Auto 2012-00112 de junio 19 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2012 00112 01.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Acción popular – Consulta.

Actora: Marlen Cecilia Rodríguez y otros.

Bogotá, D. C., diecinueve de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

De conformidad con el artículo 41 de la Ley 472 de 1998, la persona que incumpliere una orden judicial dictada dentro de una acción popular, incurrirá en multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, conmutables en arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción tiene lugar, previo trámite incidental, cuando se verifica que se ha superado el término concedido para la ejecución de la orden y se demuestra la renuencia, negligencia o capricho en acatarla, por parte de la persona encargada de su cumplimiento.

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se configuran los elementos objetivos y subjetivos para que proceda la sanción por desacato.

La sentencia objeto de cumplimiento resolvió:

“Sexto: ORDENAR al municipio de Firavitoba que dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, gestione y ejecute los proyectos necesarios que permitan solucionar los problemas que se evidencian en el río Chiquito, a fin de garantizar la debida protección de los intereses y derechos colectivos invocados en la demanda, procediendo a la correspondiente canalización, profundización, construcción de muros de contención, y demás obras necesarias que aseguren el flujo normal del agua, en época de lluvias”.

Séptimo: ORDENAR al municipio de Firavitoba y a Usochicamocha, que dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, ejecuten en el canal de desagüe en cuestión, las respectivas obras de rehabilitación y ampliación que sean necesarias, en aras de prevenir futuras inundaciones en el sector” (resaltado fuera de texto).

Al trámite incidental se allegaron las siguientes pruebas:

— Convenio suscrito con Corpoboyacá, cuyo objeto es: “aunar esfuerzos logísticos, administrativos y financieros entre Corpoboyacá y el municipio de Firavitoba para realizar acciones de mitigación y atención del riesgo por la temporada invernal de 2012” (fl. 22).

— Contrato de prestación de servicios núm. 039-2012, para el alquiler de maquinaria para dragado, limpieza y conformación de jarillones de canales (fl. 28).

— Informe del contratista de la Unidad de Gestión del Riesgo.

— Certificaciones expedidas por la tesorería municipal de los rubros destinados a la atención de la emergencia invernal (fls. 34 y 35).

— Contrato de servicios 019-2013, cuyo objeto es: la elaboración de estudios y diseños para la presentación de proyectos de cicloruta, alcantarillado, sanitario, canalización río Chiquito y diseño alameda en el municipio de Firavitoba” (fl. 77).

De las pruebas allegadas al trámite incidental, advierte la Sala que el alcalde del municipio de Firavitoba ha adelantado gestiones encaminadas a desarrollar obras en el canal de desagüe del río Chiquito, relacionadas con su limpieza y drenaje (Convenio 5 de 2013), así como obras de mitigación de los efectos generados con la temporada invernal del año 2012 (Convenio Interadministrativo 2012-061), pero no ha dado cabal cumplimiento a la orden de protección de los intereses y derechos colectivos de la comunidad afectada con los desbordamientos en el sector de la vereda Cartagena.

Y ello es así, por cuanto la sentencia dejó en claro que el objeto de la controversia era la violación de los derechos colectivos “de los habitantes de los predios aledaños al río Chiquito en la vereda Cartagena, en el municipio de Firavitoba y de los usuarios del distrito de riego del Alto Chicamocha del citado ente territorial”. También, más adelante la providencia recalcó que “(…) el hecho principal que plantea esta acción popular, es el desbordamiento del río Chiquito, sobre todo en época de invierno, lo cual ocasiona la inundación de la vereda Cartagena en el municipio de Firavitoba” (resaltado fuera de texto).

Es decir, que el alcalde ha pretextado el cumplimiento del fallo en la complejidad de las tareas que deben desarrollarse, que exigen soluciones a largo plazo, pero lo cierto es que no se acreditó la realización de ninguna obra tendiente a asegurar “el flujo normal del agua” del río Chiquito, en el sector de la vereda de Cartagena.

No hay duda de que solucionar las inundaciones que impactan al municipio, requiere de una serie de gestiones administrativas, tales como la celebración de convenios y la destinación presupuestal con acompañamiento de los recursos del departamento y de la Nación, como lo ha puesto de presente el alcalde. Sin embargo, el fallo del tribunal le otorgó un plazo perentorio para que adelantara las obras necesarias para solucionar la problemática planteada en la demanda, es decir, en el sector de la vereda Cartagena, sin que se haya demostrado que las tareas, hasta el momento adelantadas, han contribuido al cumplimiento del amparo otorgado en ese sentido.

Por último, conviene traer a colación el informe del comité de verificación del cumplimiento de la sentencia (fl. 94)(1), en el que se concluye que: “se han ejecutado obras tendientes a mitigar el objeto de la acción popular, por lo cual se le exhorta al señor alcalde de Firavitoba para que continúe adelantando las acciones pertinentes que conlleven al cumplimiento integral del fallo”, lo que, sumado a las probanzas del plenario, que dan cuenta del cumplimiento parcial de la sentencia, permite aplicar una rebaja de la sanción impuesta al incidentado a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

Primero: MODIFÍCASE el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia consultada, en relación con el monto de la sanción, el cual será de cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes, con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.

Segundo: CONFÍRMASE en lo demás, la providencia consultada.

En firme la presente providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(1) Acta de la Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria de Boyacá de la sentencia de 22 de enero de 2013.