Auto 2012-00125 de abril 3 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Rad. 760012333000201200125 01 (2550-2013)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Edgar Cabal Rojas

Demandado: Universidad del Valle

Autoridades departamentales / Apelación auto

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá D.C., tres de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Sea lo primero advertir la procedencia de la alzada interpuesta, conforme a lo previsto por el numeral 7º del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, formulada dentro de la oportunidad prevista por el numeral 2º del artículo 244 ibídem, con la debida sustentación; además, el despacho es competente para decidir de plano el recurso, en acatamiento a lo previsto por el artículo 125 ejúsdem.

La figura del llamamiento en garantía se encuentra regulada expresamente por el artículo 225 de la Ley 1437 de 2011, que dispone “(...) Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación (...)”.

Además, el artículo 56 del Código de Procedimiento Civil, al cual debemos remitirnos por mandato del artículo 227 de la Ley 1437 de 2011, consagra que, de hallarse procedente el llamamiento, el juez así lo ordenará para que el tercero intervenga dentro del proceso y, una vez surtida su vinculación “(...) se considerará al denunciado litisconsorte del denunciante y tendrá las mismas facultades de este (...)”.

Descendiendo al caso concreto, encuentra el despacho que el requisito sustancial para la procedencia del llamamiento en garantía no se estructura, ya que, de una parte, no existe norma jurídica que posibilite la vinculación de la Nación - rama judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por razón del ejercicio de su función constitucional como administradora de justicia y, de otra, no obra en el plenario la prueba de la existencia de un contrato sobre el cual pueda edificarse la condición de garante de las actuaciones de la entidad accionada.

Ahora bien, en punto del llamamiento en garantía en actuaciones ante la jurisdicción contenciosa administrativa, resulta claro que su destinatario debe ser un agente del Estado y no la misma institución pública, pues, de cumplirse con los presupuestos formales y sustanciales, su finalidad es lograr la individualización de la responsabilidad por la conducta dolosa o gravemente culposa de su autor, elementos que, lejos de haberse acreditado sumariamente por la entidad formulante, se muestran como simples conjeturas sin sustento probatorio.

Sobre la materia esta corporación ya se ha pronunciado en reiteradas oportunidades, para precisar los requisitos que deben cumplirse para la procedencia del llamamiento en garantía. Dijo en uno de sus apartes lo siguiente:

“2. Del llamamiento en garantía de los agentes del Estado con fines de repetición.

El artículo 217 del Código Contencioso Administrativo, en desarrollo del principio de economía procesal, permite que dentro del proceso de responsabilidad contra el Estado pueda vincularse mediante la figura del llamamiento en garantía al funcionario que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubiese comprometido la responsabilidad de la entidad pública.

Por su parte la Ley 678 de 3 de agosto de 2001, reglamentó la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de dos mecanismos judiciales: la acción de repetición o el llamamiento en garantía con fines de repetición, en desarrollo de lo ordenado en el inciso segundo del artículo 90 de la C.P.

Así, el Capítulo 111 de la Ley 678 de 2001, al regular tanto los aspectos sustanciales como los procesales del llamamiento en garantía, dispuso que dentro de los procesos de responsabilidad en contra del Estado, la entidad pública directamente perjudicada o el Ministerio Público, podrán solicitar el llamamiento en garantía del agente frente al que aparezca prueba sumaria de su responsabilidad al haber actuado con dolo o culpa grave, para que en el mismo proceso se decida la responsabilidad de la administración y la del funcionario (art. 19).

Cabe precisar, que como corolario de lo anterior se establece la exigencia para el llamamiento del agente o ex agente público, de acompañar el escrito de llamamiento con la prueba aunque sea sumaria de su actuar doloso o gravemente culposo, es lo que le permite al juez establecer la existencia de una relación jurídica sustancial de responsabilidad que fundamente la vinculación del tercero al proceso como salvaguardia del principio del debido proceso.

La Sala en providencia de 25 de octubre de 2006(6), señaló sobre el cumplimiento de este requisito:

‘Las anteriores reflexiones son los que han permitido a la Sala reformular su tesis jurisprudencial en relación con los requisitos que se deben cumplir para la procedencia del llamamiento en garantía que efectúa el Estado frente a sus funcionarios; indefectiblemente se concluye que, para que proceda legalmente el llamamiento en garantía se deben cumplir a cabalidad no solo el conjunto de requisitos formales y sustanciales de que tratan los artículos 57, 56, 55 Y 54 del CPC, sino que, adicionalmente, resulta indispensable que se aporte la prueba sumaria a que hace referencia el artículo 19 de la Ley 678 de 2001 que sea, al menos, indicativa de la existencia de la relación jurídico sustancial de responsabilidad en que se fundamenta la pretendida vinculación del tercero’ (negrilla ajena al texto original).

Más adelante se agregó:

‘La sola circunstancia de que una entidad estatal resulte demandada, no la faculta para llamar en garantía al funcionario o exfuncionario público o al particular que cumple funciones públicas que, a su juicio, considere que es el responsable de dicha demanda, si no cuenta con suficientes elementos de juicio, serios y razonados que la lleven al convencimiento de que fue su actuación dolosa o gravemente culposa la que dio lugar a que la entidad pública hubiera sido demandada’.

Por lo tanto, obsérvese que es clara la obligación legal de aportar la prueba sumaria de la culpa grave o el dolo al escrito de llamamiento en garantía”(7).

Si bien la jurisprudencia glosada fue proferida en vigencia del Decreto 1º de 1984, sus directrices mantienen plena vigencia frente a la Ley 1437 de 2011, pues los principios reguladores de la figura del llamamiento en garantía conservaron su esencia al disponer el artículo 227 ibídem la remisión expresa al Código de Procedimiento Civil.

Suficientes los anteriores comentarios para explicar que la providencia recurrida se halla debidamente soportada en el ordenamiento jurídico pues, de una parte, no existe norma o contrato que permita la procedencia del llamamiento en garantía en los términos solicitados por la Universidad del Valle y, de otra, admitiendo en gracia de discusión que las condiciones se hubieren dado, el llamamiento tan solo procede frente a los agentes del Estado y no frente a las instituciones, caso en el cual es indispensable la aportación de la prueba sumaria sobre su culpa grave o dolo.

El auto atacado será confirmado sin modificación alguna, disponiendo la devolución del expediente al tribunal de origen para que prosiga su trámite, convoque a las partes para el trámite de la audiencia inicial prevista por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto apelado, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 19 de abril de 2013, por el cual se denegó la petición de llamamiento en garantía formulado por la Universidad del Valle frente a la Nación - rama judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por lo explicado en la motivación anterior.

2. DEVOLVER el expediente al lugar de origen, para que prosiga su trámite, convocando a las partes a la audiencia inicial contemplada por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.

Cópiese y notifíquese».

(6) Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia de oct. 25/2006, Exp. 33.054, M.P. Dr. Alier Hernández Enríquez, mediante el cual se reitera la Providencia 32324 de 11 de octubre de ese mismo año.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de mar. 3/2012, demandante Mario Gómez Cuadrado y otros contra la Fiscalía General de la Nación, Rad. 66001-23-31-000-2008-00296-01(37828), M.P. Ruth Stella Correa Palacio.