Auto 2012-00164 de septiembre 26 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Expediente: 15001-23-31-000-2012-00164-01 (47.088)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Rosa Helena Monroy de Mayorga y otros

Demandado: Nación - rama judicial y otro

Proceso: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiséis de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 29 de enero de 2013, en el que se declaró el desistimiento tácito de la demanda.

Procedencia y competencia

Sobre el tema de procedencia, existe norma especial en el Código Contencioso Administrativo, que resulta aplicable en materia del recurso de apelación contra la providencia que de por terminado un proceso; precepto contenido en el artículo 181 ibídem, que establece:

“ART. 181.—Modificado artículo 57 Ley 446 de 1998. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales de los jueces y los siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos organismos en pleno o en una de sus secciones o subsecciones, según el caso; o por los jueces administrativos:

“(...).

3. El que ponga fin al proceso.

“El recurso contra los autos mencionados deberá interponerse directamente y no como subsidiario de la reposición.

“Por regla general el recurso se concederá en el efecto suspensivo”.

Por lo anterior, en el caso sub examine, es procedente el recurso de apelación, toda vez que el auto recurrido pone fin al proceso, al declarar el desistimiento tácito de la demanda.

En materia de competencia, con la expedición de la Ley 1395 de 2010, se modificó de manera general este tema en lo que respecta a las decisiones de autos interlocutorios de única, primera o segunda instancia en lo contencioso administrativo. En efecto, el artículo 61 de ese ordenamiento normativo adicionó un nuevo artículo al Código Contencioso Administrativo, cuyo contenido es el siguiente:

“El Código Contencioso Administrativo tendrá un nuevo artículo, cuyo texto será el siguiente:

“ART. 146A.—Las decisiones interlocutorias del proceso, en única, primera o segunda instancia, proferidas por los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, serán adoptadas por el magistrado ponente.

“Sin embargo, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º del artículo 181 serán de Sala excepto en los procesos de única instancia”.

En ese orden de ideas, y comoquiera que el presente asunto ingresó en vigencia de la Ley 1395 de 2010, la competencia está radicada en la Sección Tercera de la corporación y la decisión será proferida por la sala según los dictados de esta última normativa.

Desistimiento tácito

La figura del desistimiento tácito según la doctrina tiene como objetivo principal “sancionar la negligencia y desinterés que muestran algunos demandantes al no cumplir con una carga que les corresponde para poder darle el impulso necesario a sus procesos”(1). Se trata de una figura útil que busca inducir a las partes, en especial al demandante cumplir con su deber de promover y ser diligente en sus actos en aras de obtener la solución del juicio instaurado por él, de tal manera que son los jueces, a quienes les asiste el deber de declarar el desistimiento tácito cuando las circunstancias previstas en la ley así lo exijan.

Así, a la luz del principio constitucional de administrar justicia de una forma ágil, la Ley 1395 de 2010 en su artículo 65 acogió la figura del desistimiento tácito cuando modificó el inciso 2º del artículo 207 numeral 4º del Código Contencioso Administrativo. El artículo 65 expresa:

“4. Que el demandante deposite, en el término que al efecto se le señale, la suma que prudencialmente se considere necesaria para pagar los gastos ordinarios del proceso, cuando hubiere lugar a ellos. El remanente, si existiera, se devolverá al interesado, cuando el proceso finalice. Si dentro de mes siguiente al vencimiento del plazo previsto en el inciso anterior no se acredita el pago de los gastos procesales, se entenderá que del demandante ha desistido de la demanda y se procederá en forma inmediata al archivo”.

Sin embargo, pese a que el desistimiento tácito busca la aplicación de principios de eficacia y exclusión de los actos negligentes en que pueden incurrir las partes en el proceso, el Consejo de Estado en auto de unificación(2) consideró que su aplicación no puede ser rígida e inflexible, ni llevarse a la práctica con ausencia de toda consideración por las circunstancias del asunto en concreto pues, de ser ello así, se amenaza seriamente con truncar la debida realización de uno de los fines del Estado, como es la justicia material; por ello se tiene en cuenta, que si bien, es cierto que el debido proceso es un instrumento mediante el cual se aplica el derecho sustancial este no puede sobrepasarlo, toda vez que se estaría desconociendo el principio constitucional de que lo sustancial prevalece sobre lo procesal. Al respecto la sala expuso:

“La Corte ha enfatizado que se incurre en defecto procedimental absoluto por dos vías: i) por defecto, esto es, porque la autoridad judicial se abstiene injustificadamente de aplicar las formas propias del juicio que está bajo su conocimiento y respecto del cual debe recaer su decisión; ii) por exceso ritual manifiesto, es decir, por cuanto la autoridad judicial “utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y [de esta manera] sus actuaciones devienen en una denegación de justicia”(3).

“A partir de lo expuesto puede concluir la Sala que se entorpece o trunca la materialización del derecho sustancial y, por ende, se está ante una denegación de justicia, cuando quiera que la autoridad judicial i) no tiene en cuenta que el derecho procesal es un instrumento, medio o vehículo para la efectiva realización de los derechos constitucionales fundamentales y lo convierte en un fin en sí mismo; ii) aplica el derecho procesal de una manera en exceso inflexible y rigurosa sin atender a las circunstancias del caso concreto y descuidando la aplicación de otros principios que, mirados en conjunto, contribuyen a la efectiva preservación de los derechos constitucionales fundamentales de las partes en el proceso”.

En el caso sub examine, la parte demandante, obrando por medio de apoderado, impugna la decisión proferida el 29 de agosto de 2013 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, para que, en su lugar, se revoque la providencia y se ordene continuar con el trámite del proceso.

La Sala considera que no puede declararse el desistimiento tácito de la demanda, toda vez que no hubo actos negligentes y desinterés, para que el proceso tuviera continuidad; si bien, es cierto que inicialmente no se realizó el pago de gastos de notificación, no fue a causa de desinterés del demandante; el apoderado de este desde que se instauró la demanda en el Tribunal Administrativo de Boyacá, estuvo pendiente de él en el Sistema de Vigilancia Siglo XXI, instrumento puesto a disposición por la rama judicial para hacer seguimiento de los procesos; no obstante, cuando el proceso arribó por primera vez al tribunal ingresó con un número de radicación que se conservó hasta llegar al Juzgado Segundo de Descongestión Administrativo de Tunja, sin embargo, cuando se remitió nuevamente el proceso al tribunal, este se modificó, de tal manera que cuando el apoderado verificaba en el sistema de monitoreo el estado del proceso aparecía que continuaba en el juzgado de descongestión y sin ninguna actualización. Las fotos allegadas al proceso que obran a folio 257 evidencian que la información, a 11 de febrero de esta anualidad, el proceso no reportó ninguna actualización de que se había remitido al tribunal, y ello por si solo es indicativo de la veracidad de las razones expuestas por la apoderada judicial del demandante.

El mecanismo de seguimiento, Sistema de Vigilancia Siglo XX de la rama judicial por medio del Acuerdo 201 de 1998 respecto del monitoreo de procesos previó que el número de radicación de los procesos debe ser único, al respecto del Sistema de Vigilancia Siglo XXI se dice:

(...).

“Gestión de procesos (despachos, tribunales y altas cortes): implementa el Acuerdo 201 de 1998, según el cual debe estandarizarse el número único de radicación con el que se pretende que el proceso a través de su paso por todas las instancias dentro de la rama judicial tenga una sola identificación. Adicionalmente incluye las fechas de las diferentes actuaciones y el manejo del calendario ordinario y el judicial, genera todas las providencias (autos y sentencias) que se den en el proceso, genera automáticamente los textos y documentos físicos de cualquier tipo de notificación y los autos y actuaciones asociadas, controla el flujo y ubicación física del expediente al interior del despacho y entre los despachos.

(...)”.

Por otra parte, una vez el apoderado tuvo conocimiento de que el proceso se encontraba en el Tribunal Administrativo de Boyacá y de que se declaró desistimiento, inmediatamente, antes del término de ejecutoria del auto que puso fin al proceso, canceló dichos gastos, demostrando todo el interés en impulsar la litis.

En los mismos supuestos, la Sala Contenciosa Administrativa de esta corporación, en el auto de unificación ya señalado, consideró que al no estar en firme la providencia que declaró desistimiento, debe entenderse que existe interés de impulsar la litis, y de allí que el proveído que puso fin al proceso debe ser revocado. Sobre el particular se expuso:

“Siendo así, a juicio de la Sala, en esta oportunidad no es dable sostener que el actor desistió de la demanda, lo que implica acudir a una interpretación pro actione de la norma antes dicha. Dado que el señor López Valencia, antes de la ejecutoria del auto que declaró el desistimiento, consignó la suma fijada para gastos, dejando así en claro, de manera definitiva, su interés en continuar con el trámite de la demanda”.

“De manera que, como el actor cumplió con la carga procesal antes de la ejecutoria de la providencia que declaró el desistimiento y esta figura, en cuanto compromete el acceso a la justicia no admite una interpretación rigurosa e inexorable, se ha de mudar la percepción sobre su falta de interés en continuar con la litis, en aras de preservar su derecho constitucional y con miras a hacer prevalecer el derecho sustancial sobre lo formal, en los términos que se dejó sentando en párrafos precedentes de la presente providencia”.

“Lo anterior, en cuanto no podría afirmarse, en estricto rigor, que el actor desistió de la demanda, cuando la verdad tiene que ver, sin duda, con que el señor López Valencia, además de pronunciarse en contrario, consignó la suma fijada para gastos, antes de la ejecutoria de la providencia que disponía el archivo de la actuación”.

En armonía con lo expuesto y de conformidad con los artículos 228(4) y 229(5) de la Constitución Política, la providencia recurrida será revocada, para, en su lugar, disponer que siga adelante el curso del proceso.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

REVOCAR el auto proferido el 29 de enero de 2013 por el Tribunal Administrativo del Boyacá, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

En firme este proveído REMÍTASE la actuación al tribunal de origen para lo de su cargo.

(1) Cfr. Arturo Eduardo Matson Carballo, Comentarios a las medidas de descongestión en materia contencioso administrativa adoptadas por la Ley 1395 de 2010.

(2) Consejo de Estado - auto de enero 31 de 2013 - Expediente 19001-23-31-000-2010-00361-01 (40892) - C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(3) A continuación se transcribe lo pertinente de lo expuesto en la citada sentencia donde, de conformidad con lo establecido en jurisprudencia reiterada por la propia corporación, las autoridades judiciales incurrieron en un defecto de procedimiento por exceso ritual manifiesto:

“En la Sentencia T-1306 del 6 de diciembre de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, la Corte debió determinar si la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia había incurrido en una ‘vía de hecho’ al haber admitido que el accionante tenía derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación, pero sin proceder en consonancia con dicha realidad aduciendo que el actor cometió errores técnicos en la presentación del recurso de casación. La Sala Sexta expuso, que el recurso de casación debe ser un medio eficaz para la protección de los derechos fundamentales, y si en esta instancia se advierte que están comprometidos uno o más derechos fundamentales, esta realidad debe tener incidencia en el fallo definitivo, más aún cuando es la instancia de cierre de la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, protegió el derecho al debido proceso del peticionario al encontrar que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia dio prevalencia a las normas procesales sobre lo sustancial cuando debió resolver dicha tensión realizando el principio de justicia material en el caso concreto; pues la Sala Laboral explicó en la parte considerativa de su providencia que el derecho a la obtención de la pensión de jubilación fue desconocido; sin embargo, por razones técnicas de casación decidió no casar la sentencia. En la Sentencia T-1123 del 12 de diciembre de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, esta corporación consideró que el funcionario judicial incurrió en un formalismo excesivo al rechazar la demanda laboral interpuesta por varios accionantes adultos mayores, porque el poder conferido se dirigía a los jueces civiles del circuito ‘reparto’ y no al juez laboral. Para la Corte, en el caso concreto, no había duda que la pretensión principal se dirigía a obtener el pago de unas mesadas pensionales. Además, expuso, que la misma normativa contempla la remisión de la demanda al juez competente sin indicar que deben adecuarse los poderes para el efecto. En consecuencia, explicó la Sala, que la demanda reunía para su admisión el lleno de los requisitos especiales contemplados en la ley y que la inadmisión de la demanda por no haber dirigido los poderes al juez laboral constituía una vulneración al acceso a la administración de justicia y al principio de favorabilidad en materia laboral ‘atendiendo con exclusividad al ritualismo que sacrifica a la forma los valores de fondo’. En la Sentencia T-289 del 31 de marzo de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, la Corte analizó el caso de un ciudadano que interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra un auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante el cual rechazó de plano la demanda presentada por aquel. En esta ocasión el referido tribunal rechazo por improcedentes los recursos de reposición y apelación al concluir que a la luz de la normativa vigente el recurso que procedía era el de súplica. Para la Sala pese a que el tribunal justificó su decisión con base en el contenido de una disposición legal, con su actuación desconoció el precepto 228 de la Constitución Política el cual establece que en todas las actuaciones judiciales prevalecerá el derecho sustancial. En este mismo sentido, las sentencias T-950 de 2003, T-1091 de 2008, T-599 de 2009, T-386 de 2010, entre otras, hacen parte de la línea jurisprudencial sobre el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, las cuales se fundamentan en el contenido del artículo 228 de la Constitución Política, específicamente en el reconocimiento de la prevalencia del derecho sustancial. Es decir, que si bien el procedimiento tiene una importancia central dentro del Estado de derecho, en aplicación de este no deben sacrificarse derechos subjetivos, pues precisamente el fin del derecho procesal es contribuir a la realización de los mismos y fortalecer la obtención de una verdadera justicia material” —negrillas en el texto citado—.

(4) Constitución Política, ART. 228.—“La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”.

(5) Constitución Política, ART. 229.—“Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerla sin la representación de abogado”.