Auto 2011-00613 de noviembre 21 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “C”

Rad.: 19001-23-31-000-2011-00613-01 (47.864)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Actor: Cooperativa Multiactiva del Congreso de Colombia Ltda. Cingrecol Ltda. En Liquidación

Demandado: municipio de Popayán

Referencia: acción contractual

Bogotá D.C., noviembre veintiuno del dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. La Sala tiene competencia funcional para conocer del asunto, porque se trata de un auto interlocutorio, proferido en primera instancia por un tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa (L. 1395/2010, art. 61 y CCA, arts. 129 y 146A).

2. La caducidad es la sanción que consagra la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho que asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público.

Es decir, las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en el ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente. En otros términos, el legislador establece plazos razonables para que las personas, en ejercicio de una determinada acción y, con el fin de satisfacer una pretensión específica, acudan a la jurisdicción para que el respectivo litigio o controversia sea resuelta de manera definitiva por un juez de la república.

Ahora bien, en relación con la caducidad de la acción contractual, se encuentra en el numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo que establece lo siguiente:

En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.

En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así:

“a) En los de ejecución instantánea, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato;

“b) En los que no requieran de liquidación, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes, contados desde la terminación del contrato por cualquier causa;

“c) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la firma del acta;

“d) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar;

“e) ‘Literal condicionalmente EXEQUIBLE’. La nulidad absoluta del contrato podrá ser alegada por las partes contratantes, por el Ministerio Público o cualquier persona interesada, dentro de los dos (2) años siguientes a su perfeccionamiento. Si el término de vigencia del contrato fuere superior a dos (2) años, el término de caducidad será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de cinco (5) años, contados a partir de su perfeccionamiento. En ejercicio de esta acción se dará estricto cumplimiento al artículo 22 de la ley “por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”.

“f) La nulidad relativa del contrato, deberá ser alegada por las partes dentro de los dos (2) años, contados a partir de su perfeccionamiento”.

En ese contexto, el código ha señalado que el término de caducidad de la acción contractual debe computarse teniendo en cuenta si el contrato es objeto de liquidación. Es esta la interpretación que surge después de una lectura de la norma.

3. De otro lado, la demanda es el instrumento que hace viable el derecho de acción, por medio de esta los asociados ejercen su legítimo derecho de acudir a la administración de justicia, con el fin de que sean resueltas las suplicas de quien las formula. A su vez, las pretensiones son parte integrante de aquella, en estas se concretan las peticiones específicas y constituyen las razones determinantes del ejercicio de la acción, por ende, los elementos de la demanda son determinantes para que el juzgador tenga certeza sobre la caducidad de la acción, de allí la importancia de la claridad de los hechos, las pretensiones y las personas demandadas.

4. En el caso sub examine, el tribunal rechazó de plano la demanda por caducidad de la acción, toda vez que el contrato de promesa señaló que la fecha para suscribir el acuerdo prometido era el 25 de agosto de 2006, de manera que, con fundamento en el literal b del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, esto es, la norma de caducidad aplicable a los contratos de ejecución instantánea, el plazo de caducidad empezó a correr desde el 26 de agosto de 2006 y venció el 26 de agosto de 2008, y como la demanda se presentó por fuera de este lapso, esto es, el 30 de noviembre de 2011 (en el entendimiento del tribunal), para ese momento la acción estaba caducada.

La Sala confirmará la decisión del a quo, pero por razones distintas a las señaladas en su providencia, puesto que no comparte la forma como se realizó el cómputo de la caducidad. Para ello, corresponde establecer la naturaleza jurídica del referido contrato, y con fundamento en las normas de caducidad de la acción contractual establecidas por el Código Contencioso Administrativo, señalar la forma como se debe contabilizar.

En este orden, el objeto del contrato de promesa era la celebración de un contrato de compraventa de un predio de propiedad del municipio de Popayán, para ello se establecieron varias obligaciones diferidas en el tiempo, entre ellas el pago del valor del contrato, pues se estipuló que se cancelaría en dos cuotas de doscientos millones de pesos ($ 200.000.000) cada uno, a los 24 y 36 meses siguientes a la suscripción de la promesa de venta. Así mismo, se estableció que dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para el pago de la última cuota, se suscribiría la escritura de venta por parte del municipio de Popayán. Se señalaron varias obligaciones para cada una de las partes, y se pactó el cumplimiento en distintos momentos, así que la ejecución se prolongaría en el tiempo.

A este respecto, corresponde precisar que del hecho de que un contrato pueda ser ejecutable en un único acto o en un mismo momento y por ende clasificarse como de ejecución instantánea, no significa que esta clasificación sea en todos los casos condición sine qua non de su existencia, y que siga al contrato incluso cuando las partes pacten que el cumplimiento de las prestaciones se haga de manera prolongada en el tiempo. Entenderlo así implicaría admitir en el mundo jurídico una impropiedad en esta clasificación, que viene definida por la naturaleza de las prestaciones estipuladas por las partes, lo que se traduce en que si bien hay contratos que por su naturaleza responden a una determinada forma de ejecución, es posible que los contratantes, en ejercicio de su capacidad para contratar, pacten cláusulas que modifiquen la manera como se cumplan las prestaciones del mismo, y por tanto variaría la ubicación del contrato dentro de esta clasificación, que en últimas, se itera, son las cláusulas contractuales las que definen a que tipología de contrato pertenecen.

Esta postura ha sido sostenida por la doctrina tradicional, la que ha considerado que si bien, el contrato de compraventa de contado es el ejemplo por antonomasia de un contrato de ejecución instantánea, este no lo será cuando se estipulen prestaciones que deben ser cumplidas durante un periodo prolongado de tiempo. Se ha dicho al respecto:

“(...) Pero tal criterio falla en presencia de contratos productivos de obligaciones que indudablemente están llamadas a cumplirse en forma sucesiva, aunque las prestaciones respectivas puedan, según su naturaleza, ejecutarse en un solo acto. Por ejemplo, si en la compraventa se pacta que el comprador pague el precio en varias cuotas anuales sucesivas, es decir, si no se ha estipulado un solo plazo sino varios, repugna a la simple lógica afirmar que el contrato es de ejecución instantánea, fundándose en que el precio total podría ser cubierto en un solo contado (...)”(1).

De allí que es inadecuado señalar que una clase de contrato, porque generalmente se ejecute de determinada manera, no pueda ser cumplido (si las partes así lo disponen) de forma distinta, pues entenderlo en este sentido sería desconocer los principios generales que rigen la contratación. De suerte que es posible que contratos que generalmente se ejecuten instantáneamente, las partes pacten su cumplimiento de ejecución sucesiva. En últimas, es la voluntad de las partes la que configura la obligación y su forma de ejecución.

De otro lado, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, establece que serán objeto de liquidación los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran. Precisamente, en el contrato objeto de la controversia se estipularon varias prestaciones que debían ser cumplidas durante un periodo de tiempo prolongado, lo que traía como lógica consecuencia ser objeto de liquidación, de conformidad con lo establecido en esta disposición, y ameritaba, por tanto, un cómputo de la caducidad distinto al aplicado por el a quo.

Ahora bien, si en gracia de discusión se acogiera la postura del tribunal, respecto a considerar que el contrato objeto de controversia dada su clasificación doctrinaria es de ejecución instantánea, aun así debería ser liquidado, pues el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, señala como contratos objeto de liquidación, no solo los que sean por su naturaleza de tracto sucesivo, sino también aquellos cuyo cumplimiento se prolongue en el tiempo. En este orden, se tiene que el legislador, en ejercicio de su potestad legislativa y atendiendo a las necesidades específicas de la contratación estatal en Colombia, estableció un tratamiento diferente al previsto en la tradición doctrinaria y normativa del derecho civil y comercial respecto de los contratos que prolongan el cumplimiento de la obligación en el tiempo, que responden a las necesidades específicas de la contratación estatal. Es decir, que incluso en el supuesto de que los contratos se cumplan en un solo acto, y sus prestaciones se difieran en el tiempo, por expresa disposición del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, deberán ser liquidados, por eso dice la norma que:

“Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolonguen en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación (...)”.

De manera que lo consagrado por la disposición, que prima facie parece una redundancia —al señalar que los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo, son liquidables— establece de manera objetiva y al margen de las disquisiciones académicas, que deberán ser liquidables. Se itera: lo determinante para establecer si un contrato es liquidable o no, no es la clasificación dada por la doctrina, sino el hecho de que las obligaciones establecidas en él se prolonguen o no en el tiempo, este es un criterio mucho más pragmático y apegado a la realidad de la contratación estatal.

Así las cosas, es claro que el tribunal erró al computar la caducidad del contrato a partir de la fecha en que debió suscribirse el contrato prometido, esto es, el 25 de agosto de 2006, por cuanto el mismo imponía unas prestaciones que se prolongarían en el tiempo, tales como el pago del precio y la suscripción misma del contrato prometido, en este orden, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, este contrato debió ser liquidado por las partes.

Por tener esta vocación, el cómputo del término de caducidad debió realizarse con base en lo dispuesto en el literal d numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, esto es, los dos años se cuentan una vez trascurridos los dos meses para la liquidación unilateral. De manera que, como el contrato prometido debió celebrarse el 25 de agosto de 2006, las partes contaban con el término de 4 meses dispuesto por la ley, toda vez que no se pactó un plazo distinto en el contrato, para la liquidación bilateral del mismo, hasta el 25 de diciembre siguiente. Y luego, empezaron a contabilizarse los 2 meses de la liquidación unilateral trascurridos hasta el 25 de febrero de 2007. A partir de esta última fecha, empezó a correr el plazo para presentar la demanda, esto es, hasta el 26 de febrero de 2009. No obstante, la demanda se presentó el 30 de noviembre de 2011, cuando ya se encontraba caducada la acción.

En este orden, se confirmará la decisión de primera instancia pero por razones distintas a las aducidas por el tribunal, comoquiera que la demanda se presentó cuando estaba caducada la acción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. Confírmase el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca, el 23 de agosto de 2012, que rechazó la demanda por caducidad de la acción.

2. Por secretaría, devuélvase el expediente tribunal de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Ospina G. / Ospina E. Teoría general de los actos o negocios jurídicos. Segunda edición. Ed. Temis. 1983.