Auto 2012-00069 de septiembre 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SUBSECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 18001-23-33-000-2012-00069-01 (48.458)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Referencia: Medio de control de repetición

Demandante: E.S.E Hospital María Inmaculada de Florencia

Demandado: Tito Méndez Trujillo

Bogotá, D.C., diez de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Previo a resolver el asunto de fondo, se debe estudiar la competencia del Consejo de Estado para conocer de la apelación del auto que resolvió las excepciones previas conforme a lo dispuesto en el artículo 180 del CPACA,

El artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra.

“ART. 243.—Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales y de los jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

1. El que rechace la demanda.

2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y de desacato en el mismo trámite.

3. El que ponga fin al proceso

4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público.

5. El que resuelva la liquidación de los perjuicios.

6. El que decreta las nulidades procesales.

7. El que niega la intervención de terceros.

8. El que prescinda de la audiencia de pruebas.

9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.

“Los asuntos a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia”.

“El recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo, salvo en los casos a que se refieren los numerales 2º, 6º, 7º y 9º de este artículo, que se concederán en el efecto devolutivo.

“PAR.—La apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente código, incluso en aquellos trámites e incidentes que se rija por el procedimiento civil.

De lo anterior, se tiene que la nueva disposición incorporó dos reglas de procedencia del recurso de apelación de autos: i) el primero, que se refiere a la naturaleza de la decisión y, para ello, se estableció un listado de providencias pasibles de impugnación, y ii) el segundo, de carácter subjetivo, en atención al juez que profiere el auto, toda vez que todos los autos a que se refiere la norma proferidos por los jueces administrativos serán apelables, mientras que, de conformidad con el inciso tercero del artículo 243, tratándose de decisiones adoptadas por los Tribunales Administrativos sólo lo serán las contenidas en los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del mismo precepto, esto es, aquellos que pongan fin al proceso, los que rechacen la demanda, el que decrete una medida cautelar, y el que apruebe una conciliación prejudicial o judicial.

Una importante inquietud surge de la lectura del artículo 243 con otras disposiciones contenidas el CPACA (v.gr. arts. 180 y 226), que consiste en establecer si existen o no antinomias al anterior de esa legislación procesal en cuanto a la procedencia del recurso de apelación tratándose de autos proferidos por los tribunales administrativos en el trámite de procesos de primera instancia.

Para ello, es necesario analizar de manera sistemática los artículos 125 y 243 de CPACA, toda vez que en esos preceptos de definen: i) la competencia para la expedición de las providencias, y ii) el recurso de apelación. En efecto, el artículo 125 preceptúa:

“ART. 125.—De la expedición de providencias. Será competencia del juez o magistrado ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 243 de este código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelven los recursos de súplica serán distados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del Magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica”.

Como se aprecia, el artículo 125 determina que, tratándose de jueces colegiados las decisiones a que se refieren los numerales 1º a 4º del artículo 243 serán de sala, salvo en los procesos de única instancia. Por consiguiente, quiere ello significar que el estatuto procesal sí tenía una finalidad u objeto concreto, consistente en que sólo fueran apelables, en principio, las providencias proferidas por los Tribunales Administrativos cuando en el curso de la primera instancia, las mismas se enmarcaran en algunos de los numerales 1º a 4º de esa disposición. A contrario sensu, si el proveído adopta una determinación que no se enmarca dentro de las mismas, no será viable del recurso de alzada.

Ahora bien, existen preceptos o normas especiales en el mismo CPACA a través de las cuales es viable predicar la existencia de autos apelables —proferidos por los Tribunales Administrativos en procesos de primera instancia— por fuera del listado establecido en el artículo 243, tal y como ocurre con la decisión que resuelve las excepciones previas. En efecto, el artículo 226 puntualiza.

“ART. 226.—Impugnación de las decisiones sobre intervención de terceros. El auto que acepta la solicitud de intervención en primera instancia será apelable en el efecto devolutivo y que la niega en el suspensivo. El auto que resuelva en única instancia será susceptible del recurso de súplica o de reposición, según el juez sea individual o colegiado, y en los mismos efectos previstos para la apelación”.

“ART. 180.

(…).

6. (…) el auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso.

(…).

Existiría una anatomía en la relación con la decisión proferida por los tribunales administrativo que decidan sobre las excepciones, en la audiencia inicial, puesto que mientras el artículo 180 numeral 6º del CPACA permite su apelación, sin importar si la niegan o conceden, el inciso segundo del artículo 243 ibídem, restringe la apelación de autos proferidos por el tribunal a los señalados en el numeral 1º, 2º, 3º y 4º de esta codificación.

Por lo tanto, corresponde a la Sala definir si el artículo 243 del CPACA es un precepto taxativo en cuanto se refiere a la procedencia del recurso de apelación de los autos proferidos en el trámite de la primera instancia o, si por el contrario, normas como las de los artículos 226 y 180 de la misma codificación priman, y por ende, si permiten ampliar la gama de proveídos apelables establecidos en la primera disposición comentada.

Sobre el particular, es preciso señalar que el legislador limitó la apelación de los autos proferidos por los tribunales, con la finalidad de restringir la competencia del Consejo de Estado en materia de decisiones interlocutorios, máxime si se tiene en cuenta que las disposiciones contenidas en la Ley 1437 de 2011, persiguen el objetivo o tienen como finalidad la descongestión de la jurisdicción de los contencioso administrativo y, por lo tanto, simplificar procedimientos que no implican el desconocimiento de las garantías procesales.

No obstante lo anterior, evidente que el legislador incluyó o introdujo algunas normas especiales que, de manera particular, establecieron la procedencia del recurso de apelación contra específicas decisiones interlocutorias, a modo de ejemplo y de forma enunciativa, huelga citar las siguientes: i) la que decide las excepciones previas (art. 180), ii) el auto que resuelve sobre la intervención de terceros (art. 226), y iii) el que decreta una medida cautelar (art. 236).

Ahora bien, es viable formular el siguiente interrogante: ¿por qué razón el legislador limitó las decisiones interlocutorias de que puede conocer el Consejo de Estado en sede del recurso de apelación, de forma tal que sólo serán aquellas contenidas en los numerales 1º a 4º del artículo 243, en normas especiales del CPACA o de la legislación general contenida en el CGP? La respuesta se encuentra en el propósito de introducir celeridad y eficiencia a la administración de justicia, debido a la congestión y represión de procesos que padece, y que ha sido una de las patologías históricas de la administración judicial en Colombia. Ante este problema, han sido numerosos los intentos legislativos (y administrativos) por mejorar la eficiencia de la justicia, valor constitucional loable e imperativo, para garantizar el derecho de los ciudadanos de acceder al aparato jurisdiccional, en busca de una solución efectiva y pronta de sus conflictos.

Como se señaló en párrafos precedentes, del articulado de la nueva codificación es posible dilucidar algunas tensiones normativas entre las disposiciones que señalan la procedencia del recurso de apelación contra los autos proferidos en primera instancia por un tribunal administrativo, establecido en el artículo 243 como criterio necesario para determinar la apelabilidad de las decisiones.

En virtud de lo anterior, en reciente pronunciamiento(1) el Consejo de Estado resolvió un evento de antinomia de la siguiente manera:

“En este orden, el artículo 5º de la Ley 57 de 1887, que subrogó el artículo 10 del Código Civil, consagra lo siguiente:

“ART. 5º—Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá aquélla.

“Si en los códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes:

1. La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general;

“2. Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad, y se hallen en un mismo código, preferirá la disposición consignada en artículo posterior; y estuvieron en diversos códigos preferirán, por razón de éstos, el orden siguiente: civil, de comercio, penal, judicial, administrativo, fiscal, de elecciones, militar, de policía, de fomento, de minas, de beneficencia y de instrucción pública”. (Negrillas adicionales).

“Obsérvese que la norma, además de consagrar los criterios de solución de antinomias antes reseñados, introduce una regla diferente, aplicable cuando el conflicto de normas se presenta entre dos disposiciones del mismo carácter y naturaleza que se encuentran en una codificación. Se trata de una sub especie del criterio cronológico, esto es, que la norma posterior deroga la anterior; sin embargo, no puede entenderse en los estrictos términos de aquél, comoquiera que si bien, los artículos de un código se expiden al mismo tiempo, sí tienen un orden y una numeración, lo que permite establecer que, frente un conflicto de disposiciones de un código, prevalecerá la consignada en un artículo o disposición posterior, salvo que el asunto esté contenido en un acápite o capítulo especial que regule el asunto de manera distinta (v.gr. CPACA , art. 180) a los postulados generales (v.gr. CPACA art. 243).

Como se observa, la jurisprudencia del Consejo de Estado adoptó el criterio de especialidad para darle solución a la tensión normativa suscitada entre el artículo 180 numeral 6º y el artículo 243 del CPACA, y con ello fijó una regla de solución para antinomias de la nueva codificación, en la que se prefiere la norma especial de la general incluso por encima del criterio cronológico, que opera por regla general salvo que la norma sea especial. Por lo que se concluye que en el caso objeto de estudio esta corporación tiene competencia para resolver el recurso interpuesto por cuanto así lo dispone el numeral 6º del artículo 180 que regula el trámite de la audiencia inicial.

2. La caducidad es la sanción consagrada en la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho, se ve limitado el derecho que asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público.

Es decir, las normas de caducidad tienen fundamento en el principio preclusión que rige todo proceso judicial, en la medida en que el acceder a la jurisdicción encuentre un límite temporal, frente a las situaciones particulares consagradas en la norma que determine ese lapso, es decir, se establece una oportunidad, para que en uso de ella, se promueven litigios, so pena de fenecer la misma y con ella la posibilidad de tramitar una demanda judicial y llevarla a buen término. Asimismo, se fundamenta en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente, tornándose en ininterrumpidas. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para las personas, en ejercicio de un medio control y, con el fin de satisfacer una pretensión específica, acudan a la organización jurisdiccional del estado, a efectos de que el respectivo litigio o controversia sea resuelto con carácter definitivo por un juez de la república con competencia para ello.

Así las cosas, es la propia ley la que asigna una carga(2) a los asociados del conglomerado social para que, ante la materialización de un determinado hecho, actúen con diligencia en cuanto a la reclamación efectiva de los derechos reconocidos sustancialmente por las disposiciones jurídicas que de dichos supuestos fácticos se desprenden, sin que las partes puedan convenir en su desconocimiento, modificación o alteración. Que para la demanda interpuesta son 2 años contados a partir del último pago realizado por la entidad o de los 18 meses siguientes contados a partir de la ejecutoria de la providencia que lo condenó.

4. Ahora bien, en este punto conviene precisar que la nueva codificación introdujo una modificación sustancial respecto de los medios de control, pues con el anterior Código Contencioso Administrativo éstos se denominaban acciones judiciales, de manera que, existían tantas acciones como medios de control establecía la ley. Con el nuevo código se abolió esta denominación, bajo el entendimiento de que es una sola acción contenciosa administrativa, y varias las pretensiones establecidas para ejercerla. De allí que, sea pertinente establecer una distinción entre ambas figuras jurídicas con miras a determinar el alcance de la modificación.

Pues bien, se tiene que respecto al concepto de acción y a su naturaleza jurídica, no ha sido muy pacífico la discusión en la doctrina procesal, pues se ha considerado a la acción entre otro como: i) una reacción a una lesión de un derecho sustancial, ii) una facultad o iii) un derecho subjetivo mediante el cual se puede obtener tutela del estado por sentencia favorable(3). No obstante, existir esta disparidad en la doctrina, en la actualidad se entiende que es el derecho público subjetivo que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión mediante un proceso(4).

Por otro lado, se ha entendido a la pretensión como la petición en concreto(5), esto es, lo que se pide con la demanda. A este respecto la doctrina ha sostenido: “pero cuando contemplamos la demanda en su entidad propia, aparece inevitablemente la pretensión como el fin concreto que el demandante persigue, es decir, las declaraciones que pretende se hagan en la sentencia; esa pretensión es, por lo tanto, el petitum de la demanda, lo que se pide en ella que sea reconocido o declarado en la sentencia a favor del demandante”(6). De su parte, la jurisprudencia de esta Corporación le ha definido:

“La pretensión. Cuando el numeral 2º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo señala como requisito que ha de contener toda demanda que se dirija a esta jurisdicción especializada que se exprese “lo que se demanda”, se está refiriendo claramente a la pretensión, en la misma forma en que lo hace el numeral 5º del artículo 75 del Código de Procedimiento Civil cuando expresa: “lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad”. Valga la pena anotar que en el anteproyecto presentado por el exconsejero Jorge Valencia Arango a la Consideración de la Comisión Asesora del gobierno para la redacción de lo que es hoy el Código Contencioso Administrativo adoptado mediante el Decreto-Ley número 1º de 1984 se recogía como texto el numeral 2º en comentario, exactamente la misma literatura que utiliza el numeral 5º del artículo 75 del Código de Procedimiento Civil. De manera, pues, que tanto el numeral 2º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo como el 5º del artículo 75 del Código de Procedimiento Civil aluden a un mismo requisito de la demanda: la pretensión, denominada también “petitum” o petición que es, para volver a la terminología del Código Contencioso Administrativo lo que se demanda”, lo que se pide al juzgador que declare o decrete en la sentencia”.

(…).

“La pretensión por tanto, responde a la pregunta “¿qué demanda el actor?” y es con base en la respuesta que a tal interrogante se encuentre en el “petitum” de la demanda como el juez debe fallar para no incurrir en una sentencia incongruente”(7)

En este orden, es claro que existe una distinción entre ambas instituciones procesales, pues de sus definiciones se colige el derecho de acción se traduce en el derecho de solicitar tutela judicial al Estado, mientras que la pretensión es la solicitud en concreto que se formula en ejercicio de este derecho. De manera que, sea jurídicamente posible ejercer el derecho de acción sin tener un derecho subjetivo material que permita que sean estimadas las pretensiones formuladas en la demanda. O en otros términos, como lo expresa el tratadista Hernan Fabio López Blanco; “Acción es derecho a pedir algo, y pretensión es ya ese algo en concreto, especificado; la acción es única, no admite clasificaciones; la pretensión permite multitud de ellas”.

Así, se tiene que instituir la nueva categorización respecto de los medios de control, el legislador incurrió en una grave contradicción que desconoce estos elementos esenciales de la teoría general del proceso, comoquiera que en el artículo 164 se establece la oportunidad de presentación de la demanda atendiendo al medio de control ejercido, que es lo mismo, que es lo mismo que señalar el término de caducidad respectivo, y es en este punto donde se configura la incongruencia por cuanto la caducidad no opera respecto de pretensiones sino de las acciones, de manera tal que, si lo que se quería era adoptar un criterio unívoco de acción, debió señalarse igualmente un único término de caducidad, toda vez que de la redacción de la disposición se observa que la modificación igual que en el derecho francés, fue un cambio en la denominación del medio de control y una mutación sustancial en la concepción de la acción y la relación de ésta con las pretensiones.

5. En el caso concreto se tiene que la sentencia de reparación directa quedó ejecutoriada el 1º de junio de 2009, y el ultimó pago por concepto de la condena impuesta en esa providencia se realizó el 18 de agosto de 2010, esto es, antes de que se cumplieran los 18 meses que establece el artículo 177 inciso 4º del Código Contencioso Administrativo(8), por tanto el término de caducidad empezó a correr desde el 19 de agosto de 2010 y hasta el 19 de agosto de 2012, no obstante, el 19 de diciembre de 2011, la entidad demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la procuraduría judicial para asuntos administrativos, que se celebró el 16 de febrero de 2012.

En sede de este punto, es necesario precisar si para el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es exigible la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para las demandas presentadas en ejercicio del medio de control de repetición.

El artículo 161 de CPACA establece los requisitos previos para demandar y respecto de la conciliación extrajudicial puntualiza:

“ART. 161.—Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:

“(…) Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.

“En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente prohibida.

“Cuando la administración demanda un acto administrativo que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, no será necesario el procedimiento previo de conciliación”.

A la luz de la norma precedente, se extraen las siguientes conclusiones: i) la conciliación extrajudicial es un requisito de procedibilidad frente a asuntos que por naturaleza serían conciliables para tres tipos de pretensiones: a) nulidad y restablecimiento del derecho, b) reparación directa y c) controversias contractuales; ii) No será requisito de procedibilidad cuando la misma administración demanda una acto administrativo que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos y, iii) en los demás eventos, siempre que no esté prohibida el conciliación, es facultativo de la parte demandante hacer uso del medio alternativo de resolución de conflictos que a modo de ejemplo, se encuentra la pretensión de repetición.

A su vez, el inciso segundo del artículo 613 del Código General del Proceso(9); preceptúa:

“ART. 613.—Audiencia de conciliación extrajudicial en los asuntos contenciosos administrativos.

“(…) No será necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelante, como tampoco en los demás procesos en los que el demandante pida medida cautelar o cuando quien demanda sea una entidad pública”.

Puede entenderse que para el Código General del Proceso son tres los eventos en los que no se hace necesario agotar la conciliación como requisito previo a la demanda, a saber: i) en procesos ejecutivos; ii) cuando el demandante pida medida cautelar de carácter patrimonial y iii) cuando el demandante sea una entidad pública.

Como conclusión del sucinto bosquejo sobre la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad en materia de lo contencioso administrativo, se encuentra que frente a demandas de repetición el ordenamiento jurídico no exige agotar la conciliación como requisito previo a su presentación, y en este punto, se hace oportuno mencionar que estas disposiciones conservaron la postura que sobre el asunto mantenía esta Corporación, en tanto que mediante auto del 3 de marzo de 2010 inaplicó el parágrafo 4º del Decreto 1719 de 2009, que hacía procedente la conciliación como requisito de procedibilidad para las acciones de repetición, porque se expidió con extralimitación de funciones y adicionalmente, iba en contravía con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, y en el parágrafo 4º del artículo 37 de la Ley 640 de 2001(10).

Es necesario observar conjuntamente con este punto, que si bien la conciliación no es un requisito exigible para las demandas de repetición, ello no significa que si se presenta la solicitud ante la procuraduría no se suspende el término de caducidad para presentarla, todo lo contrario, opera con los mismos efectos y bajo las mismas condiciones establecidas para los eventos en que si se establece como una exigencia.

Así las cosas, este término se suspendió por el lapso de 1 mes y 27 días. Por lo que en estricto sentido, hasta el 15 de octubre de 2012 se extendía la oportunidad para presentar la demanda, pero que por ser un día festivo se correría hasta el día hábil siguiente(11), esto es, el 16 de octubre. Sin embargo, ese día inició el paro judicial por lo que se suspendió este término, que a juicio el tribunal se extendió hasta el 11 de diciembre de dicha anualidad, por ser el día hábil siguiente al de la culminación de cese de actividades.

Vista así las cosas, se tiene que se revocará la decisión del tribunal comoquiera que, contrario a lo señalado en la providencia, la fecha de terminación del paro no fue el 10 de diciembre de 2012, sino, como se observa en la constancia secretarial del 12 de diciembre de esa misma anualidad, que obra a folio 150 del cuaderno del tribunal, el paro judicial se desarrolló entre el 16 de octubre de 2012 y el 7 de diciembre de esa misma anualidad, periodo en el que se suspendieron tanto los términos judiciales como el ingreso de empleados y público en general a las instalaciones judiciales.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la aludida constancia secretarial certifica que el cese de actividades transcurrió desde el martes 16 de octubre de 2012 hasta el viernes 7 de diciembre de esa misma anualidad, se encuentra que la demanda debió presentarse el 10 de diciembre de 2012, fecha que corresponde al día hábil siguiente al de la terminación del paro judicial, no obstante, se hizo el 11 de diciembre, esto es, de manera extemporánea, por lo cual, deberá revocarse la providencia y consecuencia y en consecuencia declarar la caducidad de la acción.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. Revócase el auto del 15 de agosto de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo del Caquetá, en el que no se declaró probada la excepción de caducidad, en la audiencia, y en su lugar, Declárese probada la excepción de caducidad del mismo medio de control.

2. Ejecutoriada esta providencia, por secretaría, devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cargo.

Notifíquese y cúmplase».

1 Auto de unificación del 25 de junio de 2014. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P: Enrique Gil Botero. Exp.: 49.299.

2 “(…) durante la marcha del proceso son innumerables las ocasiones en que corresponde a la parte ejercitar determinado acto, cuya omisión le traerá la perdida de una oportunidad procesal; es lo que se denomina cargas procesales”. DEVIS Echandía, Hernando “Teoría general del proceso”, Ed. Universidad Editores, Buenos Aires, pág. 44.

3 Al respecto ver Echandía, H.D. Compendio de derecho procesal. Tomo I. Ed. ABC. Bogotá. 1978.

4 López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento civil. Parte general. Dupre Editores. Bogotá. 2002.

5 Ibídem

6 Echandía, H.D. Compendio de derecho procesal. Tomo I. Ed. ABC. Bogotá. 1978.

7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 20 de febrero de 1989. Exp. 1397. M.P.: Antonio José de Irrisarri Restrepo.

8 Se aplica la norma del CCA de conformidad con lo establecido en el artículo 624 del CGP, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1997.

9 De conformidad con el numeral 1º del artículo 627 del Código General del Proceso el artículo 613 y otras disposiciones entraron a regir a partir de la promulgación de esa codificación, esto es, el 12 de julio de 2012 y la demanda se presentó en el mes de diciembre del mismo año. El resto de las disposiciones del C.G.P., entraron a regir, para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, el 1º de enero de 2014, según los establecido en ese mismo precepto, y lo definido por la Sala Plena de esta Corporación en auto del 25 de junio de 2014, Expediente: 49.299 C.P.: Enrique Gil Botero.

10 10. Sobre el particular, en auto del 3 de marzo de 2010. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. MP: Enrique Gil Botero. Exp. 37.765 se expresó:
“Resulta procedente, por tanto destacar que el decreto reglamentario excedió sus facultades, al ampliar los efectos del artículo 13 de la ley 1285 de 2009, a la acción de repetición, toda vez que esta última enuncia equivocadamente las acciones a las que se les aplica este requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial y que en su orden son, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la de reparación directa y la de controversias contractuales, así como también contrario el parágrafo 1º del artículo 37 de la Ley 640 de 2001, que dispone expresamente que el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial no se aplica a la acción de repetición
“(…) En virtud de lo anterior, la Sala inaplicará el parágrafo 4º del artículo 2º del decreto reglamentario 1716 de 2009 por ilegalidad, para en su lugar, dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 37 de la Ley 640 de 2001, en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 y en la Sentencia C-713 de 2008 de la Corte Constitucional, que analizó la constitucionalidad del mismo. Conforme a lo anterior, encuentra en la sala que erró el tribunal al extender la aplicación del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial a la acción de repetición que se examina en el presente caso, pues el artículo 13 de la Ley 1285 es taxativo en la enumeración de las acciones a las que pretende aplicarse, y el parágrafo 1º del artículo 37 de la Ley 640 de 2001, lo es al sostener que el requisito no tendrá aplicación en las acciones de repetición.

11 Sobre la suspensión de plazos ver artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal.