Auto 2012-00165 junio 11 de 2104

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 54001233100020120016501

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Actor: Sociedad Espumados del Norte Ltda. contra la DIAN

Número Interno: 20229

Auto

Bogotá, D. C., once de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «5. Consideraciones

En virtud de lo establecido en el artículo 181 del Decreto 01 de 1984, el auto que decreta la perención del proceso es apelable, por lo tanto, esta Sala es competente para pronunciarse sobre el asunto de la referencia.

Así, corresponde a la Sala determinar si era procedente declarar la perención del proceso por la inactividad del mismo, por más de seis meses sin que la parte demandante otorgara la caución fijada en el auto admisorio de la demanda(4).

Con respecto a la perención del proceso el Código Contencioso Administrativo establece lo siguiente:

“ART. 148.—Perención del proceso. Cuando por causa distinta al decreto de suspensión del proceso y por falta de impulso cuando este corresponda al demandante, permanezca el proceso en la secretaría durante la primera o única instancia, por seis meses, se decretará la perención del proceso. El término se contará desde la notificación del último auto o desde el día de la práctica de la última diligencia o desde la notificación del auto admisorio de la demanda al Ministerio Público, en su caso”.

La perención es una forma anormal de terminación del proceso, que surge como consecuencia de la inactividad del mismo en un lapso de tiempo determinado por el legislador, en este caso el Código Contencioso Administrativo estableció un término de seis meses, término en el que la parte demandante deja de cumplir las cargas procesales(5) que le corresponden.

Esta institución del derecho procesal, tiene por finalidad garantizar los principios de celeridad y economía procesal, así como evitar la prolongación indebida de los procesos. De esta forma, esta figura evita que el sistema judicial se congestione o dedique recursos a procesos que fueron abandonados por el desinterés o la negligencia de las partes.

Así, lo expresó la Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad del inciso 1º (parcial) del artículo 148 del Código Contencioso Administrativo en la Sentencia C-123 de 2003: “Dentro de este contexto, no obstante, la perención permite alcanzar dos objetivos de importancia: i. evita que el demandante incumpla las cargas procesales asignadas para dar impulso al proceso, por cuanto fue su voluntad la que le dio inicio, siendo responsable de la activación dada al aparato judicial y al sistema de justicia para que le atiendan y resuelvan sobre sus pretensiones, y ii. Permite descongestionar los despachos judiciales, argumento que ha tenido pleno respaldo en la Corte Constitucional, quien rente a la finalidad de la perención en materia civil, en criterio perfectamente aplicable en el ámbito de la perención contencioso administrativa, manifestó que consiste en “evitar la duración indefinida de esos juicios y sanciona al sujeto procesal negligente, que no ha cumplido con sus cargas procesales”.

Por otra parte, es del caso precisar que una de las cargas procesales que debe cumplir el demandante es el pago de la caución. Está es exigible de conformidad con lo establecido en el artículo 140 del Decreto 01 de 1984, a cuya letra:

“Si se trata de demanda de impuestos, tasas, contribuciones o multas que se exijan o de créditos definitivamente liquidados a favor del tesoro público (…) bastará que se otorgue caución a satisfacción del ponente para garantizar el pago con los recargos a que haya lugar en cuanto fuere desfavorable lo resuelto”.

Pues bien, como aquí se trata de controvertir una decisión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por medio de la que se modificó la declaración del impuesto sobre las ventas correspondiente al quinto bimestre del año 2007, resulta claro que es procedente la constitución de la caución.

La caución en materia tributaria garantiza el pago de la obligación tributaria, en caso de que el fallo sea adverso a las pretensiones formuladas en la demanda y, además evita que se abuse del derecho de acción con el fin de evadir el pago de tales obligaciones, es decir avala la seriedad de la demanda. De tal forma, que si la parte demandante no realiza el pago de la caución, no es posible seguir adelante con el trámite del proceso.

La Corte Constitucional analizó la constitucionalidad de la caución en asuntos contenciosos de naturaleza tributaria, así(6):

“La imposición de una caución para garantizar el pago de una deuda tributaria, es una medida idónea y acorde con los fines constitucionales. Conferir al magistrado encargado de la demanda contenciosa, la facultad de determinar el monto de la caución que habrá de pagar el contribuyente-deudor, significa que cada persona, de acuerdo con su situación individual, tendrá la oportunidad de ser evaluada por el juez. Va de la mano del principio de igualdad, y garantiza —en mayor medida que la norma atacada— que se tendrá en cuenta la capacidad económica del demandante en el momento de exigir de él un depósito temporal de dinero que respalde, al menos en parte, el pago de la deuda existente, y demuestre la seriedad de su pretensión. Visto así, no se vulneran los derechos constitucionales del demandante; pero es imperativo que la caución, garantía o condición, sea fijada, no de antemano sino luego de admitida la demanda y repartido el proceso, para que el magistrado la ordene de acuerdo con cada caso. De lo contrario —es decir, como dice la norma demandada— si se exige como un requisito para iniciar un proceso, se está obstaculizando el acceso de una persona a la administración de justicia. La Corte considera que no es admisible, y que va en contravía del artículo 229 de la Carta Política, exigir una condición para llevar a la justicia, la controversia de un ciudadano con el Estado: no es posible a la luz de los principios contenidos en la nueva Constitución, desechar de plano la admisión de una demanda, por no cumplir con un requisito de esta naturaleza”.

Con fundamento en el análisis precedente la Sala advierte que la caución fijada por el magistrado ponente en el trámite de las acciones contenciosas en las que se discuten asuntos tributarios, no vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia como lo afirma el recurrente y, por el contrario, constituye una herramienta procesal idónea para garantizar el pago de las obligaciones que se discuten en ese tipo de causas.

Ahora bien, aduce la parte demandante, que no tiene la capacidad económica para pagar la caución fijada en este proceso, dado que no es el único que adelanta en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que sumadas todas las cauciones que se han establecido en los distintos procesos resulta una suma que la sociedad demandante no puede pagar dada su actual situación económica.

Los anteriores argumentos, fueron presentados por la parte demandante con ocasión del recurso de apelación formulado contra el auto que decretó la perención del proceso, es decir se presentaron de forma inoportuna, pues la demandante pudo esgrimir estas razones al recurrir el auto admisorio de la demanda, con el fin de que el mismo juez disminuyera el monto de la caución, tal como sucedió en los casos citados como ejemplo por la demandante, en el recurso que ahora se resuelve. Además, había podido pedir que se decretara el amparo de pobreza.

Sin embargo, optó por guardar silencio respecto de lo resuelto en el auto admisorio en lo relativo al porcentaje de la caución o a la imposibilidad de pagar el monto de la misma y, esa providencia quedó legalmente ejecutoriada.

De acuerdo con el análisis precedente, resulta evidente que la caución fijada en este proceso se ajusta a lo establecido en el artículo 140 del Decreto 01de 1984.

Por otra parte, la Sala también encuentra ajustada a derecho la decisión del tribunal de decretar la perención del proceso.

Esto último tiene sustento probatorio en el expediente, de cuyo análisis resulta clara la ocurrencia de los supuestos de hecho contemplados en el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo (D. 01/84), es decir, están demostrados los requisitos para declarar la perención, toda vez que en este caso transcurrieron más de seis meses después de la notificación del último auto sin que se le diera impulso procesal por causa atribuible a la parte demandante. El auto admisorio de la demanda fue la última providencia que se profirió en este proceso, antes del auto que decretó la perención, y fue notificada al demandante por estado el 13 de junio de 2012 y personalmente a la demandada el 6 de agosto del mismo año.

Finalmente, en lo relativo a que en la Ley 1437 de 2011 desapareció la obligación de acreditar la constitución de una caución para continuar con el trámite del proceso, se aclara que por disposición de la mencionada ley (art. 308) esta solo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien después de su entrada en vigencia, es decir, después del 12 de julio del 2012, en consecuencia no le es aplicable a este proceso que se inició el 13 de abril de ese año.

De conformidad con el análisis precedente, se confirmará la providencia apelada, que decretó la perención del proceso.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

CONFÍRMASE la providencia impugnada.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(4) En esta providencia se reitera el análisis hecho por la Sala en casos similares en los autos proferidos dentro de los expedientes 19824 y 20231 de 6 de marzo de 2014 y 26 de septiembre de 2013, respectivamente.

(5) Las cargas procesales demandan una conducta concreta de los sujetos procesales, su cumplimiento es facultativo por parte de estas, pero, su incumplimiento acarrea consecuencias jurídicas establecidas en la ley.

(6) Sentencia de la Corte Constitucional C-318 de 1998.