Auto 2012-00089 de febrero 11 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 54001233300020120008901

Número interno: 19830

Consejero Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Actor: Ingeniería Orinoco y Cía. Ltda. - INOR Ltda. contra la DIAN

Auto

Bogotá, D.C., once de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, consagran los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho.

Las pretensiones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho tienen por finalidad restablecer el orden jurídico que ha sido quebrantado por la administración al expedir actos administrativos que infringen normas de carácter superior.

La pretensión de nulidad se dirige contra actos administrativos generales y busca restaurar el ordenamiento jurídico, en tanto que, la de nulidad y restablecimiento del derecho tiene además de esa finalidad la de restablecer un derecho subjetivo que resultó afectado por los actos de la administración.

El inciso 4º del artículo 137 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo consagró la posibilidad de demandar la nulidad de actos administrativos de contenido particular(1). El ejercicio de esta pretensión está enmarcado en las reglas contempladas en los numerales 1º al 4º del mencionado inciso.

Según, el numeral 1º no se puede pedir la nulidad de un acto administrativo particular cuando con la demanda se persigue el restablecimiento de un derecho o, cuando de la sentencia de nulidad se produce el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.

Si ello ocurre, el juez deberá tramitar la demanda conforme a las reglas de la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, admitiéndola previa comprobación de los requisitos de procedibilidad.

Pues bien, en este caso, la sociedad demandante indica que pretende la nulidad de un acto administrativo de carácter particular con el único fin de que se restablezca el ordenamiento jurídico lesionado por este.

Sin embargo, resulta claro que de acceder a las pretensiones de la demanda se generaría un restablecimiento automático del derecho, pues la sociedad contribuyente quedaría liberada de la obligación de pagar la sanción que le impuso la DIAN por no enviar la información por el año gravable 2006.

De acuerdo con lo anterior, a esta demanda se le debe imprimir el trámite de la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, de tal forma que para decidir sobre su admisión es necesario analizar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para su procedibilidad.

La sociedad demandante dirige sus pretensiones contra las resoluciones 900003 del 3 de abril de 2012, por medio de la cual DIAN negó una solicitud de revocatoria directa, la 72412010000163 del 6 de mayo de 2010, en la que la DIAN le impuso sanción por no informar, además contra el pliego de cargos 72382009000260 del 20 de octubre de 2009.

Pues bien, en cuanto a la resolución que decidió la solicitud de revocatoria directa formulada por la sociedad demandante es necesario aclarar que según lo establece el artículo 96 del CPACA ni la solicitud de revocatoria de un acto administrativo ni su decisión reviven los términos para demandar el acto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Esto implica que los términos de caducidad para ejercer las respectivas pretensiones ante la jurisdicción se deben contar a partir de la publicación o notificación del acto administrativo tal como los ha fijado la ley, pues estos términos son perentorios, entre otras cosas, para garantizar la seguridad jurídica.

En conclusión, la Resolución 900003 del 3 de abril de 2012, no es un acto demandable ante la jurisdicción contencioso administrativa y, en consecuencia, la demanda que se interpuso contra esta es improcedente.

De otra parte, la sociedad demandante pretende que se declare la nulidad del pliego de cargos en el que la DIAN le propuso la sanción por no enviar información por el año gravable 2006. El pliego de cargos es un acto de trámite por medio del que la autoridad tributaria propone al contribuyente la sanción que corresponde a una infracción en la que este haya incurrido. Es decir, el pliego de cargos no es un acto administrativo definitivo que contenga la voluntad de la administración y, por ello, no es demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En este caso, el acto administrativo definitivo es la resolución sanción, contra la que procedía el recurso de reconsideración, como requisito previo para demandar (CPACA, art. 161, num. 2º).

Ahora bien, tal como lo manifestó el apoderado de la sociedad demandante, esta no interpuso el recurso de reconsideración contra la resolución sanción a pesar de que tanto el pliego de cargos como dicha resolución le fueron notificados al representante legal de la sociedad, por lo tanto, en el caso bajo estudio no se cumplieron los requisitos previos para demandar y, en consecuencia, la demanda debe ser rechazada.

En definitiva, tal como lo consideró el a quo en el auto apelado y, de acuerdo con las consideraciones precedentes, la demanda interpuesta en el proceso de la referencia debe rechazarse por improcedente.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE,

CONFÍRMASE el auto de 26 de septiembre de 2012, proferido por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander.

En firme esta providencia, regrese el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».


(1) El artículo 137 CPACA le da carácter normativo a la teoría de los móviles y finalidades desarrollada por el Consejo de Estado, reiterando la sentencia de Sala Plena del 10 de agosto de 1961, M.P. Carlos Gustavo Arrieta Alandete.