Sentencia 2012-00211 de septiembre 16 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001 0315 000 2012-00211 00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Demandante: Fredy Céspedes Villa y otro.

Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Departamento Nacional de Planeación.

Ministerio del Interior.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Bogotá, D.C., dieciséis de septiembre de dos mil trece.

Decide el despacho la solicitud de prelación en el trámite del asunto de la referencia(1) elevada por la Señora Viceprocuradora General de la Nación con funciones de Procuradora General de la Nación.

I. Antecedentes.

1.1. La demanda.

En ejercicio de la acción de nulidad por inconstitucionalidad los ciudadanos Fredy Céspedes Villa y Juan Carlos Peláez Gutiérrez formularon demanda(2) contra el inicio final del artículo 105 del Decreto-Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”, disposición cuyo tenor es el siguiente:

“ART. 105.—Titularidad y naturaleza del control fiscal. La vigilancia de la gestión fiscal del Distrito y de los particulares que manejen fondos o bienes del mismo, corresponde a la Contraloría Distrital.

[…].

La vigilancia de la gestión fiscal de la contraloría se ejercerá por quien designe el tribunal administrativo que tenga jurisdicción en el Distrito”. (lo resaltado corresponde al aparte normativo acusado)

En la demanda se aducen, entre otros cargos de nulidad por inconstitucionalidad, la violación de los artículos 267 y 274 de la Constitución Política. Del primero, entre otras razones, porque con la creación de una auditoría fiscal para la Contraloría de Bogotá que ejerce competencias concurrentemente con la auditoría general de la República frente a la gestión fiscal de la Contraloría de Bogotá se desconocen los principios de eficiencia y economía que deben gobernar el ejercicio del control fiscal. Y el segundo, porque la creación a nivel distrital de un órgano de control fiscal de segundo nivel desconoce el esquema único de control fiscal de segundo nivel establecido constitucionalmente, en el cual dicho control está a cargo exclusivamente de la auditoría general de la República.

1.2. La solicitud de prelación.

La Señora Viceprocuradora General de la Nación con funciones de Procuradora General de la Nación, invocando indiscriminadamente los artículos 18 de la Ley 446 de 1998 y 16 de la Ley 1285 de 2009, manifiesta en la solicitud que se presentan los supuestos necesarios para afirmar que el asunto constituye una controversia de especial trascendencia social y de evidente importancia jurídica, en consideración a que como lo señaló el Señor Contralor de Bogotá hay una “imperiosa necesidad de definir cuál es la entidad competente para ejercer el Control Fiscal de la Contraloría de Bogotá en aras de enmarcar un ámbito de competencias fundamental para el buen funcionamiento del ejercicio autónomo e independiente del control”.

II. Consideraciones.

2.1. En la solicitud de prelación objeto de este pronunciamiento se invocan como fundamento jurídico los artículos 18 de la Ley 446 de 1998 y 16 de la Ley 1285 de 2009.

2.1.1. La modificación del orden para proferir sentencias.

El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 prevé en lo pertinente lo siguiente:

“ART. 18.—Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social.

[…]” (Resaltado ajeno al texto original).

Esta normativa autoriza la modificación del orden de los expedientes a efectos de proferir la sentencia respectiva cuando la naturaleza del asunto o su importancia jurídica y trascendencia social lo amerite.

Esta medida que se adopta oficiosamente o a solicitud del Ministerio Público opera cuando el expediente se encuentra al despacho para proferir la sentencia y permite al Juez modificar el orden existente para la adopción de los fallos correspondientes en los asuntos a su cargo, dando a un expediente prelación sobre aquellos que se encuentren antes en turno para dicho fin.

2.1.2. El trámite y decisión preferente de algunos procesos.

En el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, en lo pertinente, se dispone lo siguiente:

“ART. 16.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:

ART. 63A. Del orden y prelación de turnos. <Artículo condicionalmente exequible>

Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social […] las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado […], señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación.

[…].

PAR. 1º—Lo dispuesto en el presente artículo en relación con la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se entenderá sin perjuicio de lo previsto por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998.

[…]”. (Resaltado ajeno al texto original)

La regulación del orden de prelación del trámite y decisión de los procesos de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa a que se refiere esta disposición es una facultad las Salas del Consejo de Estado ejercen para definir una categoría o clase de procesos que por las razones o motivos que expresamente señala dicha disposición deben ser tramitados y fallados en forma preferente pero no propiamente para darle prelación a un asunto determinado sobre otro cuando se encuentre en la etapa del fallo.

Se trata de una facultad que le permite a las Altas Cortes señalar ciertas categorías de procesos a partir de sus especiales características que deben ser tramitados y fallados con preferencia respecto de los demás asuntos que son de su competencia. No son expedientes o asuntos especiales o particulares sino, se repite, categorías o clases de procesos.

En los eventos relativos a la seguridad nacional o cuando se trata de prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social o de importancia jurídica es competencia de las Altas Cortes definir la clase de procesos que deben ser tramitados y fallados preferentemente. Así por ejemplo en eventos catastróficos como los desastres y afectaciones producto de la ola invernal en el país sería procedente el ejercicio de dicha competencia definiendo que las acciones de tutela interpuestas con ocasión de ellos se tramiten y decidan de manera preferente.

2.2. El despacho vista la solicitud elevada por la Procuraduría General de la Nación encuentra que las razones que la sustentan no se subsumen en los supuestos establecidos en la normativa legal citada, por lo siguiente:

a. La modificación del orden que tienen los expedientes para efectos de proferir la sentencia que autoriza el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 en los procesos de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa solo procede cuando el expediente se encuentre precisamente en la etapa de dictar el fallo correspondiente y esto no ocurre en el presente asunto. En el proceso se dictó el auto que abrió el periodo probatorio y aún falta correr traslado para alegar de conclusión.

b. El artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 no autoriza la prelación del trámite o de la decisión de un expediente individual y concreto como el que es objeto de la presente acción de nulidad por inconstitucionalidad sino la definición de una categoría de procesos de especiales características que ameriten una tramitación y un fallo preferente.

c. Además, es preciso tener en cuenta que el proceso de la referencia ha surtido el trámite del proceso ordinario sin mayor demora, pues se admitió la demanda por Auto del 22 de mayo de 2012 y se abrió el término probatorio mediante Auto del 5 de junio de 2013, encontrándose actualmente para correr traslado para las alegaciones finales y proferir la sentencia correspondiente, de modo que no se está en presencia de una situación procesal que exija un trámite distinto al que usualmente corresponde a estos asuntos.

d. En todo caso, con miras a la celeridad del proceso se dispondrá en esta misma providencia que se corra traslado para alegar de conclusión.

Por lo expuesto, la Sala Unitaria

RESUELVE:

1. DENEGAR la solicitud de prelación del trámite y del fallo formulada por la Señora Viceprocuradora General de la Nación con funciones de Procuradora General de la Nación.

2. CORRER traslado común a las partes por el término de diez (10) días para que aleguen de conclusión(3).

Si el Agente del Ministerio Público lo solicita desde ahora se le concede traslado especial por el término improrrogable de diez (10) días contados a partir de la entrega del expediente, que se efectuará una vez concluido el traslado común. Este traslado no requiere auto especial.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrado: Guillermo Vargas Ayala.

 

(1) Conforme se afirma en la solicitud ésta fue presentada a solicitud del Señor Contralor Distrital de Bogotá, Doctor Diego Ardila.

(2) La demanda se admitió a través de Auto de 28 de mayo de 2012, en el cual se negó la suspensión provisional solicitada. El expediente subió al Despacho con la solicitud de prelación del trámite y de fallo el 4 de julio de 2013, luego de surtida la etapa probatoria ordenada por Auto del 5 de junio de 2013.

(3) Artículo 210 del Código Contencioso Administrativo.