Auto 2012-00045 de mayo 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Rad.: 13001233300020120004501

Actor: Departamento de Bolívar contra la DIAN

Núm. int.: 20383

Auto

Bogotá D.C., veintinueve de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

Corresponde a la Sala determinar si en este caso está probada la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de la vía gubernativa, toda vez que la parte demandante no interpuso el recurso de reposición, único recurso que procede contra la resolución que falló las excepciones y ordenó seguir adelante con la ejecución en el proceso de cobro coactivo, según lo establece el artículo 834 del estatuto tributario.

En este proceso la parte demandante solicitó que anulara el mandamiento de pago 24 expedido por la DIAN el 28 de noviembre de 2011 y algunos apartes de la Resolución 110 del 3 de abril de 2012 “por medio de la cual se resuelven excepciones y ordena seguir adelante la ejecución”.

La DIAN formuló la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de la vía gubernativa, pues afirmó que contra la Resolución 110 procede el recurso de reposición tal y como está consagrado en el artículo 834 del estatuto tributario.

El Tribunal Administrativo de Bolívar declaró no probada esta excepción en la audiencia inicial, pues consideró que el recurso de reposición es facultativo a las voces de los artículos 51 y 63 del Decreto 1 de 1984.

La parte demandada apeló esa decisión y afirmó que el artículo 834 del estatuto tributario es una norma especial que rige en los procesos de cobro coactivo y, que como tal debe primar sobre las normas generales establecidas en el Decreto 1 de 1984.

Además adujo que como el recurso de reposición es el único establecido como procedente contra la resolución que decide las excepciones formuladas contra el mandamiento de pago y ordena seguir adelante con la ejecución, se tornaba obligatorio para agotar la vía gubernativa.

Lo primero que se debe precisar es que el procedimiento de cobro coactivo busca hacer efectivas las obligaciones tributarias y está consagrado en el título VIII del estatuto tributario.

Según el artículo 830 del estatuto tributario, que hace parte del mencionado título, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el deudor podrá proponer contra este, mediante escrito, las excepciones contempladas en el artículo 831 del mismo estatuto, las que deberán ser resueltas dentro del mes siguiente a la presentación del escrito por medio del que se formularon (E.T. art. 832).

A su turno, el artículo 834 del estatuto tributario establece que el único recurso que procede contra la resolución que decide las excepciones es el recurso de reposición que debe presentarse ante el jefe de la división de cobranzas dentro del mes siguiente a la notificación de la resolución recurrida, quien tendrá un mes para resolverlo.

Pues bien, dejando planteados estos rasgos del proceso de cobro coactivo, es del caso señalar que el concepto de vía gubernativa desapareció de la terminología procesal administrativa después de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) que ahora la denomina actuación administrativa, relativa a los recursos consagrados en la ley, esto es, los de reposición y apelación.

Así, el artículo 161 [2] del CPACA contempla como requisito de procedibilidad, es decir que se deben cumplir de forma previa a la presentación de la demanda el de haber “ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios” y el artículo 76 del mismo código establece las reglas de oportunidad y presentación de los recursos de reposición y apelación.

Sin embargo, los actos administrativos demandados en este proceso se expidieron en vigencia del Decreto 1 de 1984 en el que se consagraba la vía gubernativa y se exigía su agotamiento como requisito para acudir al control jurisdiccional de los actos administrativos. Vale la pena precisar que la vía gubernativa se ha definido en la doctrina como “...la etapa del procedimiento administrativo, subsiguiente a la notificación y provocada por el sujeto pasivo de la decisión o quien se considere legitimado, mediante la interposición legal y oportuna de recursos con el fin de controvertir el acto no sólo en su legalidad, sino también en cuanto a su conveniencia u oportunidad, ante la misma autoridad que lo adoptó...”(2).

La vía gubernativa se inicia con los recursos de reposición y apelación. El primero de ellos se define como “...la vía procesal a través de la cual se llega directamente ante el funcionario que tomó la decisión administrativa con el fin de que la aclare (explique o despeje puntos dudosos), modifique (retome el contenido del acto sustituyéndole en parte) o revoque (deje totalmente sin efectos la decisión reemplazándola o derogándola), a través del escrito presentado en la diligencia de notificación personal.

(...) El recurso de reposición no es obligatorio (arts. 50 y 51), significa que su utilización es meramente discrecional por parte de la persona interesada. Su no uso no implica defecto alguno en la vía gubernativa; es más, en estos casos no sería indispensable su interposición para agotarla. Ahora bien, si se interpone obliga al funcionario a resolverlo y al sujeto pasivo a lo resuelto a través de él. No obstante lo anterior, si en norma especial el legislador lo hace obligatorio debe entenderse que constituye una excepción a la regla antes indicada”(3).

En el mismo sentido expresado en las citas doctrinales precedentes se había pronunciado esta Sala desde hace tiempo, así: “...el artículo 834 del estatuto tributario prevé que contra la resolución que decide las excepciones procede el recurso de reposición, el cual no es obligatorio para agotar la vía gubernativa (CCA, art. 51), y así al ser demandable tal acto debe determinarse si la acción fue interpuesta dentro del término legal”(4).

Este mismo criterio se consignó en fallo reciente con el siguiente tenor literal:

“Previa observancia de que la Resolución 14 de 2006 podía demandarse ante esta jurisdicción en los términos del artículo 835 del estatuto tributario, independientemente de que la ejecutada no la hubiera impugnado mediante el recurso de reposición que establece el artículo 834 ibídem, pues, a la luz del artículo 51 del Código Contencioso Administrativo tal recurso es facultativo y, por tanto, no es obligatorio para agotar la vía gubernativa de que trata el artículo 135 ejusdem(5).

De acuerdo con el análisis anterior, resulta claro para la Sala que en este caso no se encuentra probada la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de la vía gubernativa, pues aunque el artículo 834 del estatuto tributario prevé el recurso de reposición como el único procedente contra la resolución que decide las excepciones formuladas contra el mandamiento de pago, no le dio el carácter de obligatorio como excepción a la regla general que consiste en que el mencionado recurso es de carácter facultativo.

En consecuencia, la no interposición del recurso de reposición contra la Resolución 110 del 3 de abril de 2012 “por medio de la cual se resuelven excepciones y ordena seguir adelante la ejecución” en nada afecta el agotamiento de la vía gubernativa, pues tal como lo manifestó el a quo, a la luz de los artículos 51 y 63 del Decreto 1 de 1984, el mencionado recurso es facultativo.

Así, es forzoso confirmar la decisión apelada y ordenar que el proceso de la referencia continúe su trámite.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

CONFÍRMASE la decisión tomada por el magistrado ponente en la audiencia inicial celebrada el 20 de junio de 2013, en el proceso de la referencia, según la cual declaró no probada la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de la vía gubernativa.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(2) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Tomo II. Universidad Externado de Colombia. 4ª Edición. Bogotá D.C. 2003, págs. 283 - 284.

(3) Ibíd, págs. 287-288.

(4) Consejo de Estado. Sección Cuarta. Auto del 23 de marzo de 2006. Expediente 15896, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(5) Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 28 de noviembre de 2013. Expediente 18528, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.