Auto 2011-00788 de enero 16 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 25-002-23-31-000-2011-00788-01 (42652)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Clínica de Marly S.A.

Demandado: Seguros Sociales EPS-ISS Nueva EPS S.A.

Acción: proceso ejecutivo

Bogotá, D.C., dieciséis de enero del dos mil doce.

Procede el despacho a decidir la admisibilidad del recurso de apelación propuesto por el apoderado de la parte ejecutante en contra de la providencia del 14 de septiembre de 2011 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la cual se denegó el mandamiento de pago solicitado por el ejecutante.

Antecedentes

1. En demanda ejecutiva del 28 de julio de 2011 (fls. 1-11, cdno. 3) el señor Luis Eduardo Cavelier Castro, en su calidad de gerente y representante legal de la Clínica Marly S.A. solicitó se librara mandamiento de pago ejecutivo en contra de Seguros Sociales EPS-ISS Nueva EPS S.A. teniendo como fundamento la obligación clara, expresa y exigible contenida en el contrato de prestación de servicios de salud suscrito por las partes.

2. En auto del 14 de septiembre del 2011 la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió negar el mandamiento de pago solicitado por el actor en contra de los Seguros Sociales EPS-ISS Nueva EPS.

3. En escrito del 23 de septiembre del 2011 (fls. 16-18, cdno. 1) la parte ejecutante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual fue concedido por el tribunal a quo en providencia del 16 de noviembre de 2011 (fl. 20, cdno. 1).

Consideraciones

1. Corresponde al Despacho decidir la admisión del recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante en contra de la providencia del 14 de septiembre del 2011 proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó librar mandamiento de pago solicitado por el ejecutante.

2. Al respecto se hace preciso señalar que la admisión del recurso de apelación se supedita, entre otros requerimientos, a que el asunto puesto en conocimiento tenga vocación de doble instancia, y que en tratándose del ejercicio de la acción ejecutiva tal exigencia se satisface cuando el asunto tenga una cuantía igual o superior a 1500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, al tenor de lo señalado en el numeral 7º del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo(1).

Ahora bien, en lo concerniente a los criterios para determinar la cuantía de un proceso, debe mencionarse que el artículo 198 de la Ley 1450 de 2011 dispuso la entrada en vigencia anticipada del artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma de carácter procedimental que establece expresamente su marco de vigencia temporal, al señalar que se aplicará:

“en los procesos que cursen o deban cursar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en relación con los cuales a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley no se hubiere notificado en debida forma el correspondiente auto admisorio de la demanda o cuando este no se hubiere expedido y cuyas demandas se presenten hasta antes del 2 de julio de 2012...”.

Ahora bien, el artículo 157 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, establece una norma expresa que regula los criterios para establecer la cuantía de los procesos que se tramiten ante esta jurisdicción cuando el legislador señale tal mecanismo para determinar el juez competente para conocer un asunto. Dentro de sus disposiciones se encuentran, entre otras, que i) la cuantía se determinará según la estimación razonada que haga el actor, sin que se pueda tener en cuenta los perjuicios morales, salvo que estos se constituyan en la única pretensión, ii) ante la acumulación de pretensiones la cuantía se determina a partir de la mayor pretensión de todas aquellas y iii) se tendrá en cuenta el valor de las pretensiones al tiempo de presentación de la demanda, descartando la cuantificación de los pedimentos que se generarán con posterioridad a la presentación de esta, o los frutos o intereses que se soliciten(2).

3. En el presente caso se tiene que la demanda se presentó el 28 de julio del 2011 (fls. 2-11, cdno. 1), esto es, con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011(3), razón por la cual la cuantía del presente asunto se determinará conforme a las prescripciones del artículo 157 de la Ley 1437 de 2011.

Ahora bien, la mayor pretensión individualmente considerada corresponde, en este caso a la solicitud de librar mandamiento de pago

“l) Por la suma de treinta millones setecientos cuarenta y tres mil cuarenta y ocho ($ 30.743.048) pesos m/cte., correspondiente a la glosa realizada a la factura 164750 con radicación 3613082229”.

Dicho rubro corresponde a 57,39 salarios mínimos mensuales legales de 2011, año de presentación de la demanda, por lo cual se hace claro que el presente asunto no satisface la cuantía mínima exigida por el Código Contencioso Administrativo para que tenga vocación de segunda instancia, pues, el valor de 1500 salarios mínimos mensuales legales vigentes para 2011 ascendía a $ 803’400.000.

Todo lo anterior se constituye en razón suficiente para que se inadmita el recurso de apelación interpuesto por el ejecutante contra la providencia del 14 de septiembre de 2011, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por no tener el proceso vocación de doble instancia.

Ahora bien, siendo claro que el presente asunto no es susceptible del recurso de apelación ante esta corporación, se torna evidente que el tramite adelantado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca está viciado de nulidad por falta de competencia funcional, al tenor de los artículos 140 y 144 del Código de Procedimiento Civil, conforme a los cuales el proceso es nulo, en todo o en parte, “2. Cuando el juez carece de competencia” y “No podrán sanearse las nulidades de que tratan las nulidades 3 y 4 del artículo 140, ni la proveniente de falta de jurisdicción o de la competencia funcional” (resaltado propio), pues, como se puso de presente, de acuerdo con la estimación de la cuantía del sub lite el competente para conocer de este proceso es el Juzgado Administrativo de Bogotá (reparto); por lo cual se dispondrá el envío del expediente a este despacho.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

1. INADMITIR el recurso de apelación interpuesto por el ejecutante contra la providencia del 14 de septiembre de 2011 proferido por la Subsección B, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. DECLARAR la nulidad, por falta de competencia, de lo actuado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

3. ORDENAR la remisión por competencia de este expediente a los Juzgados Administrativos de Bogotá (reparto).

4. COMUNICAR esta providencia al Magistrado Sustanciador de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

5. ADMITIR la renuncia al poder conferido a la abogada JENNIFER ALDANA ARÉVALO, identificada con cédula de ciudadanía 1.018.407.610 y portadora de la tarjeta profesional 167366, como apoderada de la parte demandante CLÍNICA DE MARLY S.A., conforme a lo señalado en escrito del 19 de diciembre de 2011, visible a folios (24,25) del cuaderno principal, allegado a esta corporación.

Notifíquese y cúmplase.

Consejero: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(1) Artículo 132 del Código Contencioso Administrativo. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...).

7. De los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la jurisdicción contencioso administrativa, cuando la cuantía exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales.

(2) Artículo 157 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Competencia por razón de la cuantía. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.

En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.

(3) El artículo 276 de la Ley 1450 de 2011 dispone que “La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias”. Y la misma fue publicada en el Diario Oficial 48.102 de 16 de junio de 2011.