Auto 2012-00001 de octubre 18 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 2012-0001

Proceso: 54001-23-31-000-2012-00001-02

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Actor: Santiago Liñán Nariño

Demandado: Don Amaris Ramírez París Lobo

Proceso electoral - auto

Bogotá, D.C., dieciocho de octubre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala pronunciarse sobre el recurso de queja que interpusieron el Partido Verde y Wilfredo Grajales Rojas, impugnadores de la demanda, contra el auto de 23 de agosto de 2012, por el cual el magistrado ponente del proceso en el Tribunal Administrativo de Norte de Santander rechazó por improcedentes los recursos ordinarios de súplica presentados por los mismos intervinientes contra el auto de 29 de junio de 2012, que negó dos solicitudes de nulidad igualmente formuladas por ellos. En el mismo auto objeto de la queja, el magistrado advirtió a la abogada Nuby Mayely Luna Otero sobre las sanciones procedentes por actuaciones dilatorias.

Según se reseñó, las solicitudes de nulidad están respaldadas en la supuesta violación al debido proceso y la aplicación de un trámite ajeno al proceso electoral, porque el magistrado ponente en primera instancia consintió en que fuera un coadyuvante del actor y no el propio actor quien aportara copia auténtica del acto de elección demandado. Para negar las nulidades, el magistrado ponente recordó que antes los mismos sujetos procesales ya las habían propuesto y que también habían sido negadas.

Frente a los recursos de súplica, dijo el magistrado ponente que eran igualmente improcedentes, ante la existencia de una decisión anterior.

Por su parte, esta Sala observa dos cosas: Por un lado, que el recurso de queja interpuesto es improcedente, como bien lo anunció el a quo en el auto de 11 de septiembre de 2012.

En efecto, el artículo 377 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos contencioso administrativos por la remisión del artículo 182 del Código Contencioso Administrativo, lo reserva para cuando el juez de primera instancia deniega el recurso de apelación, de modo que el superior resuelva sobre su procedencia. Pero según se expuso, en este caso la queja se interpone frente a un auto que negó un recurso de súplica.

Siendo clara la norma en cuanto al objeto de la queja, ninguna justificación cabe para interponerlo en un contexto distinto como lo pretenden los recurrentes, amparados en una supuesta actuación inusual del magistrado sustanciador en el tribunal.

Es pertinente recordar que una de las manifestaciones del debido proceso —que invocaron los propios recurrentes— es el uso razonable y adecuado de los mecanismos judiciales diseñados por las normas procesales.

Ahora, por otro lado, no pasa inadvertido para la Sala el ánimo dilatorio en las actuaciones de la abogada Nuby Mayely Luna Otero, quien actualmente representa al coadyuvante del demandado, Wilfredo Grajales Rosas, y que además representó al Partido Verde hasta que sustituyó el poder, justo antes de los recursos de reposición y de queja.

Como se reseñó en los antecedentes, consta en el cuaderno de copias remitido a esta corporación que la abogada Luna Otero presentó:

1. Dos solicitudes de nulidad “de la prueba incorporada por el coadyuvante Jorge Heriberto Moreno Granados...”, una con fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política (fls. 1-7) y otra en el numeral 4 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil (fls. 8-13).

2. Dos recursos de súplica contra el auto de 29 de junio de 2012, por el cual el magistrado sustanciador del proceso en primera instancia negó las nulidades reseñadas en el ordinal anterior. Un recurso insistía en la nulidad respaldada en el artículo 29 de la Constitución Política (fls. 34-38) y otro en la que invocaba el numeral 4º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil (fls. 26-32).

3. Recursos de reposición y en subsidio de queja, para lograr el trámite de los recursos de súplica interpuestos contra el auto de 29 de junio de 2012 (fls. 58-67).

4. Además, según lo refiere el magistrado ponente en el tribunal tanto en el auto de 29 de junio(1) como en el de 23 de agosto de 2012(2), ya había presentado solicitudes de nulidad en el mismo sentido e incluso intentó el recurso de súplica contra los autos que negaron las nulidades.

Tales actuaciones motivaron al magistrado sustanciador de la primera instancia, en el auto de 23 de agosto de 2012, a advertirle a la abogada Luna Otero sobre las posibles sanciones a su conducta, en los siguientes términos:

“Por último, el despacho no puede pasar por alto que ante el carácter abiertamente improcedente de los recursos de súplica que interpuso la doctora Nuby Mayeli Luna Otero y ante el propósito aparentemente dilatorio y/o temerario de algunas de las solicitudes impulsadas por la prenombrada, se ha venido entorpeciendo, dificultando y prolongando injustificadamente la marcha del presente proceso, al punto que por razón de tales actuaciones no ha sido posible practicar y/o recaudar las pruebas decretadas en el auto de fecha siete (07) de junio de 2012, dictado dentro del proceso de la referencia.

Tal dilación ha incidido de manera directa y evidente en la prolongación exagerada de los términos de duración del proceso de la referencia, no obstante que para el trámite del proceso electoral la Constitución Política y la ley ha (sic) establecido plazos muy breves y perentorios.

Por ello, el despacho encuentra imperativo ponerle de presente a las partes, que quiénes (sic) intervienen ante la administración de justicia —al margen de que tengan, o no, condición de profesionales del derecho, pues la propia disposición legal también prevé, en forma clara e independiente, la posibilidad de sancionar a los respectivos apoderados o representantes, bien pueden ser destinatarios de las medidas correccionales contempladas en las normas legales vigentes, de conformidad con el artículo 60A de la Ley 270 de 1996 adicionado por el artículo 14 de la Ley 1285 de 2009...” (fl. 53).

De este modo queda en evidencia que la mencionada abogada Luna Otero ha sido consciente del reproche de su conducta, hecho por el magistrado sustanciador del proceso en el tribunal, tanto que el mismo funcionario le advirtió expresamente sobre las sanciones que la ley establece para ese tipo de actuaciones. No obstante, insistió en la presentación de recursos adicionales (el de reposición y el de queja), incluso a sabiendas de que el de queja en particular no era el mecanismo judicial adecuado contra el auto de 23 de agosto de 2012, que rechazó por improcedente el recurso de súplica, como ella misma lo reconoce en el escrito que presentó conjuntamente con el nuevo apoderado del Partido Verde, cuando dice que: “Esta irregular actuación nos obligó, en una forma desesperada, a interponer recurso de reposición contra la inusual providencia... Estamos conscientes de que la inusual providencia dictada por el Magistrado Ponente Edgar Enrique Bernal Jauregui, para declarar la improcedencia de los recursos de súplica, nos obligó de igual manera, inusual, a utilizar la figura de la queja para defender los intereses de nuestros representados”. (fl. 99 – se resalta).

En tales condiciones, considera la Sala que la abogada Luna Otero debe ser sancionada, pues ya una vez desatendió la advertencia del magistrado conductor del proceso en primera instancia y es deber del juez adoptar los correctivos necesarios para garantizar el curso normal del proceso, máxime en el contexto de un proceso electoral, que tiene previstos términos muy breves, además del interés público que reviste su objeto, esto es, el control de legalidad de los actos de elección de las autoridades públicas que son elegidas por voto popular.

En ese sentido, el numeral 5º del artículo 60A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 14 de la Ley 1285 de 2009, faculta al juez para aplicar la siguiente sanción:

“Poderes del juez. Además de los casos previstos en los artículos anteriores, el juez podrá sancionar con multa de dos a cinco salarios mínimos mensuales, a las partes del proceso, o a sus representantes o abogados, en los siguientes eventos:

“5. Cuando adopten una conducta procesal tendiente a dilatar el proceso o por cualquier medio se entorpezca el desarrollo normal del proceso”.

Estos poderes del juez lo legitiman en su función de dirigir el proceso garantizando su avance normal, puesto que de la conducta de las partes también dependen los óptimos resultados que se esperan del ejercicio de este poder público. En esa medida, se impone reprender a los usuarios de la justicia que pretendan defraudarla con intervenciones reiterativas o abiertamente improcedentes, que lo ocuparían innecesariamente en detrimento del proceso judicial.

Viene al caso el precedente de esta corporación, que justifica el ejercicio de los poderes disciplinarios del juez:

“Los poderes disciplinarios del juez son instrumentos que garantizan la eficiencia en la administración de justicia y encuentran su razón de ser en el hecho de que el juez, como máxima autoridad responsable del proceso, ‘está en la obligación de garantizar el normal desarrollo del mismo, la realización de todos y cada uno de los derechos de quienes en él actúan, y, obviamente, de la sociedad en general, pues su labor trasciende el interés particular de las partes en conflicto...’”(3).

Precisado lo anterior, la Sala considera que la conducta de la abogada Nuby Mayely Luna Otero tiene el claro propósito de retrasar injustificadamente la decisión de mérito, pues de forma obtusa insiste en controvertir una decisión judicial del inicio del proceso, que ha sido ratificada por el juez competente.

Así mismo, se recuerda a la abogada que al ejercer su mandato debe “colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia”, de conformidad con el Código Disciplinario del Abogado(4).

En conclusión, el recurso de queja se rechazará por improcedente y la abogada Nuby Mayely Luna Otero será sancionada con multa equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en atención a las características de la conducta demostrada en el proceso.

En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado,

RESUELVE:

1. Recházase por improcedente el recurso de queja que interpusieron por los impugnadores de la demanda, Wilfredo Grajales Rojas y el Partido Verde, contra el auto de 23 de agosto de 2012, proferido por el magistrado sustanciador del proceso en el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

2. Impónese a la abogada Nuby Mayely Luna Otero, identificada con cédula de ciudadanía 1090365636 y tarjeta profesional 183693, multa equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia a la dirección ejecutiva de la administración judicial para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Se lee en el auto: “Revisada la actuación, el despacho no accederá a estas solicitudes, como quiera que ya se pronunció respecto a una solicitud de nulidad planteada por el mismo extremo procesal con base en similares supuestos fácticos de los que ahora ocupa la atención del despacho, la cual fue negada tal como consta en el proveído de fecha siete (07) de junio hogaño, donde se expusieron las razones por las cuales se rechazaba de plano” (fl. 22 vuelto).

(2) Dice el auto al respecto: “Revisada la actuación, el despacho rechazará de plano, por improcedentes, los recursos de súplica interpuestos contra el numeral segundo de la parte resolutiva del auto proferido el veintinueve (29) de julio de 2012, por medio de la cual se decidió negar las solicitudes de nulidad formuladas por Nuby Mayeli Luna Otero, teniendo en cuenta que lo que se quiere discutir nuevamente por esta vía es la decisión de haber negado la petición de nulidad procesal, la cual ya ha sido objeto de recurso de súplica que fue desatado en su oportunidad por el magistrado Carlos Mario Peña Díaz, en autos de fecha veinticinco (25) de julio, tres (03) y trece (13) de agosto de dos mil doce (2012), respectivamente.” (fl. 52).

(3) Consejo de Estado, Sección Primera, auto de 27 de noviembre de 1997, Rad. 4732.

(4) Ley 1123 de 2007, artículo 28, numeral 6º.