Auto 2012-00028 de octubre 19 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 500012333000201200028 03

Consejera Ponente (E):

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Omar Javier Baquero Mateus

Demandado: Municipio de Puerto Gaitán y otros

Ref.: Acción Popular

Bogotá, D.C., diecinueve de octubre de dos mil diecisiete

Pasa a despacho el asunto de la referencia para considerar la admisión del recurso de apelación interpuesto por el señor Rafael Hernando Carrillo Serrano, quien actúa en calidad de demandado, contra la sentencia del 21 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta.

I. Antecedentes

En escrito presentado el 6 de agosto de 2012(1), el señor Omar Javier Baquero Mateus, actuando en nombre propio, presentó demanda en ejercicio de la acción popular contra el municipio de Puerto Gaitán (Meta), el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), y el señor Rafael Hernando Carrillo Serrano, con el fin de obtener la protección de los derechos e intereses colectivos al patrimonio público y a la moralidad administrativa, vulnerados, a su juicio, por la adjudicación del predio denominado Santa Teresita al señor Carrillo Serrano, sin el cumplimiento de los requisitos previstos para tal fin.

Mediante auto del 21 de septiembre de 2012(2), el Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda y, entre otras órdenes, dispuso que se notificara a los demandados, entregándoles copia de la demanda y sus anexos.

Una vez notificado del auto admisorio, a través de apoderado judicial(3), el señor Carrillo Serrano contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por el actor popular(4). El municipio de Puerto Gaitán y el Incoder contestaron la demanda en términos similares.

Surtido el trámite legal correspondiente, mediante sentencia del 21 de febrero de 2017(5), el Tribunal Administrativo del Meta amparó los derechos colectivos al patrimonio público y a la moralidad administrativa y, como consecuencia de ello, suspendió de manera definitiva los efectos del acto administrativo (Resolución 0148 del 8 de abril de 2010) mediante el cual se le adjudicó el predio Santa Teresita al señor Rafael Antonio Carrillo Serrano.

Mediante escrito del 21 de marzo de 2017(6), el señor Carrillo Serrano impugnó directamente la anterior decisión, según su dicho, “en atención a que no pude ubicar a mi apoderado, pues desconozco su actual domicilio”.

II. Consideraciones

1. Del derecho de postulación en las acciones populares.

El artículo 229 de la Constitución Política garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia y faculta al legislador para que indique en qué casos puede ejercerse tal prerrogativa sin la representación de un abogado. De ahí se desprende que, por regla general, cualquiera que pretenda acudir a la administración de justicia deberá hacerlo por intermedio de apoderado judicial.

En desarrollo de esa disposición constitucional, el artículo 73 del Código General del Proceso establece que las personas vinculadas a los procesos judiciales deben actuar por conducto de abogado inscrito, excepto en aquellos casos en los que la ley permite su intervención directa(7).

La acción popular es, justamente, uno de esos casos en los que el legislador permite que el demandante acuda directamente al proceso, esto es, sin necesidad de designar a un abogado para que lo represente judicialmente. En efecto, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 472 de 1998(8), los legitimados para ejercer acciones populares pueden hacerlo por sí mismos o por quien actúe en su nombre.

En otras palabras, en materia de acción popular el afectado cuenta con la alternativa de promover directamente la acción o de hacerlo a través de apoderado.

No puede pasarse por alto que la acción popular es de naturaleza pública y, por ende, en principio, su ejercicio no está sometido a la regla general de litigar mediante abogado inscrito, tal como se desprende del artículo 28 del Decreto 196 de 1971(9).

Sin embargo, no ocurre lo mismo con el extremo pasivo de las acciones populares, pues la Ley 472 de 1998 no facultó de manera expresa al demandado para comparecer al proceso directamente, esto es, sin apoderado judicial. A lo sumo, el artículo 14(10) de la mencionada ley determina cuáles son las personas, susceptibles de ser demandadas en ejercicio de la acción popular —el particular, persona natural o jurídica, o la autoridad pública cuya actuación u omisión se considere que amenaza, viola o ha violado el derecho o interés colectivo—, pero ese solo hecho, desde luego, no comporta una autorización para que intervengan sin abogado.

Sobre el particular, en sentencia del 24 de enero de 2011, esta Corporación señaló:

“El señor Alcalde del Municipio Topaipí contestó personal y directamente la demanda, aduciendo razones en defensa de los hechos allí expuestos. Sin embargo, la Sala entenderá que no lo hizo —pese a que el Tribunal lo admitió—, porque tratándose de estas acciones, la Ley 472 de 1998, sólo permite actuar de manera directa al actor, sin necesidad de comparecer por intermedio de abogado. Se trata de uno de los pocos casos donde la ley autoriza el derecho de postulación a personas que carecen de formación jurídica, como ocurre con las acciones de tutela, de nulidad simple o de inconstitucionalidad. Sin embargo, en estos eventos el demandado debe obrar confórmela (sic) derecho de postulación, en los términos de ley.

En el caso concreto, el señor alcalde no demostró la calidad de abogado, de allí que para contestar la demanda debió conferir poder, pues en principio conforme a la regla general de postulación, en las acciones Populares se requiere estar representado por un abogado para intervenir ante la judicatura. Esta exigencia procede de los arts. 63, 64 CPC, que preceptúan que sólo en los casos en que la ley lo determine, una parte del proceso puede comparecer judicialmente por sí misma, regla que no contempla la ley de acciones populares para la parte pasiva de la relación procesal”(11) (se resalta).

En ese contexto, resulta claro que, por expresa voluntad del legislador, quien ejerce la acción popular puede hacerlo directamente o por intermedio de apoderado judicial, a diferencia de lo que ocurre con la parte pasiva de la relación procesal, que, como se vio, no puede sustraerse de la exigencia de intervenir mediante abogado.

2. Caso concreto.

Revisado el expediente, observa el Despacho que el señor Rafael Hernando Carrillo Serrano —integrante del extremo pasivo del proceso— actuó representado por un abogado durante el curso de la presente acción popular. Sin embargo, luego de que surtió la notificación de la sentencia de primera instancia, decidió acudir directamente al proceso, con el argumento de que no pudo “ubicar a su apoderado, y, en tal virtud, interpuso recurso de apelación contra la mencionada decisión.

Al respecto, lo primero que conviene decir es que el hecho de que al señor Carrillo Serrano le resultara imposible comunicarse con su apoderado, no tiene la virtualidad de eximirlo de la obligación de intervenir en el proceso por intermedio de abogado, pues lo cierto es que nada le impedía —o por lo menos no expuso ningún argumento en ese sentido— otorgarle poder a otro profesional del derecho para que continuara representando sus intereses.

Ahora bien, como se vio, los casos en que se permite que las personas comparezcan directamente al proceso, sin recurrir a los servicios de un profesional del derecho, se encuentran expresamente señalados por el legislador.

En lo que aquí interesa, la Ley 472 de 1998 previó expresamente que los legitimados para ejercer la acción popular pueden actuar en nombre propio, mientras que guardó silencio respecto de la posibilidad de que la parte pasiva de la acción popular interviniera directamente en el proceso, lo cual supone que dicho extremo de la relación procesal sí está obligado a actuar por conducto de apoderado.

Siendo así, dada su calidad de demandado, el señor Carrillo Serrano debía interponer el recurso de apelación a través del abogado que lo representaba en el proceso, mas no directamente, como en efecto lo hizo, razón por la cual se impone rechazarlo por improcedente.

Como consecuencia, se

III. Resuelve

1. Rechazar por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el demandado, Rafael Hernando Carrillo Serrano, de conformidad con lo señalado en precedencia.

2. Por secretaría, devuélvase el expediente al Despacho de origen, para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase

Magistrada: Marta Nubia Velásquez Rico. 

(1) Folios 1 a 13 del cuaderno principal de primera instancia.

(2) Folios 111 y 112 del cuaderno principal de primera instancia.

(3) Folio 141 del cuaderno principal de primera instancia.

(4) Folios 131 a 140 del cuaderno principal de primera instancia.

(5) Folios 99 a 142 del cuaderno de segunda instancia.

(6) Folios 168 a 194 del cuaderno de segunda instancia.

(7) En relación con la vigencia del Código General del Proceso, cabe señalar que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto del 25 de junio de 2014 (Radicación 49299, M.P. Enrique Gil Botero), indicó que dicho estatuto procesal entró a regir a partir del 1º de enero de 2014, “salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición (...) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite (...)”. Por ende, en el sub lite, en lo no contemplado en la Ley 472 de 1998, en virtud de lo señalado en el artículo 44 ejusdem, resulta aplicable el Código General del Proceso, en tanto el recurso de apelación cuya admisión aquí se estudia fue interpuesto el 21 de marzo de 2017.

(8) “ART. 13.—Ejercicio de la acción popular. Los legitimados para ejercer acciones populares pueden hacerlo por si mismos o por quien actúe en su nombre.

“Cuando se interponga una acción popular sin la intermediación de un apoderado judicial, la Defensoría del Pueblo podrá intervenir, para lo cual, el juez deberá notificarle el auto admisorio de la demanda.

(9) “ART. 28.—Por excepción se podrá litigar en causa propia sin ser abogado inscrito, en los siguientes casos:

“1. En ejercicio del derecho de petición y de las acciones públicas consagradas por la Constitución y las leyes.

(...)”.

(10) “ART. 14.—Personas contra quienes se dirige la acción. La Acción Popular se dirigirá contra el particular, persona natural o jurídica, o la autoridad pública cuya actuación u omisión se considere que amenaza, viola o ha violado el derecho o interés colectivo. En caso de existir la vulneración o amenaza y se desconozcan los responsables, corresponderá al juez determinarlos”.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Expediente 2004-00917-01, M.P. Enrique Gil Botero.