Auto 2011-01791 de julio 13 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera Ponente (E):

Dra. Susana Buitrago Valencia

Expediente: 760012331000201101791-01

Demandante: Henry Escobar Holguín

Demandado: Alcalde de Tuluá (2012-2015)

Nulidad electoral – Segunda Instancia

Auto que decide apelación

Bogotá D.C., trece de julio de dos mil doce

Se ocupa la Sala del recurso de apelación que formuló el actor contra el auto fechado el 18 de enero de 2012 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que rechazó la demanda de nulidad electoral por no haber sido subsanada.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia

Los artículos 129, 146A(1), 181 y 232 del Código Contencioso Administrativo vigente para la época de presentación de este recurso otorgan a la Sala competencia para resolver la apelación presentada contra la decisión de 18 de enero de 2012 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que rechazó la demanda.

Del requisito de procedibilidad

Esta exigencia creada por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2009, “Por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia”, que adicionó el artículo 237 de la Constitución Política, consiste en que para ejercer el contencioso electoral respecto de elecciones por voto popular cuando la demanda se funde en causales de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es presupuesto procesal de la acción que de manera previa a la declaratoria de la elección, ante la autoridad administrativa electoral correspondiente, se haya puesto de presente ya por el demandante, ya por cualquier ciudadano tal irregularidad constitutiva de posible nulidad de la elección próxima a declararse.

Aunque la autoridad electoral no las decida, con el solo hecho de que se acredite que se le pusieron de presente, se cumple con el requisito de procedibilidad.

Consiste, entonces, en una exigencia formal que, como ya se advirtió, constituye presupuesto procesal para dar curso al contencioso electoral. Por tal motivo, en el análisis para su admisión el juez debe verificar si está presente o no. Pero este estudio debe realizarse equilibrando y ponderando con razonabilidad y proporcionalidad, frente a la garantía de acceso a la justicia, de modo tal que no implique que para determinar su presencia penetre de una manera exhaustiva en el contenido de los documentos que con el propósito de acreditar tal requisito haya aportado el demandante. Porque este análisis a tal nivel de especificidad es tema propio del fallo, oportunidad para la cual sí le corresponde determinar materialmente y en detalle respecto de cuáles precisas censuras de la demanda es posible proferir pronunciamiento de mérito, según concluya de manera concreta en relación con cuáles existió en la vía administrativa sometimiento a examen de esas irregularidades presuntamente constitutivas de causales de nulidad.

En el evento sub examine, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con auto de 18 de enero de 2012, para rechazar la demanda, argumentó que si bien las peticiones presentadas para agotar el requisito de procedibilidad, no las resolvió la comisión escrutadora, pues las trasladó por competencia a la comisión general, y que aunque no se conoció el pronunciamiento de ésta autoridad, esa actuación en principio era válida para agotar el mencionado requisito. Pero precisó que, pese a ello, dado que las pretensiones de la demanda se dirigen a reproches diferentes a los censurados en sede administrativa, pues en esta última lo que se sometió a examen fueron inconsistencias en el escrutinio en zonas y puestos de votación, diferentes de los que se enjuician en la demanda electoral; y además, que no existió petición respecto a anulación de votos fraudulentos a favor del candidato Gustavo Vélez, lo cual sí se acusa en la demanda de nulidad electoral, dijo que no era posible dar por cumplido el presupuesto de procedibilidad de la acción.

Por su parte el actor asegura que la demanda sí cumple con tal requisito. Afirma que ello se evidencia, si se valoran en contexto todas las irregularidades que se denunciaron, que se cometieron durante el certamen electoral de la elección de Alcalde del Municipio de Tuluá, y que anexó con la demanda.

La Sala ha dicho que cuando se anexa a la demanda de nulidad electoral prueba documental de haber puesto en conocimiento de la respectiva autoridad electoral la existencia de irregularidades presuntamente constitutivas de causales de nulidad presentadas en el proceso de votación o en el escrutinio, en principio ello satisface la exigencia, siempre que sea apreciable la existencia de alguna correspondencia entre lo debatido en ese escenario y lo alegado judicialmente en la demanda que se instaura. Si además la autoridad administrativa electoral se pronunció al respecto y el demandante está en desacuerdo con lo resuelto, deberá también con la demanda adjuntar tales pronunciamientos y solicitar su nulidad.

Además la Sala, como ya antes se expresó, ha sostenido que la exigencia se entiende atendida con la demostración de que ya por parte del demandante o ya por cualquier ciudadano, se sometió a examen de la autoridad administrativa electoral correspondiente, la presunta irregularidad constitutiva de vicio de nulidad del acto de elección a proferirse.

Traídas estas nociones al caso concreto, comoquiera que de las censuras que fundamentan el concepto de violación de la demanda, enfrentadas con los anexos documentales del libelo, correspondientes a solicitudes de examen a la autoridad administrativa de posible existencia de diversas irregularidades acaecidas en el trámite de votación o de escrutinio, es posible establecer que respecto de algunos vicios planteados en la demanda, sí se agotó tal requisito, como se advierte de los escritos obrantes a folios 13 a 16 y 17 a 19 del expediente.

Porque el contenido de tales solicitudes reflejan que sí se sometieron al conocimiento de la autoridad administrativa electoral algunos vicios alegados como constitutivos de nulidad presentes en zonas, puestos y mesas de votación que coinciden con los planteados en la demanda, y así mismo, muestran que hay correspondencia frente al reproche de haberle anulado votos al candidato Vélez Román, que posiblemente eran válidos, por tanto, la Sala revocará el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 18 de enero de 2012.

En consecuencia, ordenará que se admita la presente acción pública de nulidad electoral, providencia en la que debe advertirse que tal decisión se toma en el entendido que ello se produce frente a los cargos respecto de los cuales se haya agotado el requisito de procedibilidad consagrado en el parágrafo del artículo 237 de la Constitución Política. Siempre que también se reúnan las demás exigencias legales.

En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

RESUELVE:

1. Revocar el auto proferido el 18 de enero de 2012 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitir la presente demanda de nulidad electoral presentada por el señor Henry Escobar Holguín contra la elección del señor José Germán Gómez García como Alcalde del Municipio de Tuluá, en los términos expresados en la parte motiva de esta providencia. Siempre que se reúnan los demás requisitos legales.

3. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente.

Notifíquese».

(1) Artículo incluido al Código Contencioso Administrativo, por disposición de la Ley 1395 de 2010.