Auto 2011-00470 de diciembre 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 540012331000201100470 01

Exp.: 44281

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: María Juliana Esquivel Bolado y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., 6 de diciembre de 2013

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

5. Esta corporación es competente para conocer del presente proceso comoquiera que la demanda se fundamentó en uno de los títulos de imputación previstos en la Ley 270 de 1996, consistente en el error judicial.

6. De igual forma, se advierte que la Sala es competente para decidir el presente asunto de acuerdo con lo señalado por el artículo 146A del Código Contencioso Administrativo, por tratarse del auto a través del cual el Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander rechazó la demanda, providencia que es apelable de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 181 ibídem.

II. Problema jurídico.

7. Le corresponde a la Sala determinar si el término de caducidad de la acción de reparación directa interpuesta bajo los títulos de imputación de error judicial y privación injusta se debe contar a partir de que quedó ejecutoriada la sentencia mediante la cual la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, desestimó la demanda de casación presentada por el señor Álvaro Esquivel Cárdenas, con lo cual quedó ejecutoriada la condena que le había sido impuesta, o si comenzó a correr a partir de que se decretó la extinción de la condena por cumplimiento por parte del juez de ejecución de penas.

III. Análisis de la Sala.

8. Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y, de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

9. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial.

10. Para la caducidad de las acciones de reparación directa, de conformidad con el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, se estableció un término de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa, o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

11. En los procesos que se adelantan ante esta jurisdicción por fallas en la administración de justicia, relacionadas con reclamaciones originadas por un error jurisdiccional cometido, el término para ejercer la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia en la que se incurrió en el yerro, como ha reiterado la jurisprudencia de esta corporación:

La Sala considera pertinente reiterar que de todas maneras cuando se pretenda ejercer la acción de reparación directa como consecuencia del error jurisdiccional, esta deberá instaurarse dentro del término de dos años de caducidad previsto en el inciso cuarto del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, contado a partir de la ejecutoria de las providencias judiciales que agoten las instancias sin hacer depender dicho plazo del resultado del recurso o de la acción de revisión, salvo que se afirme que el error se encuentra contenido en la providencia que desata dicho recurso o acción(1) (negrillas dentro del texto original).

12. Así mismo, respecto de la caducidad de las acciones impetradas con ocasión de la privación injusta de la libertad, el Consejo de Estado ha manifestado que aquella no comienza a partir del momento en el cual se produce la privación de libertad o se recupera la misma, sino al día siguiente a la ejecutoria de la providencia en la que se pueda constatar que la privación de libertad fue injusta, habida cuenta de que solo a partir de ese momento existe habilitación para reclamar por dicho injusto(2).

13. En el caso concreto, encuentra la Sala que, como lo advirtió el tribunal, la caducidad de la acción de reparación directa debe contarse a partir de la ejecutoria de la sentencia que desestimó las pretensiones del recurso extraordinario de casación. Para el efecto se estudiarán cada uno de los títulos de imputación que invoca la parte actora en la demanda en contra de la Nación, a saber, el error judicial y la privación injusta de la libertad.

14. Respecto del primer título de imputación, se advierte que de conformidad con la jurisprudencia de esta corporación, el término de caducidad empieza a contar a partir del momento en el cual se profirió la providencia definitiva que contiene el error judicial. En el sub examine, aquella no es otra que la sentencia de 17 de septiembre de 2008, expedida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió desestimar la demanda de casación presentada, en la medida en que dejó en firme la condena penal que le había sido impuesta al señor Álvaro Esquivel Cárdenas en primera y en segunda instancia —si bien modificó el quantum de la pena y el grado de participación del actor—, en opinión del actor, en contravía de las pruebas aportadas en el proceso penal, sin tener en cuenta que la conducta era atípica, y sin aplicar el principio de favorabilidad.

15. En este punto, es menester desestimar uno de los argumentos que adujo la parte demandante con la presentación del recurso de apelación, consistente en que para efectos de la contabilización del término debía esperarse a que se hubiese declarado la extinción de la pena por cumplimiento, de modo que se le diera aplicación al inciso del inciso segundo del artículo 67 de la Ley 270 de 1996, que reza: “la providencia contentiva de error deberá estar en firme”.

16. Es necesario señalar que cuando dicha norma requiere que la sentencia quede en firme, no se refiere, como parece entenderlo la parte demandante, a que sea necesario que hayan cesado la totalidad de los efectos de las disposiciones de la providencia, sino a que aquella se encuentre ejecutoriada como lo ha señalado pacíficamente esta corporación(3).

17. Lo anterior es apenas lógico, en la medida en que lo que se persigue con la disposición comentada, siguiendo los postulados generales de la caducidad de la acción de reparación directa —ver párr. 10—, es que el término de caducidad comience a correr a partir de que el daño es causado —con independencia de que los perjuicios se produzcan gradualmente(4)— o desde que la parte tiene conocimiento del mismo, eventos que en el caso se concretan con la expedición de la providencia y con su notificación. En ese entendido, mal podría pedirse a las partes que terminen de sufrir los efectos desfavorables que les son causados por providencias ilegales, para que, con posterioridad puedan iniciar el proceso respectivo para ser reparados por el Estado.

18. Así las cosas, en el sub lite, es claro que no afecta el conteo del término de caducidad de la acción el hecho de que el 25 de noviembre de 2009 el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Cúcuta haya declarado la extinción de la condena, pues dicha circunstancia no incide en lo absoluto en la firmeza de la providencia contentiva del error judicial, sino que se refiere, únicamente, a su cumplimiento.

19. Por otra parte, en lo que respecta al título de imputación de la privación injusta de la libertad, advierte la Sala que, en principio, tiene razón el tribunal al considerar que no existe ninguna providencia judicial que haya señalado la antijuridicidad de la privación, en la medida en que en todas las instancias se confirmó la condena impuesta al señor Álvaro Esquivel Cárdenas.

20. Cabe advertir que no es cierto, como aduce el demandante, que la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia mediante la cual se absolvió a la señora Elcida Molina Méndez del delito de prevaricato, del que se le acusaba por haber revocado la medida de aseguramiento impuesta al demandante Álvaro Esquivel Cárdenas, explicitara la antijuridicidad de la privación de la libertad de este, toda vez que dicha providencia fue proferida en el marco de un proceso de carácter penal que no tenía ninguna relación jurídica con aquel que se le seguía al actor por el delito de tráfico de migrantes y que no tenía la potencialidad de hacer un control de legalidad sobre la medida de aseguramiento interpuesta el 23 de septiembre de 2003, y mucho menos de las condenas que en su contra se profirieron en la primera y la segunda instancia, así como en sede de casación.

21. No obstante, podría considerarse que la privación injusta a la que se refiere la parte demandante es el mayor tiempo que pasó en prisión el señor Esquivel Cárdenas, teniendo en cuenta que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de oficio dispuso disminuir el quantum de la condena a 3 años, 1 mes y 15 días, lo cual resultaría menor al tiempo que efectivamente pagó, contando para ese fin la rebaja por buen comportamiento que obtuvo.

22. Sin embargo, en dicho escenario el inicio del término de caducidad no sería otro que el de la ejecutoria de la sentencia de casación penal, en la medida en que fue esa providencia la que dispuso la reducción de la pena decretada, sin que para ese efecto sea dable tener en cuenta el momento en el que el reo obtuvo la libertad(5), como ya se indicó con anterioridad —ver párr. 12—.

23. De otro lado, la parte demandante adujo que por ser el hecho dañoso una violación de los derechos humanos del actor, era menester aplicar el artículo 4º de la Ley 288 de 1996(6), según el cual las acciones para el cobro de daños originados en la violación de derechos humanos no tienen término de caducidad.

24. Al respecto, considera la Sala la norma mencionada por el actor, quien seguramente se refiere al artículo 5º de la misma ley(7), no resulta aplicable para el caso concreto, comoquiera que solamente establece que es posible adelantar una conciliación dentro de un proceso contencioso administrativo, con independencia de la caducidad de la acción, cuando exista una decisión contra el Estado que determine que hubo una violación a los derechos humanos, dictada por el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —según lo establece el numeral 1º del artículo 2º ibídem—, situación que no acontece en el sub examine.

25. De otro lado, si bien esta corporación, actuando como juez de convencionalidad, en una oportunidad dio aplicación a la Convención Americana de Derechos Humanos y al ius cogens, y señaló que la acción de reparación directa presentada con ocasión de uno de los crímenes señalados no tiene término de caducidad(8), lo cierto es que los hechos con los cuales los demandantes sustentaron sus pretensiones no configuran ninguna de las dos categorías señaladas, pues se refieren a un error judicial y a una privación injusta, sin que se evidencie que estos fueron causados con ocasión de un ataque inhumano sistemático o generalizado contra la población, ni que hayan sido causado en un contexto de conflicto armado(9), motivo por el cual no pueden considerarse como una de las conductas tipificadas en los artículos 7º y 8º del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998.

26. Conforme a lo dicho, el término de caducidad de la acción de reparación directa comenzó a correr a partir del día siguiente de la ejecutoria de la sentencia del 17 de septiembre del 2008, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, circunstancia que de conformidad con el artículo 187 de la Ley 600 de 2000(10) acaeció tres días después de notificada por edicto que fue desfijado el 6 de octubre de 2008 —en la medida en que se casó parcialmente la sentencia de segunda instancia—, esto es, el 9 del mismo mes y año. Así las cosas, los demandantes tenían hasta el 10 de octubre de 2010 para presentar la demanda.

27. Ahora bien, la Sala observa que la parte actora convocó a la demandada, el 20 de septiembre de 2010, al trámite de conciliación prejudicial, el cual finalizó el 15 de diciembre de 2010 sin que las partes hubieren llegado a un acuerdo(11). Se tiene entonces que la caducidad de la acción se suspendió durante el mencionado periodo y volvió a correr a partir del 16 de diciembre del mismo año. Comoquiera que al momento de la presentación de la solicitud de conciliación faltaban 20 días para el vencimiento del término de la caducidad, aquellos transcurrieron a partir de esta última fecha, de modo que la posibilidad de los actores de hacer uso de la acción de reparación directa fenecía el 5 de enero de 2011. Finalmente, como para dicho momento la jurisdicción de lo contencioso administrativo se encontraba en vacancia judicial, el término venció el 11 del mismo mes y año, al día siguiente de la terminación de esta.

28. En este orden de ideas, comoquiera que la demanda fue presentada ante el tribunal el 22 de noviembre de 2011, es claro que dicha actuación se surtió por fuera del término previsto por la ley para tal efecto. Así las cosas, la Sala confirmará el auto proferido por el a quo.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto de 12 de abril de 2012, proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander.

2. En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal para su archivo».

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 14 de agosto de 1997, Expediente 13258, C. P. Ricardo Hoyos Duque.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 21 de mayo de 2008, Expediente 2007-00623 (34781), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(3) “Al respecto es de anotar que cuando se imputa responsabilidad al Estado administrativa por error en una providencia judicial, el daño se concreta con la ejecutoria de dicha decisión, razón por la cual el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al acaecimiento de aquella”. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 9 de mayo de 2011, Expediente 2009-00671-00 (40196), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(4) Es menester advertir que no pueden confundirse aquellos eventos en los cuales el daño es continuado en el tiempo, de los otros en los cuales aquel se produce instantáneamente, pero sus efectos continúan presentándose en el tiempo. Al respecto, ha dicho esta corporación: “En este punto, cabe precisar que se debe diferenciar el daño continuado o de tracto sucesivo, de los eventos en los que se prolongan sus efectos, sus perjuicios, o cuando el mismo daño termina por agravarse —siempre y cuando estas circunstancias se desprendan de un daño de naturaleza inmediata—, comoquiera que el daño se concreta en un momento determinado y es a partir de que se tuvo conocimiento de este —se itera, en los eventos de que el afectado no lo hubiera podido advertir al momento en que se produjo el hecho dañoso; ver párrs. 12 y 13—, que el término de caducidad debe empezar a computarse. (En lo que tiene que ver con los daños de tracto sucesivo, de naturaleza inmediata y su diferenciación con la continuidad en sus efectos, perjuicios y agravación del daño, consultar Consejo de Estado, Sección Tercera, sent. de oct. 18/2007, Exp. 25000-23-27-000-2001-00029-01 (AG), actor: Gloria Patricia Segura Quintero, C.P. Enrique Gil Botero)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de abril de 2013, Expediente 2001-00344 (24544), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(5) Circunstancia que de cualquier modo acaeció el 9 de julio de 2006, cuando se le otorgó la libertad condicional, y no el 25 de noviembre de 2009, cuando se decretó la extinción de la condena (fls. 225-228, cdno. 3).

(6) “La entidad pública a la cual haya estado vinculado el servidor público responsable de los respectivos hechos, procederá a determinar de común acuerdo con las personas que hayan demostrado legítimo interés, y basada en los medios de prueba que obren en la actuación, el monto de la indemnización de los perjuicios. // La conciliación versará sobre el monto de la indemnización. Para la tasación de los perjuicios se aplicarán los criterios de la jurisprudencia nacional vigente. // En todo caso, solo podrán reconocerse indemnizaciones por los perjuicios debidamente probados y que tengan nexo de casualidad con los hechos objeto de la decisión del órgano internacional”.

(7) “La conciliación de que trata la presente ley también podrá adelantarse dentro del proceso contencioso administrativo iniciado para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de los mismos hechos a que se refiere la decisión del órgano internacional de derechos humanos, aun cuando hubiere precluido en el mismo la oportunidad para realizar la conciliación”.

(8) “El despacho encuentra suficientes razones para establecer la inescindible, imprescindible, constitucional y convencional relación que existe entre dicho criterio [la imprescriptibilidad de los actos de lesa humanidad] y la valoración de la caducidad de la acción contenciosa administrativa de reparación directa consagrada en los artículos 86 y 136, numeral 8º del Código Contencioso Administrativo(8), para los concretos y específicos casos en los que la acción, omisión o hecho de un agente estatal, que repercute en la determinación de la atribución o no del daño antijurídico al Estado, y que ha de estudiarse dentro del respectivo proceso contencioso administrativo, se encuadra como una de las conductas constitutivas de un acto de lesa humanidad, permitiendo la comunicabilidad o comprensión de los términos en los que cabe considerar el ejercicio de la acción de reparación directa, sin que opere la caducidad de la acción de reparación directa, como afirmación al principio de carácter universal de imprescriptibilidad de los actos de lesa humanidad”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto de 17 de septiembre de 2013, Expediente 2012-00537 (45092), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(9) “Ahora, en cuanto a los elementos dogmáticos que se requieren para que se configure un delito de lesa humanidad —y no uno común— la Corte precisó lo siguiente: ‘2. De acuerdo con el encabezado de esa disposición, (Estatuto de Roma) para que una conducta constituya un delito de lesa humanidad, y no un delito ordinario, es necesario que ocurra en el contexto de un ataque dirigido contra una población civil, y que tenga una naturaleza sistemática o generalizada. Además, es necesario que exista un vínculo entre la conducta de que se trate y el ataque dirigido contra la población civil consistente en que el comportamiento debe hacer parte de dicho ataque. Se requiere también que el autor haya tenido conocimiento de que la acción específica que se le imputa era parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo’ [Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto de mayo 28/2012, Exp. 34180]” (resaltado del texto). Ibídem.

(10) “Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes. // La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente. // Las providencias interlocutorias proferidas en audiencia o diligencia quedan ejecutoriadas al finalizar esta, salvo que se hayan interpuesto recursos. Si la audiencia o diligencia se realizare en varias sesiones, la ejecutoria se producirá al término de la última sesión”.

(11) Como consta en el acta de conciliación extrajudicial expedida por la Procuraduría 24 Judicial II Administrativa de Norte de Santander, obrante a folio 171 del cuaderno 1.