Auto 2011-00675 de octubre 10 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Expediente: 5200-12331000-2011-00675-01

Consejera Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Demandante: Oscar Javier Villota Miranda

Demandado: Víctor Hugo Tierra Guerrero - concejal de Ipiales

Asunto: Electoral de segunda instancia

Bogotá, D.C., diez de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

El despacho es competente para dictar esta providencia de conformidad con el artículo 146 A del Código Contencioso Administrativo. adicionado por el artículo 61 de la Ley 1395 de 2010, el cual dispone:

“Las decisiones interlocutorias del proceso, en única, primera o segunda instancia, proferidas por los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, serán adoptadas por el magistrado ponente.

(…)”.

2. Caso concreto.

En este momento debe advertir la Sala que, observando el libelo, aparece configurada una indebida acumulación de pretensiones que no fue considerada por el a quo, a pesar de haberse propuesto por parte del apoderado del demandado la excepción correspondiente aunque con fundamento en que se pidió la anulación de las actas parciales de escrutinio y el acta de escrutinio de noviembre 4 de 2011 en la que aún no se había declarado electo el señor Tierra Guerrero. En efecto las pretensiones incoadas apuntan a que se declare la nulidad de la elección como concejal del municipio de Ipiales del señor Víctor Hugo Tierra Guerrero con base en unos supuestos subjetivos, como son la incursión en la inhabilidad del numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 y la transgresión del artículo 40 de la Constitución Política, y un supuesto objetivo, como es la apocrificidad y falsedad de los registros de votación.

Lo anterior pugna con lo dispuesto expresamente por el artículo 236 A adicionado por la Ley 1395 de 2010 al Código Contencioso Administrativo vigente a la fecha de presentación de la demanda, que a la letra enseña:

“En una misma demanda electoral no pueden acumularse pretensiones de nulidad relativas a vicios en las calidades, requisitos e inhabilidades del elegido o nombrado, con las que se funden en irregularidades en el proceso de votación y en los escrutinios. La indebida acumulación de pretensiones es causal de inadmisión de la demanda para que el demandante, dentro del término legal, las separe en demandas diferentes y se procede al reparto”.

Pues bien, la acumulación de pretensiones, en los eventos en que la demanda contenga una pluralidad de súplicas, constituye uno de los requisitos indispensables para la formación y válido desarrollo de la relación jurídico procesal y obedece a una consecuente aplicación del principio de la economía procesal, que persigue la obtención del mayor resultado con el mínimo de ejercicio jurisdiccional pero siempre sujeto a estrictas reglas de procedimiento establecidas por la ley(5).

Por ello, el anterior estatuto contencioso administrativo daba la posibilidad de acumular pretensiones (CCA, arts. 145 y 238) conforme con las reglas del código de procedimiento civil (CPC, art. 82) e imponía tajantemente la prohibición antes citada de la Ley 1395 del 2010.

Ante la anterior evidencia, el tribunal no utilizó adecuadamente los mecanismos procesales establecidos para evitar la admisión de la demanda por cuanto contenía una indebida acumulación de pretensiones y permitió, entonces, que, a pesar de ese defecto de la demanda, el proceso se adelantara hasta proferir la sentencia de primer grado y llegar a la instancia que ahora nos ocupa.

Lo anterior conllevaría, en principio, a que la Sala se declarara inhibida en el asunto puesto a su consideración, pues en lo relativo a providencias judiciales, la doctrina procesal nacional y extranjera ha denominado inhibitorias aquellas mediante las cuales el juez pone fin a una determinada etapa del proceso sin penetrar en la materia del asunto que se le plantea, es decir, dejando de adoptar resolución de mérito, como consecuencia de la falta de determinados presupuestos procesales.

Sin embargo, en consideración a que, conforme al artículo 228 de la Carta Política, se debe garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y evitar, en lo posible, decisiones inhibitorias, el despacho, en este caso, declarará la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio de la demanda para que el tribunal de instancia se pronuncie sobre el particular conforme con lo dispuesto en la parte final del artículo 236 A del Código Contencioso Administrativo, habida consideración de la incompetencia del juez contencioso para conocer simultáneamente de las pretensiones electorales objetivas y subjetivas, remedio procesal consagrado en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo expuesto, se

RESUELVE:

DECLÁRASE la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda de marzo 6 de 2012.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(5) Sentencia Consejo de Estado Sección Quinta de enero 19 de 2006, M.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla.