Auto 2012-00071 de julio 15 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad. 11001032800020120007100

Consejera Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Actor: Rodrigo Uprimny Yepes y Otros

Demandado: Gustavo Enrique Morales Cobo, Superintendente Nacional de Salud

Acción de nulidad electoral

Bogotá, D.C., quince de julio de dos mil trece

EXTRACTOS: « Consideraciones

Teniendo en cuenta el estado actual del proceso, de conformidad con el artículo 286 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sería del caso fijar la fecha para la audiencia de alegaciones y juzgamiento. Empero, el acaecimiento de la situación que adelante se refiere impone que se decrete la terminación anticipada del proceso.

Los actores alegan que deben existir como mínimo tres mujeres como superintendentes dentro de la estructura del estado colombiano, a efectos de cumplir la cuota mínima legal de mujeres en esta categoría de cargos de alto nivel decisorio, puesto que el 30% de un total de 10 superintendencias, “solo se alcanza cuando existen al menos tres mujeres posesionadas en dicho cargo”.

No obstante ser así, ocurre que, encontrándose en estado de adelantarse el respectivo trámite y de producirse la providencia correspondiente, se presenta como hecho de conocimiento público, que la composición del conjunto de superintendentes existente para el momento de la instauración de la demanda, cambió.

Ello, debido a que el señor Presidente de la República designó a la doctora Olga Lucia Londoño Herrera como Superintendente de Economía Solidaria, a la doctora María del Pilar González Moreno como Superintendente de Subsidio Familiar y a la doctora Patricia Duque Cruz como Superintendente de Servicios Públicos

En efecto, en el expediente obra prueba de los correspondientes actos de nombramiento y de las respectivas constancias de posesión (Fls. 117-119 y 122-124).

Entonces, en la actualidad, las damas que faltaban para completar la cuota mínima de 3 Superintendentes dentro de la estructura del Estado, ya está efectivamente incorporada

Así, ante este panorama, continuar el trámite de un proceso que versa sobre el examen de legalidad de un acto administrativo de designación de un servidor público, consistente en establecer si en este sector de cargos del más alto nivel el señor Presidente de la República atiende o no a la ley de cuotas en lo que a los superintendencias atañe, representaría en este caso desatender los principios superiores de economía y de eficacia que rigen la función judicial, puesto que hay carencia de objeto.

Porque bajo el entendido de la perspectiva del efecto útil que se pretende con esta específica clase de demanda: hacer que se atienda por el nominador la exigencia legal de que al menos un número mínimo de mujeres deben incorporarse como superintendentes en Colombia, el propósito está cumplido.

De esta manera, la omisión que antes podía afectar el nombramiento se encuentra ya saneada o convalidada, luego cesaron las razones que podrían conducir a sancionar con nulidad el pronunciamiento presidencial.

Por consiguiente, bajo una lógica jurídica de naturaleza finalística frente a lo que materialmente constituye la razón de ser del derecho de acceso a la administración de justicia, cuando como en este caso la causa que motivó la solicitud de tutela judicial cesó, se impone aplicar la prevalencia del derecho sustancial, principio superior orientador de una racional administración de justicia, así como también, realizar los valores superiores de economía y de eficiencia que la Constitución Política impone al juez.

En consecuencia, al igual que en casos similares al que ahora ocupa la atención del despacho(1), se declarará la cesación del trámite del medio de control impetrado.

Para el efecto, se pone de presente que si bien tal figura no encuentra consagración expresa en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es pertinente tomar en cuenta que la presente “medida está expresamente autorizada en las acciones de tutela, cuando hay satisfacción extraprocesal del reclamo de garantía constitucional para el goce de un derecho fundamental. La acción de nulidad electoral también es una acción pública y el derecho a ser elegido o nombrado es un derecho fundamental”(2).

Sobre el particular, vale la pena aclarar que la dinámica del derecho impone que ante situaciones que expresamente no estén previstas en el ordenamiento jurídico y que, por ende, carecen de reglas procesales, el juez en estudio de avanzada sobre los rigorismos formales, pueda aplicar los principios superiores que rigen la función judicial, como son la economía procesal, la eficacia y la celeridad.

Sin perjuicio de lo anterior, el despacho considera pertinente instar al señor Presidente de la República para que en lo sucesivo tenga muy presente los mandatos de la Ley 581 de 2000 en todas las categorías de altos empleos de la administración pública que son de su nominación.

Por lo expuesto, se

RESUEVE:

1. DECLARAR que ha operado la cesación de la acción electoral, atendiendo a los argumentos que fundamentan esta providencia.

2. INSTAR al señor Presidente de la República para que en lo sucesivo observe la Ley 581 de 2000, cuandoquiera que realice nombramientos en los altos empleos de la administración pública que son de su competencia.

3. Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Entre otras ver, auto del 12 de julio de 2012. Consejo de Estado, Sección Quinta. Exp. 2012-0037. Actor. Rodrigo Uprimny y otros. C.P. Susana Buitrago Valencia.

(2) Ídem.