Auto 2011-00533 de septiembre 23 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 52001233100020110053301

Número interno: 19111

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Actor: Carlos Serrano Wagner contra el departamento de Nariño

Auto

Bogotá, D.C., veintitrés de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «4. Consideraciones

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la providencia por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Nariño accedió a la solicitud de suspensión provisional promovida por el demandante.

De conformidad con el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, para que proceda la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos es necesario que la trasgresión de las normas superiores o de igual jerarquía invocadas surja de manera ostensible, es decir, de la simple comparación entre estas y los actos administrativos acusados, sin necesidad de profundos razonamientos.

Esta Sección ha señalado que, para la procedencia de la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, la contradicción con las normas superiores debe ser evidente, por confrontación directa respecto de aquellas que se enuncian como vulneradas.

Por lo tanto, para la prosperidad de la petición resulta necesario que aparezca la trasgresión al ordenamiento superior, sin necesidad de elucubración alguna, es decir, por la sola comparación, pues de no ser así la medida debe negarse, para permitir que, durante el debate probatorio, propio del proceso, se demuestre la ilegalidad del acto administrativo y esta sea definida en la sentencia que le ponga fin al mismo.

Para realizar dicha comparación, se transcriben a continuación las normas acusadas y las superiores invocadas como transgredidas, así:

Acto administrativo acusado
(se transcribe lo pertinente y se resaltan los apartes demandados)
Normas superiores
transgredidas

ORDENANZA 28 DE 2010
(Diciembre 21)
Por medio de la cual se establece el estatuto tributario del departamento de Nariño
La Asamblea del departamento de Nariño,
en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en los artículos 300 numeral 4º y 338 de la Constitución Política, y el artículo 59 de la Ley 788 de 2002.
ORDENA:
(...).
CAPÍTULO VII
Impuesto al degüello de ganado mayor
ART. 200.—Sujeto pasivo. Los propietarios y/o poseedores de ganado mayor, los arrendatarios y los explotadores comerciales de los mataderos legalmente establecidos, y en general, todo aquel que sacrifique ganado, son los responsables del pago del impuesto.
ART. 206.—Recaudo, declaración y pago del impuesto. Se establece la obligación de liquidar, recaudar y declarar el impuesto a favor del departamento, en cabeza de los tesoreros municipales cuando el sacrificio se realice en mataderos públicos, y del representante legal de la empresa cuando el sacrificio se haga en mataderos privados.
(...).
ART. 208.—Contraprestación. El departamento de Nariño cede como contraprestación por el recaudo a los municipios de 1ª, 2ª, 3ª y 4ª categoría, el 10% del total del impuesto de degüello de ganado mayor.
PAR.—La cesión del impuesto de degüello se hace en favor única y exclusivamente de los municipios, nunca a favor de particulares, ni de ningún tipo de empresas.
ART. 209.—Responsabilidad solidaria del matadero o frigorífico. El matadero o frigorífico que sacrifique ganado mayor sin que se acredite el pago del impuesto correspondiente, asumirá la responsabilidad del tributo y se hará acreedor a la sanción mínima prevista en este estatuto
.

DECRETO 1222 DE 1986
(Abril 18)
Modificado por la Ley 617 de 2000
“Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental”.
El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 3ª de 1986 y oída la comisión asesora a que ella se refiere,
DECRETA:
(...).
VI. Impuesto de degüello de ganado mayor
ART. 161.—Los departamentos pueden fijar libremente la cuota del impuesto sobre degüello de ganado mayor.
ART. 162.—Las rentas sobre degüello no podrán darse en arrendamiento.

La Sala encuentra que de la confrontación directa de los actos acusados y las normas superiores invocadas como transgredidas, no se advierte la ostensible vulneración alegada, pues para llegar a esa conclusión, o a otra distinta, es necesario hacer un análisis de fondo del asunto bajo estudio y determinar el alcance de las normas que el demandante citó como vulneradas, además de establecer los límites de la potestad tributaria del departamento del Nariño, análisis que no es propio de esta etapa procesal y, solo puede ser efectuado en la sentencia(2).

Lo anterior porque lo que pretende el demandante es que se anulen algunos apartes de la ordenanza 28 del 21 de diciembre de 2010 por medio de los cuales la Asamblea Departamental de Nariño fijó los elementos del impuesto de degüello, esto es, los sujetos activo y pasivo, la base gravable y la tarifa.

En efecto, para establecer si existe la vulneración de las normas superiores invocadas por el demandante se debe hacer un análisis de los apartes demandados de la ordenanza 28 de 2010 a la luz de los principios de legalidad y certeza del tributo, en el marco de la autonomía de las entidades territoriales y el ejercicio de su potestad tributaria establecidas en la Constitución Política y en la ley.

En conclusión, de la confrontación de los apartes del acto administrativo demandado con las normas superiores invocadas como transgredidas, no se puede afirmar que se desbordó la potestad impositiva de los entes territoriales o que el departamento de Nariño se excedió en el ejercicio de la facultad para establecer los elementos del impuesto de degüello.

Finalmente, es necesario insistir en que la confrontación que debe realizarse al analizar la procedibilidad de la medida de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados, es entre estos y las normas superiores que se invocan como vulneradas y no con sentencias judiciales, pues si bien es cierto que estas contienen las interpretaciones judiciales que respecto de dichas normas se han hecho, ello implica adentrarse en el estudio de fondo de los actos administrativos demandados en cada caso.

En consecuencia, no procede la suspensión provisional de los efectos de los apartes demandados de la ordenanza 28 de 2010, por lo que es forzoso revocar la providencia apelada y, en su lugar, negar la medida de suspensión provisional solicitada por el demandante.

Por lo tanto se,

RESUELVE:

REVÓCASE la providencia impugnada y, en su lugar NIÉGASE la suspensión provisional de los efectos de la ordenanza 28 de 2010 proferida por el departamento de Nariño.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(2) En el mismo sentido ver autos de 21 de mayo de 2009, C.P. William Giraldo Giraldo, Expediente 17563 y de 4 de junio de 2009, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Expediente 17637.