Auto 2012-00097/54040 de agosto 1 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Rad.: 19001-23-31-000-2012-00097-01 (54040)

Consejero Ponente:

Dra. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Andrea Salazar Quesada

Demandado: Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación

Acción: Reparación directa

Asunto: Auto de aprobación o no aprobación de la conciliación

Bogotá, D.C., primero de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia

Decide el Despacho la aprobación o no aprobación del acuerdo conciliatorio logrado entre las partes en esta instancia, dentro del proceso de reparación directa que cursa, y en el que el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca profirió sentencia de primera instancia el 14 de agosto de 2014 en la que declaró responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación-Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por los perjuicios morales causados a la parte actora por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Antonio Salazar Santa, desde el 27 de septiembre de 2006 y hasta el 11 de noviembre de 2009. Lo anterior, teniendo en cuenta que este Despacho es competente para conocer del asunto según lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, en el Decreto 597 de 1988, la Ley 446 de 1998, la Ley 640 de 2001 (artículos 43 a 45); conforme a las pautas establecidas en el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008(27).

2. La conciliación en materia de lo Contencioso Administrativo

La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos, mediante el cual las partes que integran un conflicto procesal solucionan sus diferencias(28), con la intervención de un tercero calificado y neutral, el cual llevará y dirigirá la celebración de la audiencia de conciliación. Son conciliables(29) todos los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y todos aquellos que de manera expresa determine la ley de conformidad con los artículos 64 y 65 de la Ley 446 de 1998.

Así mismo, se advierte que la conciliación tiene cabida, entre otros asuntos, en los de naturaleza cognoscitiva, cuyo objeto radica en terminar el proceso, total o parcialmente, antes de que se profiera sentencia, tal como lo dispuso el legislador en el artículo 59 de la Ley 23 de 1991, modificado por el artículo 70 de la Ley 446 de 1998. Así:

“ART. 59.—Modificado Ley 446 de 1998, artículo 70. Asuntos Susceptibles de Conciliación. Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo”.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional son varios los elementos característicos de la conciliación como mecanismo de solución de conflictos: (1) la autocomposición de acuerdo con la cual “las partes pueden abordar la solución del conflicto, ya sea comunicándose e intercambiando propuestas directamente —y en este caso estamos ante una negociación—, o bien con la intervención de un tercero neutral e imparcial que facilita y promueve el diálogo y la negociación entre ellas y —en ese evento nos encontramos ante la mediación—, en cualquiera de sus modalidades”(30); (2) que se vierta en “un documento que por imperio de la ley hace tránsito a cosa juzgada y, por ende, obligatorio para estas”(31); y, (3) tiene dos acepciones: “una jurídico procesal, que lo identifica o clasifica como un mecanismo extrajudicial o trámite procedimental judicial que persigue un fin específico; y otra jurídico sustancial que hace relación al acuerdo en sí mismo considerado. Bajo estar dos acepciones son las partes las que en ejercicio de su libertad dispositiva deciden voluntariamente si llegan o no a un acuerdo, conservando siempre la posibilidad de acudir a la jurisdicción, es decir, a los órganos del Estado que constitucional y permanentemente tienen la función de administrar justicia para que en dicha sede se resuelva el conflicto planteado”(32).

En tanto que la jurisprudencia de la Sección Tercera la “decisión frente a la aprobación de la conciliación está íntimamente relacionada con la terminación del proceso; si se trata de una conciliación judicial y esta es aprobada, el auto que así lo decide pondrá fin al proceso; si en el auto no se aprueba la conciliación esa providencia decide sobre la no terminación del proceso, dado que la no aprobación impide la finalización del mismo”(33). A dicha posición se agrega por la jurisprudencia que de la “misma manera que la transacción, la conciliación es un negocio jurídico en el que las partes terminan extrajudicial o judicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. La validez y eficacia de ese negocio jurídico en asuntos administrativos, está condicionada a la homologación por parte del juez quien debe ejercer un control previo de la conciliación con miras a verificar que se hayan presentado las pruebas que justifiquen la misma, que no sea violatoria de la ley o que no resulte lesiva para el patrimonio público en la medida en que la ley establece como requisito de validez y eficacia de la conciliación en asuntos administrativos la previa aprobación u homologación por parte del juez, hasta tanto no se produzca esa aprobación la conciliación no produce ningún efecto y por consiguiente las partes pueden desistir o retractarse del acuerdo logrado, no pudiendo por tanto el juez que la controla impartirle aprobación u homologarla cuando media manifestación expresa o tácita de las partes o una ellas en sentido contrario”(34).

Finalmente, la Sección Tercera considera en su jurisprudencia que “el solo acuerdo de voluntades de las partes o el reconocimiento libre y espontáneo que alguna de ellas manifieste en torno de las razones de hecho y de derecho que contra ella se presenten, si bien es necesario no resulta suficiente para que la conciliación sea aprobada en materia Contencioso Administrativa, puesto exige el legislador que, al estar de por medio los intereses y el patrimonio público, el acuerdo conciliatorio deba estar soportado de tal forma que en el momento en el cual se aborde su estudio, al juez no le quepan dudas acerca de la procedencia, la legalidad y el beneficio —respecto del patrimonio público— del mencionado acuerdo conciliatorio. Así las cosas, cualquier afirmación —por más estructurada y detallada que este sea— por medio de la cual se reconozca un derecho como parte del objeto del acuerdo conciliatorio y que genere la afectación del patrimonio público, debe estar debidamente acreditada mediante el material probatorio idóneo que produzca en el juez la convicción de que hay lugar a tal reconocimiento”(35).

3. El caso concreto

De conformidad con lo consagrado en el artículo 65 literal a) de la Ley 23 de 1991, modificado por el artículo 73 de la Ley 446 de 1998, cuyo parágrafo fue derogado por el artículo 49 de la Ley 640 de 2001, para la aprobación del acuerdo conciliatorio se requiere la concurrencia de una serie de presupuestos(36) a saber: (1) que no haya operado la caducidad de la acción; (2) que las partes que concilian estén debidamente representadas, y que los representantes o conciliadores tengan capacidad o facultad para conciliar; (3) que verse sobre derechos económicos disponibles por las partes; (4) que lo reconocido patrimonialmente esté debidamente respaldado en la actuación; y, (5) que no resulte abiertamente lesivo para las partes.

De acuerdo con estos presupuestos el Despacho examina la concurrencia de los mismos en el caso en concreto.

3.1. Que no haya operado la caducidad

Para determinar la caducidad de la acción es necesario hacer referencia al numeral 8º(37) del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Con base en esta norma y tratándose de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, se tiene que el cómputo para determinar la caducidad empieza a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que absolvió al sindicado de la responsabilidad penal(38).

Además, cabe anotar que de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 se instituyó la realización de una audiencia de conciliación ante el Ministerio Publico, como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción de reparación directa.

En este sentido, el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 y el Decreto 1716 de 2009 indican que la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el termino de caducidad de la acción, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio “o” hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley “o” hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la misma ley “o” hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, “lo que ocurra primero”.

Finalmente y considerando que la caducidad implica la pérdida de oportunidad para reclamar por vía judicial los derechos que se consideren vulnerados por causa de la actividad del Estado, solo se debe proceder a su declaración cuando existan elementos de juicio que generen certeza en el juez respecto de su acaecimiento; por lo que ante la duda se deberá dar trámite al proceso a fin de que en el mismo se determine, sin asomo de dudas, la configuración o no de la caducidad.

Aplicadas estas prescripciones al sub lite se observa que mediante la providencia de 9 de noviembre de 2009, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán resolvió absolver al señor Antonio Salazar Santa, de los cargos a él imputados por el delito de Secuestro Extorsivo. Providencia que quedó ejecutoriada el 17 de noviembre de la misma anualidad(39) .

El término de caducidad se suspendió cuando la parte actora convocó a la parte demandada a conciliación prejudicial el día 15 de noviembre de 2011, tiempo que se reanudó a partir del 15 de febrero de 2012, día siguiente a la celebración del acuerdo de conciliación parcial entre la parte actora y la parte demandada Nación-Fiscalía General de la Nación, según constancia emitida por el Ministerio Público(40).

Teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 16 de febrero de 2012(41), en efecto la acción de reparación directa se ejerció dentro del término previsto por la ley.

Así las cosas, la caducidad de la acción de reparación directa no ha operado, por lo tanto, el acuerdo conciliatorio es admisible, respecto de este presupuesto.

3.2. Que las partes que concilian estén debidamente representadas, y que los representantes o conciliadores tengan capacidad o facultad para conciliar

Las partes celebraron el negocio jurídico de mandato con quienes las representan, de acuerdo con el artículo 2142 del Código Civil y conforme al artículo 65 del Código de Procedimiento Civil. En el presente caso, dicho mandato se materializó a través de poder especial, amplio y suficiente conferido por los actores a su apoderado para que los represente en este juicio, surtiéndose a plenitud todos sus efectos jurídicos y, por consiguiente, el acuerdo conciliatorio obliga a todos los poderdantes, en razón a que el mandatario judicial de estos contaba con la facultad expresa para ello, mandato que fue conferido de manera libre y voluntaria.

Así las cosas, el despacho encuentra demostrado que la parte demandante está debidamente representada por el abogado Danny Tomás Vivas Angulo, quien actúa en nombre de la parte actora y con plenos poderes para conciliar(42) y a quien se le reconoció personería jurídica por auto de 21 de marzo de 2012, proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca(43).

En cuanto a la Nación – Rama Judicial, obra poder visible a folio 280 del cuaderno principal, en virtud del cual se le confieren facultades expresas para conciliar a la abogada Jenny Paola García Cortes como apoderada sustituta del ente público demandado, y cuya personería jurídica fue reconocida en el trámite de la audiencia de conciliación celebrada ante esta Corporación el veintiséis (26) de abril de 2017(44).

Así las cosas, según el precedente anterior, observa el despacho que se cumple también con este presupuesto.

3.3. Que verse sobre derechos económicos disponibles por las partes

Tratándose de conflictos en los cuales una de las partes la integra el Estado, son susceptibles de conciliación aquellos que por su naturaleza puedan ser sometidos a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante cualquiera de las acciones contempladas en los artículos 85, 86 y 87 del C.C.A(45), pues estas acciones son de naturaleza económica. Este requisito se cumple en el presente asunto, si se tiene en cuenta que la parte demandante reclama de la Nación —Rama Judicial— Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la indemnización de perjuicios ocasionados por los daños materiales e inmateriales causados como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Antonio Salazar Santa, según consta en las pruebas obrantes en el sumario. Así las cosas, se concluye que el presente, es un litigio que envuelve pretensiones de contenido económico.

Verificado entonces que, en efecto, los derechos reclamados por la parte actora son de naturaleza patrimonial, y por tal carácter, de contenido económico y particular, este Despacho constata que el acuerdo logrado entre las partes se enmarca dentro de los lineamientos del artículo 64 de la Ley 446 de 1998, es decir, que cumple con el requisito de ser un asunto susceptible de conciliación, transacción y desistimiento.

3.4. Que lo reconocido patrimonialmente esté debidamente respaldado en la actuación

El despacho advierte que durante la actuación surtida en primera instancia se logró acreditar:

1. La privación injusta de la libertad del señor Antonio Salazar Santa, conforme a los siguientes medios de convicción:

— Copia de la providencia de 29 de junio de 2005, en la que la Fiscalía Quince Especializada Delegada ante el Grupo Gaula - Ejército de Cali, decretó la apertura de la investigación previa por el presunto ilícito de Secuestro Simple, del que fuera objeto el señor Rodrigo Isaac Velosa Caicedo(46).

— Copia de la providencia de 13 de diciembre de 2005(47), en la que la Fiscalía Quince Especializada Delegada ante el Grupo Gaula - Ejército de Cali, decretó la apertura de instrucción por la comisión del presunto delito de Secuestro Extorsivo Agravado, vinculando mediante indagatoria, al señor Antonio Salazar Santa y otro, y ordenando librar en su contra la respectiva orden de captura(48).

— Copia del Informe 1223 del Gaula Valle(49), en el que consta que en cumplimiento de la orden de captura en contra del señor Salazar Santa, este fue capturado el día 14 de diciembre de 2005, en una diligencia de allanamiento y registro al bien inmueble donde residía.

— Copia del Acta de derechos del Capturado de 14 de diciembre de 2005(50).

— Copia de la providencia de 14 de diciembre de 2005, en la que la Fiscalía Quince Especializada Delegada ante el Grupo Gaula - Ejército de Cali, fijó fecha para la diligencia de indagatoria y ordenó librar la respectiva Boleta de encarcelación para ante el Director de la Cárcel de Villahermosa de esta ciudad(51). Además se dispuso que una vez se practicaran las diligencias ordenadas, se remitiera la investigación por competencia, a las Fiscalías Delgadas ante los Juzgados Penales del Circuito de Popayán.

— Copia de la providencia de 13 de enero de 2006(52), mediante la que la Fiscalía Cuarta Especializada de Popayán resuelve la situación jurídica del Señor Antonio Salazar Santa, profiriendo en su contra medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad provisional, como posible coautor del delito de Secuestro Extorsivo Agravado.

— Copia de la boleta de detención emitida por la Fiscalía ante el Director de la Cárcel de Villahermosa de Cali el 16 de enero de 2006(53).

— Copia de providencia de 14 de agosto de 2006 en la que la Fiscalía Cuarta Especializada de Popayán califica el mérito del sumario profiriendo la resolución de acusación en contra del señor Antonio Salazar Santa por el punible de Secuestro Extorsivo Agravado(54).

— Copia del Oficio 781 S/132688 de 27 de septiembre de 2006 en el que, una vez ejecutoriada la resolución de acusación, la Fiscalía Cuarta Especializada de Popayán remitió la investigación al Juzgado Especializado (O. de R)(55).

— Copia del auto de 3 de octubre de 2006, en el que la Auxiliar judicial del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán(56), paso al Despacho el expediente, indicando que por reparto de 27 de septiembre, de la Unidad de asignaciones de la DESAJ, Seccional Cauca, correspondió al Juzgado su conocimiento.

— Copia del auto de 3 de octubre de 2006 en el que Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán avoca la etapa del juicio en la causa seguida en contra del señor Antonio Salazar Santa y se dispone legalizar la detención del procesado (…) ante el Director de la Cárcel “Villahermosa” de Cali, Valle del Cauca(57).

— Copia de la boleta de detención Nº 063 proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán el 3 de octubre de 2006, dirigida al Directo de la Cárcel de “Villahermosa” de Cali, Valle del Cauca, solicitando mantener detenido hasta nueva orden al detenido Antonio Salazar Santa(58).

— Copia del acta de la Audiencia preparatoria celebrada ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán del 24 de noviembre de 2006(59) dentro del proceso por Secuestro Extorsivo Agravado seguido contra Antonio Salazar Santa.

— Copia del acta de la Audiencia pública celebrada ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán del 29 de enero de 2007(60) dentro del proceso por Secuestro Extorsivo Agravado seguido contra Antonio Salazar Santa.

— Copia del auto de 1º de julio de 2009(61), proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán en la que, por solicitud del defensor del procesado, se resuelve decretar la sustitución temporal de la detención preventiva impuesta al señor Antonio Salazar Santa, por la detención domiciliaria, por el estado de grave enfermedad que padece el imputado, previo depósito de caución prendaria y la correspondiente suscripción de la diligencia de compromiso el día 2 de julio de 2009(62).

— Copia de la boleta de prisión domiciliaria Nº 001 de 2 de julio de 2009(63) del señor Antonio Salazar Santa.

— Copia de la sentencia de 9 de noviembre de 2009, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán en la que se resolvió absolver al señor Antonio Salazar Santa —en aplicación del principio de in dubio pro reo— de los cargos a él imputados por la Fiscalía Cuarta Especializada Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Popayán y ordenó en consecuencia su libertad(64).

— Copia de la Boleta de libertad Nº 011 de 11 de noviembre de 2009(65).

Habiendo entonces, prueba suficiente del daño antijurídico consistente en la privación de la libertad, cuya responsabilidad administrativa es atribuible a la parte demanda, Fiscalía General de la Nación, desde el 14 de diciembre de 2005 fecha en la que fue capturado el señor Salazar Santa en un allanamiento a su bien inmueble y puesto a disposición del ente acusador y hasta el día 27 de septiembre de 2006, fecha en la que fue remitida la investigación por la Fiscalía al Juzgado Especializado (O. de R.) quedando por tanto privado a partir de la fecha a cargo del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán, a quien le correspondió por reparto el conocimiento del proceso, detención que se prolongó hasta el día 11 de noviembre de 2009, como consta en la correspondiente boleta de libertad.

En este punto, se recuerda que dado que la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación fue definida en la primera instancia, al punto de que el ente acusador, se reitera, llegó a un acuerdo conciliatorio con la parte demandante, el cual fue aprobado por el a quo y, de manera consecuente, hizo tránsito a cosa juzgada.

En cambio, respecto de la responsabilidad de la Rama Judicial si bien se encuentra probado que el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán profirió la sentencia absolutoria a favor del señor Antonio Salazar Santa, permitiendo que con ello cesará la causación del daño que hoy se alega, sin embargo, la entidad demandada excedió el término legal otorgado para proferir la sentencia sin que obre en el expediente justificación alguna para ello, circunstancia que contribuyó a la prolongación injustificada de la privación de la libertad del señor Salazar Santa.

Resalta el despacho, que de conformidad con el artículo 26 de la Ley 600 del 2000(66), el ejercicio del ius puniendi para la época de ocurrencia de los hechos se radicaba en la Fiscalía General de la Nación y en la Rama Judicial, de ahí que la primera le hubiera impuesto medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación al señor Salazar Santa y la segunda, a través de sus actuaciones lo hubiera mantenido privado durante toda la etapa del juicio, primero manteniéndolo en reclusión intramural y posteriormente otorgándole la medida sustitutoria de detención domiciliaria el 1º de julio de 2009, circunstancia que se prolongó hasta 11 de noviembre de 2009, como lo evidencia la respectiva boleta de libertad, emitida con posterioridad a la sentencia absolutoria de 9 de noviembre de la misma anualidad.

De modo, que no comparte este Despacho las consideraciones planteadas por el Ministerio Público en el curso de la Audiencia de Conciliación celebrada ante esta Corporación para oponerse al acuerdo logrado entre las partes, en la medida que, de acuerdo con lo probado en el proceso, la Rama Judicial si contribuyó a la materialización de los perjuicios cuya reparación se pretende.

En consecuencia habiendo mérito suficiente para proferir sentencia condenatoria en primera instancia, el acuerdo conciliatorio logrado por las partes habrá superado el requisito del respaldo probatorio del reconocimiento patrimonial efectuado en dicha providencia, según se desprende de la actuación surtida en el curso de las instancias.

Luego, se cumple este presupuesto para la aprobación de la conciliación lograda por las partes en sede de audiencia de conciliación.

3.5. Legitimación en la causa de la parte demandante

En cuanto a la legitimación en la causa por activa, si bien en la demanda se señaló como prueba adjunta, el Registro Civil de Nacimiento de Andrea Salazar Quesada(67), sin embargo dicho documento no reposa en el expediente. Así que aunque el Tribunal de primera instancia aceptó como prueba de la relación filial entre la señora Salazar Quesada y la víctima directa Antonio Salazar Sánchez el testimonio rendido por el señor Jesús Oswaldo Gil Sandoval(68)al considerar que la declaración daba claridad sobre la relación familiar que existía entre la víctima y la demandante, y puesto que lo afirmado allí no ha sido desvirtuado, ni el testimonio tachado de sospechoso o falso. Sin embargo, este Despacho, resalta que puesto que el estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, y a partir de la entrada en vigencia del Decreto 1260 de 1970 la única prueba válida para acreditar la filiación es el registro civil de nacimiento ya que conforme al artículo 105, los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos. De modo que, resalta el despacho, al analizar el testimonio rendido en primera instancia, este no se configura en prueba suficiente para probar la legitimación de la actora Andrea Salazar Quesada.

De esta manera, ante la ausencia de la prueba indispensable para acreditar la condición en la que la demandante dice actuar en el proceso, no se puede validar su legitimación en la causa por activa y por lo tanto al no cumplirse con este presupuesto, no se podrá aprobar la conciliación lograda por las partes en esta instancia judicial.

3.6. Que no resulte abiertamente lesivo para las partes

Siendo de naturaleza pública una de las partes intervinientes en el trámite de la conciliación a que llegaron las partes en el presente proceso, se debe tener en cuenta que la solución acordada en este conflicto llevará una pretensión económica que impactará el patrimonio público, razón por la cual debe buscarse que lo conciliado sea proporcional para las partes en litigio, sin que con ello le cause una mayor erogación —en razón del resarcimiento de los perjuicios— al Estado.

Así pues, las partes con miras a finalizar el proceso, en la audiencia celebrada el veintiséis (26) de abril 2017, acordaron voluntariamente la siguiente fórmula de arreglo, de acuerdo con lo establecido en el Acta de 13 de enero de 2017 del Comité Seccional de Defensa Judicial y Conciliación de la Rama Judicial(69), reconociendo el pago del 70% del valor de la condena impuesta en primera instancia, cifra que teniendo en cuenta el SMLMV a la fecha de celebración del Comité asciende a la suma de $ 41.312.152 pesos. Pago que se realizará en los términos establecidos en el artículo 177 del CCA(70).

Sin embargo, puesto que se ha verificado que no existe prueba suficiente de la legitimación en la causa de la parte actora, pese a que en el caso concreto se encuentra que las partes que concilian están debidamente representadas y que los representantes tienen la facultad para conciliar y que el asunto versa sobre derechos económicos disponibles por las partes, el acuerdo de conciliación alcanzado por las partes en sede judicial no podrá ser aprobado(71).

En consecuencia y en virtud de expuesto, la conciliación judicial celebrada en esta instancia por la parte actora Andrea Salazar Quesada y la Nación —Rama Judicial— Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no se aprueba, para que, en su lugar, la Sala proceda a decidir de fondo el asunto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, despacho ponente:

RESUELVE:

1. NO APROBAR el acuerdo conciliatorio judicial logrado entre la parte actora Andrea Salazar Quesada y la Nación —Rama Judicial— Dirección Ejecutiva de Administración Judicial durante la audiencia judicial realizada el día veintiséis (26) de abril de 2017, en los términos de la parte motiva de esta providencia.

2. Una vez en firme la presente providencia, DEVOLVER al despacho el proceso para continuar con el trámite normal del proceso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

27 Radicado: 11001-03-26-000-2008-00009-00(IJ).

28 Corte Constitucional, Sentencia C-165 de 29 de abril de 1993. “La conciliación es no solo congruente con la Constitución del 91, sino que puede evaluarse como una proyección, en el nivel jurisdiccional, del espíritu pacifista que informa a la Carta en su integridad. Porque, siendo la jurisdicción una forma civilizada y pacífica de solucionar conflictos, lo es más aún el entendimiento directo con el presunto contrincante, pues esta modalidad puede llevar a la convicción de que de la confrontación de puntos de vista opuestos se puede seguir una solución de compromiso, sin necesidad de que un tercero decida lo que las partes mismas pueden convenir”. Corte Constitucional, Sentencia C-598 de 2011. “La conciliación como mecanismo de resolución extrajudicial de resolución de conflictos se ha definido como ‘un procedimiento por el cual un número determinado de individuos, trabados entre sí por causa de una controversia jurídica, se reúnen para componerla con la intervención de un tercero neutral —conciliador— quién, además de proponer fórmulas de acuerdo, da fe de la decisión de arreglo y [sic] imparte su aprobación. El convenio al que se llega como resultado del acuerdo es obligatorio y definitivo para las partes que concilian’. La nota característica de este mecanismo de resolución de conflictos es la voluntariedad de las partes para llegar a la solución de su controversia, pues son ellas, ayudadas por el conciliador que no tiene una facultad decisoria, quienes presentan las fórmulas de acuerdo con las que se espera poner fin a sus divergencias. Es, entonces, un mecanismo de autocomposición porque son las partes en conflicto y no un tercero, llámese juez o árbitro, quienes acuerdan o componen sus diferencias”.

29 “(…) En relación con las materias propias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la ley igualmente precisa los supuestos a los cuales les es aplicable, en lo previsto en sus artículos 59 a 65, regulando igualmente la conciliación prejudicial y judicial. En efecto, se podrá conciliar, en las etapas prejudicial o judicial sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial que ante la jurisdicción contencioso-administrativa se ventilarían mediante las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa, y sobre controversias contractuales (art. 59). A diferencia de las previsiones de la ley en asuntos laborales, en los contencioso-administrativos la conciliación prejudicial no es obligatoria, como requisito de procedibilidad (art. 60).
En el artículo 65 de la Ley 23, se dispone que cuando no se haya intentado conciliación prejudicial, solo autorizada a partir de esa ley, “en el auto en que la admita” (la demanda), el Magistrado o Consejero ordenará al fiscal adelantar la conciliación. Luego se trata de los procesos contencioso-administrativos en ejercicio de las acciones contenidas en los artículos 85, 86 y 87 del C.C.A., y, que se inicien con posterioridad al 21 de marzo de 1991, en los que se surtirá, según el caso, en la etapa denominada judicial, la conciliación en este tipo de acciones”; Corte Constitucional, Sentencia C-215 de 9 de junio de 1993.

30 Corte Constitucional, Sentencia C-1195 de 2001. “[…] Si bien el término conciliación se emplea en varias legislaciones como sinónimo de mediación, en sentido estricto la conciliación es una forma particular de mediación en la que el tercero neutral e imparcial, además de facilitar la comunicación y la negociación entre las partes, puede proponer fórmulas de solución que las partes pueden o no aceptar según sea su voluntad”.

31 Corte Constitucional, Sentencia C-598 de 2011.

32 Corte Constitucional, Sentencia C-598 de 2011. “[…] Entendida así, la conciliación debe ser asumida como un mecanismo que también hace efectivo el derecho a la administración de justicia, aunque sea esta menos formal ni un dispositivo que tenga como fin principal la descongestión judicial, pues si bien esta se convierte en una excelente alternativa para enviarla, no se le puede tener ni tratar como si esta fuera su única razón de ser”.

33 Sección Tercera, auto de 24 de agosto de 1995, expediente 10971.

34 Sección Tercera, auto de 1 de julio de 1999, expediente 15721; de 3 de marzo de 2010, expediente 26675.

35 Sección Tercera, auto de 3 de marzo de 2010, expediente 37644.

36 Sección Tercera, autos de 3 de marzo de 2010, expediente 37644; de 3 de marzo de 2010, expediente 37364; de 3 de marzo de 2010, expediente 30191.

37 (…) La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

38 Esta es la forma en que se contabiliza el término de la acción de reparación directa en los eventos de privación injusta de la libertad, según la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación. Posición que puede observarse en sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera de 3 de marzo de 2010, expediente 36473 y auto del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, de 9 de mayo de 2011, expediente: 40324.

39 Fl. 921, C.3.

40 Fls. 2 y 3, C. 1.

41 Fls. 15 y 16, C.1.

42 Fl. 1, C.1.

43 Fl. 18, C.1.

44 Fl. 276, C. Ppal.

45 “(…) Serán conciliables los conflictos de carácter particular y de contenido económico que pueda conocer la jurisdicción Contenciosa en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y contractuales, reguladas en los artículos 85, 86 y 87 del C.C.A, a excepción de los asuntos tributarios (…)” Consejo de Estado, Sección tercera, 25 de Mayo de 2000, CP. Jesús María Carrillo Ballesteros.

46 Fls. 27 y 28, C.6.

47 Fl.321-325, C.5.

48 Fl. 327, C.5.

49 Fls. 338-342, C.5.

50 Fl. 343, C.5.

51 Fl. 350, C.5.

52 Fls. 423-434, C.2.

53 Fl, 477, C.2.

54 Fls. 610-625, C.4.

55 Fl. 644, C.4.

56 Fl. 647, C.4.

57 Fl. 648, C.4.

58 Fl. 649, C.4.

59 Fls. 685-688, C.4.

60 Fls. 717-748, C.4.

61 Fls. 784-788, C.4.

62 Fl. 795, C. 4.

63 Fl. 797, C.4.

64 Fls. 832-912, C.3.

65 Fl. 920, C.3.

66 “ART. 26.—Titularidad. La acción penal corresponde al Estado y se ejerce por la Fiscalía General de la Nación durante la etapa de la investigación y los jueces competentes durante la etapa del juzgamiento; la Corte Suprema de Justicia adelanta la investigación y el juzgamiento en los casos contemplados en la Constitución Política. El Congreso ejerce la acción penal excepcionalmente” (se resalta).

67 Fl. 11, C. 1.

68 Fls. 953-955, C.3.

69 Fls. 287-293, C. Ppal.

70 Fl. 277, C. Ppal.

71 Artículo 65ª Ley 446 de 1998: “La autoridad judicial improbará el acuerdo conciliatorio cuando no se hayan presentado las pruebas necesarias para ello, sea violatorio de la ley o resulte lesivo para el patrimonio público” (subrayado propio).