Auto 2011-00561 de marzo 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal Eice en liquidación - El Ministerio del Trabajo

Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés

Bogotá, D.C., veintisiete de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

En el presente caso procede la Sala a estudiar la admisión de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, interpuesta por Cajanal y el Ministerio del Trabajo contra las sentencias del 5 de octubre de 2009 y 26 de agosto de 2010, proferidas respectivamente por el Juzgado Doce Administrativo de Descongestión de Bogotá y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Rafael Antonio Martínez Cortés contra Cajanal.

i) De la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003

La Ley 797 de 2003 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales” estableció en el artículo 20:

“Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo(1) hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo(2) por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.

Ahora bien, para determinar cuál fue la finalidad de esta norma y así poder establecer qué entendimiento se le debe dar por parte del juez, en la Gaceta del Congreso 350 del 23 de agosto de 2003 están plasmados los antecedentes de la Ley 797 de 2003, donde se indicó que la reforma pensional prevista en la referida ley responde a “la necesidad de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y equitativos para todos los ciudadanos”(3).

Se señaló en la exposición de motivos que “La reforma pensional propuesta, busca una mayor equidad, solidaridad y viabilidad financiera de un nuevo sistema que le dé un trato igualitario a todos los colombianos (…)”. Igualmente se hizo énfasis en que en un Estado con recursos limitados hay que acordar unos principios básicos sobre la destinación de los dineros públicos del sistema pensional vigente(4).

En punto del artículo 20 que prevé la revisión de providencias judiciales, transacciones, conciliaciones judiciales o extrajudiciales que decreten o reconozcan la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza se indicó quese “contempla[n] la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera, se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los graves perjuicios que pueda sufrir la Nación”(5).

Dicha revisión se estructuró bajo las siguientes características:

- Procede contra providencias judiciales, transacciones, conciliaciones judiciales o extrajudiciales.

- Que decreten o reconozcan la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza.

- El reconocimiento de las sumas periódicas de dinero o pensiones debe ser con cargo al tesoro público o a fondos de naturaleza pública.

- La solicitud la debe hacer el Gobierno a través de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social o de Hacienda y Crédito Público, el Contralor General de la República o el Procurador General de la Nación.

- El trámite para conocerlo corresponde al Consejo de Estado o a la Corte Suprema de Justicia “de acuerdo con sus competencias”.

- Se tramita como el recurso extraordinario de revisión del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social o el Código de Procedimiento Civil (en lo no regulado por los anteriores).

Ahora bien, considera la Sala que la revisión creada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, constituye un mecanismo que hace parte del engranaje de la reforma pensional plasmada en la citada ley, que tuvo como uno de sus propósitos la reducción del déficit fiscal para hacer viable financieramente el sistema pensional, como se observa en la exposición de motivos. Así, en concreto respecto de la revisión de providencias judiciales, transacciones, conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocieron sumas periódicas o pensiones, se indicó que permite “afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los graves perjuicios que pueda sufrir la Nación”.

Sobre la citada revisión la Corte Constitucional en la Sentencia C-835 de 2003, señaló que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 es una “una acción especial o sui génesis de revisión” que no consiste en una verificación simple de la legalidad de las sentencias, sino que debe tramitarse “a través de una demanda, esto es, observando las formalidades y requisitos previstos en los prenotados estatutos para el recurso extraordinario de revisión”, así:

“El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 consagra una acción especial o sui génesis de revisión y ordena que se tramite por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código, esto es el procedimiento contencioso administrativo o laboral, o normas que los modifiquen y como quiera que se declaró inexequible la expresión en cualquier tiempo, mientras el legislador establece un nuevo plazo, se tendrá como tal el que el legislador contempla actualmente para el recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, según sea el órgano competente en cada caso”.

En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control —Contraloría y Procuraduría— para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional.

Otra de las particularidades de esta revisión es que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el término para interponerla es de 5º años (art. 251, inc. 4º), mientras que el término del recurso extraordinario de revisión es de 1 año (inc. 1 del art. 251 ídem); al respecto observa la Sala que dicha amplitud del término obedece a que no se puede garantizar la inmutabilidad de una providencia judicial, transacción o conciliación, cuando el reconocimiento de la prestación periódica o pensión con cargo al tesoro público fue obtenido con violación al debido proceso, o si la cuantía del derecho excede lo previsto en la ley o la convención.

Así, en el caso de la revisión prevista en el artículo 20, la finalidad de la norma justifica que el término para interponer el recurso sea de 5 años y no de 1 en tanto se busca la protección de los dineros públicos para que el sistema pensional sea viable y se amplíe su cobertura.

Otra de las diferencias, es que la acción especial de revisión además de proceder contra providencias judiciales, también se puede presentar contra transacciones y conciliaciones judiciales o extrajudiciales.

Finalmente, la Corte Suprema ha considerado sobre esta acción especial de revisión que las altas autoridades judiciales, fueron dotadas de un nuevo instrumento jurídico para enfrentar la “expoliación del tesoro público que desde múltiples frentes y bajo multiplicidad de modalidades se ejercita en el país”(6).

Así mismo estimó que la utilización por parte de los legitimados de las causales previstas para la procedencia del recurso se debe ejercer en un marco que armonice los intereses públicos y los del demandado “de tal manera que este recurso extraordinario no se distorsione e hipertrofie en casos que no lo ameriten realmente, distrayendo a la administración de Justicia de su trascendental función, sino que el uso del mismo se ha de limitar a sentencias en las cuales la violación al debido proceso y el exceso y abuso de la normatividad genitora de la prestación concedida judicialmente resulten groseramente evidentes y plenamente manifiestos, estructurando sin lugar a mayores inferencias conceptuales las dos nuevas causales (…)”(7).

Igualmente en sentencia del 15 de octubre de 2009 se precisó que la Ley 797 de 2003 creó mecanismos para disminuir la afectación del tesoro público y de contera los perjuicios que sufre la nación, así se destacó que:

“(…) esta nueva revisión viene prevista contra las providencias judiciales, las conciliaciones y las transacciones (judiciales o extrajudiciales). Pero no en todas las hipótesis, sino sólo cuando registren la obligación, a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, de pagar sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier estirpe.

En estos precisos casos, vale decir, providencias judiciales, conciliaciones y transacciones (judiciales o extrajudiciales), en cuya virtud se hace un reconocimiento que imponga al tesoro público o a fondos públicos la obligación de satisfacer sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza, la competencia para conocer del recurso de revisión se residencia en la Corte Suprema de Justicia o en el Consejo de Estado, de acuerdo con su órbita de atribuciones”(8).

ii) De la competencia del Consejo de Estado

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 señala que la revisión de las providencias, conciliaciones y transacciones que hayan reconocido o acordado el pago de sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, se tramita ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias. También indica la citada norma que la revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión.

En este orden, frente a la competencia del Consejo de Estado, el numeral 1º del artículo 237 de la Constitución Política, señala que es el tribunal supremo de lo contencioso administrativo. Igualmente el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—indica en el artículo 249 que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoce del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por sus secciones o subsecciones y que cuando son dictadas por los tribunales administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.

En cuanto a la competencia material, la Ley 1437 de 2011 —Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA,—en numeral 4º del artículo 104 señala que “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (…)Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…) 4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público”.

iii) Trámite de la acción especial de revisión

Como el trámite previsto por el legislador para la acción especial de revisión,es el dispuesto para el recurso extraordinario de revisión, como lo señala el inciso 3º del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es menester traer al presente caso, lo dispuesto por la jurisprudencia de esta corporación sobre dicho recurso.

Al respecto en sentencia del 9 de mayo de2012, la Sección Tercera estimó que el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que constituye una excepción al principio de la cosa juzgada, en cuanto se controvierte un fallo ejecutoriado(9).

De igual manera, se afirma que este recurso no constituye una tercera instancia, por ende no se discuten las razones de hecho y de derecho debatidas en el proceso que originó la sentencia y tampoco se reabre el debate probatorio para que las partes corrijan los errores cometidos durante el proceso, pues “presupone como antecedente una sentencia ejecutoriada, de los tribunales o del Consejo de Estado, en única, primera o segunda instancia, creadora de la cosa juzgada material, la cual, una vez censurada, sólo puede ser desconocida luego de la comprobación de una de las causales contenidas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y con la concurrente y necesaria definición de que el fallo reprochado es erróneo o injusto por esa causa, es decir, que hay lugar a otra decisión distinta”(10).

iv) De la legitimación en la causa por activa, como presupuesto procesal de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, y del litisconsorcio necesario que se integra por orden legal entre el recurrente en la solicitud de revisión y la entidad condenada en el proceso ordinario.

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone sobre la legitimación en la causa por activa que la revisión procede a solicitud del gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

Esto quiere decir, que solamente aquellas entidades enunciadas por el artículo en mención están facultadas para promover la revisión, de manera que se exige un solicitante calificado.

Este artículo impone una limitación, en cuanto no faculta a las partes para interponer esta acción especial, restricción que encuentra su fundamento y justificación, de un lado en que la referida revisión constituye una excepción a la cosa juzgada; y de otro, en que tiene como finalidad habilitar al Gobierno Nacional y a los entes de control, para que protejan el patrimonio público en un proceso en el que eventualmente no fueron parte(11).

Se observa que esta facultad que se confiere al Gobierno Nacional y a los entes de control está en armonía con lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política que señala:

ART. 48.-La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

En lo que respecta al trámite y formalidades de esta acción especial de revisión por disposición del numeral 2 del artículo 382 del Código de Procedimiento Civil que se aplica por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(12), el recurrente debe indicar el “nombre y domicilio de las personas que fueron parte en el proceso en que se dictó la sentencia, para que con ellas se siga el procedimiento de revisión”.

Por otra parte, el inciso 3º del 383 ídem, que igualmente regula el recurso extraordinario de revisiónseñala que la demanda es inadmisible cuando “no vaya dirigida contra todas las personas que deben intervenir en el recurso, casos en los cuales se le concederá al interesado un plazo de cinco días para subsanar los defectos advertidos. De no hacerlo en tiempo hábil la demanda será rechazada”.

En este orden de ideas, al armonizar la regulación de la revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y los requisitos establecidos para la presentación del recurso en el Código de Procedimiento Civil, se tiene que aunque las partes del proceso ordinario no pueden promover la revisión de la sentencia —según el artículo 20— por cuanto la norma no los legitima por activa - es deber de quien acciona señalar sus nombres y domicilios para que sean notificados y se les corra el traslado de la solicitud de revisión.

Así el Gobierno Nacional por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Contralor General de la República o el Procurador General de la Nación, deben indicar en el escrito de la revisión cuáles fueron las partes de proceso ordinario, para que con ellos se siga el procedimiento de revisión.

Dicha previsión legal del numeral 2º del artículo 382 del Código de Procedimiento Civil, se refiere a un litisconsorcio necesario que se configura por orden legal, como lo sostuvo el tratadista Jairo Parra Quijano en la obra Los terceros en el proceso civil, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, así:

“Ha dicho la Corte: “Existe litisconsorcio necesario cuando, por la naturaleza misma de la relación jurídica material del proceso, los litigantes están unidos en forma tal que la sentencia los habrá de afectar a todos.

Así mismo se presenta el fenómeno jurídico en mientes en los supuestos en que la ley expresamente ordena integrarlo.

(…)

Por otro aspecto, a la luz de los artículos 382 y 383 del Código de Procedimiento Civil, al recurso de revisión deben llamarse todas las personas que fueron parte en el proceso en el que se dictó la sentencia, so pena de que, como manda el inciso 3º de la última disposición en cita, la demanda sea declarada inadmisible”.

(…)

El lector debe observar que de conformidad con el artículo 382 inciso 2º es necesario que el demandante en la demanda de revisión indique el nombre y domicilio de las personas que fueron parte en el proceso en que se dictó la sentencia de cuya revisión se trata, en otras palabras, el artículo en mención establece un litisconsorcio necesario a fin de que en forma justa pueda decidirse el recurso de revisión contra una determinada sentencia.

Cuando la demanda de revisión no se dirige contra todas las partes que intervinieron en el proceso de cuya revisión se trata, el tribunal o la Corte deben declarar inadmisible la demanda (…).

(Ejemplo y explicación elaborados con base en la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Bogotá, 30 de octubre de 1980, dictada dentro del proceso ordinario adelantado por Mariela Navas de Castillo frente a los herederos de Abelardo Dalloz Córdoba, M.P. Héctor Gómez Uribe)”(13).

Sobre el litisconsorcio necesario el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil prevé que cuando por su naturaleza o por disposición legal, no es posible dictar sentencia sin la comparecencia de las personas que intervinieron en el proceso de instancia “(…) la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez en el auto que admite la demanda ordenará dar traslado de ésta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado”.

Así, para el caso del recurso extraordinario de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por orden del numeral 2 del artículo 382 del Código de Procedimiento Civil, la entidad accionante debe incluir en el escrito de la demanda el nombre y domicilio de las partes en el proceso ordinario en que se dictó la sentencia, con las cuales se integra el contradictorio y deben comparecer al proceso en la forma y términos previstos para el accionado.

Visto lo anterior se concluye que la solicitud de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es un procedimiento especial, porque de un lado, se legitima por activa a un tercero que no intervino en el proceso ordinario, —esto es el Gobierno Nacional o los entes de control— y de otro lado, las partes del proceso si bien deben integrarse al proceso, no pueden promover de manera autónoma la solicitud de revisión, pues su participación es accesoria en la medida que depende del accionar de las entidades que indica el del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Del caso en concreto

En el presente caso la Sala determinará si es admisible la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 presentada por Cajanal y el Ministerio del Trabajo contra las sentencias de instancia proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Rafael Antonio Martínez Cortés contra Cajanal.

En el asunto bajo análisis, precisa la Sala que la accionante es Cajanal, quien fue parte en el proceso ordinario en calidad de demandada y sobre ella recayó la sentencia condenatoria, sin embargo de conformidad con lo expuesto en el numeral iv) de las consideraciones de esta providencia, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece como sujeto calificado para solicitar la revisión de la sentencia al Gobierno Nacional, por conducto de los Ministerios del Trabajo y Seguridad Social o de Hacienda y Crédito Público, al Contralor General de la República y al Procurador General de la Nación.

Así, en aplicación de la citada norma se impone en principio rechazar la demanda, por cuanto Cajanal, entidad que presentó la revisión no estaba facultada para hacerlo.

No obstante, en el presente caso, observa la Sala que el Ministerio del Trabajo mediante escrito de la jefe de la oficina asesora jurídica dirigido a esta corporación indica que “de manera respetuosa solicita (…) se surta el trámite de la acción de revisión de las sentencias proferidas en primera instancia por el Juzgado Doce Administrativo de Descongestión de Bogotá y en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral instaurada por el señor Rafael Antonio Martínez Cortés, la cual será interpuesta a través de apoderada por la Caja Nacional de Previsión Social” (fl. 17).

En este orden de ideas es claro que el Ministerio del Trabajo tiene el ánimo de solicitar la revisión de las sentencias del 5 de octubre de 2009 y 26 de agosto de 2010, proferidas respectivamente por el Juzgado Doce Administrativo de Descongestión de Bogotá y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Rafael Antonio Martínez Cortés. Sin embargo, se observa en el expediente que la jefe de la oficina asesora jurídica del Ministerio del Trabajo no confirió poder, ni presentó la demanda de revisión, por lo que su petición visible a folio 17, no cumple con los requisitos del artículo 252 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 382 del Código de Procedimiento Civil, que señalan respectivamente:

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

ART. 252.—Requisitos del recurso. El recurso debe interponerse mediante escrito que deberá contener:

1. La designación de las partes y sus representantes.

2. Nombre y domicilio del recurrente.

3. Los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento.

4. La indicación precisa y razonada de la causal invocada.

Con el recurso se deberá acompañar poder para su interposición y las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y solicitará las que pretende hacer valer.

Código de Procedimiento Civil:

“ART. 382.—Formulación del recurso. El recurso se interpondrá por medio de demanda que deberá contener:

1. Nombre y domicilio del recurrente.

2. Nombre y domicilio de las personas que fueron parte en el proceso en que se dictó la sentencia, para que con ellas se siga el procedimiento de revisión.

3. La designación del proceso en que se dictó la sentencia, con indicación de su fecha, el día en que quedó ejecutoriada y el despacho judicial en que se halla el expediente.

4. La expresión de la causal invocada y los hechos concretos que le sirven de fundamento.

5. La petición de las pruebas que se pretenda hacer valer”. (Subrayado fuera de texto).

En suma, concluye la Sala que en principio la demanda que presentó Cajanal debe ser rechazada y que la solicitud del Ministerio del Trabajo tiene que inadmitirse; sin embargo en virtud de la facultad que tiene el juez de interpretación, para la Sala, la demanda que presentó Cajanal y la petición del Ministerio deben entenderse de manera integral, en cuanto la intención de éste fue solicitar también la citada revisión; por consiguiente se inadmitirá la demanda para que el Ministerio del Trabajo, proceda a corregirla de conformidad con lo expuesto en esta providencia, para tal efecto se le concederá un término de diez (10) días, como lo ordena el artículo 170 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

RESUELVE:

SE INADMITE la acción especial de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 presentado contra las sentencias del 5 de octubre de 2009 y 26 de agosto de 2010, proferidas respectivamente por el Juzgado Doce Administrativo de Descongestión de Bogotá y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por las razones expuestas en la parte motiva de este auto, en consecuencia se dispone la corrección de la demanda y para tal efecto se concede un término de diez (10) días.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) Texto subrayado declarado inaxequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-835 de 2003.

(2) Aparte declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-835 de 2003, M.P.Jaime Araújo Rentería.

(3) Gaceta del Congreso 350, 23 de agosto de 2002, pág. 13

(4) Ídem, pág. 13.

(5) Ídem, pág. 16.

(6) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 26 de enero de 2006, M.P. Luis Javier Osorio López, proceso con Radicado 28263, recurso de revisión. En el mismo sentido ver las sentencias del 16 de febrero de 2010, proferida en el proceso con Radicado 31802, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez; y del 22 de septiembre de 2006 expedida en el proceso con Radicación 38.537, M.P. Eduardo López Villegas.

(7) Ídem.

(8) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 15 de octubre de 2009, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza y Eduardo López Villegas, proceso con Radicación 29.775.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, M.P. Enrique Gil Botero, sentencia del 9 de mayo de 2012, proferida en el proceso con Radicado 5001-23-31-000-1996-01820-01(22821).

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, M.P. Enrique Gil Botero, sentencia del 9 de mayo de 2012, proferida en el proceso con Radicado 5001-23-31-000-1996-01820-01(22821).

(11) No obstante lo anterior, se considera necesario aclarar que las partes sí pueden solicitar la revisión de las sentencias pero según el recurso extraordinario de revisión previsto en los 185 del Código Contencioso Aadministrativo y 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, acorde con las causales y procedimientos allí establecidos.

(12) “ART. 306.—Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

(13) Parra Quijano, Jairo, Los terceros en el proceso civil, Ed. Librería ediciones del profesional Ltda, 7ª edición, 2006, Bogotá, págs. 311-312.