Auto 2012-00169 de septiembre 26 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 54001233100020120016901 (20231)

Magistrado Sustanciador:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Demandante: Sociedad Espumados del Norte Ltda.

Demandado: DIAN

Bogotá, D.C., septiembre 26 de 2013.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La declaratoria de perención dentro del proceso está prevista en el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:

“Cuando por causa distinta al decreto de suspensión del proceso y por falta de impulso cuando este corresponda al demandante, permanezca el proceso en la secretaría durante la primera o única instancia, por seis meses, se decretará la perención del proceso. El término se contará desde la notificación del último auto o desde el día de la práctica de la última diligencia o desde la notificación del auto admisorio de la demanda al Ministerio Público, en su caso.

En el mismo auto se decretará el levantamiento de las medidas cautelares, si las hubiere. Dicho auto se notificará como las sentencias, y una vez ejecutoriado se archivará el expediente.

La perención pone fin al proceso y no interrumpe la caducidad de la acción. Si esta no ha caducado podrá intentarse una vez más.

En los procesos de simple nulidad no habrá lugar a la perención. Tampoco en los que sean demandantes la Nación, una entidad territorial o una descentralizada.

El auto que decrete la perención en la primera instancia, será apelable en el efecto suspensivo”.

De la norma trascrita se infiere que la perención sobreviene en los siguientes eventos: (i) que el proceso permanezca inactivo en secretaría por más de seis meses, contados desde la notificación del último auto o desde el día de la práctica de la última diligencia, o, en su defecto, desde la notificación del auto admisorio de la demanda al Ministerio Público; (ii) que la inactividad sobrevenga por causa distinta a la suspensión del proceso por parte del juez y obedezca a la falta de impulso del demandante, y (iii) que el proceso no sea de aquellos en los que expresamente la ley prohíba la perención, como por ejemplo en los de simple nulidad.

La perención del proceso es una institución procesal diseñada por el legislador con el ánimo de imprimirle celeridad, eficacia y seriedad a los procedimientos judiciales y que consiste en una sanción jurídica por la conducta omisiva o negligente de la parte demandante en el cumplimiento de ciertas cargas procesales impuestas por el ordenamiento jurídico. Es, pues, como se dijo, una forma anticipada de terminar el proceso, que castiga la incuria de las partes por no cumplir las cargas procesales.

En los procesos tributarios, por mandato del artículo 140 ibídem, es deber del demandante constituir caución que no solo garantiza el pago de la obligación tributaria en los eventos en que las pretensiones se resuelvan desfavorablemente, sino que evita el abuso del derecho con la presentación de demandas que, en algunos casos, buscan evadir el cumplimiento de dicha obligación. Por lo tanto, el incumplimiento de tal deber impide que el proceso se tramite normalmente y, en todo caso, si el proceso permanece inactivo en la secretaría por más de seis meses, hay lugar a decretar la perención.

La Corte Constitucional se pronunció respecto al pago de la caución, en los procesos que cuestionan actos de contenido tributario, al estudiar la exequibilidad del artículo 867 (parcial) del Decreto 624 de 1989, modificado por el artículo 7º de la Ley 383 de 1997,(4) por medio del cual se expide el estatuto tributario(5). Indicó la Corte que se trata de una medida justa, proporcional y adecuada que no vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia, en la medida en que la exigencia de la caución no es previa a la presentación de la demanda, porque, además, ordena el pago de un porcentaje de la obligación, con lo que se garantiza el deber de los ciudadanos de contribuir con los gastos de la administración pública.

En efecto, en dicha providencia la Corte declaró la inexequibilidad del artículo 867 del Estatuto Tributario,(6)pero indicó que los jueces administrativos deben aplicar el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, que determinó que si se trata de una demanda de impuestos, tasas, contribuciones o multas se deberá otorgar una caución para garantizar el pago de los tributos. Que con esto se garantiza el acceso de todas las personas a la administración de justicia, el funcionamiento del aparato judicial y el pago de las obligaciones que se le adeuden al fisco.

La Corte indicó que para garantizar el acceso a la administración de justicia el pago de la caución debe exigirse después del reparto de la demanda y no como requisito previo para presentarla, con lo que también se garantiza que la caución se fije de acuerdo con la capacidad económica del demandante.

En la providencia en cita la Corte también precisó que en caso de que el demandante carezca de los recursos para el pago de la mencionada caución, puede solicitar el amparo de pobreza.

En el caso particular, encuentra la Sala que la parte demandante no solicitó el amparo de pobreza,(7) tampoco cuestionó el porcentaje de la caución impuesta ni manifestó la imposibilidad de pagar la caución. Solo cuando se decretó la perención del proceso expresó las razones que lo motivaron a incumplir la orden impartida por el despacho.

Conforme con lo anterior, en lo que tiene que ver con la perención, se advierte que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 148, pues después de la última notificación (ago. 6/2012),(8) el proceso permaneció inactivo por más de seis meses, por causa imputable al demandante.

Ahora, la incapacidad económica de cumplir con la obligación es una cuestión que pudo discutirse oportunamente por la parte demandante, bien para que el juez disminuyera el monto de la caución o bien para que aceptara una garantía distinta: un CDT, un depósito judicial, una garantía prendaría o hipotecaria, o, en general, cualquier medio que, según el caso, reemplazara la caución. Por el contrario, según advierte la Sala, la parte actora guardó silencio sobre la caución.

En ese orden, no es de recibo para la Sala que el demandante se haya sustraído del deber de constituir la caución ordenada bajo el argumento de que está en imposibilidad económica de cumplirla. Es más bien un tipo de negligencia que debe y puede ser sancionada con la perención del proceso.

Tampoco comparte la Sala los argumentos esbozados por el apelante en cuanto afirma que el artículo 148 del Decreto 1 de 1984 que ordenaba la caución, fue derogado por la Ley 1437 de 2011, porque, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, esta ley solo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien con posterioridad a la vigencia de la ley, esto es, al dos de julio de 2012 y, en el sub examine, la actuación se inició el 16 de abril de 2012.

En consecuencia, la Sala confirmará el auto de 16 de abril de 2013, que decretó la perención del proceso.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

1. Confírmase el auto del 16 de abril de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que decretó la perención del proceso.

2. Envíese el expediente al tribunal de origen

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha».

(4) El texto de la disposición era el siguiente: ART. 867.—(Modificado por L. 383/97, art. 7º). Garantía para demandar. Para acudir a la vía contencioso administrativa no será necesario hacer la consignación del monto de los impuestos que hubiere liquidado la administración.

Cuando el monto discutido sea de cuantía igual o superior a diez millones de pesos ($ 10.000.000) (año base 1997), será necesario acreditar la constitución de una garantía bancaria o de compañía de seguros a favor de la Nación - Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cuya vigencia deberá ser por el término de duración del proceso y tres meses más, contados a partir de la fecha de la sentencia o decisión jurisdiccional ejecutoriada.

En materia de impuesto de renta y complementarios la garantía será por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) de los valores determinados por la administración y que sean objeto de discusión. En materia de retención en la fuente, la garantía será por un valor igual al sesenta por ciento (60%) de la suma materia de la impugnación. Cuando se trate del impuesto sobre las ventas, la garantía será del treinta por ciento (30%) del valor impugnado.

PAR.—Se podrá descontar del impuesto de renta del año gravable en el cual quede ejecutoriada la sentencia definitiva a favor del contribuyente, el valor de la prima cancelada para la adquisición de la garantía a que se refiere el presente artículo.

(5) Sentencia C-318 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz, del 30 de junio de 1998. Expediente D-1888

(6) Referente al pago de la caución para demandar

(7) La Sala ha admitido la procedencia del amparo de pobreza para las personas jurídicas cuya situación económica les impida cumplir las cargas económicas del proceso, en ese sentido mírese los autos del 5 de julio de 2007 Expediente 16435, del 5 de mayo de 2011, Expediente 18168.

(8) Notificación al señor procurador en lo judicial para asuntos administrativos, folio 109 del expediente.