Auto 2012-00054 de agosto 31 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Expediente: 49371

Radicado: 050012331000201200054 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Arcesio Manuel González Lozano y otros

Demandado: Nación-Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura

Naturaleza: Medio de control de reparación directa

Bogotá, D.C., treinta y uno de agosto de dos mil quince.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del llamado en garantía contra las decisiones adoptadas el 16 y 31 de octubre de 2013, en el desarrollo de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del C.P.A.C.A., por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, mediante las cuales se negaron las excepciones propuestas de caducidad y falta de legitimación en la causa por activa.

Antecedentes

1. El 5 de julio de 2012, el señor Arcesio Manuel González Lozano, en nombre propio y en representación de los menores Carlos Germán González López, Daniela González Silva, Sergio Andrés González Silva, Lucas Ovidio González Silva, así como María Eugenia Silva Gallego y Juan Salvador González Álvarez, mediante apoderado judicial, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación-Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que se le declarara responsable por “(…) las vías de hecho y obstaculización de la justicia por parte del juzgado civil del circuito de apartado (sic) Antioquia ante la negativa de entregar bienes inmuebles adjudicados mediante sentencia ejecutoriada, denominados Santa Mónica 1 y Santa Mónica 2 del municipio de Carepa Antioquia, e impidiendo la explotación económica de los predios agroindustriales sembrados en banano de exportación, en hechos ocurridos desdé (sic) el 25 de noviembre de 2003 hasta la fecha en que se agotaron todas las vías legales posibles incluyendo acciones de tutela. Constituyéndose en una clara falla en el servicio por la omisión del deber legal, la acción ilegal constitutiva de vía de hecho judicial y la parcialidad notoria en la administración de justicia (…) (f. 1-15, 125-128, c. 1).

1.1. Como fundamento fáctico de las pretensiones elevadas, la parte actora expuso los hechos que se resumen a continuación:

1.1.1. El Juzgado Civil del Circuito de Apartadó, Antioquia, resolvió el proceso ejecutivo n 1995-0052 promovido por el Banco Popular en contra de Agropecuaria Carepa y Diego Serrano Velásquez, para lo que ordenó el remate de los inmuebles agroindustriales denominados “Santa Mónica 1” y “Santa Mónica 2”.

1.1.2. Arcesio Manuel González Lozano y Marketing Visión y Cia. S. en C. participaron como postores en el remate del 50% de los referidos inmuebles, para lo que cada uno de ellos consignaron el 40% del valor del avalúo a órdenes del Banco Agrario de Colombia y cancelaron los demás emolumentos requeridos para el efecto.

1.1.3. Dicho juzgado adjudicó al señor Arcesio Manuel González y otro, mediante diligencia de remate del 16 de octubre de 2003, aprobada el 25 de noviembre de 2003 y notificada el 27 del mismo mes y año, los mencionados bienes inmuebles.

1.1.4. Pese a que el actor realizó todas las actuaciones necesarias, el juzgado nunca hizo entrega material del bien inmueble al mismo, así como tampoco envió los oficios correspondientes a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Dabeiba (Antioquia) para que se cancelaran los gravámenes existentes.

1.1.5. Sin justificación alguna aparente, el Juzgado Civil del Circuito de Apartadó, el 25 de octubre de 2006, profirió un auto mediante el cual dejó sin efectos el remate realizado en el año 2003, presuntamente con el fin de favorecer a unos supuestos poseedores de los bienes inmuebles adjudicados, quienes no hicieron parte dentro del proceso ejecutivo, así como tampoco hicieron oposición en la diligencia de secuestro a los predios.

1.1.6. Ante la situación presentada, Arcesio Manuel González Lozano, el 25 de octubre de 2007, interpuso acción de tutela en contra de la decisión proferida por el juzgado civil. Dicha demanda fue resuelta el 8 de noviembre de 2007 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia, Sala Civil, quien tuteló el derecho el actor y, en consecuencia, dejó sin efectos legales la providencia fechada el 25 de octubre de 2006 con el fin de que se continuara con el trámite del proceso ejecutivo.

1.1.7. El 12 de febrero de 2008, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resolvió la impugnación presentada contra el fallo de tutela –del 8 de noviembre de 2007-, para lo que confirmó íntegramente la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia, Sala Civil.

1.1.8. No obstante la existencia del referido fallo de tutela, el Juzgado Civil del Circuito de Apartadó se negó a entregar los bienes rematados y, además, le dio trámite, dentro del proceso ejecutivo, a solicitudes e inclusive a un incidente de nulidad presentado por personas ajenas al mismo.

1.1.9. Posteriormente, el 9 de mayo de 2008, el juzgado admitió una demanda de pertenencia incoada por unos presuntos poseedores sobre uno de los bienes inmuebles que había sido previamente adjudicado a Arcesio Manuel González López.

1.1.10. El señor González López, mediante apoderado judicial, contestó y propuso excepciones respecto de la demanda interpuesta en ejercicio del proceso de pertenencia, las cuales fueron denegadas por el juzgado de conocimiento.

1.1.11. El 21 de octubre de 2009, el Juzgado Civil del Circuito de Apartadó profirió sentencia a favor de los supuestos poseedores. Contra dicha decisión se presentó recurso de apelación, el cual fue denegado. Luego, el juzgado ordenó la entrega de uno de los inmuebles a los presuntos poseedores que adquirieron por prescripción agraria.

1.1.12. El 13 de octubre de 2010, se dispuso como el día en que el juzgado haría entrega material de uno de los inmuebles -Santa Mónica 1- a los adjudicatarios del mismo, sin embargo, el juez del caso decidió darle trámite a una oposición de un tercero y, en consecuencia, posponer su entrega.

1.1.13. Contra dicha decisión, el apoderado de los rematantes interpuso los recursos de ley, los cuales fueron despachados favorablemente por un nuevo juez —en atención a que el anterior José Mauricio Giraldo Montoya había sido trasladado— quien ordenó, mediante providencia del 17 de febrero de 2011, hacer entrega del bien adjudicado. No obstante, el inspector de Policía de Carepa se negó a entregar el referido inmueble.

1.1.14. La Fiscalía Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inició investigación penal por el presunto delito de prevaricato en contra del entonces juez civil del circuito de Apartadó José Mauricio Giraldo Montoya.

2. Mediante auto del 4 de septiembre de 2012, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, entre otras decisiones, admitió la demanda instaurada y, a su vez, ordenó imprimirle el trámite previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (f. 129, c. 1).

3. Notificado el auto admisorio, la parte demandada Nación-Rama Judicial, en el escrito por medio del cual contestó la demanda, propuso la excepción de caducidad. A su vez, solicitó el llamamiento en garantía del entonces juez civil del circuito de Apartadó José Mauricio Giraldo Montoya (f. 142-146, c. 1).

3.1. La Nación-Rama Judicial, en cuanto a la excepción propuesta de caducidad, arguyó que comoquiera que la diligencia de remate de los bienes inmuebles se realizó el 25 de noviembre de 2003, y el 12 de febrero de 2008 la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, confirmó la sentencia del 8 de noviembre de 2007 del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia —que tuteló los derechos a la igualdad, debido proceso y propiedad del señor Arcesio Manuel González Lozano—, entonces que para el momento en que fue incoada la solicitud de conciliación extrajudicial -23 de noviembre de 2011- ya había operado el fenómeno jurídico de caducidad.

4. Mediante auto del 21 de febrero de 2013, en el entendido de que el llamamiento en garantía realizado no cumplía con los requisitos legales para su procedencia, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, lo inadmitió para que fuera corregido por el solicitante (f. 151, c. 1).

5. El apoderado de la parte actora, el 26 de febrero de 2013, presentó un memorial ante el a quo en el que, entre otras cosas, se pronunció frente a la excepción de caducidad propuesta. Al respecto, consideró como carente de todo fundamento dicho argumento planteado por la entidad demandada, toda vez que el proceso ejecutivo —radicado bajo el n.º 1995-0052— objeto de la presente demanda de reparación directa, aún continúa desarrollándose. Como sustento de su dicho, aportó al plenario copia de la “Continuación de la diligencia de entrega de un inmueble rural a los rematantes” desarrollada el 22 de noviembre de 2012 (f. 152-155, c. 1).

6. El 5 de marzo de 2013, la parte demandada presentó un memorial mediante el cual subsanó las falencias indicadas por el tribunal respecto del llamamiento en garantía realizado a José Mauricio Giraldo Montoya (f. 1-6, c. 2). Corolario de ello, el a quo admitió dicha solicitud por medio de auto fechado el 8 de marzo de 2013 (f. 7, c. 2).

7. Surtido el trámite de notificación correspondiente, el llamado en garantía José Mauricio Giraldo Montoya, mediante apoderado judicial, contestó la demanda y el llamamiento que le fue efectuado (f. 30-39, 136, c. 2). A su vez, interpuso las excepciones previas de caducidad, falta de legitimación en la causa por activa e ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales (f. 130-135, c. 2).

7.1. En cuanto a la caducidad del medio de control, sostuvo que toda vez que el hecho alegado como causante del daño antijurídico fue la providencia proferida el 25 de octubre de 2006, por medio de la cual se dejó sin efectos el auto del 25 de noviembre de 2003 –que aprobó el remate de los inmuebles-, entonces que evidentemente había operado la caducidad. Literalmente dijo:

(...).

Se refiere el apoderado de los demandantes a la providencia proferida el día 25 de Octubre del 2006, mediante la cual se dejo (sic) sin efecto la providencia del día 25 de Noviembre del 2003, mediante la cual se aprobó el remate de los inmuebles reiteradamente mencionados en este asunto.

La providencia del día 25 de Octubre del 2006, se dejo (sic) sin efecto mediante providencia del día 10 de Agosto del 2007, proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Superior de Antioquia.

El citado fallo de tutela fue acatado por el suscrito, mediante auto del día 30 de Agosto del 2007. Se ordenó dejar sin efecto la providencia del día 25 de Octubre del 2006 y se impartieron las órdenes correspondientes. (Folio 23 cuaderno del incidente de desacato).

El señor, Francisco Alberto Salazar Aristizabal, como representante legal de la sociedad, Marketing Visión Aristizabal y Cia S en C.S., formulo (sic) incidente de desacato en contra del suscrito, porque no había dado cumplimiento al fallo de tutela del día 10 de Agosto del 2007. Este incidente terminó con providencia del día 21 de Abril del 2009, proferida por la Sala de Decisión Civil-Agraria-Familia del Tribunal Superior de Antioquia, se ordenó no acceder a las peticiones del incidentista. (Folios 25 a 28 cuaderno incidente de desacato).

La citada providencia dijo entre otras cosas, que “Habida cuenta de la documentación recibida el día 5 de Agosto de 2009, con la solicitud presentada por el apoderado judicial de los accionantes, señores, Francisco Alberto Aristizabal y Arcesio González Lozano, exigiendo el cumplimiento del fallo de tutela proferido por esta Sala el 10 de agosto de 2007, se impone dejar por establecido, como ya se hizo en providencia del 21 de Abril de la cursante anualidad y para los efectos legales subsiguientes, que en (sic) ese fallo de TUTELA fue acatado y cumplido por el Juez accionado el 30 de agosto de 2006 y que el mismo en ningún momento ordenó la entrega de los bienes rematados, pues la orden impartida por esta Corporación, estaba encaminada a que se dejara sin efecto la providencia calendada el 25 de octubre de 2006”. (Folio 42 cuaderno incidente de desacato).

Es claro, Señor Magistrado, que la presente acción judicial, sufrió el fenómeno jurídico de la caducidad, porque el acto, que se imputa al suscrito, como el que dio lugar a la falla del servicio en la administración de justicia, ocurrió, el día 25 de Octubre del 2006 y los dos años establecidos en la norma citada, precluyeron, el día 25 de octubre del 2008.

Vale la pena anotar, que Arcesio Manuel González Lozano, por medio del abogado, Carlos Arturo Salazar Urán, insistió en la formulación de un nuevo incidente de desacato, mediante escrito del día 5 de Agosto del 2009 y resuelto mediante auto del día 12 de Agosto del 2009, proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia.

Entre otras cosas, se dijo: “En ese orden de ideas, si dentro del proceso se han emitido otras providencias o actuaciones constitutivas de vías de hecho, las mismas deben desencadenar en otras acciones de tutela, porque se itera, que la orden impartida al Juez accionado mediante sentencia del 10 de Agosto de 2007, fue acatada y cumplida por el tutelado, y con este pronunciamiento, concluye el trámite iniciado por supuesto desacato.”. (Folio 42 cuaderno incidente de desacato).

(...).

7.2. Respecto a la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, el llamado en garantía alegó que los demandantes Carlos Germán González López, Daniela González Silva, Sergio Andrés González Silva, Lucas Ovidio González Silva, María Eugenia Silva Gallego y Juan Salvador González Álvarez, carecen de la misma. Lo anterior, toda vez que los perjuicios morales por ellos pretendidos no guardan relación alguna con los hechos alegados en la demanda como causantes de un daño antijurídico —no entrega de bienes inmuebles—. De otro lado, adujo que la indemnización por lucro cesante perseguida por el señor Arcesio Manuel González Lozano no es procedente, comoquiera que nunca ejerció la actividad económica que presuntamente dejó de realizar.

7.3. A su vez, sobre la excepción de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales, expuso que no existía correspondencia entre las pretensiones formuladas en la audiencia de conciliación prejudicial y las establecidas en la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de reparación directa.

8. Realizado el trámite procesal respectivo, el 16 de octubre de 2013 se celebró la audiencia inicial(1), en la que el tribunal se pronunció sobre las excepción de caducidad planteada por las partes —demandada y llamada en garantía— (f. 160-161, c. ppl.).

8.1. Sobre la caducidad del medio de control, el a quo consideró que comoquiera que lo que se discutía en el asunto de la referencia era un daño causado como consecuencia de la no entrega de un bien inmueble, y que el 17 de febrero de 2011 se ordenó nuevamente la transmisión material del mismo —así no se hubiera realizado—, entonces que era a partir de esa fecha que debía contabilizarse el respectivo término de caducidad. Corolario de ello, en el entendido de que para el 5 de julio de 2012 3día de la presentación de la demanda— aún había oportunidad para acceder a la administración de la jurisdicción, negó la excepción propuesta.

8.2. Contra la anterior decisión, el apoderado del llamado en garantía interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Al respecto, reiteró que toda vez que el daño presuntamente irrogado a la parte actora se causó el 25 de noviembre de 2006, entonces que era a partir de esa fecha que debía contabilizarse el término de caducidad correspondiente.

8.3. El tribunal rechazó por improcedente el recurso de reposición presentado y, además, concedió, para ser resuelto por esta Corporación, el de apelación.

9. Tras adecuadamente advertir la ausencia de pronunciamiento frente a las demás excepciones propuestas por las partes —falta de legitimación en la causa por activa a ineptitud de la demanda por ausencia de requisitos formales—, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, el 31 de octubre de 2013, decidió continuar con el trámite de la audiencia inicial (f. 165, c. 1; f. 168-170, 174, c. ppl.).

9.1. El tribunal, en cuanto a la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, consideró que en esa instancia procesal resultaba indeterminable dicha situación –en tratándose de legitimación de hecho-, máxime cuando en el transcurso del proceso se podían llegar a evidenciar los presuntos perjuicios padecidos por los actores como consecuencia de no detentar el dominio de los bienes inmuebles. Bajo dicha lógica, denegó la excepción propuesta.

9.2. Respecto de la excepción de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales, el a quo sostuvo que tampoco estaba llamada a prosperar, puesto que existía coincidencia, especialmente en los fundamentos fácticos y jurídicos, entre la audiencia de conciliación prejudicial celebrada y la demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa incoada, de suerte que el monto de la indemnización por perjuicios era un asunto que únicamente, de conformidad con las pruebas allegadas al plenario, debía definirse en la sentencia.

9.3. El apoderado de la parte llamada en garantía interpuso recurso de apelación contra las decisiones adoptadas por el tribunal, específicamente en cuanto a las excepciones de caducidad y falta de legitimación en la causa por activa. En cuanto a la caducidad del medio de control, insistió en que el hecho alegado como causante del presunto daño antijurídico fue el 25 de octubre de 2006, por lo que los dos años que concibe la norma fenecieron el 25 de octubre de 2008. Por otra parte, respecto de la falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes Carlos Germán González López, Daniela González Silva, Sergio Andrés González Silva, Lucas Ovidio González Silva, María Eugenia Silva Gallego y Juan Salvador González Álvarez, para reclamar perjuicios morales, indicó que su pretensión no era procedente, por lo que solicitaba al Consejo de Estado que declarara probada dicha excepción.

9.4. El a quo concedió, por ser procedente, la impugnación presentada contra las anteriores decisiones, para lo que remitió el expediente a esta Corporación.

Consideraciones

I. Competencia 

10. Esta Corporación es competente para conocer del presente proceso comoquiera que supera la cuantía exigida por el numeral 3 del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(2).

10.1. De igual forma, se advierte que la Sala es competente para decidir el presente asunto de acuerdo con lo señalado por el artículo 125 y 243, numeral 3 del C.P.A.C.A., por tratarse del auto a través del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, declaró imprósperas la excepciones de caducidad y falta de legitimación en la causa por activa, providencia que objetivamente comprende una decisión sobre la terminación del proceso. Asimismo, dicha auto es apelable de conformidad con lo establecido en el inciso final, numeral 6, del artículo 180 ibídem.

II. Problema jurídico 

11. Corresponde a la Sala determinar, en primera medida, si en el sub judice era procedente decretar la caducidad del medio de control incoado, para lo que resulta necesario determinar el momento a partir del cual debe iniciar a contabilizarse dicho término. Por otra parte, deberá establecerse si los demandantes Carlos Germán González López, Daniela González Silva, Sergio Andrés González Silva, Lucas Ovidio González Silva, María Eugenia Silva Gallego y Juan Salvador González Álvarez, cuentan con legitimación en la causa para accionar el aparato jurisdiccional en el proceso de la referencia.

III. Análisis de la Sala 

12. Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

13. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial. La caducidad ha sido entendida como la extinción de la posibilidad de formular una pretensión por el transcurso del tiempo previamente fijado por la ley en forma objetiva.

14. Para la caducidad de las demandas incoadas en ejercicio del medio de control de reparación directa, de conformidad con el literal (i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, se estableció un término de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

15. En el presente asunto, el a quo consideró que la demanda fue presentada oportunamente —el 5 de julio de 2012—, toda vez que lo que se discutía era un daño causado como consecuencia de la no entrega de un bien inmueble y que, en atención a ello, el término respectivo inició el 17 de febrero de 2011 —día en que se ordenó nuevamente la transmisión material del mismo—. Por su parte, el apoderado del llamado en garantía arguyó que es a partir de la providencia proferida el 25 de octubre de 2006 —que dejó sin efectos el auto del 25 de noviembre de 2003 en el que se aprobó el remate de los inmuebles— cuando debe iniciar la contabilización de dicho término, para así determinar que la demanda se interpuso de forma extemporánea.

16. El actor, por su parte, señaló que el fenómeno jurídico de la caducidad no ha operado, toda vez que el proceso ejecutivo —fundamento de la demanda incoada— aún, para el 22 de noviembre de 2012, se encontraba en trámite.

17. Ahora bien, la Sala advierte que según los hechos alegados en el libelo introductorio, no se cuenta con claridad sobre la concreción del perjuicio al ahora accionante en reparación, en cuanto la demanda se fundó en la negativa del Juzgado Civil del Circuito de Apartadó para entregar unos bienes inmuebles.

18. Al respecto, es de anotar que si bien el recurrente alude que el daño se concretó desde la providencia proferida el 25 de octubre de 2006 —que dejó sin efectos el auto del 25 de noviembre de 2003 en el que se aprobó el remate de los inmuebles—, lo cierto es que, tal y como lo consideró el a quo, en el plenario obra el auto emitido el 17 de febrero de 2011 por el referido juzgado(3), en el que, en atención a un recurso de reposición incoado por el apoderado del rematante Arcesio Manuel González Lozano, se decidió, entre otras cosas, hacer entrega material del predio denominado “Santa Mónica 1”, de suerte que la materialización del presunto menoscabo irrogado al actor aparentemente no se habría producido en la primera fecha.

19. El hecho de que en plenario no obre copia de la totalidad de las actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo 1995-0052, que es en el que presuntamente se ha dilatado injustificadamente la entrega de los bienes inmuebles al señor González Lozano, hace que no se pueda tener certeza sobre el momento específico en que podría configurarse una omisión por parte del Juzgado Civil de Apartadó para cumplir con lo ahora alegado por el demandante, situación que claramente afecta la forma en que debe iniciarse la contabilización del término de caducidad.

20. Ante la situación planteada, lo procedente, a juicio de la Sala, es permitir que se continúe con el trámite del proceso de la referencia, a fin de que en la sentencia que ponga fin al proceso se analice, junto a la totalidad de pruebas allegadas con la demanda y las que posteriormente se recauden, si el fenómeno jurídico de la caducidad operó respecto del medio de control de reparación directa incoado(4).

21. Lo anterior, en virtud de la prevalencia del derecho fundamental del demandante de acceso a la administración de la jurisdicción y de los principios Pro Actione y Pro Homine previstos en los artículos 205 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos(5), respectivamente, así como del principio Pro Damato el cual “busca aliviar los rigores de las normas que consagran plazos extintivos para el ejercicio de las acciones y aboga por la cautela y el criterio restrictivo con el que deben interpretarse y aplicarse dichas normas(6)”. Así las cosas, se confirmará la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, que denegó la excepción de caducidad propuesta.

22. Ahora, en cuanto a la excepción propuesta por el llamado en garantía de falta de legitimación en la causa por activa de los actores Carlos Germán González López, Daniela González Silva, Sergio Andrés González Silva, Lucas Ovidio González Silva, María Eugenia Silva Gallego y Juan Salvador González Álvarez, para reclamar perjuicios morales en el sub judice, advierte la Sala que tampoco tiene vocación de prosperidad, como se expondrá.

23. La legitimación en la causa por activa es la calidad que le permite a una persona que hace parte de una relación jurídica, formular demandas u oponerse a las pretensiones que en su contra se formulen. Sobre esta figura, la Sala de Sección ha señalado:

La legitimación en la causa -legitimatio ad causam- se refiere a la posición sustancial que tiene uno de los sujetos en la situación fáctica o relación jurídica de la que surge la controversia o litigio que se plantea en el proceso y de la cual según la ley se desprenden o no derechos u obligaciones o se les desconocen los primeros o se les exonera de las segundas. Es decir, tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, se encuentra autorizada para intervenir en el proceso y formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida objeto de la decisión del juez, en el supuesto de que aquélla exista. Es un elemento de mérito de la litis y no un presupuesto procesal”(7)

24. De conformidad con la jurisprudencia de la Corporación, existen dos clases de falta de legitimación: la de hecho y la material. La primera hace referencia a la circunstancia de obrar dentro del proceso en calidad de demandante o demandado, una vez se ha iniciado el mismo en ejercicio del derecho de acción y en virtud de la correspondiente pretensión procesal, mientras que la segunda da cuenta de la participación o vínculo que tienen las personas -siendo o no partes del proceso-, con el acaecimiento de los hechos que originaron la formulación de la demanda(8). En este sentido, no siempre quien se encuentra legitimado de hecho tiene que necesariamente estarlo materialmente, en consideración a que si bien puede integrar una de las partes de la litis, ello no implica que frente a la ley tenga un interés jurídico sustancial en cuanto al conflicto. Al respecto, se ha establecido:

Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante legitimado en la causa de hecho por activa y demandado legitimado en la causa de hecho por pasiva y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores.(9)-(10)

25. De este modo, la legitimación por activa de hecho, que se refiere a la potencialidad del demandante de ser parte dentro del proceso, constituye un requisito de procedibilidad de la demanda -en la medida en la que esta no puede interponerse por quien no tiene un interés jurídico plausible-, mientras que, la legitimación por activa material, constituye un requisito no ya para la procedibilidad de la acción, sino para la prosperidad de las pretensiones, ya que “la ausencia de legitimación en la causa por activa, imposibilita desde el plano sustancial, dar por establecido el daño antijurídico alegado por los citados demandantes, ya que no se encuentra demostrado el carácter personal del mismo, esto es, que quien lo aduce sea la persona que efectivamente ha padecido la lesión, afectación o alteración sobre el interés jurídicamente tutelado que se alega en la demanda”(11).

26. En el sub lite, es claro que no le asiste razón al recurrente, toda vez que la procedencia de la indemnización por perjuicios morales a favor de los demandantes es una circunstancia atinente a la legitimación en la causa —material—, análisis que en la instancia procesal en que se encuentra el asunto, resulta improcedente. Como ya se dijo, la legitimación por activa que debe verificar el juzgador a fin de darle trámite o no a un medio de control, es una de hecho, la cual, solo se establece con la comprobación de que al accionante le asiste un interés plausible en cuanto a los eventuales resultados del proceso.

27. Así las cosas, en el entendido de que el interés de los mencionados actores en que sean indemnizados, puede materializarse o no posteriormente con el agotamiento de las demás etapas procesales, especialmente la del recaudo probatorio, se confirmará igualmente la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, que denegó la excepción de falta de legitimación en la causa por activa propuesta

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

Primero: CONFIRMAR las decisiones adoptadas el 16 y 31 de octubre de 2013, en el desarrollo de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, mediante las cuales se negaron las excepciones propuestas de caducidad y falta de legitimación en la causa por activa.

Segundo: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Stella Conto Díaz del CastilloDanilo Rojas BetancourthRamiro Pazos Guerrero.

1 De que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2 El presente asunto tiene vocación de doble instancia, comoquiera que la cuantía de la demanda presentada es superior a la suma de $ 23 190 031 500 (f. 7, c.1), la cual resulta mayor a los 500 S.M.L.M.V. exigidos por el artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el medio de control de reparación directa en el año 2012 ($283 350 000), teniendo en cuenta que la misma se obtiene del valor de la mayor de las pretensiones solicitadas al momento de la presentación de la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011.

3 A folios 104 a 106 del cuaderno 1.

4 Teniendo en cuenta, además, el tiempo en que, de conformidad con la constancia obrante a folios 18 a 20 del cuaderno 1 –de conciliación extrajudicial-, dicho término estuvo suspendido.

5 Incorporada al ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 16 de 1992.

6 Auto de 13 de diciembre de 2007, expediente 33991, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

7 Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 23 de abril de 2008, expediente 16.271, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

8 “(…) la legitimación en la causa ha sido estudiada en la jurisprudencia y la doctrina y para los juicios de cognición desde dos puntos de vista: de hecho y material. Por la primera, legitimación de hecho en la causa, se entiende la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica nacida de una conducta, en la demanda, y de la notificación de ésta al demandado; quien cita a otro y le atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y le atribuye está legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. En cambio la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Es decir, todo legitimado de hecho no necesariamente será legitimado material, pues sólo están legitimados materialmente quienes participaron realmente en los hechos que le dieron origen a la formulación de la demanda” (resaltado del texto). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2004, exp. 1993-0090 (14452), actor: Reinaldo Posso García y otros, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

9 “[6] A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que “… si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 10973”.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de julio de 2011, exp. 52001-23-31-000-1997-08625-01(19753), actor: Carlos Julio Pineda Solis, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera; Sentencia del 3 de febrero de 2010, exp. 17636, actor: William Guillermo Villanueva y otros, C.P. Enrique Gil Botero.