Auto 2012-00039 de julio 24 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Proceso: 11001-03-28-000-2012-00039-00

Radicado interno: 2012-0039

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Actores: Rodrigo Uprimny Yepes y otros

Demandado: Ministro de Transporte

Bogotá, D.C., veinticuatro de julio de dos mil doce.

Procesos electorales

Encontrándose el asunto de la referencia para resolver sobre la admisión de la demanda contra el nombramiento del demandado como ministro de Transporte y la solicitud de suspensión provisional, el ponente advierte la ocurrencia de un hecho notorio que amerita una decisión definitiva del asunto, acorde con los presupuestos fácticos y jurídicos que obran dentro del expediente y que seguidamente se exponen.

1. La demanda.

En escrito presentado el 19 de junio de este año (fls. 13-41), los ciudadanos Rodrigo Uprimny Yepes, Diana Esther Guzmán Rodríguez, Paula Rangel Garzón y Paola Molano Ayala, miembros del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, “DeJusticia” y Claudia María Mejía Duque, Alexandra Quintero Benavides y Diana Florentina Cardozo García, de la “Corporación Sisma Mujer”, instauraron demanda en ejercicio de la acción electoral contra el Decreto 1115 de 28 de mayo de 2012, por el cual el presidente de la República nombró ministro de Transporte a Miguel Esteban Peñaloza Barrientos.

Los demandantes acusan al acto administrativo demandado de violar los artículos 1º, 2º y 4º de la Ley 581 de 2000, pues consideran que estas normas obligan al Primer Mandatario a respetar la cuota mínima de 30% de mujeres en su gabinete ministerial, no obstante, de 16 ministerios, solo 4 estaban dirigidos por ministras. Además, estiman que la infracción de la ley es manifiesta y, por lo tanto, solicitan la suspensión provisional.

2. Consideraciones.

Inicialmente el despacho verificó la presentación de la demanda en el plazo indicado en el numeral 12 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y el cumplimiento de las exigencias de orden formal señaladas en los artículos 137, 138 y 139 del Código Contencioso Administrativo, aplicables al proceso electoral por la remisión del 251-A ibídem. En esa medida, se imponía su admisión.

Así mismo, se comprobó la afirmación de los demandantes, en cuanto a que debían ser 5 las ministras en el gabinete para cumplir la cuota mínima legal de mujeres en esta categoría de cargos de alto nivel decisorio, pues el 30% de 16 (número de ministerios) equivale a 4.8, que se aproxima al número entero 5(1).

Sin embargo, según se anunció, antes de que la Sala de sección pudiera admitir la demanda y resolver sobre la suspensión provisional del nombramiento del demandado, la composición general del gabinete de ministros varió el 12 de julio de este año, en razón a que el Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, designó a la doctora Ruth Stella Correa Palacio como ministra de Justicia, en remplazo de Juan Carlos Esguerra. Incluso la página web del ministerio informa sobre la posesión de la ministra(2).

Es de advertir que, aunque se desconoce el decreto de nombramiento de la ministra Correa, este es un hecho notorio que está exento de prueba, de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Así, la mujer que faltaba para completar la cuota mínima de 5 ministras en el gabinete, fue finalmente incorporada al mismo.

En tales condiciones, este despacho considera que la violación del derecho a la igualdad (C.N., art. 13) y de la ley de cuotas que lo desarrolla, si bien ocurrió para la época de la presentación de la demanda, mientras en el gabinete se echó de menos por lo menos a una ministra adicional a las 4 que había, es ahora un hecho superado que, de suyo, hace inocua una decisión anulatoria del decreto de nombramiento del demandado, pues el objeto de la demanda, esto es, el número legal mínimo de mujeres ministras, acaeció sin necesidad de la intervención del juez electoral.

En otras palabras, ha desaparecido la razón que pudo conducir a sancionar con nulidad el nombramiento impugnado y por lo mismo, ningún efecto útil podría derivarse de decidir en tal sentido en este momento; antes bien, institucionalmente significaría la adopción de decisiones administrativas innecesarias.

En este escenario, se acudirá a una figura procesal diseñada para las acciones de tutela(3) y de cumplimiento(4), esto es, la cesación de la actuación impugnada, por ser la que mejor se ajusta a lo que acontece en el sub judice.

Ello es factible en aplicación del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial que orienta la administración de justicia(5), en aras de la realización de los principios de economía procesal(6) y eficiencia(7) y atendiendo a la naturaleza pública de la acción electoral, que comparte con las referidas acciones constitucionales.

De este modo y con la decisión que se adoptará, se garantiza a los demandantes una tutela judicial efectiva, pues no solo se respeta su derecho de acceder a la administración de justicia, sino que también obtienen per se y en un corto plazo el amparo pleno del derecho a la igualdad de la mujer que venía involucrado en la demanda y la efectividad de la medida de afirmación positiva consagrada en la Ley 581 de 2000(8).

Como consecuencia de lo anterior, se exhortará al Presidente de la República a que en lo sucesivo atienda el artículo 13 de la Constitución Política y el deber legal impuesto en la Ley 581 de 2000, respecto de las categorías de cargos cuya provisión le atribuye el ordenamiento jurídico.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. Declárase la cesación de la actuación impugnada en el proceso de la referencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Exhórtase al Presidente de la República para que en lo sucesivo se abstenga de desatender el deber legal impuesto en la Constitución Política y en la Ley 581 de 2000, respecto de las categorías de cargos cuya provisión le atribuye el ordenamiento jurídico.

3. Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.

Notifíquese y cúmplase.

Consejero: Alberto Yepes Barreiro.

Este documento fue creado a partir del original obtenido en el Consejo de Estado.

(1) Esta Sección ha hecho tal aproximación en otros casos, por ejemplo: sentencia de 16 de septiembre de 1987, radicado E-123; sentencia de 18 de agosto de 1993, radicado 1036; auto de 21 de septiembre de 2000, radicado 2427; sentencia de 17 de febrero de 2005, radicado 3438 y sentencia de 20 de enero de 2006, radicado 3836.

(2) www.minjusticia.gov.co

(3) Decreto 2591 de 1991, artículo 26.

(4) Ley 393 de 1997, artículo 19.

(5) Constitución Política, artículo 228.

(6) Código de Procedimiento Civil, artículo 37.

(7) Ley 260 de 1996, artículo 7º.

(8) Sobre la tutela judicial efectiva ver, entre otras: Corte Constitucional, sentencias C-318 de 1998 y T-247 de 2007. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de agosto de 2009, radicado 2004-00165(AC) y Sección Segunda, sentencia de 1º de febrero de 2011, radicado 2010-01458(AC).