Auto 2012-00128 de noviembre 18 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Radicación 76001-23-33-000-2012-00128-01(3180-13)

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón.

Actor: Efraín Candamil Vargas.

Demandado: Universidad del Valle

Bogotá, D.C., dieciocho de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Considera

Antes de resolver el problema jurídico puesto a consideración de esta corporación es necesario hacer las siguientes precisiones:

En primer lugar es necesario determinar la procedencia del recurso de apelación, en atención a que el auto apelado fue proferido por el Ponente.

De conformidad con el artículo 125 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el magistrado ponente es el competente para dictar los autos interlocutorios. Tratándose de jueces colegiados como es el caso presente están exceptuados de esta regla los siguientes autos contemplados en los numerales 1º a 4º del artículo 243 Ibídem, los cuales deberán ser dictados por la Sala excepto en los procesos de única instancia:

1. El que rechace la demanda.

2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en este mismo trámite.

3. El que ponga fin al proceso.

4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público.

Por su parte, el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala los autos susceptibles del recurso de apelación, dentro de los cuales contempla en su numeral 7º, el auto que niega la intervención de terceros.

En conclusión, al ser recurrido el auto por medio del cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca niega el llamamiento en garantía contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, es procedente la refuerza lo anterior el hecho que de conformidad con el artículo 246 ibídem el recurso de súplica no es aplicable en el presente asunto, pues procede contra los autos que por su naturaleza serías apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de la segunda instancia o única instancia, o durante el trámite de la apelación de un auto.

Definido que el recurso de apelación es el procedente en el presente asunto, el problema jurídico gira en torno a determinar si en el presente asunto es procedente el llamamiento en garantía realizado por la Universidad del Valle contra la Nación, rama judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por error judicial.

Para efectos de decidir, se tiene lo siguiente:

De conformidad con el artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el llamamiento en garantía procede de la siguiente manera:

Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.

El llamado, dentro del término de que disponga para responder el llamamiento que será de quince (15) días, podrá, a su vez, pedir la citación de un tercero en la misma forma que el demandante o el demandado.

El escrito de llamamiento deberá contener los siguientes requisitos:

1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al proceso.

2. La indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito.

3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen.

4. La dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales.

El llamamiento en garantía con fines de repetición se regirá por las normas de la Ley 678 de 2001 o por aquellas que la reformen o adicionen.

El artículo 56 del Código de Procedimiento Civil, al cual debemos remitirnos por mandato del artículo 227 de la Ley 1437 de 2011, consagra que, de hallarse procedente el llamamiento, el juez así lo ordenará para que el tercero intervenga dentro del proceso y, una vez surtida su vinculación “... se considerará al denunciado litisconsorte del denunciante y tendrá las mismas facultades de éste...”.

En cuanto al llamamiento en garantía por error jurisdiccional, la Corte Constitucional(1) ha señalado que se produce por la vulneración de normas de derecho sustancial o procesal determinado por error inexcusable, cometido en el curso de un proceso y materializado a través de una providencia contraria a la ley.

El error no comprende una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica, por el contrario, se debe tener en cuenta una actuación arbitraria que vulnere el debido proceso, que produzca una vía de hecho en la actuación judicial y que sea efectuado por el funcionario judicial con culpa grave o dolo los cuales deben estar probados siquiera sumariamente de conformidad con el artículo 19 de la Ley 678 de 2001 que textualmente, señala:

Dentro de los procesos de responsabilidad en contra del Estado relativos a controversias contractuales, reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad pública directamente perjudicada o el Ministerio Público, podrán solicitar el llamamiento en garantía del agente frente al que aparezca prueba sumaria de su responsabilidad al haber actuado con dolo o culpa grave, para que en el mismo proceso se decida la responsabilidad de la administración y la del funcionario.

PAR.—La entidad pública no podrá llamar en garantía al agente si dentro de la contestación de la demanda propuso excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor.

En el presente asunto no es procedente el llamamiento en garantía que realiza la Universidad del Valle, por cuanto no existe norma que permita la vinculación de la Nación Ministerio de Justicia – Rama Judicial, quien actuó cumpliendo su función constitucional y jurisdiccional de administración de justicia.

Obsérvese que no probó siquiera sumariamente la culpa grave o el dolo, simplemente se limita a realizar afirmaciones sin que aporte elementos probatorios que permitan llegar a la convicción de su ocurrencia y el cambio jurisprudencial en manera alguna puede catalogarse como error jurisdiccional.

Se observa de otro lado que no se individualizó al llamado en garantía para determinar su posible responsabilidad en la actuación, solicitó la vinculación de la Nación Ministerio de Justicia – Rama Judicial, dirección ejecutiva de administración Judicial, lo cual deslegitima esta figura, pues esta individualización es la que permite establecer la existencia de una relación jurídica sustancial de responsabilidad que fundamente la vinculación del tercero.

En las anteriores condiciones se confirmará la providencia de 23 de mayo de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que rechazó el llamamiento en garantía solicitado por la apoderada de la Universidad del Valle.

Por lo expuesto, se

RESUELVE

CONFÍRMASE el auto de 23 de mayo de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que rechazó la solicitud de llamamiento en garantía realizado por la Universidad del Valle, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen».

(1) Sentencia C-285 de 2002.