Auto 2012-00010 de marzo 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN B

Expediente: 43285

Radicación: 230013331005201200010 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Jairo José Petro Espitia

Demandado: Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros

Referencia: Conflicto de competencia

Bogotá, D.C., veintiséis de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

8. Al respecto es menester tener en cuenta que este despacho es competente para resolver el presente conflicto de competencia de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 270 de 1996, modificado a su vez por el artículo 12 de la Ley 1285 de 2009(2), pues se trata (i) de un conflicto de competencias surgido entre juzgados administrativos pertenecientes a diversos distritos judiciales administrativos (Córdoba y Bogotá) y (ii) el presente proceso corresponde a una acción de reparación directa, asunto cuyo conocimiento está adscrito a la Sección Tercera de esta corporación(3).

II. Problema jurídico

9. Corresponde al despacho determinar si en el presente caso el competente para conocer del proceso de reparación directa, interpuesto a raíz de la intervención del Estado a la sociedad DMG Grupo Holding S.A., es el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Montería o el Juzgado Veintidós Administrativo de Descongestión de Bogotá-Sección Tercera, teniendo en cuenta que la demanda se presentó en el circuito del primero, por haber el actor invertido en la sede de la compañía en dicho municipio el dinero que aduce perdió por la intervención del Estado.

III. Análisis del despacho

10. Para efectos de determinar el juez competente en tratándose de las acciones de reparación directa, es preciso remitirse a las reglas que sobre dicho tópico establece el artículo 134D del Código Contencioso Administrativo que en su literal f prescribe que en razón al factor territorial la competencia se determina “por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas”. Dicho criterio específico es concurrente con la regla general de competencia, contenida en el numeral 1º del mismo artículo, esto es, que la competencia se determinará por la ubicación de la entidad o el particular demandado.

11. En este caso se encuentra que en el escrito de demanda el actor solicitó la declaratoria de responsabilidad de las accionadas arguyendo la existencia de una falla del servicio “consistente en extralimitación en el ejercicio de la actividad estatal, al haber generado actividad de intervención, con extralimitación en las medidas de esta intervención, a la empresa DMG Grupo Holding S.A.”. En este sentido, los hechos de la demanda se circunscriben a la falla en el servicio consistente en la falta de intervención por parte del Gobierno Nacional a las personas naturales o jurídicas dedicadas a la captación o recaudo masivo de dineros del público no autorizados por la ley.

12. Entonces, se observa que el daño alegado por el demandante se produjo con la falta de intervención del Estado, de manera que, los hechos aquí refutados tuvieron incidencia en todo el territorio colombiano, pues, según el artículo 1º del Decreto 4333 de 2008, el estado de emergencia social y económica se declaró en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta que, como se consignó en uno de los considerandos del mencionado decreto, “han venido proliferando de manera desbordada en todo el país, distintas modalidades de captación o recaudo masivo de dineros del público no autorizados bajo sofisticados sistemas que han dificultado la intervención de las autoridades”. Como desarrollo ulterior se profirió el Decreto 4334 de 2008 mediante el cual se dispuso la intervención del Estado, por conducto de la Superintendencia de Sociedades, sobre las personas jurídicas o naturales que desempeñen actividad financiera sin autorización legal.

13. Así las cosas, advierte, el despacho que se presenta una competencia concurrente, dado que puede conocer del asunto el juez ubicado en el lugar de los hechos en que se produjeron los daños. En ese entendido, comoquiera que el daño alegado se produjo con la falta de intervención cuyo ámbito de aplicación se extendió a todo el territorio nacional, se concluye entonces que a lo largo y ancho del país, cualquier persona que se viera afectada, podría demandar en el domicilio que considere pertinente, que para el caso es el municipio de Montería. En cualquier caso, ante la existencia de varios jueces competentes, debe conocer a prevención el juez ante quien se presente la demanda por voluntad del demandante, la cual excluye a los demás jueces.

14. En este orden de ideas, se concluye que el juez administrativo de Montería, circuito judicial en donde se interpuso la demanda, es el competente para adelantar la presente acción de reparación directa, tal como se pasará a declarar en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto con anterioridad, la Sala

RESUELVE:

1. DECLARAR que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Montería es competente para conocer de la demanda instaurada en ejercicio de la presente acción de reparación directa por el señor Jairo José Petro Espitia, en consecuencia, REMITIR el expediente a este despacho para que avoque conocimiento del presente asunto.

2. COMUNICAR esta providencia al Juzgado Veintidós Administrativo de Descongestión de Bogotá - Sección Tercera.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(2) “Modifícase el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 270 de 1996 y adicionase (sic) un parágrafo: 1. Resolver los conflictos de competencia entre las secciones del Consejo de Estado. // PAR.—Los conflictos de competencia entre los tribunales administrativos, entre secciones de distintos tribunales administrativos, entre los tribunales y jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa pertenecientes a distintos distritos judiciales administrativos y entre jueces administrativos de los diferentes distritos judiciales administrativos, serán resueltos por las respectivas secciones o subsecciones del Consejo de Estado, de acuerdo con su especialidad. Los conflictos entre juzgados administrativos de un mismo circuito o entre secciones de un mismo tribunal administrativo, serán decididos por el correspondiente tribunal en pleno”.

(3) Según el Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena del Consejo de Estado.