Auto 2011-01232 de julio 17 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Radicación: 11001031500020110123200

Consejera Ponente:

Dr. Susana Buitrago Valencia

Actor: Helda Araujo de Moreno

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional

Recurso extraordinario de revisión - sentencia

Bogotá, D.C., diecisiete de julio dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia de la Sala.

De conformidad con el artículo 186 del Código Contencioso Administrativo(2) la Sala Plena del Consejo de Estado, con exclusión de los consejeros de la Sección que profirió la decisión, es competente para conocer del recurso extraordinario de revisión, toda vez que éste se interpuso en contra de una sentencia proferida en segunda instancia por la Sección Tercera de la corporación.

2. Del recurso extraordinario de revisión. Alcance, requisitos y procedencia.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido uniforme al interpretar el objeto y el alcance que tiene el recurso extraordinario de revisión.

Al respecto ha sostenido, entre otros aspectos, que:

“Este medio de impugnación en la jurisdicción de lo contencioso administrativo lo erigió el legislador como excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada material; y con él se abre paso a la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, en relación con los hechos y sus pruebas, siempre que el mismo resulte contrario a la justicia y al derecho, de acuerdo con las causales establecidas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y, con el único fin de que se produzca una decisión ajustada a la ley.

De conformidad con dicho estatuto (arts. 185 a 193), tal recurso constituye una verdadera acción impugnatoria con efectos rescisorios (…); y por lo mismo no se pueden discutir en él los asuntos de fondo, ni fiscalizarse las razones fácticas y jurídicas debatidas en el proceso que dieron origen al fallo que se impugna. Este recurso no se dirige sobre la actividad del fallador (asunto de derecho) sino sobre los hechos y su prueba.

Desde otro punto de vista, el recurso extraordinario de revisión no es una nueva instancia, pues, presupone como antecedente una sentencia ejecutoriada (…), de los tribunales o del Consejo de Estado, en única o de segunda instancia, creadora de la cosa juzgada material, la cual, una vez censurada, sólo puede ser desconocida luego de la comprobación de una de las causales contenidas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y con la concurrente y necesaria definición de que el fallo reprochado es erróneo o injusto por esa causa, es decir, que hay lugar a otra decisión distinta”(3).

La procedencia del recurso extraordinario de revisión exige que deba interponerse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia (CCA, art. 187), mediante demanda que debe reunir los requisitos prescritos por el artículo 137 ibídem, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda.

El Código Contencioso Administrativo consagra de manera taxativa los motivos que dan lugar a su procedencia. Al recurso deben acompañarse los documentos necesarios y las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y pretenda hacer valer (art. 189).

3. La causal de revisión invocada.

En el sub examine, la recurrente dice apoyar su pretensión en la causal sexta que contempla el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, del siguiente tenor:

“6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

Sobre el entendimiento y requisitos para la formulación y para la prosperidad de esta causal, el Consejo de Estado ha señalado:

“De conformidad con lo expuesto en la ley y conforme lo ha expresado la jurisprudencia para que proceda esta causal es necesario que al proferir la sentencia se incurra en una irregularidad estructurante de la nulidad(4).

No resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en que se realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones escapan al ámbito de la aludida causal.

La nulidad en la sentencia como causal de revisión, según lo explica la Corte Suprema es un evento “lógico porque si la tal nulidad solamente aparece para las partes cuando éstas conocen la sentencia, no existiendo legalmente para ellas otra oportunidad para reclamar su reconocimiento, lo procedente es que se les abra el campo de la revisión”(5).

La Sala encuentra ilustrativo tomar en consideración los eventos que planteó esta corporación en la sentencia proferida el 11 de mayo de 1998, en la cual explicó lo siguiente:

“… el proceso solamente es nulo, en todo o en parte, por las causas establecidas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Así, por ejemplo, la nulidad que tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la disposición referida, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene el juez jurisdicción o competencia (nums. 1º y 2º); cuando, sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia firme, o sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente concluido, o cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, o se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se pretermite íntegramente la instancia (num. 3º); o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida (num. 5º), entre otros eventos. (…).

También es nulo el proceso de ejecución y aquél en que haya remate de bienes, cuando se libra ejecución después de la muerte del deudor si se omite el trámite prescrito en el artículo 1434 del Código Civil y cuando faltan las formalidades prescritas para hacer el remate de bienes, según lo establecido en el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil (…)”(6).

En similar sentido, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia(7), se refirió a los eventos que pueden determinar la nulidad de una sentencia así:

“También ha decantado la Corte que la nulidad se produce, por ejemplo, cuando se dicta sentencia en un proceso terminado por desistimiento, transacción o perención; cuando se profiere en el ínterin de la suspensión, o si se condena a quien no ha figurado en el proceso como parte(1)(8). En idéntico sentido, se ha dicho que hay nulidad de la sentencia si en respuesta a la solicitud de aclaración se reforma la sentencia(2)(9), igualmente ‘Cuando se dicta por un número de magistrados menor al previsto por la ley, a lo cual debe agregarse el caso de que se dicte la sentencia sin haberse abierto el proceso a pruebas o sin que se hayan corrido los traslados para alegar cuando el procedimiento así lo exija, de donde se desprende que no cualquier irregularidad en el fallo, o cualquier incongruencia, tienen entidad suficiente para invalidar la sentencia(10)(11).

Definidos los elementos que hacen procedente la revisión de una sentencia con fundamento en la causal contenida en el numeral 6º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, procede la Sala a establecer si se estructuran en este caso.

4. Caso concreto.

La recurrente fundamenta el recurso extraordinario de revisión en la causal 6ª del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, pero no explica cuáles son los vicios en que incurre la sentencia constitutivos de nulidad, enmarcándolos en alguna de las causales del Código de Procedimiento Civil.

El alegato del recurso en su totalidad se dedica a hacer cuestionamientos sobre el análisis y la valoración probatoria que efectuó la Sección Tercera en la sentencia que se pide se invalide.

Porque en criterio de la recurrente, existían en el proceso pruebas como “noticias de periódicos, testimonios, fotografías, peritaje, etc.” que el fallador de segunda instancia no analizó en debida forma, pues de haberlo hecho habría concluido que la demandada incumplió su deber de prevención y de protección.

En cambio omite plantear cuál norma tipifica este defecto del que a su juicio adolece la sentencia como una situación que ocasiona nulidad de la misma. Al respecto únicamente alude a que las fallas en la valoración probatoria contrarían el debido proceso que consagra el artículo 29 constitucional.

Entonces, a primera vista se observa que el verdadero ataque a la sentencia se funda en la inconformidad con el sentido de aquella, contrario a las pretensiones reclamadas.

Esta situación hace que el recurso resulte infundado, pues se utiliza con el propósito de que se imponga al juez una interpretación sobre determinados aspectos y especialmente la forma de valorar las pruebas aportadas al proceso, así éstas no tengan carácter probatorio, pues la recurrente insiste en que eran suficientes e idóneas para tener por demostrada la responsabilidad que la Sección Tercera del Consejo de Estado echó de menos.

Además es preciso recalcar con el fin de reforzar la improcedencia de la causal atribuida, que la sentencia recurrida contiene suficiente motivación, pues en ella se confronta la prueba recaudada con las normas que regulan la materia y con la jurisprudencia pertinente al asunto, para concluir que el daño alegado por la demandante no era atribuible a conducta o a omisión de la administración pública, es decir, que no le era referible al Estado.

Ese análisis, ese criterio utilizado y las conclusiones de la decisión judicial de segunda instancia son las que pretenden cuestionarse a través del recurso que se decide, situación que es ajena a tal medio extraordinario de impugnación.

Adicionalmente, en el recurso extraordinario de revisión también se hacen cuestionamientos a la sentencia de primera instancia, lo cual hace aún más infundado el mecanismo extraordinario, pues las inconformidades con el fallo del Tribunal Administrativo de la Guajira quedaron resueltas en la sentencia de segunda instancia de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Fuera de ello se hacen imputaciones contra entidades que no fueron demandadas en el proceso de reparación directa, como el DAS, lo cual también resulta abiertamente improcedente, pues pretende utilizarse el medio extraordinario para variar o extender la responsabilidad alegada a otros sujetos no incorporados en la demanda ordinaria.

Los argumentos expuestos por el recurrente escapan al ámbito del recurso extraordinario de revisión, pues corresponden más bien a un típico recurso de apelación que en el caso concreto ya se surtió al haber observado el proceso las dos instancias. El recurso extraordinario de revisión exige alegar y demostrar alguna de las causales específicas contenidas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, lo que en el caso no se acreditó.

La Sala Plena recuerda que la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión y los límites fijados mediante las estrictas causales que consagró el legislador, impiden el reestudio de los hechos y del derecho, como aquí lo pretende la parte actora.

Por todo lo anterior, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión propuesto por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

FALLA:

1. DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Helda Araújo de Moreno en contra de la sentencia del 19 de agosto de 2009 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

2. DEVOLVER el expediente a la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(2) Aplicable al caso teniendo en cuenta la fecha de la sentencia cuestionada y de la interposición del recurso.

(3) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 20 de octubre de 2009, radicación 2003-00133-00 (REV), M.P. Enrique Gil Botero y del 31 de mayo de 2011, radicación 2010-00731-00 (REV), M.P. Susana Buitrago Valencia.

(4) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 2004-00729 proferida el 24 de agosto de 2008, M.P. Dr. Edgardo Villamil Portilla.

(5) Sentencia citada en: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de diciembre 5 de 2000, expediente 7732, M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles, G.J. T. CLVIII, pág. 134.

(6) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de mayo 11 de 1998, expediente Rev.-093, C.P. Mario Alario Méndez.

(7) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 2004-00729 proferida el 24 de agosto de 2008, M.P. Dr. Edgardo Villamil Portilla.

(8) (1) G.J. CLVIII, página 34, reiterada en sentencia de 30 de septiembre de 1999.

(9) (2) Sentencia de 19 de junio de 1990.

(10) Sentencia de 12 de marzo de 1993.

(11) Consejo de Estado, sentencia del 26 de mayo de 2010, radicación 2001-01504 (35221), M.P. Mauricio Fajardo Gómez.