Auto 2012-00151 de febreo 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 73001-23-31-000-2012-00151-01

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Actor: Conjunto residencial Verdesol propiedad horizontal

Demandado: Concejo Municipal de Melgar

Referencia: Apelación auto - Acción de nulidad

Bogotá, D.C., veinte de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

La procedencia de la medida de suspensión provisional está supeditada, según mandato del artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, a que se establezca la manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.

El citado artículo, es del siguiente tenor:

“ART. 152.—Procedencia de la suspensión. El Consejo de Estado y los tribunales administrativos podrán suspender los actos administrativos mediante los siguientes requisitos:

1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida.

2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.

3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor”.

En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si a la luz de lo dispuesto en el precitado artículo, es o no posible acceder a la solicitud de suspensión provisional formulada en el escrito de la demanda.

En el sub examine, el Tribunal Administrativo del Tolima accedió a la solicitud de suspensión del acto acusado, al considerar que infringía de manera manifiesta la Constitución Política y los artículos 89.1 y 99 de la Ley 142 de 1994, en tanto que estableció como factores de subsidio y de aporte para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, porcentajes mayores a los fijados en dicha ley.

No obstante, en el escrito contentivo del recurso de apelación, la parte demandada alega que el a quo desconoció lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, que modifica algunas de las disposiciones de la Ley 142 de 1994 relacionadas con el asunto objeto de controversia.

Por consiguiente, en aras de dilucidar la presunta infracción, estima la Sala necesario confrontar el Acuerdo 3 de 2 de febrero de 2012 y la Ley 142 de 1994, concordada a su vez con la Ley 1450 de 2011.

El título VI de la Ley 142 de 1994 trata sobre el régimen tarifario de las empresas de servicios públicos, y en particular el artículo 89 ibídem, establece la manera como deberán ser aplicados los principios de solidaridad y redistribución de ingresos en dicho régimen.

El precitado artículo es del siguiente tenor:

“ART. 89.—Aplicación de los criterios de solidaridad y redistribución de ingresos. Las comisiones de regulación exigirán gradualmente a todos quienes prestan servicios públicos que, al cobrar las tarifas que estén en vigencia al promulgarse esta ley, distingan en las facturas entre el valor que corresponde al servicio y el factor que se aplica para dar subsidios a los usuarios de los estratos 1 y 2. Igualmente, definirán las condiciones para aplicarlos al estrato 3.

(...) 89.1. Se presume que el factor aludido nunca podrá ser superior al equivalente del 20% del valor del servicio y no podrán incluirse factores adicionales por concepto de ventas o consumo del usuario. Cuando comiencen a aplicarse las fórmulas tarifarias de que trata esta ley, las comisiones solo permitirán que el factor o factores que se han venido cobrando, se incluyan en las facturas de usuarios de inmuebles residenciales de los estratos 5 y 6, y en las de los usuarios industriales y comerciales. Para todos estos, el factor o factores se determinará en la forma atrás dispuesta, se discriminará en las facturas, y los recaudos que con base en ellos se hagan, recibirán el destino señalado en el artículo 89.2 de esta ley” (subrayado y resaltado fuera de texto).

Respecto de los factores de subsidio para los servicios públicos de aseo, acueducto y alcantarillado, el artículo 99 ibídem, dispone:

“ART. 99.—Forma de subsidiar. Las entidades señaladas en el artículo 368 de la Constitución Política podrán conceder subsidios en sus respectivos presupuestos de acuerdo a las siguientes reglas:

(...) 99.6. La parte de la tarifa que refleje los costos de administración, operación y mantenimiento a que dé lugar el suministro será cubierta siempre por el usuario; la que tenga el propósito de recuperar el valor de las inversiones hechas para prestar el servicio podrá ser cubierta por los subsidios, y siempre que no lo sean, la empresa de servicios públicos podrá tomar todas las medidas necesarias para que los usuarios las cubran. En ningún caso el subsidio será superior al 15% del costo medio del suministro para el estrato 3, al 40% del costo medio del suministro para el estrato 2, ni superior al 50% de este para el estrato 1”.

La norma antes referida, debe ser además concordada con el artículo 125 de la Ley 1450 de 211, a saber:

“(...) ART. 125.—Subsidios y contribuciones para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los subsidios en ningún caso serán superiores al setenta por ciento (70%) del costo del suministro para el estrato 1, cuarenta por ciento (40%) para el estrato 2 y quince por ciento (15%) para el estrato 3.

Los factores de aporte solidario para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a que hace referencia el artículo de la Ley 632 de 2000 serán como mínimo los siguientes: suscriptores residenciales de estrato 5: cincuenta por ciento (50%); suscriptores residenciales de estrato 6: sesenta por ciento (60%); suscriptores comerciales: cincuenta por ciento (50%); suscriptores industriales: treinta por ciento (30%) (...)”.

Es claro, el factor de subsidio, esto es, el porcentaje que se aplicará a título de contribución a los estratos 5 y 6, sector comercial e industrial, en ningún caso podrá exceder el 20% de valor del servicio prestado, diferente es el valor de los subsidios a otorgar. Así, el porcentaje a subsidiar en los estratos 1, 2 y 3, corresponde al 70%, 40% y 15%, respectivamente.

Ahora bien, el acto administrativo demandando, establece lo siguiente:

“ART. 1º—Factores de subsidio. Los factores de subsidio a aplicar a las tarifas de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, en el municipio de Melgar - Tolima, para los usos residenciales clasificados en los estratos 1, 2 y 3, durante la vigencia fiscal de 2012, serán los siguientes:

EstratoAcueductoAlcantarilladoAseo
Estrato 1 70% 70% 70%
Estrato 2 40%40%40%
Estrato 3 15%15%15%

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, para la Sala no es posible advertir la manifiesta infracción que sirvió de sustento al a quo para suspender provisionalmente los efectos del acto acusado.

Para determinar la misma la Sala tendría que agotar entrar a estudiar a fondo cada una de las disposiciones de las normas involucradas en la controversia, y a través de una interpretación sistemática de las mismas determinar el alcance de conceptos como el factor de subsidio y subsidio, claridad conceptual que permitirá establecer si, en efecto, la autoridad administrativa incurrió en excesos al expedir el acto administrativo acusado que se pretende suspender.

Adicionalmente, dichas normas deben ser analizadas a la luz de las diferentes normas de rango constitucional, en tanto que todo lo concerniente a los subsidios en materia de servicios públicos domiciliarios es desarrollo del principio de solidaridad, consagrado en el artículo de la Constitución Política de 1991, lo que además implica el estudio los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales sobre dicho asunto.

Así mismo, es igualmente necesario adelantar un estudio coordinado y armónico sobre los antecedentes administrativos, los cuales ofrecerán mayor claridad sobre los hechos y las circunstancias que rodearon la expedición del Acuerdo 3 de 2 de febrero de 2012.

Todo lo anterior constituye un análisis que resulta impropio en la etapa inicial, lo que a juicio de la Sala constituye una razón suficiente para revocar la decisión del tribunal y en consecuencia denegar la solicitud de suspensión provisional del acto administrativo demandado.

No obstante, es del caso precisar que los anteriores razonamientos no suponen un prejuzgamiento del asunto, y mucho menos indican el sentido en que será proferida la sentencia que resuelva de fondo la controversia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

REVÓCASE el auto de 3 de agosto de 2012, por las razones expuestas en la parte motiva. En su lugar se dispone denegar la suspensión provisional del Acuerdo 3 de 2 de febrero de 2012.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».