Sentencia 2011-00584 de febrero 13 de 2013

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad. 250002326000-2011-00584-01 (43782)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Convocante: Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo Laboral Salud IPS

Convocado: Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom

Referencia: Conciliación prejudicial

Bogotá, D.C., trece de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: « II. Consideraciones

Es competente el despacho para decidir el recurso de apelación del auto que imprueba el acuerdo de conciliación prejudicial, de conformidad con el artículo 146A del Código Contencioso Administrativo, adicionado por la Ley 1395 de 2010, que cambió y reasignó la competencia para proferir las decisiones interlocutorias distintas a la sentencia, ya que estableció que a partir de la entrada en vigencia de la ley, estas serán adoptadas por el magistrado o consejero conductor del proceso.

Sin embargo, previo a estudiar el cumplimiento de los requisitos con que debe contar el acuerdo conciliatorio para su aprobación, comoquiera que en el presente caso la materia —enmarcada por los hechos— acarrea un empobrecimiento y un enriquecimiento correlativo sin que medie justa causa entre los dos—, la cuestión se restringe a la figura jurídica del enriquecimiento sin causa, —cuya exégesis fue precisada por la Sala Plena de esta corporación en pronunciamiento reciente(1),

El presente caso, encuadra con precisión en uno de los casos excepcionales, toda vez que se trató de un caso en el que la administración actuó con inmediatez, bajo la necesidad de evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, apremio que de manera objetiva y manifiesta debió conducir, como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos —tal como lo consintieron las partes en el acuerdo conciliatorio—, circunstancias que, indudablemente, acreditan la decisión como urgente, útil, necesaria y, por demás, razonablemente ajustada a las circunstancias que la determinaron.

Así las cosas, este aspecto preliminar, auscultado para descartar la eventual lesión del erario y el innecesario desgaste de la administración de Justicia con la eventual interposición de una acción estéril a las pretensiones, se determina ajustado a los supuestos delimitados por la Sala Plena respecto del enriquecimiento sin justa causa, y a los de la acción que tendría que incoarse para lograr la compensación a favor del injustamente empobrecido.

De otro lado, el artículo 59 de la Ley 23 de 1991, modificado por el 70 de la Ley 446 de 1998, establece que las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales, y por conducto de apoderado, pueden conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca la jurisdicción de lo contencioso administrativo con ocasión de las acciones indemnizatorias (de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y contractual) previstas en el Código Contencioso Administrativo.

Sin embargo, la ley autoriza el uso de este mecanismo, siempre que se cumplan una serie de exigencias que deben ser controladas por el juez, estas exigencias se justifican en la medida en que son los fondos del erario los que se encuentran en juego en el acuerdo conciliatorio, por tanto, el control se hace a favor de la administración y los recursos públicos. La jurisprudencia de esta corporación ha decantado los siguientes requisitos:

— La acción no debe haber caducado (L. 23/91, art. 61, modificado por la L.446/98, art. 81).

— El acuerdo conciliatorio debe versar sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes (L. 23/91, art. 59, y L. 446/98, art. 70).

— Las partes deben estar debidamente representadas y sus representantes deben tener capacidad para conciliar.

— El acuerdo conciliatorio debe contar con las pruebas necesarias, no ser violatorio de la ley y no resultar lesivo para el patrimonio público (L. 23/91, art. 65A y L. 446/98, art. 73).

Así las cosas, la procedencia de la conciliación se encuentra limitada por el hecho de que no sea lesiva de los intereses patrimoniales del Estado, de allí que resulta necesario examinar los medios de prueba que sustenten la obligación reclamada, por ende, la aceptación voluntaria de las obligaciones, por parte de los agentes del Estado, no es suficiente por sí misma para la validez del acuerdo conciliatorio, comoquiera que este debe fundarse en pruebas que den al juez la claridad suficiente de la existencia de la obligación, en forma tal que se tenga certeza que el patrimonio público no se verá lesionado. Al respecto, la Sección Tercera de esta corporación ha sostenido(2):

“A título de reflexión final, vale la pena advertir que la conciliación contencioso administrativa constituye, sin duda, un mecanismo valioso en la solución de los conflictos en los cuales se ve envuelto el Estado, no solo porque borra las huellas negativas del conflicto sino porque contribuye eficazmente a la descongestión de los despachos judiciales. Tal circunstancia, sin embargo, no debe hacer perder de vista el hecho de que, a través suyo, se comprometen recursos del erario público cuya disposición no se puede dejar a la voluntad libérrima de los funcionarios sino que requiere del cumplimiento de reglas y exigencias muy severas y precisas que impiden el uso de la conciliación para fines no previstos y no queridos por la ley”.

En el sub judice, el solicitante reclama el reconocimiento y pago de las sumas que se le adeudan con ocasión de la prestación de servicios acordada con Caprecom, que sin previo contrato y por la necesidad de garantizar el derecho a la salud y a la vida de los usuarios, debió asumirse sin solución de continuidad, a pesar del vencimiento del contrato inicial que acordó las labores de “desarrollo de los procesos asistenciales y administrativos de apoyo a la prestación de servicios de salud” y de “desarrollo del proceso de coordinación de puntos de dispersación y dispensación de medicamentos”, trabajos que en vigencia del acuerdo de voluntades CN01-347-2010, originario, ya se venían adelantando para la entidad contratante.

Así las cosas, previo a analizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para la aprobación de los acuerdos conciliatorios en materia contencioso administrativa, se considera pertinente destacar la posición de la Sala frente a aquellos convenios económicos que tienen relación con servicios efectuados por entidades prestadoras de salud.

La Sala ha precisado:

“(...) la conciliación extrajudicial objeto de análisis deviene de la prestación del servicio de salud por parte de una de las entidades que concurrieron a dicho método alternativo de solución de conflictos —Instituto Nacional de Cancerología—, cuestión que, dada la importancia y trascendencia de los derechos que ello implica frente a los asociados, impone al operador judicial que conoce de la legalidad de tales arreglos económicos un análisis desde una óptica distinta a aquella que usualmente se lleva a cabo frente a las conciliaciones en materia contencioso administrativa. (Se deja destacado en negrillas).

En efecto, si bien en virtud del ordenamiento jurídico, el juez de la causa, al momento de estudiar la legalidad de las conciliaciones judiciales o extrajudiciales celebradas en materia contencioso administrativa, debe verificar el cumplimiento de unos presupuestos previstos por el legislador, los cuales se enunciaron y desarrollaron anteriormente, también lo es que en el asunto sub examine el objeto de la conciliación involucra el pago, por parte del departamento del Meta, de los servicios de salud en materia de oncología prestados por el Instituto Nacional de Cancerología a los pacientes remitidos por el referido ente territorial, es decir que el arreglo económico encuentra su fundamento en la prestación de un servicio público a cargo del Estado (C.P., art. 49).

Se trata, pues, de un servicio público y esencial que en virtud de lo dispuesto en el artículo 365 Constitucional, es inherente a la finalidad social del Estado, el cual debe asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, bien sea directamente o por comunidades organizadas o por particulares; el artículo 366 de la Carta dispone, a su vez, que la solución de las necesidades insatisfechas, entre ellas, en materia de salud, constituye objetivo fundamental de la actividad estatal.

De esa manera, en desarrollo de los mandatos constitucionales antes enunciados y dado que el derecho a la salud corresponde a un derecho elevado a la categoría de fundamental, cuando su desconocimiento implica una amenaza o vulneración para otros derechos fundamentales autónomos y de aplicación inmediata como el de la vida —criterio de conexidad— constituye deber del Estado, directamente o por conducto de terceros, prestar los servicios de salud a la comunidad, de tal manera que si una entidad prestadora del servicio de salud, en este caso el Instituto Nacional de Cancerología, en virtud de las disposiciones antes señaladas, dio cumplimiento a su objeto al llevar a cabo la prestación de los servicios médico asistenciales en materia de oncología a favor de los usuarios o pacientes que le eran remitidos del departamento del Meta, mal habría entonces de negársele un pago por tal concepto, cuando lo cierto es que constituye un deber de tales entidades prestarlo en forma eficiente, pero además si se niegan u oponen a su prestación incurrirán en las distintas sanciones previstas en el ordenamiento jurídico por la omisión o el incumplimiento a ese deber.

En ese orden de ideas, el juicio de legalidad que frente a estos casos especiales debe efectuar el juez de lo contencioso administrativo no puede tornarse en una cortapisa para la continuidad en la prestación de los servicios de salud por parte de aquellas entidades o instituciones encargadas de tal fin, comoquiera que si están dados los presupuestos generales y esenciales previstos en la ley para que el arreglo económico se apruebe —como en este caso—, así debe procederse, pues, se insiste, si por un lado se le exige a esas entidades prestadoras de los servicios de salud dar cumplimiento a su objeto, pero por el otro se le oponen otros presupuestos, en especial de orden formal, para negarles el pago por parte de la entidad o persona de derecho público que, además, reconoce y acepta su deuda por tal concepto, ello configuraría una contradicción palmaria cuya consecuencia deriva, sin duda alguna, en el detrimento patrimonial de las entidades que tienen a su cargo la prestación de los servicios de salud, lo cual, a su vez, recae sobre los usuarios quienes habrían de resultar directamente afectados por la falta de prestación de servicios de salud de la entidad a la cual acuden.

Finalmente debe señalarse, como corolario de las consideraciones antes expuestas, que de manera alguna las disquisiciones que frente a estos casos especiales la Sala adopta, deben considerarse como una franquicia para eludir el cumplimiento del ordenamiento jurídico y, por ende, que las entidades estatales puedan actuar con desconocimiento del régimen jurídico al cual se encuentran sometidas, lo cual incluye sus relaciones contractuales, sólo que en materia de conciliaciones judiciales y extrajudiciales, a las cuales arriban las partes por voluntad propia para obtener un arreglo económico por la prestación de los servicios de salud, el respectivo análisis de legalidad debe efectuarse desde otra óptica, encaminada a no entorpecer la labor de las entidades a las cuales se encuentra a su cargo la prestación de ese servicio esencialísimo, sino a retribuirle —porque así lo acepta su deudor— el pago como contraprestación de esa función, la cual se encuentra a favor de la propia sociedad(3).

Sin embargo, no quiere decir esto que el reconocimiento patrimonial se deba restringir única y exclusivamente a aquellos casos en los cuales el servicio brindado sea el de salud(4), toda vez que el fundamento para efectuar la debida compensación no deviene de la singularidad característica de la obra o el servicio requerido, sino que la restricción enmarca aquellos trabajos que se ejecutaron con la inobservancia de las formas legalmente prescritas para la ejecución del servicio o labor encomendada —entiéndase la ausencia del debido contrato—. Es decir, aún cuando tal omisión se justifique en el apremio de la entidad pública por garantizar la prestación de un servicio esencial a cargo del Estado, el fundamento de la compensación deprecada no radica allí, sino en la aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa.

Afirmar lo contrario, esto es, que la persona —pública o privada— que ejecuta la obra o el servicio sin el fundamento contractual —aún encontrándose al amparo de alguna de las excepciones que se presentan en la práctica cotidiana—, no puede ser indemnizada —y afirmar así que por ser garante de la legalidad del contrato ni siquiera se le pueda compensar—, no solo obstaculizaría la aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa, sino que además avalaría la vulneración del principio de igualdad y llevaría a ratificar la iniquidad frente a los demás colaboradores que operan para el Estado sin el respaldo del debido contrato —pero amparados en alguna de las excepciones de facto—, que garantice la remuneración de su labor.

Ahora, si bien es comprensible que no se estimule la ejecución o prestación de obras o servicios que no tengan un referente contractual, también lo es que, dadas las condiciones fácticas que imperan en nuestro país, así como la dificultad a la que muchas veces se enfrentan las pequeñas entidades o instituciones públicas en el desarrollo de las etapas pre y contractual, tal situación conduzca a que la organización administrativa, en algunos eventos, tenga que recurrir a la solicitud de un servicio sin que previamente se haya legalizado el contrato que le de soporte. Bajo esta perspectiva, no se trata de desconocer el ordenamiento jurídico contractual, sino que se reconoce la necesidad de que la entidad beneficiada con la prestación cubra los gastos en que incurre quien asume la obligación sin que medie contrato estatal, razón por la cual la Sala no puede ser indiferente a estas circunstancias.

En ese contexto, para la materialización, cumplimiento y exigibilidad de las prestaciones contenidas en el vínculo obligacional, es necesario determinar cuál es el fundamento que las estructura, con la finalidad de establecer el contenido y alcance de cada una de ellas y, así mismo, identificar la vía idónea mediante la cual se debe deprecar el cumplimiento judicial de aquellas.

Ahora bien, es posible que existan ciertos eventos o situaciones que, aunque en principio pueden tener su nacimiento en un acuerdo de voluntades, lo cierto es que ante la falta de cumplimiento de ciertas formalidades ad substantiam actus (L. 80/93, art. 40), extraigan dicho consentimiento de las partes del mundo contractual, para trasladar el fundamento de los mismos a otro tipo de ámbitos, como por ejemplo el del enriquecimiento sin justa causa.

De manera complementaria, la Sala se ha manifestado, en sentencia del 19 de noviembre de 2012, así:

“(...) 13. Ahora, en los casos en que resultaría admisible se cuestiona en sede de lo contencioso administrativo si la acción pertinente sería la de reparación directa.

Se recuerda que, de un lado, se prohija las tesis que niega la pertinencia de la vía de la reparación directa con fundamento en que se trata de una acción autónoma que es de carácter compensatoria y no indemnizatoria, aspecto este último que constituye la esencia la acción de reparación directa, y, de otro lado, se aduce que el camino procesal en lo contencioso administrativo es precisamente la de la reparación directa porque mediante esta se puede pedir la reparación de un daño cuando la causa sea, entre otras, un hecho de la administración.

Pues bien, si se tiene en cuenta que el enriquecimiento sin causa constituye básicamente una pretensión y que la autonomía de la actio de in rem verso se relaciona con la causa del enriquecimiento y no con la vía procesal adecuada para enrutarla, fácilmente se concluye que en materia de lo contencioso administrativo a la pretensión de enriquecimiento sin causa le corresponde la vía de la acción de reparación directa (...)”.

De conformidad con lo anterior, no resulta viable que se acepte la posibilidad de que la entidad pública, mediante la materialización de un acto propio, dé configuración a un interés radicado en cabeza de un determinado sujeto de derecho, para con posterioridad, ir en contra de su misma actuación, en el sentido de beneficiarse de las labores adelantadas por el particular sin que se acarree ningún tipo de consecuencia negativa para la administración.

Bajo el entendimiento de la posición anteriormente expuesta, la Sala procederá a hacer el análisis normativo y probatorio correspondiente, a fin de determinar la certeza de la obligación de Caprecom con la Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo Laboral Salud IPS.

a. La representación de las partes y la capacidad de los apoderados para conciliar.

En lo atinente a este requisito se tiene que, la Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo Laboral Salud IPS, a través de su representante legal, confirió debidamente mandato judicial con el propósito de promover y celebrar la conciliación prejudicial objeto de este análisis (fl. 11 cdno. 1).

De otro lado, por intermedio de la subdirectora jurídica, en su condición de convocada, Caprecom otorgó poder de representación judicial, facultando debidamente a su apoderado para procurar la conciliación solicitada (fl. 36 cdno. 1).

Así las cosas, la Sala da por establecido este presupuesto para la aprobación de la conciliación.

b. La disponibilidad de los derechos económicos enunciados por las partes.

La Sala advierte que este requisito se encuentra satisfecho, comoquiera que el conflicto a tratar es de carácter particular y de contenido económico. Es decir, la pretensión está enfocada a lograr el reconocimiento y pago de una suma líquida de dinero, por concepto de los servicios especializados, prestados en las seccionales de Ibagué, Neiva y Quirófanos de la IPS Bogotá.

A lo anterior se añade que la conciliación materia de estudio involucra la disposición y afectación de derechos e intereses subjetivos, de contenido crediticio o personal, con una proyección patrimonial o económica, los cuales resultan renunciables (C.C., arts. 15, 1495, 1602).

c. La caducidad de la acción.

Toda vez que el acuerdo conciliatorio se efectuó dentro del término de los dos años, contados a partir del acaecimiento del hecho que suscitó la solicitud para llevar a cabo la misma, se entiende, para la acción respectiva, que el término para que opere el fenómeno jurídico procesal de la caducidad no había expirado.

d. Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, no sea violatorio de la ley o no resulte lesivo para el patrimonio público.

La legalidad y la aprobación del acuerdo entre las partes, se debe verificar integralmente con respaldo en las pruebas allegadas, en la contundencia de las mismas y su vocación de procurar al juez la suficiente convicción fáctica y jurídica. De lo contrario, ante los vacios injustificados que se generen en la conciliación y que permitan prever el posible menoscabo del erario, se hará necesaria la improbación de la misma(5).

Al expediente se allegaron, entre otros documentos, los siguientes:

i. Copia auténtica de la factura de venta 3140, expedida por la Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo Laboral Salud IPS, a nombre de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom, por concepto del “desarrollo de procesos asistenciales y de apoyo a la prestación de servicios de salud para las IPS de Ibagué, Bogotá y Neiva”, por valor de $ 150.416.458. (fl. 7 cdno. 1).

ii. Copia auténtica de la factura de venta 3138, expedida por la Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo Laboral Salud IPS, a nombre de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom, por concepto de la “prestación de servicios para desarrollar el proceso de coordinación de puntos de dispersación y dispensación de medicamentos a través de personal especializado en dichos temas, para la línea farmacéutica de Caprecom”, por valor de $ 129.982.913. (fl. 8 cdno. 1)

iii. Certificación original del 8 de junio de 2011, expedida por la jefe encargada de la división de tesorería de Caprecom, donde se hace constar que las facturas 3138, 3091, 3092, 2941 y 3140, expedidas por la Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo Laboral Salud, no habían sido canceladas a la fecha (fl. 35 cdno. 1).

iv. Certificación elaborada por Mario Alberto Posada Rojas, Subdirector de la IPS Caprecom, donde hace constar que los profesionales que prestaron sus servicios para la implementación de los procesos en las áreas de medicina general, quirófano Bogotá, cumplieron con las funciones establecidas en la orden de prestación de servicios CN01-347.2010, para el período comprendido entre el 1 y 31 de marzo de 2011 (fl. 21 cdno. 1).

v. Certificación expedida por el coordinador de la IPS Caprecom de Ibagué, el 12 de septiembre de 2011, donde consigna que la Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo Laboral Salud ejecutó a satisfacción los proceso asistenciales y de apoyo a la salud, durante el período comprendido entre el 1 y 31 de marzo de 2011, tiempo en el que no mediaba relación contractual. Allí mismo, reconoce como valor adeudado $ 53’893.810,00 (fl. 94 cdno. ppal.).

vi. Certificación expedida por la coordinadora de la IPS Caprecom de Neiva, el 12 de octubre de 2011, donde consigna que la Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo Laboral Salud desarrolló a satisfacción los proceso asistenciales y de apoyo a la salud, durante el período comprendido entre el 16 de febrero y el 31 de marzo de 2011, tiempo en el que no mediaba relación contractual. Allí mismo, reconoce como valor adeudado $ 80’384.528,00 (fl. 95 cdno. ppal.).

vii. Certificación expedida por la líder administrativo - financiera de la IPS Caprecom, el 12 de octubre de 2011, donde consigna que la Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo Laboral Salud ejecutó a satisfacción el proceso de coordinación de puntos de dispensación de medicamentos para la línea farmacéutica de Caprecom, durante el período comprendido entre el 1º al 31 de marzo de 2011, tiempo en el que no mediaba relación contractual. Allí mismo, reconoce como valor adeudado $ 129’982.913,00 (fl. 96 cdno. ppal.).

viii. Certificación expedida por la Coordinadora de la IPS Caprecom Bogotá, el 15 de abril de 2011, donde consigna que la Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo Laboral Salud, ejecutó a satisfacción los procesos asistenciales y administrativos de apoyo a la prestación de servicios de salud, para la IPS Bogotá Quirófanos, durante el período comprendido entre el 1º al 31 de marzo de 2011, tiempo en el que no mediaba relación contractual. Allí mismo, reconoce como valor adeudado $ 22’078.167 (fl. 83 cdno. ppal.).

ix. Certificaciones originales, expedidas por el representante legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo Laboral Salud IPS, donde se elabora una detallada relación del recurso humano involucrado en la prestación de cada servicio, especificada cada labor pactada, durante el periodo comprendido entre el 1º y 31 de marzo de 2011, así como la identificación del personal, cargo y valor mensual de su servicio (fls. 28, 29, 31, 32 y 33 cdno. 1).

Previó a elaborar el análisis de rigor, la Sala advierte que las certificaciones expedidas por las diferentes IPS de Caprecom, a pesar de haber sido aportadas, en sede de apelación, por la parte convocante, pueden ser objeto de valoración probatoria, habida cuenta de que el estudio que se gestiona, es el trámite de aprobación del acuerdo conciliatorio.

Se considera preciso destacar que en lo que concierne a la factura 3138, cuyo valor es de $ 129.982.913, la Sala no encuentra objeción, comoquiera que el monto facturado coincide plenamente con el valor reconocido por Caprecom, y esta entidad certificó oportunamente el recibo a satisfacción de la labor realizada, avalando, por demás, este documento.

No obstante, se advierte en las certificaciones elaboradas, respecto a la factura 3140, presentada por la convocante, la irregularidad del valor reconocido por Caprecom, con ocasión del servicio de “desarrollo de procesos asistenciales y de apoyo a la prestación de servicios de salud en las IPS de Ibagué, Neiva y Bogotá”, prestado por la Cooperativa de Trabajo Asociado, ya que las cifras solicitadas en comparación con las reconocidas allí, no se corresponden. La siguiente tabla lo ilustra:

Factura 3140SeccionalValor reconocidoPeriodo
Ibagué$ 53.893.8101 al 31 de marzo
Neiva$ 80.384.52816 de febrero al 31 de marzo
Bogotá$ 22.078.1671 al 31 de marzo
Valor total reconocido$ 156’356.505Diferencia de $5’940.047
Valor factura$ 150’416.458
Valor total conciliado$ 150’416.458

 

En efecto, tal como en su momento lo advirtió el a quo, se presenta una discrepancia entre las sumas reconocidas en las certificaciones expedidas por Caprecom y la cifra deprecada por el convocante en la factura 3140.

Cabe anotar que, una vez comparada la cifra total que arroja la relación del recurso humano involucrado en la prestación del servicio en la IPS de Ibagué, durante el período comprendido entre el 1 y 31 de marzo de 2011 —efectuada por la Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo Laboral Salud IPS—, versus la certificación expedida por el Coordinador de dicha seccional, se presenta una diferencia, a favor del convocante, de $ 5’940.047. En menoscabo de la anterior irregularidad, se puede oponer que los valores tenidos en cuenta en el acuerdo conciliatorio son los contenidos, directamente, en las facturas 3138 y 3140, y que la ausencia de la prueba de entrega y recibo a satisfacción de las labores pactadas, de que adolecía el acuerdo conciliatorio, fue satisfecho con el aporte de las certificaciones respectivas en donde, sin perjuicio de las cifras que se reconocen, cada seccional y dependencia, hace constar que la misión encargada se desarrolló, de manera oportuna, a satisfacción de Caprecom, de allí que, ante la ausencia de objeción o inconformidad de los extremos, se entiende que, de cualquier forma, la discrepancia se resolvió a favor del ente estatal.

Además, de lo anterior se da cuenta con fundamento en las facturas 3138 y 3140, que fueron objeto de la conciliación entre las partes, que ascienden a un monto total de 280’399.371,00. En efecto, la propuesta contemplada por el comité de defensa judicial y conciliación de Caprecom, aportada en la audiencia en comento, y aprobada en el acta respectiva, aseveró:

“Decisión del comité

Autoriza el Comité de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público en la ciudad de Bogotá con el convocante Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo Laboral Salud IPS con NIT 830.140.063-5, y para el efecto, propone la siguiente fórmula conciliatoria:

Pago de las facturas 3140 por valor de $ 150.416.458, por los servicios prestados en las IPS Caprecom Ibagué, Neiva y Área de Quirófanos de la IPS Caprecom Bogotá durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de marzo de 2011, y la factura No. 3138 por valor de $ 129.982.913, el desarrollo de procesos de coordinación de puntos de dispersación y dispensación de medicamentos a través de personal especializado en dicho tema para la línea farmacéutica de Caprecom, para un total a conciliar de $ 280.399.371”.

Sea de resaltar que, a partir del certificado expedido por la jefe encargada de la división de tesorería de Caprecom, la entidad respaldó la existencia y conocimiento de las facturas objeto de la conciliación, e hizo constar que el pago de las mismas, un día antes de la audiencia, no había sido efectuado.

Así las cosas, auscultados los soportes documentales de la pretensión, la Sala evidencia que la obligación a favor de la Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo laboral Salud IPS, se encuentra debidamente acreditada, comoquiera que los servicios que le fueran encargados se prestaron efectivamente y, asimismo, obra certificación de que fueron recibidos a satisfacción en las respectivas dependencias y seccionales, por parte de Caprecom.

De esta manera, la Sala concluye que el acuerdo conciliatorio, celebrado entre las partes, no amenaza lesividad alguna para el erario, pues se demostró que la Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo Laboral Salud IPS, prestó sus servicios según los parámetros y estándares definidos por la entidad contratante, y que la misma recibió a satisfacción los proyectos encargados, por consiguiente, se demostró la obligación a cargo de Caprecom, de efectuar el pago como contraprestación de tales servicios de salud, lo cual compone el objeto de arreglo económico que aquí se analizó.

De esta manera, hallándose satisfechos los presupuestos de rigor exigidos en el ordenamiento jurídico para impartir aprobación a los acuerdos de conciliación —judicial y extrajudicial—, la Sala revocará el auto impugnado y le impartirá aprobación a la conciliación celebrada entre las partes.

En merito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. Revócase el auto del 6 de octubre de 2011, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca improbó el acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes de este trámite.

2. En su lugar, apruébase la conciliación prejudicial lograda entre las partes.

3. Devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Exp. 24.897 - Sentencia de Sala Plena del 19 de noviembre de 2012 C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 30 de marzo de 2006 Exp. 31385. Consejero Ponente: Alier Hernández Enríquez.

(3) Consejo de Estado – Sección Tercera. Autos proferidos el 3 de diciembre de 2008. Exp. 35.277 y 34.228. Consejero Ponente Dr. Mauricio Fajardo

(4) Al respecto, véanse: Consejo de Estado – Sección Tercera. Exp. 33.924 y 36.406 M.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra y Dr. Mauricio Fajardo Gómez, respectivamente. Aclaraciones de Voto Dr. Enrique Gil Botero.

(5) Artículo 73 de la Ley 446 de 1998 –que incorporó el artículo 65 A de la Ley 23 de 1991, compilado por el artículo 60 del Decreto 1818 de 1998–, el acuerdo conciliatorio debe estar fundado en las pruebas necesarias, esto es, contar con el debido sustento probatorio.