Auto 2011-00864 de octubre 3 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá, D.C., tres (03) de octubre de dos mil dieciséis (2016).

Exp.: 48912

Rad.: 05001-23-31-000-2011-00864-01

Actor: Oscar Fabián Olaya Duque y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa

Procede la Sala a pronunciarse sobre la solicitud de prelación elevada por el señor Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado y el apoderado de la parte demandante (fls. 409 y 411, cdno. ppal. 2).

ANTECEDENTES

1. El 22 de mayo del 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala de Descongestión, profirió sentencia de primera instancia mediante la cual condenó y declaró a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional responsable por los perjuicios materiales y morales ocasionados a los demandantes, como consecuencia de la lesión sufrida por el señor Oscar Fabián Olaya Duque, a raíz del incidente del que fue víctima al activarse accidentalmente una mina antipersonal.

2. Mediante escritos presentados el 07 y 26 de junio de 2013, tanto la Nación- Ministerio de Defensa (fls. 277-292, cdno. ppal. 2) como la parte demandante (fls. 302-305, cdno. ppal. 2), presentaron debidamente sustentados recursos de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 22 de mayo del 2013.

3. El a quo en virtud a lo establecido por el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010(1), citó a la partes el día 22 de agosto de 2013 a las 04:30 de la tarde para llevar acabo audiencia de conciliación (fl. 306, cdno. ppal. 2). Llegada la fecha y hora establecida por el Tribunal para realizar la correspondiente diligencia, se dejó constancia de la falta de ánimo conciliatorio de las partes, por lo que se declaró fallida la conciliación (fl. 307, cdno. ppal. 2).

4. Mediante auto del 22 de noviembre de 2013, esta corporación admitió los recursos de apelación presentados por las partes contra la sentencia del 22 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia (fl. 311, cdno. ppal. 2).

5. En auto del 13 de diciembre de 2013, se ordenó correr traslado a las partes para que presentaran sus correspondientes alegatos de conclusión (f. 313, cdno. ppal. 2).

6. Vencido el término para alegar de conclusión y estando el proceso pendiente para elaborar proyecto de sentencia, el apoderado de la parte demandante presentó memorial el 10 de julio del 2014 en el que manifestó:

Me permito solicitar al despacho la prelación del proceso de la referencia, en el sentido de que se profiera la respectiva sentencia (fls. 328-367, cdno. ppal. 2).  

7. Posteriormente, el 16 de septiembre de 2014, fue allegado al expediente de la referencia, memorial en que el apoderado de la parte demandante solicitó se adicionara a la petición de prelación por él incoada, copia de la sentencia de radicado Nº 05001-23-31-000-2006-00827-01(45818) proferida el 12 de febrero de 2012 por la Sección Tercera- Subsección C – Consejo de Estado, consejero ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa, con el fin de que se tuviera en cuenta al momento de resolver la solicitud de prelación y así garantizar el cumplimiento al principio de igualdad (fls. 369-404, cdno. ppal. 2).

7. En respuesta a las solicitudes señaladas en el numeral anterior, la Sala mediante auto del 09 de octubre de 2014, decidió no acceder a la solicitud de prelación de fallo formulada por la parte demandante (fls. 405-406, cdno. ppal. 2).

8. El 17 de marzo de 2015, el señor Procurador Quinto Delegado presentó ante el despacho sustanciador, memorial en el que solicitó se accediera a la prelación del proceso (fl. 409, cdno. ppal. 2), con fundamento en precedentes originados en esta subsección:

El legislador ha venido implementando herramientas jurídicas para terminar con la congestión judicial y su consecuente mora en la resolución de los litigios que desde antaño ha imperado en Colombia y ha venido prohibiendo a los jueces la alteración del orden para fallar a fin de generar seguridad jurídica entre los ciudadanos. No obstante lo anterior, ha establecido circunstancias especiales que ameritan romper con esa regla general, en el sentido de poderse emitir sentencia anticipada o prelación legal en aquellos litigios de grave afectación a los derechos humanos de las personas.  

(...) en eventos en que resultara necesario para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, por graves violaciones de los derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad, o por asuntos de especial trascendencia social; situaciones en las cuales las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las salas, secciones o subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional señalarían la clase de procesos que deberían ser tramitados y fallados preferentemente. Prelación que también podría ser solicitada por el Procurador General de la Nación (...). 

9. Posteriormente, el 13 de mayo de 2015, el apoderado de la parte demandante presentó memorial en el que coadyuvó la solicitud de prelación del Agente del Ministerio Público, así:

(...) me permito coadyuvar la petición de prelación presentada por la Procuraduría, aportando copias de dos autos proferidos por la Subsección B y C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro de dos procesos similares al presente, donde se concede la prelación para sentencia, por tratarse de asuntos en donde se evidencia la afectación de los derechos humanos de las personas en los términos de las leyes 1285 de 2009 y 1395 de 2010 (f. 411-415, cdno. ppal. 2.).

CONSIDERACIONES

La Sala considera que en el presente caso debe ser aceptada la solicitud de prelación de fallo formulada por el señor Procurador Quinto Delegado y coadyuvada por la parte demandante, por los motivos que se exponen a continuación:

1. Sobre la prelación de fallos.

De conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 “es obligatorio para los jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal”. Esta preceptiva introduce la regla general de lo que hoy es conocido por nuestra jurisprudencia como el derecho al turno, el cual se despliega dentro del conjunto de derechos de rango constitucional, en tanto los principios constitucionales que informan dicho fenómeno jurídico propenden por la materialización del orden justo y, los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

En este orden de ideas, el mismo artículo 18(2) de la Ley 446 de 1998 consagra el régimen de excepciones del derecho al turno. Allí se estipulan claramente, como ya se anotó arriba, la sentencia anticipada y la prelación legal como los dos primeros casos en los que no es obligatorio atender el mandato general. No obstante, el aludido artículo menciona otros dos eventos en los que se exime al juez de la aplicación de la regla general, toda vez que establece que podrá alterarse el orden de decisión en los procesos de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa en atención a la naturaleza del asunto y/o de conformidad a solicitud del agente del Ministerio Público en tanto sea el caso de suma importancia jurídica y trascendencia social.

La extensión del mandato excepcional que permite modificar el derecho al turno bajo las anteriores denominaciones, no se ha limitado al agotamiento de las mismas, sino que, por el contrario ha sido ampliamente desarrollada por la Sección Tercera de esta corporación, de suerte que a estas disposiciones generales deben sumarse otras asumidas como consecuencia del examen de sucesos particulares dentro de la individualidad de cada proceso, instadas en la mayoría de los casos por solicitudes expresas de prelación realizadas por las partes, cuestión que se ha presentado no pocas veces, en tanto se advierte que el demandante se encuentra en estado de indefensión, de extrema pobreza o de riesgo ostensible en la salud.

Ahora bien, el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 -que introdujo una nueva disposición a la Ley 270 de 1996(3)- señaló otras excepciones a las ya establecidas en la Ley 446 de 1998. En dicha norma, se indicó que las Salas de la Subsección del Consejo de Estado, podían indicar que asuntos serían tratados preferentemente y sin sujeción al turno, ante los siguientes casos: (i) cuando existieran razones de seguridad nacional, (ii) para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, (iii) en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, (iv) de crímenes de lesa humanidad o (v) cuando se tratara de asuntos de especial trascendencia social.

2. Caso en concreto.

Es deber del Estado colombiano proteger la integridad de la población y dar aplicación a los tratados internacionales; obedeciendo a ello, ha ratificado y firmado varios convenios tendientes a brindar protección a los derechos humanos. Para este caso es menester citar la Convención de Ottawa, relativa a la prohibición del empleo, almacenamiento, destrucción, producción y transferencia de minas antipersonales, dicha Convención fue aprobada por Colombia a través de la Ley 554 de 2000.

En el sub lite el señor Oscar Fabián Olaya Duque fue víctima de una mina antipersonal mientras cumplía con sus actividades diarias como comerciante de ganado en la vereda de Patio Bonito, zona rural del Municipio de San Carlos – Antioquia, hecho que le causó múltiples daños físicos, dejando afectada su integridad personal, razón por la cual el agente del Ministerio Público coadyuvado por la parte actora, solicitó la prelación, toda vez que considera que existe una grave violación a los derechos del señor Olaya Duque.

Es necesario tener en cuenta que mediante providencia del 09 de octubre de 2014, esta Sala no accedió a la solicitud de prelación de fallo solicitada en su momento por el apoderado de la parte demandante, ya que, consideró que al acceder a dicha solicitud, se estaría vulnerando el derecho a la igualdad de los demandantes de procesos que en situaciones similares se podían ver desplazados, sin embargo, en la misma providencia se hizo la siguiente salvedad:

(...) Lo anterior sin perjuicio de que en un futuro la Sala pueda determinar que en el caso en concreto se pueda acceder a la solicitud (...) 

Si bien es cierto, se negó la primera solicitud de prelación elevada por la parte actora, no es de menos tener en cuenta que esta corporación en proveídos posteriores(4) a la emisión del proferido por esta Sala el 09 de octubre de 2014, concedió la prelación en procesos que contenían circunstancias similares a las del presente caso, en los que consideró que de no conceder la prelación se estaría constituyendo una grave afectación a los derechos humanos.

Luego entonces, la Sala observa que el caso objeto de estudio se encuentra inmerso en una de las excepciones establecidas por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, para modificar el derecho al turno, lo anterior, en virtud a que presuntamente se estaría generando una grave violación a los derechos humanos.

De otro lado se cuenta con que de manera reiterada esta corporación a través de esta Sección ha emitido providencias en las que por circunstancias similares ha concedido la prelación de fallo, además de existir un tratado ratificado por Colombia, donde se hace mención a temas relacionados al presunto daño ocasionado a la víctima por una mina antipersonal.

Así las cosas, por encontrarse en entre dicho la afectación de los derechos humanos, esto es la integridad personal del señor Oscar Fabián Olaya, se encuentra viable conceder la prelación de fallo.

En mérito de lo expuesto la Sección Tercera - Subsección B del Consejo de Estado,

RESUELVE

1. CONCEDER la solicitud de prelación de fallo incoada por el Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado y coadyuvada por la parte demandante.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Stella Conto Díaz del Castillo, Presidenta de la Subsección—Danilo Rojas Betancourth—Ramiro Pazos Guerrero.

1 Ley 1395 del 12 de julio de 2010, artículo 70: En materia de lo contencioso administrativo, cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria.

Parágrafo. Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso.

2 Art. 18 Ley 446 de 1998: Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social.

3 Concretamente el Art. 63A Del orden y prelación de turnos que indica: Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación.

Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.

Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.

Las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las salas de los tribunales superiores y de los tribunales contencioso-administrativos de distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio.

4 Auto del 12 de diciembre de 2014 –Rad. 050012331000201100443-01 (49592) M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(...) En el sub examine, encuentra la Sala que la solicitud de prelación de fallo deprecada por el apoderado de la parte demandante, cabe dentro de los presupuestos anteriormente mencionados, esto es, la grave afectación a los derechos humanos de las personas de conformidad con las leyes 1285 de 2009 y 1395 de 2010, respectivamente, así como dentro de la adecuación de los tratados internacionales ratificados al orden interno por el Estado Colombiano y de esta manera puede alterarse el turno de los fallos, dado que por encontrarse en discusión la grave afectación de derechos humanos, esto es, la integridad del señor Luis Eduardo Rúa Villa, es pertinente que esta corporación otorgue la prelación e impulse lo más rápido posible para dictar sentencia. (...).

Auto del 03 de diciembre de 2014 Rad. 050002331000201100631-01 (51904). M.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

(...) Considera la Sala que el presente asunto se enmarca dentro de las excepciones contempladas por el legislador en los artículos 18 de la Ley 446 de 1998 y 16 de la Ley 1285 de 2009, en lo que parece constituir una grave violación a los derechos humanos por lo que se accederá a la prelación solicitada por el apoderado de la parte demandante. (...).