Auto 2012-00124 de marzo 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad. 050012333000201200124 01 (48578)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Demandante: Inversiones Giraldo Osorio e Hijos

Demandados: departamento de Antioquia y otros

Medio de control: reparación directa

Bogotá, D.C., veintisiete de marzo de dos mil catorce.

Procede la Sala a pronunciarse sobre el recurso de apelación presentado por la demandante Inversiones Giraldo Osorio e Hijos, contra la decisión adoptada el 24 de julio de 2013 en la audiencia inicial del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, declaró probada la excepción previa de caducidad del medio de control de reparación directa (fls. 1216-1217, cdno. ppal. 3).

Antecedentes

Mediante escrito presentado ante el Tribunal Administrativo de Antioquia el 23 de julio de 2012, la sociedad Inversiones Giraldo Osorio e Hijos S. en C. presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra del departamento de Antioquia, el área metropolitana del Valle de Aburrá y la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura (fls. 1 a 36, cdno. ppal. 1). En la demanda se formularon las siguientes pretensiones (fls. 24 a 25, cdno. ppal. 1):

“PRIMERA: Que se DECLARE la responsabilidad administrativa de la gobernación de Antioquia, al área metropolitana del Valle de Aburrá y la Nación colombiana - rama judicial - Consejo Superior de la Judicatura por los daños, perjuicios y sus correspondientes actualizaciones, causados a la sociedad Inversiones Giraldo Osorio e Hijos, identificado con NIT 890935931-4, propietaria del inmueble expropiado.

SEGUNDO: Que se CONDENE a la gobernación de Antioquia, al área metropolitana del Valle de Aburrá y la Nación colombiana - rama judicial - Consejo Superior de la Judicatura a pagar por los perjuicios materiales causados, debidamente actualizados a la sociedad Inversiones Giraldo Osorio e Hijos, identificado con NIT 890935931-4, propietaria del inmueble expropiado.

En la modalidad de lucro cesante por la suma de ($ 276.641.423), que es el valor faltante al avalúo realizado por la objeción y que quedó en firme, el cual calculó los valores, correspondientes a los valores que dejaron de ingresar al patrimonio de la sociedad demandada.

TERCERO: Que se CONDENE a la gobernación de Antioquia, al área metropolitana del Valle de Aburrá y la Nación colombiana - rama judicial - Consejo Superior de la Judicatura a pagar por los perjuicios materiales causados debidamente actualizados a la sociedad Inversiones Giraldo Osorio e Hijos, identificado con NIT 890935931-4, propietaria del inmueble expropiado.

En la modalidad de daño emergente, por la suma de ($ 467.479.653) por concepto del material extraído del lote denominado la “Mina”, correspondiente a los valores materiales extraídos sin permiso del terreno de su propiedad sin autorización alguna, valor que salió de su patrimonio, sin ser cancelado e (sic) que ingresó al patrimonio de las entidades demandadas sin pagar por él.

CUARTO: Que se CONDENE a la gobernación de Antioquia, al área metropolitana del Valle de Aburrá y la Nación colombiana - rama judicial - Consejo Superior de la Judicatura a pagar por el perjuicio inmaterial causados (sic) debidamente actualizados al señor Gustavo Giraldo Osorio representante legal y socio mayoritario de la sociedad Inversiones Giraldo Osorio e Hijos, identificado con NIT 890935931-4, propietaria del inmueble expropiado.

En la modalidad de perjuicio moral el valor correspondiente a 100 SMLMV, correspondiente a la suma de ($ 56.670.000), para el señor Gustavo Giraldo Osorio, quien ha sido el representante legal de la sociedad y uno de los propietarios, por el sufrimiento y desgaste realizado en el proceso de expropiación judicial, proceso penal, procesos ejecutivos e interposición de recursos, por la desazón causada a esta persona natural, sin razón alguna para aguantar.

Total perjuicios lucro cesante la suma de ($ 276.641.423) + daño emergente, por la suma de ($ 467.479.653) + perjuicio moral por la suma de ($ 56.670.000) = Total $ 800.791.076”.

La demanda se sustentó en los hechos sintetizados a continuación:

1. La sociedad Inversiones Giraldo Osorio e Hijos S. en C. era propietaria de un lote de tierra ubicado en el municipio de Copacabana del departamento de Antioquia, lote que posteriormente fue dividido por su dueño en dos lotes, uno que se denominó Parcela Nº 77 y el otro como La Mina.

2. Debido a que por el lote mencionado en el numeral anterior iba a construirse una parte del proyecto para el desarrollo vial Aburrá Norte (doble calzada Niquía - Hatillo), el 17 de mayo de 2005, el departamento de Antioquia presentó oferta de compra a la sociedad Inversiones Giraldo Osorio e Hijos S. en C. en la que expresó que el lote a adquirir tenía una extensión de 7.850.00 m2, y se avaluaba en doscientos ochenta y cinco millones cien mil pesos ($ 285.100.000) (fls. 41 a 42, cdno. ppal. 1).

3. Ante la negativa de la sociedad Inversiones Giraldo Osorio e Hijos S. en C. de aceptar la oferta de compra presentada por el departamento de Antioquia, el gerente del proyecto de desarrollo vial Aburrá Norte expidió la Resolución 2 del 10 de octubre de 2005, mediante la cual ordenó por motivos de utilidad pública e interés iniciar el trámite judicial de expropiación previsto en la Ley 388 de 1997 contra la sociedad antes mencionada para adquirir el lote descrito así: “La faja de terreno tiene una extensión superficiaria de siete mil ochocientos cincuenta metros cuadrados (7.850 m2), está ubicado entre las abscisas 5 + 038 a la 5 + 200 compuesto de dos lotes de terreno, y que se encuentra ubicado en el municipio de Copacabana, departamento de Antioquia...” (fls. 53 a 56, cdno. ppal. 1).

4. Una vez ejecutoriada la decisión adoptada por el gerente del proyecto de desarrollo vía Aburrá Norte, el 2 de diciembre de 2005, el departamento de Antioquia presentó demanda ante el Juzgado Civil del Circuito de Girardota contra la sociedad Inversiones Giraldo Osorio e Hijos S. en C., con el propósito de expropiarle a esta última las siguientes zonas de terreno de su propiedad (fls. 63 a 68, cdno. ppal. 1):

“Predio 11-II: La faja de terreno tiene una extensión superficiaría de siete mil ochocientos cincuenta metros cuadrados (7.850.00 m2), está ubicado entre las abscisas 5 + 038 a la 5 + 200, del proyecto, compuesto de dos lotes de terreno, y se encuentra ubicado en el municipio de Copacabana, departamento de Antioquia comprendido dentro de los linderos y específicos que más adelante se relaciona y los que corresponden a la parcela nuecero 77 de la parcelación Villa Roca, restándole, la venta parcial realizada al departamento de Antioquia mediante escritura pública 1.351 del 09-12-98 de la notaría de Copacabana quedándole dos lotes bajo la misma matricula cuya descripción es la siguiente. Lote 1: con una extensión de mil setecientos veinticinco metros cuadrados (1.725 m2) (...) Lote 2; con una extensión de seis mil ciento veinticinco metros cuadrados (6.125 m2) (...). Ambos lotes se encuentran determinados en la ficha que se anexa”.

En el escrito de la demanda civil de expropiación también se solicitó en la pretensión cuarta que se ordenara la entrega anticipada del inmueble objeto de la expropiación (fl. 64, cdno. ppal. 1).

5. El 9 de marzo de 2006, el departamento de Antioquia adicionó la demanda civil de expropiación porque, a su criterio, con posterioridad a la presentación de la demanda la sociedad Inversiones Giraldo Osorio e Hijos S. en C. efectuó un reloteo del predio objeto de expropiación a través de la escritura pública 482 de 17 de febrero de 2006, acto del que surgieron dos nuevas matrículas inmobiliarias, a saber, las matriculas 012-58440 y 012-58441 (fls. 110 a 113, cdno. ppal. 1).

Los dos nuevos lotes se identificaron con los siguientes linderos generales (fl. 3, cdno. ppal. 1.):

“i. Se seguirá conociendo como parcela Nº 77: Con un área de 3.932 m2 y que linda por el sureste del punto 1602 al punto 1490, pasando por los puntos 1.497 y 1.496, en 178.50 metros lineales con predio que se vendió para el proyecto del desarrollo vial Aburrá Norte y en 14 metros con la parcela Nº 78; por el suroeste en 61 metros con la Normal Superior de Señoritas María Auxiliadora, por el noroeste en 47 metros lineales con la Normal Superior de Señoritas María Auxiliadora y en 87 metros lineales con la parcela 75, por el noreste en 59 metros lineales con la parcela 78.

ii. Se seguirá conociendo como La Mina: Con un área de 3.918 m2 y que linda por el sureste en 164 metros lineales con la Autopista Norte, por el suroeste en 22.97 metros lineales con propiedad del municipio de Copacabana (parcela Nº 76), noroeste del punto 1588 al punto 1583 en una longitud de 166.14 metros lineales con predio que se vendió para el proyecto de desarrollo vial Aburrá Norte, por el noroeste en 31.92 metros lineales con propiedad del departamento de Antioquia (Parcela Nº 78)”.

6. Según la sociedad demandante, durante la construcción del proyecto de desarrollo vial Aburrá Norte se retiraron sin autorización de los propietarios del predio denominado La Mina un total de 36.662 metros cúbicos de material, el cual fue utilizado por el consorcio encargado del proyecto vial al momento de construir la vía y que no ha sido cancelado por la gobernación de Antioquia. Con el propósito de demostrar la extracción del material, la parte demandante señaló que puso de presente la situación radicando los siguientes derechos de petición: i) derecho de petición presentado el 20 de octubre de 2003 ante la secretaria de planeación municipal de Copacabana, ii) derecho de petición presentado el 29 de enero de 2004 y dirigido al gerente del proyecto vial Aburrá Norte, número de radicado 13480, y iii) derecho de petición presentado el 8 de marzo de 2004 y dirigido igualmente al gerente del proyecto vial Aburrá Norte, número de radicado 41457 (fls. 4, 5 y 6, cdno. ppal. 1).

7. Mediante sentencia del 22 de marzo de 2006, el Juzgado Civil del Circuito de Girardota decidió, entre otros aspectos, decretar a favor del departamento de Antioquia la expropiación de los bienes raíces determinados con las matriculas inmobiliarias 012-3142, 012-58440 y 012-58441 de la oficina de registro de Girardota, bienes que hacían parte de una faja de terreno de 7.850 m2, y que en razón al loteo realizado a través de escritura pública de Nº 482 de 22 de febrero de 2006 quedaron descritos como dos (2) lotes denominados parcelación Nº 77, con área de 3.932 m2, y La Mina, con área de 3.918 m2. En esta sentencia también se ordenó el avalúo del bien inmueble expropiado y la correspondiente indemnización por daño emergente y lucro cesante, para lo cual designó como perito al auxiliar de la justicia Oscar Octavio Hernández Paucar (fls. 114 a 123, cdno. ppal. 1). La sociedad Inversiones Giraldo Osorio e Hijos S. en C. presentó oportunamente recurso de apelación contra esta sentencia.

8. Estando en curso el recurso de apelación, el 31 de julio de 2006, el perito Oscar Octavio Hernández Paucar rindió el dictamen pericial ordenado por el Juzgado Civil del Circuito de Girardota y en este llegó a las siguientes conclusiones relevantes (fls. 162 a 169, cdno. ppal. 1): i) que el lote número uno denominado parcela 77 tenía una área total de 6.781.91 m2 y se encontraba avaluado en $ 332.313.590, ii) que el lote número dos denominado La Mina tenía un área total de 3.957.75 m2 y se encontraba avaluado en $ 229.549.500, y iii) que en total el departamento de Antioquia debía cancelar a la sociedad Inversiones Giraldo Osorio e Hijos S. en C. el equivalente a $ 561.863.090 por indemnización de los predios expropiados. La demandante departamento de Antioquia presentó objeción por error grave contra este dictamen pericial (fls. 177 a 178, cdno. ppal. 1).

9. Con ocasión a la objeción por error grave presentada, el Juzgado Civil del Circuito de Girardota decretó un nuevo peritazgo y para su elaboración designó a la auxiliar de la justicia Marcela Morales Londoño, quien rindió su dictamen el 9 de abril de 2007 formulando las siguientes conclusiones relevantes (fls. 180 a 230, cdno. ppal. 1): i) que el lote denominado parcela Nº 77 tenía un área total de 6.774 m2, ii) que el lote denominado La Mina tenía un área total de 3.918 m2, y iii) que el avalúo de los dos lotes arrojaba un valor de $ 780.315.000.

10. El 28 de julio de 2009, la Sala Novena de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín profirió sentencia en la que confirmó en su integridad el fallo dictado por el Juzgado Civil del Circuito de Girardota el 22 de marzo de 2006, aclarando los linderos de los predios expropiados (fls. 129 a 159, cdno. ppal. 1).

11. Una vez devuelto el proceso de expropiación, la demandada Inversiones Giraldo Osorio e Hijos S. en C. solicitó al Juez Civil del Circuito de Girardota la actualización del segundo avalúo efectuado en el proceso expropiatorio, pues este había sido elaborado hace más de 3 años. No obstante, esta petición fue negada en auto de 9 de abril de 2010, contra el cual fue presentado recurso de reposición y en subsidio apelación, y que fue confirmado en providencia de 3 de mayo de 2010.

12. Debido a que la sociedad Inversiones Giraldo Osorio e Hijos S. en C. solicitó el 10 de mayo de 2010 que se resolviera sobre la objeción por error grave, a través de auto de 24 de mayo de 2010, el Juzgado Civil del Circuito de Girardota declaró que no prosperaba la objeción presentada y, en consecuencia, dispuso que para efectos de la indemnización se tuviera en cuenta el primer dictamen pericial rendido por el auxiliar de la justicia Oscar Hernández Paucar (fls. 290 a 292, cdno. ppal. 1). En esta providencia tampoco se realizó la actualización del valor reconocido en el dictamen pericial, y a pesar de que la sociedad demandada presentó recurso de reposición y en subsidio apelación en su contra, estos recursos fueron denegados en auto de 14 de julio de 2010.

13. Comoquiera que para el departamento de Antioquia no es claro cuál es el valor que debe pagar por el predio explotado, ya que inclusive el gerente del proyecto de desarrollo Vial Aburrá Norte radicó memorial ante el Juzgado Civil del Circuito de Girardota el 23 de marzo de 2011 solicitando aclarar la situación (fl. 322, cdno. ppal. 1), la sociedad Inversiones Giraldo Osorio e Hijos S. en C. se ha visto en la necesidad de presentar proceso ejecutivo en contra del departamento de Antioquia, pues solamente se le han realizado dos pagos, uno el 23 de abril de 2013 por valor de $ 142.550.000 y otro el 13 de abril de 2011 por valor de $ 140.875.500, quedando un remanente de $ 278.437.590.

14. Finalmente, expresa la sociedad demandante que la suma reconocida en el proceso expropiatorio ha sufrido con el transcurrir del tiempo una pérdida de valor adquisitivo que refleja un detrimento patrimonial para la sociedad demandada, detrimento patrimonial que calculó en la suma de $ 76.563.344 (fl. 13, cdno. ppal. 1).

Trámite adelantado por el a quo

Del trámite de primera instancia se encuentran las siguientes actuaciones relevantes:

1. Por auto del 10 de agosto de 2012, el Tribunal Administrativo de Antioquia inadmitió la demanda para que, entre otros aspectos, se corrigiera en los siguientes puntos (fl. 643 a 644, cdno. ppal. 1): i) que se explicara de manera clara en qué consistía la acción, omisión, operación administrativa, o la ocupación temporal o permanente de inmueble, imputable a cada uno de las entidades demandadas, ii) que se precisara la fecha de ocurrencia de cada uno de los eventos narrados, y la cuantía de cada una de las pretensiones, y iii) que explicara las razones por las que se consideraban acumulables en una sola demanda las pretensiones presentadas en contra de las diferentes entidades demandadas.

2. Estando dentro del término legal, el 28 de agosto de 2012, la parte demandante presentó memorial de corrección de la demanda en el que transcribió nuevamente los hechos de la demanda, y se pronunció, en síntesis, sobre lo solicitado en los siguientes términos (fls. 646 a 663, cdno. ppal. 1):

2.1. Manifestó la parte demandante que el hecho de haberse tenido en cuenta en el proceso judicial de expropiación el primer dictamen pericial y no el segundo generó un enriquecimiento sin causa a favor de la entidad que expropió, ya que el departamento supuestamente pagó un valor menor por el bien expropiado y, consecuencialmente, causó un detrimento a los demandantes (fls. 650 a 651, cdno. ppal. 1).

2.2. Por otra parte, indicó que la vinculación del departamento de Antioquia obedeció a que fue contraparte en el proceso de expropiación y fue la entidad que autorizó la explotación del lote denominado La Mina, del cual se extrajo material que a la fecha no ha sido cancelado.

2.3. Respecto a la vinculación de la rama judicial, señaló que existió una falla en el servicio de la administración de justicia por parte del juzgado que tramitó el proceso de expropiación, porque no tuvo en cuenta el segundo dictamen pericial practicado, el cual no fue objeto de contradicción por las partes del proceso.

2.4. En cuanto a la identidad de causa, indicó que las imputaciones de hecho y de derecho que se realizan tienen como causa común el proceso judicial de expropiación adelantado por el Juzgado Civil de Girardota; sin embargo, debe advertirse que no explicó con detenimiento en que consistió la causa común derivada del referido proceso (fl. 662, cdno. ppal. 1).

2.5. Finalmente, concluyó que lo que se discute es el contenido del auto interlocutorio 153 de 2010, proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Girardota, de donde se deriva la presunta falla en el servicio de la rama judicial al no actualizar el valor del bien inmueble expropiado y hacer incurrir a la gobernación de Antioquia y al área metropolitana en un enriquecimiento sin causa y en la extracción indebida del material de los lotes de los demandantes sin que se efectuara su pago (fl. 663, cdno. ppal. 1).

3. A través de auto del 7 de septiembre de 2012, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda de la referencia en contra del departamento de Antioquia, el área metropolitana Valle de Aburrá y la Nación - rama judicial (fl. 678, cdno. ppal. 1).

4. Dentro del término establecido en la ley, el departamento de Antioquia (fls. 704 a 718, cdno. ppal. 1), el área metropolitana Valle de Aburrá (fls. 962 a 976, cdno. ppal. 2), y la Nación - rama judicial (fls. 697 a 700, cdno. ppal. 1) presentaron contestación a la demanda. Así mismo, en virtud de la aceptación del llamamiento en garantía formulado por el departamento de Antioquia y el área metropolitana Valle de Aburrá, el 12 de junio de 2013, la sociedad Hatovial SAS presentó escrito contestando el llamamiento (fls. 248 a 256, cdno. llamamiento).

5. En los escritos de contestación, el área metropolitana Valle de Aburrá (fl. 972, cdno. ppal. 2), el departamento de Antioquia (fl. 712, cdno. ppal. 1) y la llamada en garantía Hatovial SAS (fl. 251, cdno. llamamiento) propusieron, entre otras, la excepción previa de caducidad del medio de control. De igual manera, la Nación - Rama Judicial (fl. 700, cdno. ppal. 1) y la llamada en garantía Hatovial SAS (fl. 253, cdno. llamamiento) formularon en sus contestaciones la excepción previa de cosa juzgada.

6. Una vez vencido el término de traslado de la demanda y de la adición de la misma, a través de auto del 4 de julio de 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia fijó la fecha del 24 de julio de 2013 para llevar a cabo la audiencia inicial consagrada en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (fl. 1213, cdno. ppal. 2).

7. El 24 de julio de 2013 se llevó a cabo la audiencia inicial referida en el numeral anterior, y estando en la etapa de resolver sobre las excepciones previas propuestas, el magistrado instructor del proceso declaró probada la excepción previa de caducidad frente a los hechos relacionados con el retiro de material —36.662 metros cúbicos— del predio denominado La Mina y respecto de la pretensión tercera de la demanda por versar sobre el hecho caducado (fl. 1216, cdno. ppal. 3). En síntesis, los argumentos utilizados por el magistrado instructor del proceso para declarar la caducidad parcial de la demanda fueron los siguientes (información obtenida del cd obrante en fl. 1224, cdno. ppal. 3):

7.1. Indicó que en el proceso se habían acumulado pretensiones en dos sentidos: i) una que tenía que ver con el retiro de un material —36.662 metros cúbicos— del predio denominado La Mina de propiedad de la demandante, y ii) otra que tenía que ver con lo que consideró la parte demandante un indebido funcionamiento de la administración de justicia que derivó en el enriquecimiento del departamento de Antioquia, pues no se actualizó el dictamen pericial practicado en el proceso de expropiación. El a quo consideró que estas pretensiones eran susceptibles de acumulación, por versar sobre hechos generados por las mismas entidades demandadas y por tratarse del mismo demando, sin embargo, expresó que estas debían cumplir con los requisitos de ley de manera independiente.

7.2. Respecto a la pretensión relativa al retiro de un material del predio denominado La Mina, el magistrado instructor consideró que esta se encontraba caducada porque de los hechos descritos en la demanda era posible deducir que la extracción de material tuvo lugar durante los años 2003 y 2004, y según las pruebas aportadas junto con la demanda, específicamente los derechos de petición radicados ante algunas entidades públicas, la demandante conocía esa circunstancia desde esa época. Por tal motivo, señaló que como el término de caducidad aplicable era el de dos (2) años previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, esto por ser la norma vigente para los años 2003 y 2004, era evidente que la acción de reparación directa se encontraba caducada para el momento de presentación de la demanda de la referencia —23 de julio de 2012—.

8. Durante el trámite de la audiencia inicial celebrada el 24 de julio de 2013, el apoderado judicial de la parte demandante presentó y sustentó recurso de apelación contra la decisión de declarar probada parcialmente la caducidad del medio de control de reparación directa, recurso que fue concedido en la misma audiencia en el efecto suspensivo (fl. 1216 a 1217, cdno. ppal. 3).

Recurso de apelación

Luego de escucharse el contenido del disco compacto obrante en folio 1224 del cuaderno principal 3, en el cual se encuentra la sustentación del recurso de apelación presentado por la parte demandante(1), es posible concluir que el motivo de inconformidad radica en la base a partir de la cual se contabilizó el término de caducidad respecto de la pretensión relativa a la extracción de material del lote denominado La Mina, pues según lo afirmado por la parte inconforme, el término de caducidad debió contabilizarse a partir de la ejecutoria de la providencia en que se concretó el avalúo y linderos de los predios expropiados, esto es, desde el 24 de mayo de 2010, fecha en la que el Juzgado Civil del Circuito de Girardota resolvió la objeción por error grave propuesta en el proceso judicial de extinción de dominio, no desde la época de extracción del material, pues afirma que solamente a la fecha de ejecutoria del avalúo se tuvo total certeza de la propiedad de la sociedad Inversiones Giraldo Osorio e Hijos S. en C. sobre la parte del lote explotada durante la construcción de la vía doble calzada Bello - Hatillo o proyecto Aburrá Norte.

Traslado del recurso

Durante el traslado del recurso de apelación consagrado en el numeral 1º del artículo 244(2) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los apoderados de las entidades públicas demandadas se opusieron a la prosperidad del recurso interpuesto por la parte demandante, por cuanto consideraron que la extracción del material del predio La Mina es un hecho independiente que se produjo y fue conocida por la demandante durante los años 2003 y 2004, y no tuvo incidencia en el proceso judicial de expropiación adelantado contra los dos predios de propiedad de la demandante que resultaron afectados con la construcción de la vía, proceso en el cual, señaló el apoderado del departamento de Antioquia, se pagó el área referida por la parte demandante como explotada. Así mismo, agregó el apoderado del departamento de Antioquia que con anterioridad a la extracción del material se había adquirido un predio a la sociedad Inversiones Giraldo e Hijos S. en C. que posteriormente fue afectado como bien de uso público, predio que no corresponde con el lote La Mina.

Por su parte, el señor agente del Ministerio Público manifestó en la audiencia que coadyuvaba los argumentos expuestos por la parte apelante, porque si para los años 2003 y 2004 no se tenía certeza sobre la propiedad del bien explotado, mal podría considerarse que podía ejercer la acción de reparación directa en esa época, pues carecería de legitimidad para actuar.

Consideraciones

1. Jurisdicción y competencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta corporación y Sala conocen en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra los autos proferidos por los tribunales administrativos, frente a los cuales sea procedente este medio de impugnación.

Así mismo, se encuentra que esta Sala es competente para decidir el recurso de apelación presentado, por cuanto el numeral 6º del artículo 180(3) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo indica que es procedente la apelación contra el auto que decida sobre las excepciones previas, y el artículo 125 ibídem le atribuye a la misma facultad de proferir la presente decisión interlocutoria por encontrarse inmersa en el numeral 1º del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Problemas jurídicos a resolver.

Comoquiera que en el presente caso la parte demandante se encuentra en desacuerdo con la base a partir de la cual se contabilizó el término de caducidad del medio de control de reparación directa respecto de una de las pretensiones de la demanda, y que en la misma se acumularon pretensiones que aparentemente versan sobre hechos distintos, estima la Sala que para decidir el recurso se deben resolver los siguientes interrogantes:

— En primer lugar, se debe determinar si el hecho relativo a la extracción de material del predio denominado La Mina es conexo con el hecho referido al presunto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia alegado en la demanda o, si por el contrario, estas situaciones no podían ser susceptibles de acumulación en el presente proceso por incumplir los requisitos exigidos en el artículo 182 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

— En segundo lugar, en caso de encontrarse procedente la acumulación de pretensiones efectuada por la parte demandante, corresponde a la Sala determinar si se encuentra caducado el medio de control de reparación directa frente a la pretensión relativa a la extracción de material del predio denominado La Mina o, si por el contrario, la demanda fue presentada en tiempo por no encontrarse configurado el fenómeno de la caducidad.

A continuación, procederá la Sala a pronunciarse sobre los interrogantes antes propuestos:

3. Respecto de la acumulación de pretensiones.

Una de las novedades que introdujo el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo previsto en la Ley 1437 de 2011, fue la posibilidad de que se acumularan en un mismo proceso pretensiones que correspondieran a los medios de control de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa, previsión que antes de la expedición de la referida ley no se encontraba consagrada en el Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto 1 de 1984, pues bajo los preceptos de dicha codificación la acción a ejercer dependía básicamente de la fuente del daño y de la temática a tratar —acto administrativo, acción u omisión de la entidad pública, controversia contractual, entre otros—, y no se permitía que se produjera la acumulación de acciones así tuvieran un nexo o conexión común entre ellas, pues se consideraba que eran excluyentes entre sí.

Con el propósito de evitar que un mismo hecho o asunto generara la iniciación de diferentes procesos judiciales en razón a las diferentes fuentes de daño que se pudieran causar, y en atención a los principios de economía, celeridad e igualdad entre las personas inmersas en una misma litis, el legislador estableció en el artículo 165 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que en aquellas demandas presentadas ante esta jurisdicción con posterioridad al 2 de julio de 2012, era posible acumular pretensiones de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa, siempre que estas sean conexas y cumplan los siguientes requisitos: i) que el juez ante el que sean presentadas sea competente para conocer de todas, salvo en los casos en los que se formulen pretensiones de nulidad, pues en este evento será competente el juez que conozca la nulidad, ii) que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias, iii) que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas y iv) que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento.

De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que, en principio, la acumulación de pretensiones fue establecida para acumular pretensiones que correspondieran a un medio de control distinto; sin embargo, atendiendo la finalidad de la norma, que no es otra sino la de evitar la multiplicidad de procesos respecto de un hecho o asunto común, puede afirmarse que también podrían ser acumulables pretensiones que corresponden a un mismo medio de control, siempre y cuando cumplan los requisitos generales consagrados en el artículo 165 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues la circunstancia de acumular pretensiones propias de un mismo medio de control no es oponible con la finalidad de la norma citada.

Así las cosas, procederá la Sala a verificar si las pretensiones formuladas en la demanda objeto de estudio podían ser acumuladas conforme a los hechos descritos en la demanda y en el escrito de subsanación de la misma.

Luego de revisar la demanda y su escrito de subsanación, se encuentra que las pretensiones planteadas pretenden el reconocimiento de perjuicios por dos hechos distintos, a saber, uno referente a la extracción de material del predio denominado La Mina desde el año 2003, y otro relacionado con el presunto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que incurrió el Juez Civil del Circuito de Girardota al no actualizar el valor reconocido en el avalúo a la fecha en que quedó ejecutoriada la providencia que lo aceptó.

Si bien es cierto que en la demanda se solicita el reconocimiento de perjuicios por dos situaciones distintas, estima la Sala que, en principio, en el presente caso las pretensiones derivadas de las mismas pueden ser acumuladas en razón a que las circunstancias fácticas dan lugar a entender que solamente fue hasta que cobró ejecutoria el avalúo de los predios expropiados que se concretaron los supuestos daños atribuidos a las demandadas, circunstancia con la que se cumpliría la exigencia del requisito de conexidad o concurrencia exigido por la ley. Igualmente, se encuentra que el hecho objeto de la apelación cumple con el requisito de competencia porque, en atención a las reglas de determinación de la cuantía previstas en el artículo 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la pretensión presentada respecto al mismo supera los 500 SMLMV exigidos al momento de la presentación de la demanda(4).

Finalmente, en cuanto al requisito consistente en que no haya operado el fenómeno jurídico de la caducidad, por haber sido el asunto objeto de apelación, se analizará con mayor detenimiento por la Sala a continuación.

4. Sobre la caducidad del medio de control de reparación directa.

El fenómeno de la caducidad es un presupuesto procesal de carácter negativo que opera en algunos medios de control contenciosos por el transcurso de un término establecido expresamente en la ley, término que una vez cumplido restringe la posibilidad de acceder a la administración de justicia a través del ejercicio del medio de control correspondiente sobre el cual operó el fenómeno de caducidad. De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el propósito esencial de la caducidad es evitar que las diversas situaciones generadoras de responsabilidad se extiendan de manera indefinida en el tiempo, brindando así seguridad jurídica al convertirlas en situaciones jurídicas consolidadas.

Frente a la caducidad del medio de control de reparación directa, el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que la demanda de reparación directa caducará, por regla general, al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

En efecto el literal i) del numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo indica lo siguiente:

“i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en una fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”.

Por otra parte, bajo la vigencia del Código Contencioso Administrativo anterior, ya esta corporación(5) había señalado que aunque por regla general el término de caducidad debe contabilizarse a partir de la fecha de ocurrencia del daño, en algunos casos resulta necesario identificar el momento preciso en el cual se configura o consolida el daño para poder computar el término de caducidad del medio de control, situación que reviste de complejidad si se tiene en cuenta que en relación con el tiempo no todos los daños pueden ser verificados en un momento exacto, pues es posible que sus efectos se prolonguen en el tiempo o incluso se consoliden en una etapa posterior a la fecha de ocurrencia del hecho dañoso, tal como sucede en los asuntos en los que se pretende atribuir responsabilidad por falla del servicio médico hospitalario cuando las consecuencias del hecho causante del daño son advertidas en una etapa posterior, caso en el cual no es posible contabilizar el término de caducidad desde una fecha anterior a aquella en que se advirtió el daño generado(6).

5. El caso concreto.

Como cuestión preliminar, vale la pena poner de presente que el estudio de la caducidad del medio de control de reparación directa se limitará al hecho relacionado con la extracción de material —36.662 m2— del predio denominado La Mina, ubicado en el municipio de Copacabana - departamento de Antioquia, en atención a que la decisión adoptada en primera instancia y apelada por la parte demandante versó únicamente sobre esta situación y la pretensión que le correspondía. Lo anterior de conformidad en lo establecido inciso inicial del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

Consideró el a quo que el término de caducidad del hecho relacionado con la extracción de material del predio llamado La Mina debía contabilizarse a partir de los años 2003 o 2004, porque según las afirmaciones efectuadas en los hechos de la demanda, la sociedad Inversiones Giraldo Osorio e Hijos S. en C. presentó unos derechos de petición el 20 de octubre de 2003 (fl. 6, cdno. ppal. 1), el 29 de enero de 2004 (fl. 4, cdno. ppal. 1) y 8 de marzo de 2004 (fl. 5, cdno. ppal. 1), en los que ponía de presente la ocupación y extracción del material del predio de su propiedad al secretario de planeación del municipio Copacabana - departamento de Antioquia, en la primera petición, y al gerente del proyecto de desarrollo vial del Aburrá Norte, en las dos últimas.

Para efectos de lograr un mayor entendimiento sobre la razón por la cual el a quo llegó a esa conclusión, a continuación se transcribe una de las solicitudes elevada por la sociedad demandante en la petición radicada el 29 de octubre de 2004 ante el gerente del proyecto de desarrollo vial Aburrá Norte(7):

“E. Abstenerse de seguir utilizando y retirando material del predio distinguido catastralmente como Barrio 18, Predio Nº 1 del municipio de Copacabana perteneciente a la sociedad Inversiones Giraldo Osorio e Hijos hasta definir la situación de dicho predio”.

Aunque la parte demandante no fue del todo clara al diferenciar y describir los hechos dañosos atribuidos a las entidades públicas demandadas, no se pueden pasar por alto tres circunstancias que no habían ocurrido para los años 2003 y 2004, así: i) que solamente fue con el otorgamiento de la escritura pública 482 de 17 de febrero de 2006 que se produjo la división del bien inmueble de propiedad de la demandante, y la consecuente creación del predio denominado La Mina, al cual se le atribuyó en dicho acto solemne un área de 3.918 m2 (fl. 3, cdno. ppal. 1); ii) que durante el trámite del proceso judicial de expropiación iniciado por el departamento de Antioquia, con base en la Ley 388 de 1997, las partes entraron en controversia sobre el área y linderos de los predios objeto de la expropiación, lo que conllevó a que fueran presentados dos dictámenes periciales, a saber, uno elaborado por el perito Oscar Hernández en el que se otorgó al predio La Mina un área de 3.957 m2 (fl. 169, cdno. ppal. 1), y otro elaborado por la perito Marcela Morales Londoño en el que se otorgó al referido lote un área de 3918 m2 (180 a 230, cdno. ppal. 1); y iii) que a través de auto del 24 de mayo de 2010, el Juzgado Civil del Circuito de Girardota decidió en forma definitiva la objeción por error grave planteada contra el dictamen pericial que fijó el avalúo y linderos de los predios expropiados a la demandante (fls. 290 a 292, cdno. ppal. 1).

Si bien es cierto que la sociedad Inversiones Giraldo Osorio e Hijos S. en C. conoció de la ocupación y extracción de material en su predio desde los años 2003 y 2004, de las circunstancias antes planteadas se observa que durante el lapso de tiempo comprendido entre el año 2003 hasta el 24 de mayo de 2010, la sociedad demandante debatió con el departamento de Antioquia sobre el área y linderos de los predios objeto de la expropiación judicial, y que solo fue hasta el 24 de mayo de 2010, fecha en que se resolvió en definitiva la objeción por error grave en el proceso expropiatorio, que se concretó el valor y dimensiones del predio denominado La Mina.

Así las cosas, comoquiera que el área y linderos del predio La mina se concretó en forma definitiva hasta el 24 de mayo de 2010, fecha en la cual quedó en firme el avalúo realizado por el auxiliar de la justicia Oscar Hernández Paucar, estima la Sala que esta debe ser la fecha base para verificar la ocurrencia del fenómeno jurídico de la caducidad. No obstante, debe advertirse que como el fenómeno de caducidad empezó a correr a partir del año 2010, resulta aplicable el término de caducidad de dos (2) años previsto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto 1 de 1984, por ser la norma vigente al momento de su iniciación, de conformidad con lo establecido en el artículo 40(8) de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012.

Bajo los parámetros antes descritos, se tiene que, en principio, la demandante podía presentar la demanda de reparación directa hasta el 25 de mayo de 2012. Sin embargo, como el término de caducidad fue suspendido por presentación de solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación desde el 22 de mayo de 2012 hasta el 19 de julio de 2012(9), y que reanudado el término de caducidad su vencimiento tuvo lugar un día festivo —domingo 22 de julio de 2012—, la demanda podía ser presentada hasta el día hábil siguiente, esto es hasta, el 23 de julio de 2012. Por lo anterior, concluye la Sala que la demanda de reparación directa presentada por la sociedad Inversiones Giraldo Osorio e Hijos S. en C. el 23 de julio de 2012 fue presentada oportunamente, respecto del hecho relativo a la extracción de material del predio denominado La Mina, ubicado en el municipio de Copacabana - departamento de Antioquia.

Por lo anterior, la Sala revocará la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 24 de julio de 2013, mediante la cual declaró probada la excepción previa de caducidad del medio de control de reparación directa frente a la pretensión tercera de la demanda, relacionada con la extracción de material y, en consecuencia, se ordenará dar continuación a la audiencia de que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

6. Cuestiones accesorias para la implementación adecuada del sistema de oralidad establecido en la Ley 1437 de 2011.

Como es bien sabido, la implementación del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo previsto en la Ley 1437 de 2011 modificó en gran medida la metodología procesal que venía siendo utilizada en esta jurisdicción bajo los preceptos del código contenido en el Decreto 1 de 1984, esto por cuanto se pasó de un modelo procesal netamente escrito a un modelo en el que predominan las actuaciones orales de los usuarios de la administración de justicia y de los funcionario habilitados por la Constitución y la ley para impartir justicia. Este cambio que ha venido siendo introducido de manera progresiva por el legislador en las diferentes jurisdicciones que hacen parte de la rama judicial del poder público, se debió en gran medida a la necesidad de imprimir agilidad y rapidez a los asuntos cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y de brindar a la sociedad colombiana una justicia más pronta y oportuna, en desarrollo de las finalidades esenciales del Estado contenidas en el artículo 2º de la Constitución Política.

Toda vez que el cambio de un modelo procesal a otro implica necesariamente un nuevo enfoque en la interpretación y aplicación de las nuevas normas procedimentales, estima la Sala oportuno destacar dos fenómenos importantes, a saber:

1. La Ley 1437 de 2011 establece una novedad consistente en la posibilidad de presentar excepciones previas en los procesos contenciosos tramitados en esta jurisdicción. En efecto, el numeral 6º del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo indica expresamente que se consideran, entre otras, excepciones previas como la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. Si bien es cierto que la precitada norma señaló que las excepciones previas propuestas por los demandados serían resueltas en la audiencia inicial después del saneamiento, dicha disposición no indicó la forma de proceder del juez en caso de proponerse varias excepciones previas, tal como sucedió en el sub judice al ser formuladas las excepciones previas de caducidad y cosa juzgada. Con el fin de evitar que la decisión e impugnación de las decisiones relativas a las excepciones previas sean conocidas por el superior en sede de apelación en varias ocasiones —según el número de excepciones previas propuestas y el momento de su resolución—, lo adecuado, desde el punto de vista procesal, es que en aquellos eventos en los cuales sean propuestas varias de excepciones, las mismas sean resueltas en su totalidad en la audiencia inicial, así se decida en forma favorable una de ellas y se presente recurso de apelación contra una o varias de las restantes, esto por cuanto no se encuentra razonable e iría en contra de los principios de agilidad y economía procesal de la oralidad, que cada vez que se resolviere sobre una excepción y la decisión fuere apelada tuviera que enviarse al superior para su resolución, situación que, además de generar desgaste procedimental, propiciaría una dilación o extensión injustificada de resolución correspondiente.

2. Por otra parte, en cuanto a la aplicación adecuada de la figura de acumulación de pretensiones, es preciso verificar la concurrencia de todos los requisitos consagrados en el artículo 165 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, especialmente el relativo a la competencia del funcionario judicial para conocerlas todas, puesto que es indispensable el cumplimiento de los factores determinantes de competencia establecidos en la nueva codificación, especialmente el factor de competencia en razón a la cuantía, ya que puede suceder que se acumulen pretensiones relativas a hechos distintos que son conexos, pero al momento de revisar la pretensión económica correspondiente a cada hecho se encuentre que frente a una de ellas no se cumple con el requisito de la competencia en razón a la cuantía, pues las pretensiones económicas acumuladas son independientes y no basta con que una de ellas cumpla el requisito para que todas sean conocidas por el mismo juez. Lo anterior resulta apenas razonable si se tiene en cuenta que el requisito de competencia respecto de cada pretensión se consagró en la ley para evitar que una declaratoria de terminación anormal del proceso respecto de una de ellas, pudiera llegar a afectar la competencia del funcionario judicial frente a las otras pretensiones acumuladas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

RESUELVE:

1. REVOCAR la decisión proferida el 24 de julio de 2013 en la audiencia inicial del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, declaró probada la excepción previa de caducidad del medio de control de reparación directa respecto de la pretensión tercera de la demanda.

2. Una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para que continúe con el trámite correspondiente.

3. Por Secretaría, notifíquese esta providencia conforme lo establece el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Danilo Rojas Betancourth, presidente de la Sala—Stella Conto Díaz del Castillo—Ramiro Pazos Guerrero.

(1) La sustentación del recurso de apelación inicia en el minuto 8 con 35 segundos y finaliza en el minuto 17 con 37 segundos.

(2) “ART. 244.—Trámite del recurso de apelación contra autos. La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas:

1. Si el auto se profiere en audiencia, la apelación deberá interponerse y sustentarse oralmente en el transcurso de la misma. De inmediato el juez dará traslado del recurso a los demás sujetos procesales con el fin de que se pronuncien y a continuación procederá a resolver si lo concede o lo niega, de todo lo cual quedará constancia en el acta.

2. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes ante el juez que lo profirió. De la sustentación se dará traslado por secretaría a los demás sujetos procesales por igual término, sin necesidad de auto que así lo ordene. Si ambas partes apelaron los términos serán comunes. El juez concederá el recurso en caso de que sea procedente y haya sido sustentado.

3. Una vez concedido el recurso, se remitirá el expediente al superior para que lo decida de plano.

4. Contra el auto que decide la apelación no procede ningún recurso”.

(3) “ART. 180.—Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el juez o magistrado ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:

(...).

6. Decisión de excepciones previas. El juez o magistrado ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva.

Si excepcionalmente se requiere la práctica de pruebas, se suspenderá la audiencia, hasta por el término de diez (10) días, con el fin de recaudarlas. Al reanudar la audiencia se decidirá sobre tales excepciones.

Si alguna de ellas prospera, el juez o magistrado ponente dará por terminado el proceso, cuando a ello haya lugar. Igualmente, lo dará por terminado cuando en la misma audiencia advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.

El auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso”.

(4) La pretensión relacionada con la extracción de material del predio denominado La Mina se calculó en $ 467.479.653 (fl. 24, cdno. ppal. 1) y para el año de presentación de la demanda —2012—, 500 SMLMV equivalían a $ 308.000.000.

(5) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de agosto de 2011, Expediente 19001-23-31-000-1997-08009-01 (20316), C.P. Hernán Andrade Rincón.

(6) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia, fecha 29 de enero de 2004, Expediente 25000-23-26-000-1995-00814-01(18273), C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(7) Esta petición fue aportada en copia simple por la demandante y obra en folios 396 a 400 del cuaderno principal 1.

(8) Artículo 40. Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012. “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad” (el destacado es propio).

(9) Según constancia obrante en fl. 38 del cdno. ppal. 1.