Auto 2011-00519 de marzo 11 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Rad.: 25000-23-26-000-2011-00519-01(45783)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: AJ y Compañía Transportadores S. A.

Demandado: Dirección Nacional de Estupefacientes

Referencia: Acción de reparación directa (apelación auto - denuncia del pleito)

Bogotá, D. C., once de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por el demandado Dirección Nacional de Estupefacientes contra el auto del 29 de marzo de 2012, comoquiera que el presente proceso tiene vocación de doble instancia en razón a la cuantía, la cual excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2011, año de presentación de la demanda, en tratándose de acciones de reparación directa. Además el auto que decide sobre el llamamiento en garantía es susceptible del recurso de apelación por encontrarse en listado en el artículo 181 del Código Contencioso Administrativo(1).

2. De conformidad con los antecedentes de esta providencia el Despacho encuentra que el punto de discusión pasa por determinar cuál figura de las tercerías que conoce el procedimiento civil —y avaladas por el artículo 217 del Código Contencioso Administrativo— es aplicable en el presente caso, pues, aunque por una parte el demandado Dirección Nacional de Estupefacientes solicitó al inicio que se vinculara la Fiscalía General de la Nación con fundamento en una denuncia del pleito, el a quo consideró, en la providencia impugnada, la improcedencia de dicha figura indicando que se debió formular un llamamiento en garantía; siendo esto la razón para denegarla; y en su escrito de apelación el demandado solicitó se tuviera en cuenta el llamamiento en garantía para resolver la intervención.

2.1. Entonces, sea lo primero señalar que el artículo 217 del Código Contencioso Administrativo(2) consagra la posibilidad de convocar forzosamente, en los procesos que se adelanten por controversias contractuales y de reparación directa, a terceros a partir de las figuras de la denuncia del pleito o llamamiento en garantía, siempre que se proceda de tal manera dentro del término de fijación en lista. En todo caso, comoquiera que la regulación en torno a las exigencias sustanciales o formales de dichas intervenciones no se tratan en el Código Contencioso Administrativo, es preciso acudir a la normatividad que sobre dicho tópico señala el Código de Procedimiento Civil(3).

2.2. Precisado lo anterior, en lo que concierne al trámite procesal que deben surtir tanto el llamamiento en garantía como la denuncia del pleito, se encuentra que en ambos se aplica lo dispuesto en los artículos 54, 55 y 56 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que el escrito en que se formule, y en el que se debe acompañar prueba sumaria del derecho a convocar al tercero así como de la existencia y representación, debe contener i) el nombre del denunciado o llamado con la indicación de su domicilio o residencia, ii) los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la vinculación así como iii) la dirección de la oficina o habitación donde recibirán notificaciones el denunciante o llamante y su apoderado. A su vez, si llegare a ser procedente la solicitud de vinculación se ordenará su citación y señalará un término de cinco (5) días para que intervenga en el proceso (10 días en caso de residir en lugar diferente al a la sede del juzgado) y el proceso se suspenderá desde que se admita la intervención hasta cuando se cite al denunciado, durante un periodo que no excederá de 90 días.

2.3. En lo concerniente a los aspectos sustanciales, debe indicarse que resulta estéril establecer dos (2) figuras diferentes para regular situaciones casi que idénticas, pues, de lo que se trata, en ambos casos, es la vinculación forzada de un tercero al proceso al existir un vínculo material que le ata a alguna de las partes (bien sea un nexo real o personal), definido escuetamente como “relación sustancial” en tratándose de la denuncia del pleito(4) o como un “vínculo legal o contractual” respecto del llamamiento en garantía(5), siendo claro que a la primera de estas figuras se le ha entendido como instrumento para el trámite de la obligación de saneamiento por evicción que dispone el artículo 1899 del Código Civil(6)-(7), pese a que la redacción de la norma no señale ello expresamente(8). Es por esta razón que la distinción de estas dos figuras no encuentra actualmente mayor respaldo en la práctica, dado que estos dos conceptos “comparten una misma base jurídica, [y] sus diferencias resultan prácticamente imperceptibles y se derivan más bien de discusiones doctrinales históricas”(9), pues, recuérdese que la anterior normativa de procedimiento civil, el Código Judicial establecido por la Ley 105 de 1931 solo consagraba la figura de la denuncia del pleito en el artículo 235(10), de manera que las discusiones giraban en torno al radio de acción de esta normativa, esto es, sobre si esta vinculación comprendía también las garantías personales además de las reales(11).

En similar sentido se ha pronunciado esta corporación al señalar que “en el derecho colombiano la denuncia en el pleito es equivalente al llamamiento en garantía”(12), mientras que a su turno la Corte Suprema de Justicia ha señalado de artificial e inoficiosa esta distinción, en los siguientes términos: “según lo tiene entendido la doctrina particular y la jurisprudencia de esta corporación al llamamiento en garantía, también se aplica, por analogía, el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, (…) De ahí que con razón se califique como artificial e inoficiosa la distinción entre denuncia del pleito y llamamiento en garantía, para consecuentemente abogarse por un tratamiento común o único, como en otras legislaciones se consagra”(13). Por otro tanto la doctrina también ha enfatizado que “en el moderno derecho procesal la denuncia del pleito y el llamamiento en garantía se consideran como una misma institución procesal; para extenderla tanto a la garantía real como a la personal de origen contractual o extracontractual(14)(15); tales apreciaciones dan fe de la discutible distinción entre las dos figuras que se vienen comentando.

Como consecuencia de las anteriores apreciaciones, que abogaban por el trato unificado de la cuestión, las recientes codificaciones procesales, que no resultan aplicables al sub lite(16), han puesto fin, a nivel legislativo, a la figura de la denuncia del pleito, de manera que en adelante la única fuente jurídico-procesal que permite la vinculación de terceros de manera forzosa al proceso es el llamamiento en garantía definido en el artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo así:

“Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 225. Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.”

Mientras que el Código General del Proceso —Ley 1564 de 2012— estableció en el artículo 64 la figura del llamamiento en garantía incluyendo una redacción doble que comprende tanto a los antiguos artículos 54 y 57 dentro de una misma institución, pues conserva la noción de la ya derogada denuncia del pleito. Dicha norma indica:

“Código General del Proceso. Artículo 64. Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación”.

3. Precisadas las anteriores consideraciones este Despacho pasa a estudiar la procedencia de la denuncia del pleito formulada por la Dirección Nacional de Estupefacientes - DNE, la cual fue sustentada fácticamente por la entidad en el hecho de que mediante comunicación de 30 de abril de 2003 la Fiscalía General de la Nación puso a disposición de la DNE “el vehículo de placas SGO-410, disposición que nunca se materializo (sic) pues no se realizó entrega real y material del citado vehículo a la Dirección Nacional de Estupefacientes”. (fl. 35, cdno. 1).

Para lo anterior se tendrá en cuenta, como ya se dijo el ámbito de aplicación que la jurisprudencia le ha determinado a la denuncia del pleito, esto es, como instrumento procesal que permita materializar la obligación del vendedor de saneamiento por evicción de la cosa vendida, conforme al artículo 1899 del Código Civil; con lo cual queda clarificado, entonces, que no se configura el supuesto exigido para su procedencia, pues, en ningún momento se está en presencia de la solicitud de vinculación del comprador hacia su vendedor para que se avenga a defender los vicios ocultos de derecho que afectan la cosa enajenada. Por lo tanto, es claro que no procede la denuncia del pleito.

Ahora bien, en cuanto al estudio de la solicitud a la luz de la figura del llamamiento en garantía, el Despacho no encuentra impedimento alguno en abordar la solicitud de vinculación forzosa del tercero de acuerdo a las prescripciones del llamamiento en garantía comoquiera que, como ya se vio arriba, comparten los mismos requisitos procesales en cuanto a su oportunidad y documentación a allegar con la denuncia del pleito, de manera que no se vulnera ninguna norma procedimental ni menos aún el derecho de la contraparte al debido proceso si se estudiare este punto a la luz de cualquiera de estas dos instituciones procesales, dada la similitud de ambas.

Advertido lo anterior, el Despacho encuentra que tampoco procede el llamamiento en garantía(17), pues en ningún momento el demandante puso de presente, de manera siquiera sumaria, la existencia de una relación legal o contractual en virtud de la cual se pueda derivar, prima facie(18), la existencia de una obligación del llamado para que se haga presente en el proceso. Por el contrario, el escrito de solicitud parece más un alegato en donde la DNE presenta sus razones para eximirse de la responsabilidad pretendida por la parte demandante.

Por lo anterior, el Despacho confirmará, pero por las razones expuestas en esta providencia, la decisión adoptada en el auto de 29 de marzo de 2012 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Primero: CONFIRMAR el auto del 29 de marzo de 2012, proferido por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme a lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: DEVOLVER el expediente al tribunal administrativo de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Artículo 181. Código Contencioso Administrativo. Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales, de los jueces y los siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos organismos, en pleno o en una de sus secciones o subsecciones según el caso, o por los jueces administrativos:

(…)

7. El que resuelva sobre la intervención de terceros.

(2) Código Contencioso Administrativo. Artículo 217. En los procesos relativos a controversias contractuales y de reparación directa, la parte demandada podrá, en el término de fijación en lista, denunciar el pleito, realizar el llamamiento en garantía o presentar demanda de reconvención, siempre que ello sea compatible con la índole o naturaleza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

(3) De acuerdo a lo señalado por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo que indica: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo.

(4) Código de Procedimiento Civil. Artículo 54. Denuncia del pleito. Quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho a denunciar el pleito que promueva o que se le promueva, deberá ejercitarlo en la demanda o dentro del término para contestarla, según fuere el caso.

Al escrito de denuncia acompañará la prueba siquiera sumaria del derecho a formularla y la relativa a la existencia y representación que fueren necesarias.

El denunciado en un pleito tiene a su vez facultad para denunciarlo en la misma forma que el demandante o demandado.

(5) Código de Procedimiento Civil. Artículo 57. Llamamiento en garantía. Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los dos artículos anteriores.

(6) Código Civil. Artículo 1899. El comprador a quien se demanda la cosa vendida por causa anterior a la venta, deberá citar al vendedor para que comparezca a defenderla.

Esta citación se hará en el término señalado por las leyes de procedimiento.

(7) Este criterio ha sido refrendado por esta Corporación, véase auto de 29 de junio de 2000. C.P. María Elena Giraldo. Exp. 17677; auto de 26 de marzo de 2007, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, Exp. 32723; en este último se afirma: “De la lectura de la norma en comento se deduce que la vinculación de un tercero a través de la figura de la denuncia del pleito procede siempre y cuando exista ley sustancial que faculte a una de las partes a denunciar el pleito y está supeditada a que el denunciante la formule por escrito con la demanda o dentro del término de fijación en lista y la acompañe de prueba siquiera sumaria del derecho a formularla.

En conclusión, la denuncia del pleito procede siempre y cuando el demandante o demandado la formule respecto de la persona de la que adquirió, a título oneroso, el derecho real que se discute en la litis, para que esta sea obligada al saneamiento en caso de evicción, y cuando existe ley sustancial que faculte a cualquiera de las partes a promoverla”.

(8) Señala Devis Echandía al respecto: “No dice el texto legal que la denuncia del pleito se limita al caso de evicción de derechos reales, sino que se refiere, en general, a los casos en que tenga el derecho a denunciar el pleito conforme a la ley sustancial. Pero esto no significa que sea necesaria una disposición legal que expresamente hable de denuncia del pleito, pues es suficiente que de su contenido se deduzca tal derecho”. Devis Echandía, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Teoría General del Proceso. Tomo I. Editorial Biblioteca jurídica Dike. 13ª edición, 1994. p. 364.

(9) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo III Contencioso Administrativo. Universidad Externado de Colombia. 2004. p. 531.

(10) Código Judicial. 235. El que, conforme a la ley, tiene derecho a denunciar el pleito que promueva o que se le promueva, ha de hacer uso de él, en el primer caso, en el libelo de demanda, y en el segundo, dentro del término que tiene para contestarla.

(11) López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo I. General. Dupré editores. 2009, 10ª edición. Págs. 340-341.

(12) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 13 de marzo de 1997. C.P. Betancur Jaramillo. Exp. 12746.

(13) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 24 de octubre de 2000. M.P. José Fernando Ramírez Gómez. Exp.: 5387. Criterio reiterado en sentencia de 15 de diciembre de 2005, Exp. 1996-25941.

(14) Chiovenda: Principios, ed. Cit. Núm. 90; Redenti: Derecho procesal civil, ed. Cit. Págs. 170, 231 y 327; Rosenberg: Derecho procesal civil, ed. Cit. P. 281. Rocco: Trattato, ed. Cit. T. II. II, p. 123.

(15) Devis Echandía, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Ob. Cit. p. 364. Debe señalarse que esta postura fue aceptada por el Consejo de Estado, tal como se ilustra en providencia de 10 de octubre de 1991, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta, Exp. 6963.

(16) Debe advertirse que ninguna de estas dos normas se aplican para el presente asunto comoquiera que se trata de un proceso ya iniciado con antelación a la entrada en vigencia el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (vigencia a partir de 2 de julio de 2012) y de haberse, siquiera, expedido el Código General del Proceso (expedido el 12 de julio de 2012, amén de las vigencias especial que dispone el artículo 627 de la misma obra). La presentación y comentario de estas nuevas disposiciones se hace a efectos de ilustrar el desarrollo de las discusiones en torno a las figuras de llamamiento en garantía y denuncia del pleito.

(17) Sobre el llamamiento en garantía esta corporación ha precisado: “Esta institución encuentra su razón de ser en el principio de economía procesal, ya que dentro de la misma actuación que se adelanta con motivo de la litis trabada entre demandante y demandado es posible decidir si se reúnen las condiciones para que, en virtud del vínculo jurídico invocado por quien llama en garantía, el tercero deba responder por las condenas impuestas a este. Se trata, entonces, de la configuración de dos relaciones jurídico-procesales distintas dentro del mismo proceso, una principal entre el demandante y el demandado, y otra eventual entre el demandado y el tercero llamado en garantía”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Auto de 13 de agosto de 2012, C.P. Jaime Orlando Santofimio. Expediente: 43465.

(18) Ha sido criterio reiterado por esta corporación sostener que el momento de la admisión del llamamiento en garantía no se requiere un análisis de fondo de la cuestión sino que solamente se debe estudiar los aspectos formales de la figura, conforme a los requisitos que el Código de Procedimiento Civil señala. Al respecto en auto de 13 de agosto de 2012 se dijo: “Por otro tanto, el despacho considera pertinente precisar que la admisión del llamamiento en garantía debe ceñirse al cumplimiento de los requisitos formales del artículo 55 del Código de Procedimiento Civil, ya que las valoraciones de fondo sobre dicho asunto, esto es, el vínculo legal o contractual, deben efectuarse en la sentencia que ponga fin al respectivo litigio”, Rad.: 43465, C.P. Santofimio Gamboa. También auto de 19 de febrero de 2004, Rad.: 26048, C.P. María Elena Giraldo Gómez; y auto de 16 de diciembre de 1987, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, Rad.: 5093.