Auto 2012-00058 de diciembre 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA — SUBSECCIÓN A

Rad.: 88001-23-31-000-2012-00058-01(47.401)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Diagnóstico Automotor San Andrés S.A.S. - C.D.A. San Andrés S.A.S. - y otro

Demandado: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., diez de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Cuestión previa

Previo al análisis de fondo, la Sala considera pertinente aclarar lo referente a la competencia de esta corporación para conocer del recurso de apelación contra autos proferidos en vigencia de la Ley 1437de 2011.

Sobre el particular, se precisa que esta nueva codificación modifica las etapas que se deben surtir ante esta jurisdicción para adelantar válidamente un proceso; en efecto, este nuevo código, en aras de propender por una justica oportuna, eficiente y célere, implementó un procedimiento ordinario que contempla tres etapas, así:

“ART. 179.—Etapas. El proceso para adelantar y decidir todos los litigios respecto de los cuales este código u otras leyes no señalen un trámite o procedimiento especial, en primera y en única instancia, se desarrollará en las siguientes etapas:

“1. La primera, desde la presentación de la demanda hasta la audiencia inicial.

“2. La segunda, desde la finalización de la anterior hasta la culminación de la audiencia de pruebas, y

“3. La tercera, desde la terminación de la anterior, comprende la audiencia de alegaciones y juzgamiento y culmina con la notificación de la sentencia.

“Cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas, el juez prescindirá de la segunda etapa y procederá a dictar la sentencia dentro de la audiencia inicial, dando previamente a las partes la posibilidad de presentar alegatos de conclusión”.

De lo anterior se desprende que, según el nuevo procedimiento, deben adelantarse tres audiencias, que son la inicial, la de pruebas(3) y la de alegación y juzgamiento. En lo que respecta a la audiencia inicial, el artículo 180 prevé, en lo pertinente:

“ART. 180.—Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el juez o magistrado ponente, (sic) convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:

“(…)

“6. Decisión de excepciones previas. El juez o magistrado ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva.

“Si excepcionalmente se requiere la práctica de pruebas, se suspenderá la audiencia, hasta por el término de diez (10) días, con el fin de recaudarlas. Al reanudar la audiencia se decidirá sobre tales excepciones.

Si alguna de ellas prospera, el juez o magistrado ponente dará por terminado el proceso, cuando a ello haya lugar. Igualmente, lo dará por terminado cuando en la misma audiencia advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.

EI auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso” (negrillas del despacho).

Así las cosas, se tiene que, dentro del trámite de la audiencia inicial, el juez o el magistrado ponente se debe pronunciar respecto de las excepciones previas que encuentre configuradas, toda vez que, si encuentra probada alguna, debe declararla y, en consecuencia, dar por terminado el proceso, providencia que puede ser recurrida en apelación (si la decisión es acogida en primera instancia) o en súplica (en tratándose de procesos que se adelanten en única instancia).

Por otra parte, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el capítulo que contempla los recursos ordinarios y su trámite, regula la procedencia de la apelación de autos proferidos por esta jurisdicción; así:

“ART. 243.—Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales y de los jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

“1. El que rechace la demanda.

"2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.

"3. El que ponga fin al proceso.

“4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público.

"5. El que resuelva la liquidación de la condena o de los perjuicios.

“6. El que decreta las nulidades procesales.

“7. El que niega la intervención de terceros(4).

“8. El que prescinda de la audiencia de pruebas.

“9. EI que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.

“Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, (sic) serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia.

El recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo, salvo en los casos a que se refieren los numerales 2, 6, 7 y 9 de este artículo, que se concederán en el efecto devolutivo.

“PAR.—La apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente código, incluso en aquellos trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil”.

Se presenta, entonces, la duda de si entre los artículos 180 y 243 de la Ley 1437 del 2011 existe una contradicción, pues, como se observa, el artículo 243 no contempla como apelable el auto que resuelve sobre las excepciones previas, ante lo cual cabe recordar que la Sala Plena Contenciosa de esta corporación, en proveído de 25 de junio de 2014, con ponencia del doctor Enrique Gil Botero, unificó el tema diciendo que no existe tal contradicción, teniendo en cuenta las directrices que, para una correcta interpretación normativa, consagran las leyes 57 y 153 de 1887, a saber: (i) lex superior derogat inferiori (la ley superior deroga a la inferior): este criterio refleja el principio de jerarquía normativa que informa la conformación de los ordenamientos jurídicos, pues determina que, ante un conflicto entre normas de diferentes niveles jerárquicos, prevalece aquella que se ubique en el eslabón más alto, de conformidad con el entendimiento tradicional de la graduación normativa: Constitución, ley y reglamento; (ii) lex posterior derogat priori (ley posterior deroga a la anterior): regla que encuentra su fundamento en el tiempo de expedición de la norma, se trata de un criterio cronológico, que privilegia la aplicación de la disposición promulgada con posterioridad; y (iii) lex specialis derogat generali (ley especial deroga la general): este criterio privilegia el contenido de la norma, de modo que, cuando el conflicto se plantea entre una norma de carácter general y una especial, se aplica esta última.

En este orden, el artículo 5º de la Ley 57 de 1887, que subrogó el artículo 10 del Código Civil, consagra lo siguiente:

“ART. 5º—Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá aquella.

“Si en los códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes:

“1º. La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general;

“2º. Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad, y se hallen en un mismo código, preferirá la disposición consignada en artículo posterior; y el (sic) estuvieren en diversos códigos preferirán, por razón de estos, en el orden siguiente: civil, de comercio, penal, judicial, administrativo, fiscal, de elecciones, militar, de policía, de fomento, de minas, de beneficencia y de instrucción pública” (negrillas adicionales).

Obsérvese que la norma, además de consagrar los criterios de solución de antinomias antes reseñados, introduce una regla adicional a estos, aplicable cuando el conflicto de normas se presenta entre dos disposiciones de igual carácter y naturaleza que se encuentran en una misma codificación. Se trata de una aplicación del criterio cronológico, esto es, que la norma posterior deroga la anterior; sin embargo, no puede entenderse en los estrictos términos de aquel que se definió en párrafos anteriores, comoquiera que, si bien los artículos de un código se expiden al mismo tiempo, estos tienen un orden y una numeración, lo que permite establecer que, frente a un conflicto entre esas disposiciones prevalece la consignada en el artículo o norma posterior, salvo que el asunto esté contenido en un acápite o capítulo especial que regule el asunto de manera distinta (v. gr. CPACA, art. 180) a los postulados generales (v. gr. CPACA, art. 243).

Así las cosas, en tratándose de la declaratoria de una excepción previa, en los términos del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —norma especial que regula la materia—, esa decisión es susceptible del recurso de apelación.

Ahora, para efectos de competencia funcional, hay que recurrir a lo dispuesto en el artículo 125 ibídem, es decir, que si la excepción que se declara probada pone fin al proceso en la primera instancia (numeral 3 del artículo 243 de la misma codificación), como es el caso que nos ocupa, tendrá que ser proferida por la respectiva Sala de decisión del Tribunal Administrativo; en cambio, si la providencia no declara probada la excepción y, por lo tanto, no se desprende la finalización del asunto, tal decisión es de competencia exclusiva del ponente, y en ambos casos será procedente el recurso de apelación, en el primer evento resuelto por la respectiva sala de decisión del Consejo de Estado, y en el segundo por el consejero ponente a quien le corresponda el conocimiento del asunto en segunda instancia, según se indicó en la providencia antes citada del 25 de junio de 2014.

Por todo lo anterior, se tendrá que el recurso interpuesto es procedente y que esta corporación es competente para su conocimiento, teniendo en cuenta que la excepción decretada por el a quo le pone fin al proceso —para uno de los demandantes— y, por consiguiente, se debe interpretar en concordancia con el numeral 3 del citado artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. (sic) Caso concreto y valoración probatoria.

A folio 100 del cuaderno 1, obra certificado de existencia y representación legal del 15 de mayo de 2013, expedido por la Cámara de Comercio de San Andrés y Providencia, en donde se encuentran consignadas las anotaciones de disolución y liquidación de la sociedad demandante, así como la posterior cancelación de la matrícula mercantil, en los siguientes términos:

“Disolución: Que por documento privado Nº 0000001 de comerciante del 30 de noviembre de 2011, inscrita (sic) el 26 de septiembre de 2012 bajo el número 00008788 del libro IX, se inscribe: la disolución de la presente persona jurídica.

“Liquidación: Que por Acta Nº 0000004 de asamblea extraordinaria accionista del 31 de diciembre de 2011, inscrita el 10 de octubre de 2012 bajo el número 00008804 del libro IX, se inscribe: la liquidación de la presente persona jurídica.

“Cancelación: Que por documento privado Nº 0000001 de comerciante del 10 de octubre de 2012, inscrita (sic) el 10 de octubre de 2012 bajo el número 00031842 del libro XV, se inscribe: la cancelación de la matricula mercantil de la presente persona jurídica”.

Conforme a lo transcrito, se observa que la sociedad C.D.A. San Andrés S.A.S. fue: i) disuelta por documento privado del 30 de noviembre de 2011, inscrito el 26 de septiembre de 2012, ii) liquidada el 31 de diciembre de 2011, mediante documento inscrito en el registro mercantil el 10 de octubre de 2012 y iii) cancelada su matrícula mercantil el mismo 10 de octubre 2012, acto inscrito también ese día.

Sobre el particular, el Código de Comercio, al abordar el tema de las personas y actos sujetos a registro, dispone:

“ART. 26.—El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad.

“El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias de los mismos”.

En concordancia con lo anterior, esa misma codificación establece:

“ART. 28.—Deberán inscribirse en el registro mercantil:

(…)

“9. La constitución, adiciones o reformas estatutarias y la liquidación de sociedades comerciales, así como la designación de representantes legales y liquidadores, y su remoción. Las compañías vigiladas por la Superintendencia de Sociedades deberán cumplir, además de la formalidad del registro, los requisitos previstos en las disposiciones legales que regulan dicha vigilancia”.

De las normas transcritas debe concluirse que el acto de registro es la inscripción que de los libros, documentos y actos de una sociedad se haga en el registro mercantil, cuya finalidad es garantizar la seguridad en las relaciones comerciales, con observancia del principio de publicidad de los actos frente a terceros, lo cual explica que sea desde la fecha de la inscripción en el registro mercantil que aquellos (libros, documentos y actos) produzcan efectos respecto de terceros.

Por otro lado, frente al tema de la capacidad para comparecer al proceso, la legislación nacional contempla que toda persona —natural o jurídica— y los demás sujetos a que alude el artículo 53 del Código General del Proceso; la tienen y pueden comparecer al mismo, así, en el caso de las sociedades, ellas deben acreditar, como mínimo, su existencia al momento de la interposición de la demanda.

Sobre la existencia de la sociedad por acciones simplificada —S.A.S.—, la Ley 1258 de 2008 dispone:

“ART. 8º—Prueba de existencia de la sociedad. La existencia de la sociedad por acciones simplificada y las cláusulas estatutarias se probarán con certificación de la Cámara de Comercio, en donde conste no estar disuelta y liquidada la sociedad” (negrillas del despacho).

De todo lo anterior, se torna menesteroso concluir que la sociedad acá demandante dejó de existir desde el momento en que se produjo el registro de su liquidación (10 de octubre de 2012), instante hasta el cual la gerente liquidadora, podía ejercer, en uso de sus facultades especiales, el derecho de acción en nombre de la sociedad C.D.A. San Andrés, pues a partir de entonces esta última dejó de tener personería jurídica y, por ende, capacidad para actuar en el proceso.

En efecto, como la sociedad mercantil dejo de existir el 10 de octubre de 2012, fecha en la cual —se reitera— se registró la liquidación de la misma, y la demanda se presentó el 30 de los mismos mes y año, se tiene que para ese momento la demandante carecía de personería jurídica, por lo cual, no tenía la calidad de sujeto de derecho; así, la decisión del Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se encuentra ajustada a los preceptos legales y se impone su confirmación.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

Primero: CONFIRMAR el auto de 29 de mayo de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, durante la audiencia prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el cual se declaró que la sociedad C.D.A. San Andrés S.A.S. carecía de personería y no podía comparecer al proceso.

Segundo: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen, para que continúe con el trámite correspondiente.

Notifíquese y cúmplase».

(3) De esta audiencia se podrá prescindir en los casos que consagra el segundo inciso del artículo 179 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(4) El que la concede también es apelable, según el artículo 226 de la misma codificación.