Auto 2012-00228 de 21 de marzo de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 52001-23-31-000-2012-00228-01

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Actor: Carlos Augusto Castañeda Guio

Demandado: Contraloría de Pasto

Referencia: Apelación auto

Bogotá, D.C., veintidós de marzo de dos mil trece.

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el apoderado de la parte actora contra el proveído de 3 de agosto de 2012, proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño, que rechazó la demanda.

I. Antecedentes

I.1. El ciudadano Carlos Augusto Castañeda Guío, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, instauró demanda ante el Tribunal Administrativo de Nariño, contra el Municipio de Pasto y la Contraloría de dicho municipio, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad del “Fallo de 2 de julio del año 2010, modificado mediante auto de fecha 16 de mayo del año 2011, emitidos por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal en primera instancia, y por auto por medio de cual se pronuncia sobre el grado de consulta y se resuelve recurso de apelación de fecha 5 de diciembre del año 2011, expedido en segunda instancia por el Contralor Municipal de Pasto, dentro del proceso de responsabilidad fiscal DRF 07 – 017 en unidad procesal y conexidad con el DRF 08 – 014, y por medio de los cuales se condena y establece responsabilidad fiscal, por parte de la Contraloría de Pasto”.

A título de restablecimiento del derecho pretende que, en caso de haberse cancelado la suma objeto de la sanción fiscal que se acusa, se ordene a las entidades demandadas la devolución de la misma, con la indexación correspondiente, así como el pago de los perjuicios materiales y morales causados.

II. Fundamentos de la providencia apelada

Mediante proveído de 3 de agosto de 2012, el a quo rechazó la demanda, por considerar que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada se encuentra caducada, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dicha acción debe ejercerse dentro del término de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto que se acusa.

Indicó que en el presente asunto, el término de caducidad corrió entre el 13 de enero y el 13 de mayo de 2012 y que, como la demanda fue presentada el 15 de junio del mismo año, es evidente que operó la caducidad de la acción, lo cual conduce al rechazo de la demanda.

Agregó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, la conciliación extrajudicial es requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, en tanto se trate de materia conciliable, como ocurre en el presente asunto.

Aseguró que en el expediente no obra constancia de la celebración de la audiencia de conciliación correspondiente, pese a que en la demanda se anunció la aportación de la misma.

III. Fundamentos del recurso

El recurrente asegura que los documentos que echa de menos el a quo, relacionados con la Audiencia de Conciliación Extrajudicial, celebrada ante la Procuraduría 156 Judicial II Asuntos Administrativos, sí obran en el expediente a folios 3667 a 3740, del cuaderno número 8.

Agregó que dicha audiencia se realizó el 12 de abril de 2012, esto es, dentro del término de caducidad de (4) cuatro meses, por lo cual, la acción incoada no ha caducado.

Solicitó revocar el auto apelado y ordenar al a quo proveer sobre la admisión de la demanda.

IV. Consideraciones de la Sala:

En el caso objeto de estudio, el apoderado de la parte recurrente asegura que la demanda cumple con todos los requisitos de procedibilidad y fue presentada oportunamente, habida cuenta de que adelantó la conciliación prejudicial correspondiente e interpuso la demanda dentro del término de caducidad de cuatro meses.

Al efecto, el inciso 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo preceptúa:

“ART. 136.— [Modificado por el art. 23, Decreto Nacional 2304 de 1989 , Modificado por el art. 44, Ley 446 de 1998] Caducidad de las acciones.

2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”.

Por lo tanto, la Sala verificará si la demanda se presentó dentro del término establecido en la norma transcrita.

Como bien es sabido, la Ley 1285 de 2009, por medio de la cual se consagró la conciliación prejudicial, como requisito de procedibilidad para las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos que contengan derechos conciliables, entró en vigencia el 22 de enero de 2009.

En el presente caso, los actos administrativos acusados, a saber: el Fallo de Responsabilidad Fiscal núm. DRF 07 – 017 en unidad procesal y conexidad con el DRF 08 – 014 proacal, de 2 de julio de 2010; el Auto de 16 de mayo de 2011, por medio del cual se resuelve el recurso de reposición contra la decisión anterior, en el sentido de modificar el monto de la sanción impuesta y adicionarla en cuanto a la responsabilidad del tercero civilmente responsable, emanados de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Cobros Coactivos de la Contraloría Municipal de Pasto, y el auto de fondo de 13 de julio de 2011 “Por medio del cual se pronuncia sobre el grado de consulta y se resuelve recurso de apelación” dentro del citado proceso de responsabilidad fiscal, emanado del despacho del Contralor Municipal de Pasto, se expidieron y notificaron en vigencia de la referida Ley 1285 de 2009 (fls. 68 a 93, 105 a 129 y 140 a 244).

En el sub examine, se observa que la controversia involucra un contenido económico y es posible conciliar sus efectos, en la medida en que a través de la nulidad del acto administrativo acusado, se solicita como restablecimiento del derecho el pago de los perjuicios morales y materiales ocasionados por la expedición de los actos censurados.

Ahora bien, a folio 250 consta que el Auto de Fondo de 13 de julio de 2011 “Por medio del cual se pronuncia sobre el grado de consulta y se resuelve recurso de apelación”, fue notificado el 13 de enero de 2012, día en que se desfijó el edicto correspondiente, lo cual quiere decir que el término de caducidad de cuatro (4) meses, de que trata el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso administrativo, vencía el 13 de mayo de 2012.

A folios 3667 a 3668, del cuaderno número 18, se encuentra la constancia expedida por la Procuraduría 156 Judicial II de Asuntos Administrativos de Pasto, Nariño, cuyos apartes pertinentes se transcriben a continuación:

“1. Que mediante apoderado (a), la parte convocante radicó en las Procuradurías Judiciales de Pasto (N) solicitud de conciliación prejudicial de la referencia, el día doce (12) de abril de dos mil doce (2012).

(...).

3. Que fijada fecha para audiencia de conciliación, esta se llevó a cabo el día trece (13) de junio de 2012, sin que se hubiese podido consolidar ningún acuerdo, por cuanto las entidades convocadas, manifestaron no tener ánimo conciliatorio.

4. Teniendo en cuenta lo anterior, se da por fracasada la diligencia, agotado el trámite conciliatorio.

5. Conforme al artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, se da por cumplido el requisito de procedibilidad exigido para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

6. En los términos de la Ley 640 de 2001, se devolvieron a la parte citante, los documentos aportados dentro del trámite conciliatorio.” (Las negrillas y subrayas no son del texto original).

Y en acta de presentación personal de la demanda, de la oficina judicial de Pasto, obrante al inicio del expediente, sin folio numerado, se observa que la demanda de la referencia fue interpuesta el 15 de junio de 2012, es decir, dos (2) días después de surtida la diligencia de conciliación prejudicial, como requisito de procedibilidad de la acción.

Como ya se dijo en párrafos precedentes, el actor presentó la solicitud de conciliación prejudicial el 12 de abril de 2012, es decir, un (1) mes antes del vencimiento del término de caducidad de la acción (mayo 13/2012). De tal suerte que, en dicha fecha se suspendió el mencionado término perentorio, según lo preceptuado en el artículo 3º del Decreto 1716 de 2009, que establece lo siguiente:

“ART. 3º—Suspensión del término de caducidad de la acción. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta:

a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o

b) Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la Ley 640 de 2001, o

c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra primero.

(…)” (Subrayas y negrillas fuera del texto).

En virtud de lo anterior, el término suspendido, en el caso bajo estudio, se reanudó el 13 de junio de 2012, toda vez que en esa fecha se expidió la constancia de que trata el literal b) del artículo 3º del Decreto 1716 de 2009, transcrito (fl. 3668, cdno. 18).

Ahora bien, como a 12 de abril de 2012, día en que se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial, habían transcurrido tres (3) meses del término de caducidad de cuatro meses, previsto para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala estima que, a partir de la fecha en que se expidió la certificación de la entidad conciliadora (jun. 13/2012), el actor aún contaba con un (1) mes para interponer la demanda, vale decir, hasta el trece (13) de julio de 2012. Y dado que, la misma se presentó el 15 de junio del mismo año, es claro que ello se hizo dentro de la oportunidad legal prevista.

Lo anterior impone revocar el auto apelado que rechazó la demanda y, en su lugar, ordenarle al a quo proveer sobre la admisión de la misma, previo estudio de los requisitos que la ley exige para el efecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

REVÓCASE el proveído apelado que rechazó la demanda y, en su lugar, ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Nariño proveer sobre la admisión de la misma, previo estudio de los requisitos que la ley exige para el efecto.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada en la sesión del día 22 de marzo de 2013.

Magistrados: Marco Antonio Velilla Moreno— María Elizabeth García González— María Claudia Rojas Lasso—Guillermo Vargas Ayala.