Auto 2012-00028 de noviembre 6 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 11001-03-27-000-2012-00028-00(19445)

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Actor: Edificio Seguros Bolívar Chapinero P.H.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Bogotá, D.C., seis de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Cuestión previa

En el mes de junio de 2013, el despacho registró proyecto de auto para resolver el presente asunto. Sin embargo, no hubo quórum para decidir. Por tal motivo, mediante auto del 17 de junio de 2013(2), se ordenó el sorteo de conjuez para integrar el quórum necesario.

El 27 de junio de 2013 se procedió al sorteo de conjuez(3), en el que resultó designada la doctora Lucy Cruz de Quiñónez, que mediante memorial del 16 de julio de 2013 manifestó estar impedida para aceptar el cargo (fl. 426).

La Sala no se pronunciará sobre esta manifestación de impedimento porque se encuentra integrado el quórum necesario para decidir el recurso ordinario de súplica.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala decidir si había lugar a rechazar la solicitud de expedición de sentencia de unificación por importancia jurídica y trascendencia económica y social presentada por la parte actora. Para el efecto, se harán las siguientes precisiones:

Las peticiones de expedición de sentencia de unificación jurisprudencial por importancia jurídica, por trascendencia económica o social o por necesidad de sentar jurisprudencia es una figura que creó la Ley 1437 de 2011 (CPACA). Por lo tanto, esa figura se aplica a los procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia de ese código. No se aplica a los procesos que se rigen por el Decreto 1 de 1984.

Conforme con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo comenzó a regir el 2 de julio de 2012 y se aplica, únicamente, a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los demás procesos continuarán rigiéndose por el régimen jurídico anterior (D. 1/84).

En el caso concreto, la demanda se interpuso el 29 de marzo de 2011(4), es decir, en vigencia del Decreto 1 de 1984. Luego, esa es la norma aplicable a esta controversia. Como en este proceso no se aplica la Ley 1437 de 2011, la petición de expedición de sentencia de unificación no es procedente, pues, como se dijo, las figuras creadas por el nuevo Código Contencioso Administrativo no se aplican en los procesos regulados por el Decreto 1 de 1984.

Ahora, el artículo 4º de la Ley 1395 de 2010 tampoco es aplicable en este caso, pues si bien esa norma prevé que a “solicitud del magistrado sustanciador, la Sala Plena especializada podrá decidir los recursos de apelación interpuestos contra autos o sentencias, cuando se trate de asuntos de trascendencia nacional, o se requiera unificar la jurisprudencia o establecer un precedente judicial”, lo cierto es que esa norma rige para la jurisdicción ordinaria, no para la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En esta jurisdicción, ese tema está regulado por el artículo 130 del Decreto 1 de 1984.

En todo caso, vale decir que, conforme con el artículo 130(5) del Decreto 1 de 1984, la petición de unificación tampoco resulta procedente porque la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo puede conocer asuntos por importancia jurídica o trascendencia económica a petición del Ministerio Público o de oficio, pero no a petición de parte.

Las anteriores razones son suficientes para confirmar el auto del 12 de octubre de 2012.

En todo caso, se precisa que la Sala, mediante sentencia del 29 de octubre de 2014(6) decidió negar la nulidad del oficio 011847 del 9 de febrero de 2006 y del Concepto 61825 del 13 de agosto de 2007, proferidos por la oficina jurídica de la DIAN en los que interpretó que la persona jurídica originada por la constitución de la propiedad horizontal es responsable del IVA por el servicio de parqueadero. Por lo tanto, la Sala considera que esa sentencia unifica las tesis que se venían proponiendo en los tribunales administrativos del país.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Cuarta,

RESUELVE:

1. CONFÍRMASE el auto del 12 de octubre de 2012 que rechazó por improcedente la solicitud de expedición de sentencia de unificación jurisprudencial.

2. ACÉPTESE la renuncia al poder presentado por el abogado Juan Carlos Díaz García(7), como apoderado de la DIAN.

DEVUÉLVASE el expediente al despacho sustanciador.

Notifíquese y cúmplase.»

(2) Folio 423 del expediente.

(3) Folio 424.

(4) Conviene precisar que, en principio, la demanda se interpuso ante los juzgados administrativos de Bogotá. No obstante, el Juzgado 41 Administrativo de Bogotá, por auto del 7 de marzo de 2012, declaró la nulidad de todo lo actuado y remitió el proceso a esta corporación.

(5) “ART. 130.—Asuntos remitidos por las secciones. A solicitud del Ministerio Público, o de oficio, las Secciones podrán remitir a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo aquellos asuntos que se encuentren para fallo y que por su importancia jurídica o trascendencia social ameriten ser decididos por ésta. La Sala Plena decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto.

Igualmente, la Sala Plena podrá asumir directamente el conocimiento de los asuntos que se encuentren para fallo en cualquiera de las Secciones” (se resalta).

(6) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 29 de octubre de 2014. Expedientes 11001032700020070004700 y 11001032700020080000300 (acumulados). Números internos (16866 y 16996). Demandantes: Alba Lucía Orozco y Hernando Morales Plaza. Demandado: UAE DIAN.

(7) Folio 429.