Auto 2012-00041 de enero 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Radicación: 11001-03-26-000-2012-00041-00(44434)

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Luis Francisco Hernández Abril y otro

Demandado: Instituto Colombiano de Geología y Minería-Ingeominas

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (asunto minero)

Bogotá, D.C., veintiocho de enero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia

1. El numeral 6º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo —Decreto 1 de 1984(1)— dispone que el Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los asuntos mineros en que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada, con excepción de las controversias contractuales, de reparación directa y las de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre impuestos mineros, contribuciones y regalías, que seguirán las reglas generales.

2. Por su parte, el Código de Minas, contenido en la Ley 685 de 2001, que es norma especial, establece en el artículo 293 que “De las acciones referentes a los contratos de concesión que tengan por objeto la exploración y explotación de minas, conocerán, en primera instancia, los tribunales administrativos con jurisdicción en el lugar de su celebración” y en su artículo 295 consagra la competencia del Consejo de Estado en los asuntos de esta naturaleza, al disponer que esta corporación conocerá en única instancia “De las acciones que se promuevan sobre asuntos mineros, distintas de las contractuales y en los que la Nación o una entidad estatal nacional sea parte (…)”.

3. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 del Código de Minas, a partir de su vigencia, “(…) únicamente se podrá constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el registro minero nacional”, lo cual significa que cualquier procedimiento que se adelante ante la autoridad minera para obtener el derecho de exploración y explotación minera, como lo es la solicitud de legalización de minería de hecho o tradicional, deberá concluir con la celebración de un contrato de concesión.

4. Es así como el artículo 165 del referido código, que regula lo concerniente a la legalización, establece que los explotadores de minas de propiedad estatal sin título inscrito en el registro minero nacional, deberán solicitar que la mina correspondiente les sea otorgada en concesión, llenando para ello todos los requisitos de fondo y de forma, siempre que el área solicitada “(…) se hallare libre para contratar”.

5. Lo anterior significa por lo tanto, que la solicitud de legalización de minería de hecho o tradicional, corresponde a un procedimiento precontractual, que debe concluir con la celebración de un contrato de concesión minera, título que debe ser inscrito en el registro minero.

6. En tales condiciones, los actos que la autoridad minera profiera durante el trámite de este procedimiento tendiente a la celebración de un contrato de concesión, tienen la naturaleza de actos administrativos precontractuales y en consecuencia, de acuerdo con las normas sobre competencia que se enunciaron con anterioridad, el asunto no es del conocimiento del Consejo de Estado en única instancia, sino que debe ser conocido en primera instancia por el tribunal administrativo de la jurisdicción en la que se ha de celebrar el contrato de concesión. Así lo ha considerado la jurisprudencia de esta corporación en múltiples ocasiones, manifestando al respecto:

Los asuntos mineros se encuentra regulados por la Ley 685 de 2001 —Código de Minas—, en forma especial, es decir que su aplicación resulta preferente respecto de la normativa que de manera general reglamenta el tema.

Previo a suscribirse el contrato se deben cumplir diversos requisitos, entre otros, los previstos en el artículo 165 del precitado código, el cual establece el trámite precontractual: “Legalización. Los exploradores de minas de propiedad estatal sin título inscrito en el registro minero nacional, deberán solicitar, en el término improrrogable, de tres (3) años contados a partir del primero (1º) de enero de 2002, que la mina o minas correspondientes les sean otorgadas en concesión llenando para el efecto todos los requisitos de fondo y forma y siempre que el área solicitada se hallare libre para contratar (…)”, artículo reglamentado mediante Decreto 2390 de 24 de octubre de 2002, el cual señala que las explotaciones de recursos mineros de propiedad del Estado requieren, de conformidad con la ley, estar amparadas en un título minero registrado y vigente.

Las normas referidas muestran que la concesión debe otorgarse mediante la celebración de un contrato que debe cumplir unas solemnidades y que necesita inscribirse en el registro minero nacional para su perfeccionamiento.

Es decir que no basta con que se profiera un acto administrativo para que pueda otorgarse la concesión, sino que se requiere de un contrato de concesión para la exploración y explotación minera celebrado entre el Estado y un particular.

(…) Es decir que, como quiera que los asuntos mineros tienen una normativa especial, son las normas de competencia establecidas en el Código de Minas las que se deben aplicar al sub lite, toda vez que lo que se pretende con esta demanda es que se declaren nulos el acto administrativo de 27 de abril de 2006, y la Resolución STC 02232 del 1º de agosto de 2006, por medio del cual se recorta el área de explotación, custión (sic) que impide continuar con el trámite exigido para poder legalizar la actividad minera de hecho sobre la mina de esmeraldas denominada El Masato…

Así las cosas, dado que el proceso se dirige al desarrollo de un litigio meramente contractual, puesto que los actos demandados provienen del trámite precontractual de legalización de un área para la explotación minera que debe conducir a la celebración de un contrato de concesión, la competencia para conocer de este asunto se radica en el tribunal administrativo y no en esta corporación, como quiera que de conformidad con el artículo 293 de la citada ley es el tribunal competente para conocer en primera instancia de las acciones referentes a los contratos de concesión que tengan por objeto la exploración y explotación de minas.

En ese sentido, el Consejo de Estado carece de competencia para conocer de este proceso en única instancia, por lo cual se ordenará la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Boyacá por tratarse de un asunto contractual, habida cuenta que el lugar de ejecución de dicho contrato era el municipio de Quípama, departamento de Boyacá(2).

De conformidad con lo expuesto, el Consejo de Estado carece de competencia para conocer de este proceso en única instancia, por lo cual se ordenará la remisión del expediente al Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, a quién le corresponderá pronunciarse sobre los requisitos formales y sustanciales de la demanda.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

REMITIR por competencia la demanda de la referencia al Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, previa cancelación de su radicación, por intermedio de la oficina judicial para efectos de su reparto.

Notifíquese y cúmplase.»

1 Normatividad procesal aplicable en el sub lite, por cuanto la demanda fue presentada el 17 de febrero de 2012 (fl. 18 vto.).

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 1º de febrero de 2008, expediente 34383, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, confirmado por auto del 21 de mayo de 2008, C.P. Enrique Gil Botero, en el cual se reiteró que “(…) si el trámite administrativo que se adelanta tiene que ver con la obtención del título de legalización minero, a efectos de que se pueda materializar la celebración de un negocio jurídico habilitante, para desarrollar la actividad económica correspondiente, es evidente que el trámite reviste el carácter de contractual” y por lo tanto, “(…) la facultad para resolver la controversia está radicada en cabeza de los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 293 del Código de Minas”; la anterior posición fue reiterada en auto del 6 de septiembre de 2013, expediente 47825, C.P. Hernán Andrade Rincón.