Auto 2011-00899 de diciembre 12 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 680012331000201100899 01 (44031)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

ACTOR: Filiberto Duarte Yepes

Demandado: Bomberos de Bucaramanga- Policía Nacional

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., doce de diciembre de dos mil doce

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Cuestión previa.

El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dispuso: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad con el régimen jurídico anterior”, por lo que, teniendo en cuenta que el presente asunto inició su trámite antes de la entrada en vigencia de la mencionada ley, se regirá por el trámite contenido en el Decreto 1º de 1984.

2. Procedencia del recurso de apelación.

Los artículos 129, 146A y 181-1 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto 1º de 1984, indican que la Sala es competente funcionalmente para conocer del presente asunto, como quiera que se trata de un auto interlocutorio proferido en primera instancia por un tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

3. Caducidad de la acción de reparación directa.

En el presente caso la discusión gira en torno al momento a partir del cual debe contabilizarse el término de caducidad de la acción de reparación directa, toda vez que se alega que la concreción del daño se conoció posteriormente al hecho dañoso.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos(4), no obstante lo anterior, cabe precisar que en relación con el momento a partir del cual debe empezar a contarse el término de caducidad, la jurisprudencia de la sección tercera de esta corporación ha señalado que “en aplicación de los principios pro actioni y pro damnato según los cuales, en algunos casos el término de caducidad debe empezar a contarse a partir de la fecha en la cual el interesado tuvo conocimiento del hecho que produjo el daño, que puede coincidir con la ocurrencia del mismo en algunos eventos, pero en otros casos no”(5).

En este sentido, en auto del 30 de enero de 2003(6), reiterado en varias providencias(7), se dijo:

“Si bien es cierto que el inciso 4º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establece que el término de caducidad para instaurar la acción de reparación directa se cuenta a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajeno por causa de trabajos públicos, dicha norma entendida de manera racional debe interpretarse en el sentido de que no basta con la realización pura y simple del hecho causante del daño sino que es necesario que haya sido conocido por el afectado, lo cual en la mayoría de las veces ocurre al mismo tiempo. Sin embargo, cuando la producción de esos eventos no coincida temporalmente, el principio pro actione debe conducir al juez a computar el plazo de caducidad a partir del momento en el cual el demandante conoció la existencia del hecho dañoso por la sencilla razón de que solo a partir de esta fecha tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción.

Así mismo, en el derecho español existe una línea doctrinaria y jurisprudencial orientada por el principio pro damnato que busca aliviar los rigores de las normas que consagran plazos extintivos para el ejercicio de las acciones y aboga por la cautela y el criterio restrictivo con el que deben interpretarse y aplicarse dichas normas(8)(9).

En concordancia con lo anterior, en providencia del 11 de agosto de 2011 se expuso(10):

“En ese entendido, el argumento expuesto por el a quo para rechazar la demanda no fue acertado, pues la interpretación del numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo no puede hacerse en la forma exegética como se hizo, pues cuando se trata de establecer la caducidad de la acción de reparación directa tomando como referencia el acaecimiento de un hecho, hay circunstancias que flexibilizan el sentido de la norma. En efecto, hay casos en que esta puede tener una aplicación literal absoluta, como cuando del hecho por el que se reclama indemnización de perjuicios se derivan efectos inmediatos e inmodificables —V. gr. que en el instante mismo en que se produce el hecho determinado, muera una persona—. En este caso es incuestionable que el término de la acción de reparación directa debe tomarse en consideración a la fecha en que se produjo la muerte, es decir, la misma del hecho. Pero hay casos en que la situación varía, como en el de la referencia, en que si bien se tiene un referente en cuanto a la fecha en que se produjo el hecho, es lo cierto que solo el transcurso del tiempo y otras circunstancias particulares, como el prolongado tratamiento médico a que fue sometido el demandante, muestran con certeza la magnitud o consecuencia del hecho y, por ende, los perjuicios por los que la parte interesada reclama la indemnización (11). (Subrayado y negrilla del texto original).

La anterior pauta jurisprudencial establece con claridad que, respecto a los hechos que generan efectos perjudiciales inmediatos e inmodificables -aquellos cuyas consecuencias se vislumbran al instante, con rapidez y dejan secuelas permanentes-, la contabilización del término de caducidad de la acción se inicia desde el día siguiente al acaecimiento del hecho, al tenor del numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

Por el contrario, al tratarse de casos relacionados con daños que solo se conocen de forma certera y concreta con el discurrir del tiempo y con posterioridad al hecho generador, esta circunstancia impone en aras de la justicia que se deba contar el término de caducidad a partir del conocimiento que el afectado tiene del daño”. (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Revisado el presente asunto se tiene que el día 9 de mayo de 2008, el señor Filiberto Duarte Yepes, en ejercicio de sus funciones como miembro del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga, fue víctima de la detonación accidental de un material explosivo, situación que, según el informe rendido por la ARP Colpatria el 13 de abril de 2009, le ocasionó un trauma auditivo(12).

Posteriormente, la ARP Colpatria mediante dictamen de calificación de origen de 23 de diciembre de 2009 diagnosticó al demandante “otros trastornos depresivos recurrentes” derivados de enfermedad profesional(13) y, adicionalmente, en dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral de 29 de enero de 2010 calificó las secuelas del trauma acústico, esto es, hipoacusia neurosensorial, vértigos periféricos y trastorno mixto de ansiedad y depresión, como accidentes de trabajo y enfermedad profesional, respetivamente, asignando un porcentaje de 32,84% de pérdida de capacidad laboral(14) .

En el mismo sentido, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, el 30 de marzo de 2010 determinó que la hipoacusia neurosensorial bilateral, vértigos periféricos, el trastorno mixto de ansiedad y depresión y disfunciones sexuales no ocasionada por trastorno ni por enfermedad orgánicos, tuvieron origen en el mencionado accidente de trabajo y calificó con un porcentaje de 35.32% la pérdida de capacidad laboral(15), decisión que fue apelada por el demandante, por lo que el 14 de abril de 2011, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez resolvió el respectivo recurso, calificando con un porcentaje de 50.03% la pérdida de la capacidad laboral(16).

En este orden de ideas, se tiene que solo hasta el 14 de abril de 2011 —por no tenerse claridad de aquella en que le fue notificada la decisión—, el actor vino a conocer que las enfermedades sufridas por él, eran el resultado directo del accidente sufrido el 9 de mayo de 2008, por lo que el término de dos (2) años para instaurar la acción de reparación directa debe correr desde el 15 de abril de 2011 hasta el 15 de abril de 2013.

Adicionalmente a lo anterior, el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 y el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009 consagraron la suspensión del término de caducidad de la acción cuando se hubiera presentado solicitud de conciliación extrajudicial, “hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la misma ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero”.

Revisado el expediente se observa en el material probatorio allegado con la demanda(17) , que la parte actora radicó solicitud de conciliación extrajudicial el 9 de septiembre de 2011, es decir, 585 días antes del vencimiento del plazo para interponer la acción de reparación directa, el cual vence el 15 de abril de 2013, por lo que, a partir de la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial, se suspendió el término de caducidad para interponer la acción(18).

Así las cosas, el 12 de octubre de 2011, se celebró la mencionada audiencia, que resultó fallida y, se expidió constancia de ello, por lo que el conteo del término de caducidad para interponer la acción de reparación directa se reanudó el 13 de octubre de 2011 y, se extiende hasta el 19 de mayo de 2013. En ese entendido, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el día 9 de noviembre de 2011, se colige que en el presente asunto no operó el fenómeno de la caducidad.

En consecuencia, se revocará el auto apelado y en su lugar se admitirá la demanda.

De otra parte, atendiendo lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, según el cual los aspectos no contemplados en el mencionado estatuto se seguirán por el Código de Procedimiento Civil en lo compatible con la naturaleza del proceso y sus actuaciones y, como quiera que a través de la Ley 1564 de 2012 se expidió el Código General del Proceso, cuyo objeto es regular la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios, es preciso señalar que el inciso 6º del artículo 612 de dicha ley ordena que en los procesos en donde sea demandada una entidad pública, se deberá notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado(19).

Por lo anterior, se ordenará requerir a la parte actora para que allegue o sufrague el valor de las copias de la demanda y sus anexos, con el fin de surtir dicho trámite.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

RESUELVE:

1: REVOCAR el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Santander el 15 de marzo de 2012 que rechazó de plano la demanda presentada por el señor Filiberto Duarte Yepes contra Bomberos de Bucaramanga y la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional por caducidad de la acción, y en su lugar ADMITIR la demanda.

2. REQUERIR a la parte demandante para que previamente a realizar la notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, allegue o sufrague el valor de las copias de la demanda y de sus anexos, con el fin de surtir el respectivo traslado.

3. NOTIFICAR personalmente este auto y hacer entrega de copia de la demanda y sus anexos al Ministerio de Defensa- Policía Nacional, a Bomberos de Bucaramanga, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público.

4. Los gastos del proceso serán fijados por el Tribunal Administrativo de Santander.

5. FIJAR el proceso en lista por el término de diez (10) días (D. 1/84, art. 207, num. 5º).

6. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para que continúe con el trámite del proceso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(4) ART. 136 num. 8º “La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

Sin embargo, el término de caducidad de la acción de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”.

(5) Sentencia de 3 de marzo de 2010, Exp. 37691 radicado bajo el número 2008-00233-01, Magistrado Ponente Mauricio Fajardo.

(6) Auto proferido dentro del proceso 22.688. Actor: Calvet Hooker Jay. Demandado: DAS.

(7) Autos que dictó la Sección Tercera el 11 de mayo de 2006. Exp: 30.325. Actor: Fiduciaria Cooperativa de Colombia “Fidubancop”. Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra; 18 de julio de 2007. Exp: 30.512. Actor: Jesús Antonio Martínez Cuenca y otros. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra; 13 de diciembre de 2007. Exp: 33.373. Actor: Oliverio Díaz Díaz. Demandado: Municipio de Une. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra; 13 de diciembre de 2007. Exp: 33.991. Actor: Gonzalo Moreno Rodríguez y otros. Demandado: Caja Nacional de Previsión Social “Cajanal”. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra; 1º de febrero de 2008. Exp.: 34.381. Actor: José Óscar Zuleta Vega y otros. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

(8) Ricardo de Ángel Yagüez. Tratado de responsabilidad Civil. Madrid, edit. Civitas, 1993. 3ª ed., pág. 154.

(9) Sentencia que dictó la Sección Tercera el 10 de noviembre de 2000. Actor: Viviana Patricia Salcedo. Demandado: Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación. Reiterada en las siguientes providencias: 27 de febrero de 2003. Exp: 23.446. Actor: Néstor Hernando Rizo Rey. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez; 2 de febrero de 2005. Exp: 27.994. Actor: Miguel Sáenz Gómez. Demandados: Nación y Municipio de Granada. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez; 11 de mayo de 2006. Exp: 30.325. Actor: Fiduciaria Cooperativa de Colombia “Fidubancop”. Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra; 18 de julio de 2007. Exp: 30.512. Actor: Jesús Antonio Martínez Cuenca y otros. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

(10) Consejo de Estado, auto de 11 de agosto de 2011, Exp. 40805, M.P. Hernán Andrade Rincón.

(11) Al respecto ver: Consejo de Estado, sentencia de 19 de julio de 2006, Exp. 28836, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(12) Folio 15, cdno. 1.

(13) Folios 38 y 39, cdno. 1.

(14) Folios 41 a 44, cdno. 1.

(15) Folios 46 y 47, cdno. 1.

(16) Folios 55 a 62, cdno. 1.

(17) Folio 72, cdno. 1. La solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 9 de septiembre de 2011, día desde el cuál se suspendió el término de caducidad de la acción. Al respecto ver providencia de 7 de febrero de 2011 radicado 68001-23-31-000-2009-00399-01(38588), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(18) Ley 640 de 2001 artículo 21 y Decreto 1716 de 2009 artículo 3º.

(19) Artículo 627 de la Ley 1564 de 2012. La vigencia de las disposiciones establecidas en esta ley se regirá por las siguientes reglas:

1. Los artículos 24, 30 numeral 8º y parágrafo, 31 numeral 2º, 33 numeral 2º, 206, 467, 610 a 627 entrarán a regir a partir de la promulgación de esta ley (destacado fuera del texto original).