólizas de muebles e inmuebles, servicios públicos, insumos, entre otros”.

Lo anterior se infiere, de que existe la copia auténtica del acta de conciliación final suscrita por las partes implicadas en el convenio interadministrativo, y que a la luz del Despacho se considera que la decisión adoptada por el a quo, se sumergió en un inadecuado análisis de fondo del litigio, pues, debió estudiar los requisitos formales y los sustanciales del título ejecutivo, prescritos en las normas pertinentes a efectos acceder al mandamiento de pago, por lo que se procederá a adoptar una decisión favorable al ejecutante, previo estudio de los referidos requisitos.

Para dilucidar este asunto es menester tener en cuenta que, de la lectura de los documentos que conforman el título base de recaudo no se genera duda alguna respecto del monto es que es objeto de ejecución, y que existe una suma clara adeudada por la entidad Caprecom IPS que se encontraba a favor de la extinta EPS Francisco de Paula Santander, de la cual ya se ha hecho referencia anteriormente.

Por otro tanto, al momento de calificar la vocación de un título como susceptible de ser generador de una obligación exigible por vía judicial debe sujetarse al marco regulativo de los artículos 488 a 487 del Código de Procedimiento Civil, de manera que es cierto que la providencia que dispone librar mandamiento de pago implica una valoración sustancial sobre la existencia y condiciones particulares de una obligación insoluta.

En este orden de ideas, debe el Juez limitarse a encontrar acreditados las exigencias sustanciales de hallarse frente a una obligación que revista las condiciones de ser clara, expresa y exigible, y al cumplimiento de los aspectos formales; tal como se encuentran reunidas en el sub lite pues, se trata de un proceso ejecutivo adelantado con fundamento en un convenio para la administración u operación de unidades hospitalarias y centros de atención ambulatoria, y del cual se derivó una obligación de pago que fue reconocida y aceptada por la empresa Caprecom IPS en acta final de conciliación del mencionado convenio de fecha 13 de noviembre de 2009.

De esta manera, se tiene, entonces, certeza plena sobre la existencia del crédito, al corresponder a un obligación clara y expresa, y, por último, en lo que atañe a la exigibilidad, se evidencia que en dicho documento, no se estipuló una fecha cierta en virtud del cual el mismo se haría realizable para el deudor, por lo cual se hace procedente indicar que corresponde a una obligación pura y simple(6), en el sentido que es a partir de su expedición, que la misma cobra ejecutoria.

Por estas razones, se revocará el auto del 29 de noviembre de 2013 proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y se librará mandamiento de pago respecto de la obligación que consta en el acta final de conciliación de 13 de noviembre de 2009 suscrita por las partes intervinientes en el proceso.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

1. REVOCAR el auto del 29 de noviembre de 2013, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander se abstuvo de librar mandamiento ejecutivo, por las razones expuestas en esta providencia.

2. LIBRAR mandamiento de pago en contra de CAPRECOM IPS, por las siguientes sumas de dinero:

— Por lo contenido en el acta de conciliación final de 13 de noviembre de 2009 el valor de un mil cuatrocientos sesenta y un millón cuatrocientos veintitrés mil seiscientos cincuenta pesos ($ 1.461.423.650).

— Por los intereses moratorios desde el día siguiente a la expedición de la mencionada acta de conciliación final de 13 de noviembre de 2009 hasta cuando se verifique su pago.

3. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE».

(1) Sentencia del 26 de mayo de 2010. Expediente: 25803. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(2) Corte Constitucional. Sentencia C- 965 de 2003.

(3) Sentencia de 23 de octubre de 1990, Expediente 6054.

(4) Fls. 90 a 93, cdno. 1.

(5) Fls. 58 a 89, cdno. 1.

(6) “Obligación exigible es la que debía cumplirse dentro de un término ya vencido, o cuando ocurriera un condición ya acaecida, o para la cual no se señaló término pero cuyo cumplimiento solo podía hacerse dentro de cierto tiempo que ya transcurrió, y la que es pura y simple por no someterse a plazo ni a condición (C. Co., arts. 1608 y 1536 a 1542) (Resaltado propio).