Auto 2012-00059 de agosto 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION QUINTA

Rad.: 11001-03-28-000-2012-00059-00(IMP)

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Actor: Rodrigo Uprimny Yepes y otros

Demandado: Secretario general del Senado de la Republica

Bogotá, D.C., veintiocho de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Normatividad aplicable al caso.

La demanda de nulidad electoral fue radicada ante la secretaria de la Sección Quinta de esta corporación el 17 de septiembre de 2012 (fl. 38), esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual su trámite debe regularse íntegramente por las normas del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA.

2.2. Competencia.

De conformidad con las normas de competencia estipuladas por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala de Sección es la competente para conocer y decidir sobre el impedimento manifestado por el doctor Humberto Sierra Porto, conjuez de la Sección Quinta del Consejo de Estado, en consideración a lo establecido por los artículos 115 y 131 del CPACA, de conformidad con los cuales:

“ART. 115.—Conjueces. Los conjueces tienen los mismos deberes y atribuciones que los magistrados y estarán sujetos a las mismas responsabilidades de estos”.

“ART. 131.—Trámite de los impedimentos. Cuando en un magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el impedido es este, expresando los hechos en que se fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra fundado, lo aceptará y solo cuando se afecte el quórum decisorio se ordenará sorteo de conjuez”.

2.3. Fundamento de los impedimentos.

Los impedimentos están instituidos como garantía de la imparcialidad de los funcionarios judiciales en el desempeño de su labor, esto “con el fin de garantizar al conglomerado social que el funcionario judicial llamado a resolver el conflicto jurídico, es ajeno a cualquier interés distinto al de administrar una recta justicia y, en consecuencia, que su imparcialidad y ponderación no están afectadas por circunstancias extraprocesales”(1).

La declaración de impedimento del funcionario judicial es un acto unilateral, voluntario, oficioso y obligatorio ante la presencia de cualquiera de las causales de impedimento taxativamente contempladas por la ley, por esto, no hay lugar a “analogías o a pretendidos afanes protectores de esquemas por encima de las garantías esenciales de carácter constitucional”,(2) a lo que se suma que “no todo escrúpulo, incomodidad o inquietud espiritual del juzgador basta para separarlo del conocimiento de un determinado asunto”(3).

Es por ello que la manifestación debe estar acompañada de una debida sustentación, no basta con invocar la causal, además de ello, deben expresarse las razones por la cuales el operador judicial considera que se halla en el supuesto de hecho descrito “con indicación de su alcance y contenido, capaz de alterar su capacidad objetiva y subjetiva para decidir, pues por tratarse de un estado interno de ánimo que otro funcionario habrá de valorar, solo puede ser conocido a través de lo expresado por el sujeto que lo vivencia(4); sin esto, o con un enunciado genérico o abstracto, se presenta una motivación insuficiente, que puede llevar al rechazo de la declaración de impedimento”(5).

Además de lo anterior, es necesario que la causa del impedimento sea real, es decir, que verdaderamente exista, pues resulta insuficiente la sola afirmación del funcionario que se declara impedido, para apartarse del conocimiento del asunto(6).

2.4. De los impedimentos y recusaciones de los conjueces.

En virtud de lo dispuesto por artículo 115 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los conjueces tienen los mismos deberes y atribuciones, y están sujetos a las mismas responsabilidades que los magistrados. En este orden de ideas, de ellos se predican iguales causales de impedimento y recusación para conocer del proceso, las cuales están consagradas en el artículo 130 del CPACA y el 150 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa de la normativa contenciosa administrativa.

2.5. De la amistad como causal de impedimento.

La causal de impedimento manifestada por el conjuez, está consagrada en el numeral 9º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil así:

“9. Existir enemistad grave por hechos ajenos al proceso, o a la ejecución de la sentencia, o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado”.

El establecimiento de esta causal se deriva de la posible existencia de una amistad íntima entre quien deba adoptar la decisión y las partes en el proceso, sus representantes o apoderados y tiene como finalidad, garantizar su imparcialidad, comoquiera que puede apartarse del conocimiento de un asunto determinado, en el caso en que posea una relación de amistad con los mencionados sujetos, de tal entidad que pueda concluirse que pueda comprometer la imparcialidad en su juicio jurídico.

Como ya lo ha señalado el Consejo de Estado en anteriores oportunidades:

“Para la configuración de la causal, no basta con que exista una relación de mero conocimiento o amistad simple y llana entre el juez y la parte o su apoderado, sino que la ley determinó que la calidad de la relación que permite predicar la ocurrencia de los supuestos de hecho del impedimento, debe basarse en la amistad íntima, es decir con las condiciones de ser cercana y estrecha”(7).

Igualmente, la doctrina ha considerado:

“(...) los sentimientos de amistad íntima o enemistad manifiesta deben ser abrigados siempre por el juez, de ahí que este considera que por la amistad o enemistad que pueda sentir hacia una persona, su ánimo de fallador se va a turbar, debe hacer la declaración pertinente, así la parte o su representante o apoderado respecto de quien exista esa situación no se considere enemiga o amiga intima del funcionario. En realidad esta causal se refiere preferentemente al juez y no a las demás personas mencionadas”(8).

2.6. Del caso concreto.

El doctor Humberto Sierra Porto, conjuez de la Sala Electoral de esta corporación, manifestó impedimento para actuar dentro del proceso de nulidad electoral de la referencia, por tener “una relación de cordial amistad” con el demandado.

La manifestación de impedimento hecha por el conjuez, se sustentó en el hecho de conocer al demando hace más de 10 años, cuando en su calidad de profesor de una institución educativa lo tuvo como alumno, hecho al que agregó que, en el curso de su actividad profesional como asesor del Congreso y magistrado de la Corte Constitucional, ha mantenido una relación de cordial amistad con Eljach Pacheco.

Pues bien, como se explicó anteriormente, la figura de los impedimentos tiene por finalidad garantizar la imparcialidad de los operadores judiciales, asegurando que su actuación en el proceso se apoye exclusivamente en consideraciones de contenido jurídico y en recta justicia.

Para la Sala, los hechos expuestos por el doctor Humberto Sierra Porto, configuran la existencia del impedimento, pues ellos evidencian que su ánimo de juzgador se encuentra afectado en su objetividad e imparcialidad propias al ejercicio de la función judicial.

En ese orden de ideas, se impone declarar fundado el impedimento presentando por el conjuez Sierra Porto, comoquiera que la circunstancia descrita, fácticamente, se enmarca dentro de la causal de impedimento consagrada en el numeral 9º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo expuesto, se declarará fundado el impedimento manifestado por el doctor Sierra Porto para conocer de la acción de electoral de la referencia. En consecuencia, se le separará del conocimiento del proceso y se ordenará el sorteo de un nuevo conjuez.

En consecuencia, la Sección Quinta del Consejo de Estado,

III. RESUELVE:

1. DECLÁRASE FUNDADO el impedimento manifestado por el doctor Humberto Sierra Porto, Conjuez de la Sección Quinta de la corporación, para conocer de la acción electoral de la referencia.

2. DECLÁRASELE separado del conocimiento del proceso de la referencia.

3. En consecuencia, ORDÉNASE por secretaría de la Sección hacer el sorteo de un (1) conjuez, diligencia que se llevará a cabo a las 10:00.a.m. del día hábil siguiente a la ejecutoria de esta providencia

Notifíquese y cúmplase».

(1) Corte Suprema de Justicia. Auto de 29 de enero de 2009. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés.

(2) Auto de julio 6 de 1999. Magistrado ponente: Jorge Aníbal Gómez Gallego.

(3) Auto de noviembre 11 de 1994. Magistrado ponente: Juan Manuel Torres Fresneda.

(4) Auto de mayo 17 de 1999. Magistrado ponente: Dídimo Páez Velandia; en sentido similar auto de septiembre 1º de 1994. Magistrado ponente: doctor Dídimo Páez Velandia.

(5) Auto de mayo 20 de 1997. Magistrado ponente: Carlos Augusto Gálvez Argote; en sentido similar auto de diciembre 2 de 1992. Magistrado ponente: Gustavo Gómez Velásquez y auto de febrero 22 de 1996. Magistrado ponente: Nilson Pinilla Pinilla.

(6) Corte Constitucional. Auto 022 de julio 22 de 1997. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.

(7) Consejo de Estado. Sentencia de 9 de mayo de 2012. Consejera ponente: Olga Mélida Valle de De La Hoz. Radicación 85001-23-31-000-2005-00660-01 (39779). Actor: Hidelfonso Contreras. Demandado: Departamento de Casanare y otros.

(8) López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de derecho procesal civil colombiano, parte general, tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, pp. 231 y 232.