Auto 2012-00016 de julio 18 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Ref.: 19001-33-31-002-2012-00016-01

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De la Hoz

Actor: Luis Antonio Arturo Urcuqui y otros

Demandado: Nación - Superintendencia Financiera y otros

Asunto: Acción de grupo - Conflicto de competencias

Bogotá, D.C., dieciocho de julio de dos mil trece.

Decide la Sala el conflicto de competencias negativo, suscitado entre el Juzgado Segundo Adjunto Administrativo del Circuito de Popayán y el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto.

Antecedentes

1. Síntesis del caso.

Los señores Luis Antonio Arturo Urcuqui, Gladis Marina Sánchez Martínez, Sandra Maritza Reyes Ortiz y otros a través de apoderado, instauraron acción de grupo contra la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Superintendencia Financiera de Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Sociedades, Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional, con motivo “de las gravísimas negligencias y omisiones, constitutivas de falla del servicio, cometidas por ellas, que permitieron que todos los aquí demandantes perdieran distintas y cuantiosas cantidades de dinero, que consignaron o invirtieron en la empresa captadora, masiva y habitual, de dinero del público, denominada: Trusst Fidelity”(1).

2. El conflicto de competencias.

El 15 de octubre de 2009 el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Pasto admite la demanda del subgrupo conformado por 44 personas encabezado por el señor Luis Antonio Urcuqui, y coordinado por el abogado Leonardo Pabón Calvache(2).

En escrito presentado el 1º de diciembre de 2009 el departamento de Nariño, mediante apoderado judicial, interpuso y sustentó recurso de reposición(3) contra el auto admisorio de la demanda proferido el 15 de octubre de 2009, por considerar que los demandantes no acreditaron las condiciones uniformes respecto a la causa que originó los perjuicios, además consideró que hay una falta de competencia del gobernador de Nariño en el presente caso y que no hay nexo causal entre el grupo y el departamento de Nariño.

Mediante providencia del 22 de abril del 2010 el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Pasto procedió a resolver el recurso de reposición interpuesto, en donde resolvió reponer el auto admisorio de la demanda del 15 de octubre de 2009, para revocarlo en su integridad, por falta insaneable del requisito de procedibilidad previsto en el artículo 3º de la Ley 472 de 1998 en relación con la falta de precisión de la existencia de la causa común endilgada a todas y cada una de las demandadas como fuente del presunto perjuicio(4).

Por medio de escrito del 28 de abril de 2010 la parte actora interpone recurso de apelación contra el anterior proveído.

El 11 de octubre de 2011, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, procede a resolver el recurso de apelación donde ordena al a quo proceda a la integración del presente grupo en los términos del artículo 55 de la Ley 472 de 1998, a la acción primera en el evento de existir dos o más demandas con el mismo objeto, pues rechazar la demanda devendría en una violación del derecho al acceso a la administración de justicia de las personas que han sufrido daños provenientes de una causa común(5).

En consecuencia, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Pasto, mediante providencia del 17 de noviembre de 2011, ordena a la secretaría del despacho que para efectos de disponer la integración del proceso a otro con causa común, verifique si el juzgado tramita alguna o algunas acciones de grupo con causa común.

El 25 de noviembre de 2011 se expide constancia secretarial en la que se certifica que en ese despacho no se adelantan otras acciones de grupo de captación masiva de dineros del público por parte del establecimiento Trusst Fidelity.

Por tanto, mediante oficio del 25 de enero de 2012 el referido juzgado remite el expediente al Juzgado Segundo Administrativo Adjunto de Popayán para que se proceda a su integración en los términos del artículo 55 de la Ley 472 de 1998, a la acción primigenia que contenga la misma causa común y que corresponde a la acción de grupo radicada con el número 2009-00374-00 propuesta por el señor Adrián Penagos y otros.

Mediante providencia del 14 de febrero de 2012 el Juzgado Segundo Adjunto Administrativo del Circuito de Popayán, manifiesta en primer lugar que el auto del 11 de octubre de 2011, no ordena el envío de las acciones de grupo del Juzgado Primero de Descongestión de Pasto, al Juzgado Segundo Adjunto Administrativo de Popayán, ni en los considerandos ni en la parte resolutiva.

En segundo lugar, considera que lo que ordena es la integración del presente grupo en los términos del artículo 55 de la Ley 472 de 1998, a la acción primigenia que contenga la causa común.

Por lo que ordena abstenerse de tramitar la integración ordenada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y en su lugar remitir el expediente al Consejo de Estado para que dirima la colisión negativa de competencia.

El 28 de mayo del año en curso se realizó inspección judicial, decretada mediante auto del 22 de mayo de 2013, a los procesos radicados con los números 2010-00008 (44153) y 2010-00315, con el fin de obtener las pruebas necesarias para resolver el conflicto del sub lite. De las pruebas arrimadas se encontró que en la actualidad es una la acción de grupo tramitada a nivel nacional, en razón de los recursos invertidos por particulares en la captadora Trusst Fidelity, en donde se advierte que el primero en avocar conocimiento fue el Juzgado Primero de Descongestión de Pasto, despacho que notificó el auto admisorio de la demanda el 19 de octubre de 2009.

Consideraciones

1. Competencia.

Corresponde al despacho dirimir el conflicto surgido entre los juzgados Segundo Adjunto Administrativo del Circuito de Popayán y el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto sobre la competencia para conocer de una acción de grupo contra la Nación, en razón de los daños causados por la captación ilegal de dinero del público adelantada por la Trusst Fidelity de conformidad con lo establecido por el artículo 37 de la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia—, modificada parcialmente por el artículo 12 de la Ley 1285 de 2009(6).

2. Problema jurídico.

Para el efecto de resolver el conflicto, en el asunto de la referencia, ha de establecerse entonces si lo pertinente en este caso es ordenar que el trámite de la acción se surta ante el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto o ante el Juzgado Segundo Administrativo de Popayán, por ser este el despacho que avocó y notificó la primera acción de grupo en la materia(7).

El artículo 3º de la Ley 472 de 1998 definió la acción de grupo como aquella que puede ser instaurada “por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad”.

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre las acciones de grupo, estableciendo que ellas buscan hacer efectivo el principio de economía procesal, en la medida en que en un mismo proceso se resuelven las pretensiones de un número plural de personas que fueron afectadas por una misma causa(8).

En tal sentido ha considerado la Corte que “la causa del daño tanto como el interés cuya lesión tales acciones buscan resarcir representan el elemento común que une a los distintos individuos y les permite quedar vinculados por una y la misma actuación judicial”(9).

De manera que el objetivo de la acción de grupo es la indemnización de las distintas personas que, en igualdad de circunstancias, hayan sido víctimas de un mismo hecho dañoso dotado de relevancia social, a partir de cuya ocurrencia todas ellas deben ser resarcidas(10).

En cuanto a los derechos que buscan proteger la acción de grupo, la Corte Constitucional ha expresado que no solamente busca amparar derechos colectivos sino también “derechos subjetivos de origen constitucional o legal, los cuales suponen siempre —a diferencia de las acciones populares— la existencia y demostración de una lesión o perjuicio cuya reparación se reclama ante la juez. En este caso, lo que se pretende reivindicar es un interés personal cuyo objeto es obtener una compensación pecuniaria que será percibida por cada uno de los miembros del grupo que se unen para promover la acción. Sin embargo, también es de la esencia de estos instrumentos judiciales, que el daño a reparar sea de aquellos que afectan a un número plural de personas que por su entidad deben ser atendidas de manera pronta y efectiva”(11).

2.1. De la competencia para el conocimiento de las acciones de grupo.

La Ley 472 de 1998 a través de la cual el legislador se encargó de regular las acciones populares y de grupo consagradas en el artículo 88 de la Carta Política, al ocuparse del juez competente para conocer de las acciones de grupo, distribuyó entre la jurisdicción ordinaria y la de lo contencioso administrativo el conocimiento de las mismas, en atención en primer lugar al factor subjetivo en cuanto dispuso que si el daño por el cual se demanda indemnización proviene de la actividad de las entidades públicas el conocimiento corresponde a esta jurisdicción, mientras que si el hecho causante del daño se imputa a un particular la competencia será de la jurisdicción civil ordinaria, a menos que se trate de la actividad de personas privadas que desempeñen funciones administrativas, evento en el cual abandonó el factor subjetivo para en cambio acoger el material como determinante de competencia, y señalar a esta jurisdicción como la competente para conocer de esos asuntos.

Igualmente la ley estableció como de doble instancia los procesos a través de los cuales se tramitan estas acciones y distribuyó la competencia funcional, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo entre los jueces administrativos como competentes en primera instancia y los tribunales administrativos a quienes les atribuyó el conocimiento del asunto en segunda instancia, con la salvedad de que mientras empezaban a operar los jueces administrativos, la primera instancia correspondería a los tribunales administrativos mientras que la segunda instancia sería conocida por esta corporación(12).

En relación con el factor territorial cabe recordar que el legislador suele atribuir competencia con base en diferentes criterios, tales como el domicilio del demandado (criterio general), el domicilio del actor, el lugar donde ocurrieron los hechos, el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse un contrato, etc. Y en algunas oportunidades se vale de varios de estos factores para estructurar la norma de determinación de competencia territorial, situación que es precisamente la que se consagra en el artículo 51 de la Ley 472 de 1998.

De manera que, en las acciones de grupo para determinar en razón del territorio cuál es el juez competente para su conocimiento, la norma tiene en cuenta varios factores, tales como el domicilio de cada una de las partes y el lugar de ocurrencia de los hechos, y deja en manos del accionante la decisión de escoger al juez ante el cual presentará la demanda.

El artículo 51 de la Ley 472 de 1998 establece que “Será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado o demandante, a elección de este. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda”.

Que la competencia sea “a prevención”, simplemente significa que como en principio todos los jueces y tribunales son competentes para conocer de la acción de grupo, el primero que conozca de ella excluye a los demás.

2.2. Aplicación del Acuerdo PSAA10-6431 del 25 de enero de 2010 emitido por el Consejo Superior de la Judicatura.

El Consejo Superior de la Judicatura fue creado por la Constitución de 1991 como organismo encaminado a afianzar el gobierno autónomo, integral e independiente de la rama judicial. Para el efectivo funcionamiento de la administración de justicia le fueron otorgadas a la institución un conjunto de atribuciones relacionadas, todas ellas, con la organización y con el ejercicio de funciones internas asignadas a los distintos cargos, así como con la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales de manera armónica con lo establecido por la Constitución y por la ley, como no podría ser de otra manera, tratándose de competencias ejercidas en el marco de una actividad reglamentaria o administrativa.

Dentro de las funciones previstas para el Consejo Superior de la Judicatura por la Constitución Política en su artículo 257 se encuentran las siguientes:

Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones:

(...).

2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.

(...)”.

En ese orden de ideas, se entiende que el Consejo Superior de la Judicatura ejerce funciones administrativas, con facultades reglamentarias en ese marco, donde su actuar debe siempre sujetarse a las normas legales y constitucionales, exigencia esta que se predica, por lo demás, de toda y cualquier potestad reglamentaria con independencia del órgano estatal que la ejerza. Lo anterior ha sido reconocido por el propio Consejo Superior de la Judicatura al expedir sus acuerdos:

“(...) la potestad reglamentaria de las leyes que consagran la práctica jurídica, puede ser ejercida por esta corporación en cualquier momento, con la restricción que le impone la propia Constitución Política de Colombia y que es de índole sustancial, consistente en que no es posible modificar, ampliar, adicionar, enervar, ni suprimir por esa vía disposiciones que el legislador ha consagrado, pues el único objeto del reglamento consiste en lograr el cumplimiento y efectividad de la ley”(13).

Con base en las facultades administrativas previstas en el artículo 63 de la Ley 270 de 1996 o estatutaria de la administración de justicia reformado por el artículo 15 de la Ley 1285 de 2009(14), el Consejo Superior de la Judicatura —Sala Administrativa— mediante Acuerdo PSAA10-6431 del 25 de enero de 2010, creó los juzgados de Pasto y Mocoa para descongestionar el distrito judicial de Nariño, dada la magnitud del fenómeno de captación ilegal que se presenta a cargo en general de los procesos que se entablen al respecto. Señala el acuerdo en su artículo 4º:

“Los juzgados creados mediante los artículos primero y segundo del presente acuerdo tramitarán y fallarán los procesos originados por el fenómeno de captación de dineros de conformidad con la competencia territorial establecida y conocerán de las tutelas en asuntos relacionados con captadoras ilegales de dinero”.

Con todo, debe acá subrayarse una vez más el carácter reglamentario o administrativo del precepto transcrito y ha de recordarse que aun cuando tales normas gozan de la presunción de legalidad propia de todo acto administrativo, una vez son ventiladas ante cualquier autoridad judicial, su aplicación está sujeta a que no contradigan o desconozcan preceptos superiores.

Como ya atrás se mencionó, uno de los fines perseguidos por la Ley 472 de 1998, al reglamentar la acción de grupo consagrada en el artículo 88 constitucional(15), se relaciona, precisamente, con facilitar a los perjudicados por el mismo daño la indemnización de perjuicios, de tal forma que al grupo que da inicio a la demanda se integren quien o quienes sufrieron perjuicio en razón de igual situación fáctica, sin perjuicio del derecho del damnificado a instaurar una acción de reparación individual. Facultad que la Ley 472 de 1998 prevé, expresamente así:

“ART. 55.—Integración al grupo. Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas, por una misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones (...) quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al proceso y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes, podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior, pero, no podrán invocar daños extraordinarios o excepcionales, para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas.

La integración de nuevos miembros al grupo, con posterioridad a la sentencia, no incrementará el monto de la indemnización contenida en ella.

Las acciones individuales relativas a los mismos hechos podrán acumularse a la acción de grupo a solicitud del interesado. En este evento, el interesado ingresará al grupo, terminará la tramitación de la acción individual y se acogerá a los resultados de la acción de grupo”.

Se trata, como lo ha señalado la Sala, de una acción principal promovida en razón de que un grupo de personas, no menor de veinte, está interesado en obtener reparación, en razón de los mismos hechos. Grupo que se entenderá representado por el demandante inicial. Señala la decisión:

“En la acción de grupo el actor o quien actue como demandante, representa a las demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por separado su propia acción ni haya otorgado poder”.

A su vez, el artículo 55, ibídem, estatuye:

“Del texto de las normas transcritas deduce la Sala que la voluntad del legislador es inequívoca en cuanto a que busca que exista una sola acción de grupo cuando quiera que la demanda se fundamente en daños ocasionados a un número plural de personas por unas mismas acciones u omisiones. De ahí que quienes se encuentren igualados frente a un determinado supuesto fáctico del cual pretendan deducir efectos jurídicos indemnizatorios, como sucede en este caso con los deudores del sistema UPAC, puedan integrarse al grupo aún con posterioridad a la sentencia para que los cobijen sus efectos”.

Así lo entendió la Corte Constitucional en su Sentencia C-215 de 1999, que declaró exequibles, entre otros, los artículos 48 y 55 de la Ley 472 de 1998, cuando al efecto expresó:

“(...) Las acciones de grupo o de clase se originan en los daños ocasionados a un número plural de personas que deciden acudir ante la justicia en acción única, para obtener la respectiva reparación y que a pesar de referirse a intereses comunes, se pueden individualizar en relación con el daño cuya indemnización se persigue. En este caso, se trata de proteger intereses particulares de sectores específicos de la población (por ejemplo, consumidores), de ahí su denominación original de class action (...)” (negrilla fuera de texto).

Y del parágrafo del artículo 48 se deduce que parte es toda persona que tenga vocación de vincularse al grupo por encontrarse en condiciones uniformes respecto de una misma causa, que se reflejan en los elementos que configuran la responsabilidad, sin que necesariamente haya dado poder o intervenido desde el inicio de la demanda.

(...)(16)”.

Ahora bien, encuentra la Sala que el entendimiento que los jueces Primero Administrativo de Descongestión de Pasto y Segundo Administrativo de Popayán le dan al artículo 4º del reglamento emitido por el Consejo Superior de la Judicatura no consulta el ordenamiento; pues pretenden subsumir bajo una previsión que no considera sus particularidades a la acción de grupo, pasando por alto como ya atrás se expuso, que habrá un solo proceso en el que se ventilen las pretensiones propuestas por un grupo de personas afectadas por el mismo daño.

Debe traerse a colación una vez más que el sentido y alcance de las acciones de grupo en nuestro ordenamiento constitucional y, en desarrollo del mismo, en lo dispuesto por la Ley 472 de 1998, apunta justamente a lograr que pretensiones encaminadas a que se repare un daño causado a los derechos subjetivos de un número plural de personas afectadas “por el mismo evento lesivo común”(17) que, cumplen con las exigencias contempladas por las normas encaminadas a regular la materia para ser consideradas como grupo, puedan sujetarse a un “tratamiento procesal unitario”(18), con las ventajas para la efectiva materialización del derecho constitucional fundamental al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y para la realización del principio de seguridad jurídica que de ello se deriva.

Es preciso resaltar, en este lugar, que un gran número de personas, a lo largo y ancho del territorio nacional, controvierte las actuaciones y omisiones estatales y en todo caso pretende la reparación del impacto negativo por la captación masiva de dineros. Quizá, miradas en detalle, las circunstancias propias de cada caso particular pueden denotar diferencias; ello, sin embargo, no resulta argumento suficiente para adoptar medidas que conlleven a enfrentar de manera dispersa, descoordinada y contradictoria una misma situación, cuyas repercusiones en relación con la buena marcha del Estado social de derecho compromete seriamente el interés general. Tal circunstancia exige ser tratada con criterios técnicos y bajo estricta aplicación de directrices que respeten el derecho a la igualdad, a la seguridad y garanticen el acceso a la justicia.

En relación con lo anterior ha de subrayarse que no porque se trate del mismo hecho lesivo habrá de dejarse de atender las situaciones fácticas, jurídicas y particulares. Como ya se dejó dicho más arriba, la Ley 472 de 1998 está inspirada en la idea con arreglo a la cual en lo atinente a la fijación de responsabilidad por el mismo hecho dañoso se tramiten las demandas de manera conjunta —bajo una misma cuerda—, lo que no obsta para que “las reparaciones concretas [sean] en principio individualizadas, puesto que se ampara el daño subjetivo de cada miembro del grupo”(19), con ventajas considerables: i) permite ahorrar tiempos y evitar duplicación inoficiosa de trámites; ii) evita incurrir en reiteraciones innecesarias; iii) contribuye a que imperen los principios de eficiencia, eficacia, sencillez y economía procesal; iv) logra la plena vigencia del derecho a la igualdad; v) disminuye la arbitrariedad; vi) previene la existencia de decisiones contradictorias; iv) (sic) ofrece seguridad y estabilidad jurídicas, y vi) (sic) facilita asegurar el acceso a la administración de justicia.

En un campo como el que tiene que ver con los problemas resultantes de la captación masiva de dineros, la presencia de enfoques interpretativos discordantes que, podrían recaen (sic) sobre aspectos jurídicos neurálgicos, afectarían negativamente el ejercicio de las acciones constitucionales y la protección de los derechos constitucionales fundamentales que con las mismas se pretende brindar. Y es que, tal como están reguladas estas acciones en nuestro ordenamiento constitucional y legal, cada vez que tiene lugar un acontecimiento que afecta de modo idéntico o similar a un grupo de individuos se permite incoar una sola acción con lo que i) se obtiene “mayor eficiencia en términos de números de procesos, pruebas y representación jurídica”(20); ii) se impide la existencia “de sentencias contradictorias derivadas de diversas interpretaciones normativas y de distintas valoraciones de los hechos por parte de jueces”(21); iii) se previene “el desgaste del aparato judicial” y iv) se contribuye “en la lucha contra la congestión de la administración de justicia”(22).

Precisamente por lo anterior, no sería viable ignorar otro asunto principal relacionado con la importancia que adquieren las acciones de grupo para la efectiva realización del derecho constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia. En tal sentido, ha enfatizado la jurisprudencia constitucional “que la sola existencia de la acción de grupo y su procedencia frente al caso concreto, están llamadas a facilitar el acceso a la administración de justicia en comparación a las posibilidades existentes en ausencia de esta acción, y en ningún caso a entrabarlo o dificultarlo”(23).

El punto central en este lugar es, por tanto, que el acuerdo de la Sala Administrativa al que se hace mención no admite un entendimiento que desconozca los preceptos legales —lo dispuesto por la Ley 472 de 1998— ni deje de lado las disposiciones constitucionales que, como ya atrás tuvo ocasión de indicar la Sala, han sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional. No resulta factible pasar por alto que el sentido de las acciones de grupo consiste precisamente en obtener decisiones que armonicen con los mandatos constitucionales y legales y, a la vez, sean dictadas de manera coherente sin que —dadas las repercusiones económicas que de asuntos como estos suelen desprenderse—, se dé lugar a fallos contradictorios o dispares en contravía de lo dispuesto por los artículos 51, 55, 56 y 66 de la Ley 472 de 1998 de conformidad con los cuales debe privilegiarse, en estos casos, la integración de los distintos demandantes al grupo para efectos de impedir la proliferación de acciones indemnizatorias que amenacen con vulnerar o, en efecto, desconozcan los principios y derechos constitucionales fundamentales que gobiernan estas acciones los cuales no son otros distintos que los de economía procesal, de seguridad jurídica, de igualdad y de acceso a la administración de justicia.

Atendiendo a las consideraciones hechas hasta este lugar cabe entender que, en vista de la especificidad propia de las acciones de grupo en nuestro ordenamiento constitucional y en razón de la manera particular con que el legislador mediante la Ley 472 de 1998 reguló la competencia territorial atinente a su ejercicio, el acuerdo emitido por el Consejo Superior de la Judicatura no dispuso de medidas para descongestionar a la justicia por la proliferación de acciones de grupo por captación ilegal de dinero, porque aquella no se presenta y no puede presentarse, sin perjuicio de que el juez que conozca del único proceso que puede tramitarse requiera de apoyos especiales. En ese horizonte de comprensión dada la legalidad que acompaña a los actos administrativos y la necesidad de preservarlos salvo que ello no resulte posible, para el caso, la Sala se apartará del entendimiento según el cual, en razón del Acuerdo PSAA10-6431 de 2010, pueden tramitarse tantas acciones de grupo como lugares del territorio nacional en los que la firma DRFE captó dinero del público.

En otras palabras, considera la Sala, con miras a resolver el conflicto de competencias que la ocupa, que el entendimiento que debe dársele a la norma contemplada en el artículo 4º del acuerdo emitido por el Consejo Superior de la Judicatura con arreglo a la cual “[l]os juzgados creados mediante los artículos primero y segundo del presente acuerdo tramitarán y fallarán los procesos originados por el fenómeno de captación de dineros de conformidad con la competencia territorial establecida y conocerán de las tutelas en asuntos relacionados con captadoras ilegales de dinero”, es que esta disposición no modifica la regla según la cual las pretensiones encaminadas a que se dé un tratamiento igualitario a un evento lesivo común, se sujetaran a un tratamiento procesal unitario(24).

En suma, de lo expuesto en las consideraciones de la presente providencia resulta evidente que en razón de la especificidad propia de las acciones de grupo en nuestro ordenamiento constitucional, y de la manera particular con que el legislador mediante la Ley 472 de 1998 reguló la competencia territorial atinente a su ejercicio, acoger el entendimiento de los juzgados administrativos que en la actualidad tramitan un gran número de acciones de grupo por el mismo hecho lesivo contradice normas superiores de manera ostensible y manifiesta; es factible derivar igualmente que la meta de descongestión que inspiró al Consejo Superior de la Judicatura no puede llegar hasta el desconocimiento de las reglas constitucionales y legales de competencia. Aunado a que la anhelada descongestión tampoco se cumpliría dado que el tratamiento difuso, descoordinado y fragmentario del tema, bien puede dar lugar a interpretaciones discordantes, lo que no solo afecta el derecho a la igualdad, a la certeza jurídica y al acceso a la administración de justicia, sino que multiplica la posibilidad de que surjan nuevos litigios, incrementando la demanda de justicia de modo exponencial lo que, dicho sea de paso, implica desconocer también los principios de eficacia, celeridad, sencillez y economía procesal a la luz de los cuales lo procedente en estos casos tiene que ver con tramitar bajo una misma y única cuerda las pretensiones de restablecimiento por un mismo hecho lesivo. Por tal motivo para resolver el sub lite se prescindirá del Acuerdo PSAA10-6431 del 25 de enero de 2010 porque este, como quedó explicado, no resulta aplicable al asunto(25).

(...) (Sic).

En relación con lo expuesto en las consideraciones de la presente providencia debe la Sala disponer que lo procedente en el asunto de la referencia, de conformidad con el sentido y alcance que el ordenamiento constitucional y, en desarrollo del mismo, la Ley 472 de 1998 le ha conferido a la acción de grupo, tiene que ver, precisamente, con la conformación del grupo y, en tal sentido, con remitir lo actuado al juzgado que avocó y notificó la primera acción de grupo de conformidad con el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, esto es, el Segundo Administrativo de Popayán, toda vez que, según lo previsto en el artículo 66, ibídem, todas las personas quedarán atadas a los efectos de la sentencia que allí se profiera.

Es de notar que la acción de grupo en mención, formulada por el señor Jaime Vargas Caviedes y otros, i) se radicó el 19 de diciembre de 2008, con el número 2009-00374; ii) se dirigió en contra de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN—, Superintendencia de Sociedades, Fiscalía General de la Nación y Superintendencia Financiera de Colombia, es decir entidades también demandadas en el asunto de la referencia y iii) una vez admitida fue notificada el día 16 de febrero de 2009 al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Superintendencia Financiera, según constancia expedida por el despacho antes nombrado.

En armonía con lo acá definido y dado que solo puede existir una acción de grupo, el Juzgado Segundo Administrativo de Popayán resolverá sobre la integración al grupo de los demandantes, en virtud de los artículos 55, 56 y 66 de la Ley 472 de 1998 en concordancia con el artículo 88 superior, a cuyo tenor la ley regulará “(...) las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares”(26).

A pesar de que la providencia antes referida se profirió con el fin de solucionar un conflicto negativo de competencia entre juzgados que conocían de demandas de acciones de grupo por la captación de dineros por parte de DRFE, la jurisprudencia resulta aplicable para el presente caso en cuanto es originado igualmente por el indebido entendimiento del Acuerdo PSAA10-6431 emitido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

3. Caso concreto.

Corresponde al despacho dirimir el conflicto negativo de competencias suscitado entre el Juzgado Segundo Adjunto Administrativo del Circuito de Popayán y el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto, en razón de la acción de grupo instaurada contra la Nación, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda, Superintendencia Financiera, Superintendencia de Sociedades, Ministerio del Interior, Fiscalía General de la Nación con el fin de “declarar responsable por los perjuicios causados a los usuarios de la entidad captadora de dinero, al no haber ejercido de manera oportuna y cabal la vigilancia e intervención que en los términos de ley debieron efectuar”.

En este caso, el despacho deberá apartarse de la decisión tomada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y en su lugar radicar la competencia del presente asunto en el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto.

Lo anterior, dado que una vez practicada la inspección judicial, con respecto a las acciones de grupo instauradas contra entidades nacionales a causa de las actuaciones de la sociedad Trusst Fidelity se advierte que el primero en avocar conocimiento —15 de octubre de 2009— y notificar el auto admisorio —19 de octubre de 2009— fue el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto, según demanda promovida por el señor Luis Antonio Arturo Urcuqui y otras personas más, esto es, la acción radicada con el número 2009-00016.

Esto como consecuencia de la jurisprudencia antes anotada, en donde se establece que todos los damnificados que en grupo pretendan acceder a la reparación de un daño habrán de acudir al despacho judicial que notificó la primera acción e integrarse a la misma. Siendo así y establecido que el despacho que avocó y notificó primeramente la controversia por los daños causados a un grupo en razón del control estatal respecto de la sociedad Trusst Fidelity fue el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Pasto, se dispondrá el envío del expediente de la referencia para que se continúe con el trámite del asunto.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

1. DIRIMIR el conflicto negativo de competencia generado entre el Juzgado Segundo Adjunto Administrativo del Circuito de Popayán y el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto, en el sentido de declarar competente al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. REMITIR el expediente contentivo de la acción de grupo instaurada por los señores Luis Antonio Arturo Urcuqui y otros bajo la Radicación 19001-33-31-002-2012-00016-01, al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Pasto.

3. OFÍCIESE a el Juzgado Segundo Adjunto Administrativo del Circuito de Popayán y el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto y REMÍTASELES copia de la presente providencia.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrada: Olga Mérida Valle de De la Hoz.

(1) Folios 1 a 67, cuaderno 1 de primera instancia.

(2) Folios 286 a 297, ibídem.

(3) Folios 336 a 345, ibídem.

(4) Folios 558 a 569, ibídem.

(5) Folios 732 a 739, ibídem.

(6) “ART. 12.—Modifícase el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 270 de 1996 y adicionase (sic) un parágrafo: // “1. Resolver los conflictos de competencia entre las secciones del Consejo de Estado. // “PAR.—Los conflictos de competencia entre los tribunales administrativos, entre secciones de distintos tribunales administrativos, entre los tribunales y jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa pertenecientes a distintos distritos judiciales administrativos y entre jueces administrativos de los diferentes distritos judiciales administrativos, serán resueltos por las respectivas secciones o subsecciones del Consejo de Estado, de acuerdo con su especialidad. Los conflictos entre juzgados administrativos de un mismo circuito o entre secciones de un mismo tribunal administrativo, serán decididos por el correspondiente tribunal en pleno”.

(7) Ley 472 de 1998, artículo 51. “Competencia. De las acciones de grupo conocerán en primera instancia los jueces administrativos y los jueces civiles de circuito. En segunda instancia la competencia corresponderá a la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal del Distrito Judicial al que pertenezca el juez de primera instancia. // Será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado o demandante, a elección de este. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda”.

(8) Corte Constitucional, Sentencia C-304 de 2010.

(9) Corte Constitucional, Sentencia C-215 de 1999.

(10) Ibídem.

(11) Corte Constitucional, Sentencia C-215 de 1999.

(12) Esta disposición temporal tuvo vigencia desde el 6 de agosto de 1999 cuando empezó a regir la Ley 472 de 1998, hasta el 1º de agosto de 2006, cuando comenzaron a operar los jueces administrativos.

(13) Cfr. Acuerdo PSAA12-9338 de marzo 27 de 2012 “Por medio de la cual se modifica el Acuerdo PSAA10-7543 por el cual se reglamenta la judicatura como requisito alternativo para optar el título de abogado”.

(14) “ART. 63.—Plan y medidas de descongestión. ‘Artículo modificado por el artículo 15 de la Ley 1285 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:’ Habrá un plan nacional de descongestión que será concertado con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, según correspondiere. En dicho plan se definirán los objetivos, los indicadores de congestión, las estrategias, términos y los mecanismos de evaluación de la aplicación de las medidas. // Corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ejecutar el plan nacional de descongestión y adoptar las medidas pertinentes, entre ellas las siguientes: // a) El Consejo Superior de la Judicatura, respetando la especialidad funcional y la competencia territorial podrá redistribuir los asuntos que los tribunales y juzgados tengan para fallo asignándolos a despachos de la misma jerarquía que tengan una carga laboral que, a juicio de la misma Sala, lo permita; // b) La Sala Administrativa creará los cargos de jueces y magistrados de apoyo itinerantes en cada jurisdicción para atender las mayores cargas por congestión en los despachos. Dichos jueces tendrán competencia para tramitar y sustanciar los procesos dentro de los despachos ya establecidos, asumiendo cualquiera de las responsabilidades previstas en el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil; los procesos y funciones serán las que se señalen expresamente; // c) Salvo en materia penal, seleccionar los procesos cuyas pruebas, incluso inspecciones, puedan ser practicadas mediante comisión conferida por el juez de conocimiento, y determinar los jueces que deban trasladarse fuera del lugar de su sede para instruir y practicar pruebas en proceso que estén conociendo otros jueces; // d) De manera excepcional, crear con carácter transitorio cargos de jueces o magistrados sustanciadores de acuerdo con la ley de presupuesto; // e) Vincular de manera transitoria a empleados judiciales encargados de realizar funciones que se definan en el plan de descongestión de una jurisdicción, de un distrito judicial, o de despachos judiciales específicos, y // f) Contratar a término fijo profesionales expertos y de personal auxiliar para cumplir las funciones de apoyo que se fijen en el plan de descongestión”.

(15) Artículo 88. “La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. // También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. // Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos”.

(16) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo —Sección Primera—, sentencia de 3 de mayo de 2002, Radicado 25000-23-26-000-2000-0005-01(AG-005), C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, actor: Laverde Pachón y Cía. Ltda. y otros, demandado: Banco de la República.

(17) Corte Constitucional, Sentencia C-304 de 2010.

(18) Ibídem.

(19) Corte Constitucional, Sentencia C-569 de 2004.

(20) Corte Constitucional, Sentencia C-241 de 2009.

(21) Corte Constitucional, Sentencia C-215 de 1999.

(22) Corte Constitucional, Sentencia C-116 de 2008.

(23) Corte Constitucional, Sentencia C-241 de 2009.

(24) Consejo de Estado, auto del 30 de noviembre de 2012, Radicado 05001-33-31-022-2010-0315-01, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(25) Ibídem.

(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 6 de diciembre de 2012, Radicado 52001-23-31-000-2011-00082-01 (A.G.) C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.