Auto 2012-00233 de abril 1º de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Proceso: 080012331000201200233 01

Radicación: 49920

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Gustavo Lara Moreno y otros.

Demandado: Invías - Instituto Nacional de Concesiones - Concesionaria Autopista del Sol S.A.

Referencia: Apelación de auto. Reparación directa.

Bogotá, D.C., primero de abril de dos mil catorce.

Decide el despacho el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional de Infraestructura —ANI— (antes Instituto Nacional de Concesiones —INCO—), contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 30 de septiembre de 2013, mediante el cual se negó el llamamiento en garantía solicitado por el impugnante.

I. Antecedentes

1. Antecedentes procesales.

1.1. En escrito presentado el 20 de septiembre de 2012, los señores Gustavo Lara Moreno, Crispina María de la Hoz Rubio, Kevin Gustavo, Gustavo Enrique y Bleider Johan Lara Sanjuanelo, actuando mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, interpusieron demanda contra el Instituto Nacional de Vías —Invías—, el Instituto Nacional de Concesiones —INCO— ahora Agencia Nacional de Infraestructura —ANI— y la firma Concesionaria Autopistas del Sol, con el fin de obtener las siguientes declaraciones:

“1. El Instituto Nacional de Vías “Invías” representada legalmente por el doctor Carlos Rosado Zúñiga, o quien haga sus veces al momento de la notificación, el Instituto Nacional de Concesiones “INCO” representado legalmente por el doctor Luis Fernando Andrade o quien haga sus veces al momento de la notificación y la firma Concesionaria Autopistas del Sol S.A., representada legalmente por el doctor Menzel Rafael Amin Avendaño o quien haga sus veces al momento de la notificación, son administrativamente responsables de los perjuicios materiales y morales por la acción u omisión de los agentes del Estado y de la firma concesionaria, quienes no le dieron el mantenimiento preventivo al desagüe del espacio público ubicado en el municipio de Soledad Atlántico, entrada al barrio El Hipódromo lado derecho del antiguo Parque Muvdi, que por esa omisión del actor sufrió lesiones personales con fractura de tibia y peroné expuesta grado II.

2. Como consecuencia de la declaración anterior condenar al pago de daños materiales y morales al Instituto Nacional de Vías “Invías” representada legalmente por el doctor Carlos Rosado Zúñiga, o quien haga sus veces al momento de la notificación, el Instituto Nacional de Concesiones “INCO” representado legalmente por el doctor Luis Fernando Andrade o quien haga sus veces al momento de la notificación y la firma Concesionaria Autopistas del Sol S.A., representada legalmente, por el doctor Menzel Rafael Amin Avendaño o quien haga sus veces al momento de la notificación, como reparación del daño ocasionado a los actores: Gustavo Lara Sanjuanelo, Crispina María de la Hoz Rubio, compañera permanente del demandante principal quien representa a sus hijos menores: Bleidys Johana Lara de la Hoz y Jhorman Krit Lara de la Hoz, Kevin Gustavo Lara Sanjuanelo, Gustavo Enrique Lara Sanjuanelo y Bleider Johan Lara Sanjuanelo, sus derechos y los perjuicios de orden material y moral objetivados actuales y futuros los cuales estimo como mínimo en la suma superior a 1.700 SMLMV o (novecientos un millones de pesos m/cte.) $ 901.000.000 conforme a lo que resultare probado dentro del proceso o en su defecto en forma genérica o se regule de conformidad con el procedimiento estatuido en el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil perjuicios sobre los cuales se liquidarán intereses desde la fecha en que se produjo el daño hasta cuando se haga el pago efectivo.

3. Que el valor de las condenas aquí señalados, se actualicen al ejecutoriarse la sentencia, con base en el índice de precios al consumidor (IPC) según certifique el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, para compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda.

4. Que la sentencia de mérito favorable a las pretensiones de la demanda se le dé cumplimiento en los términos del artículo 192 del Código Contencioso Administrativo” (fls. 1-11, cdno. ppal.).

Asimismo, la demanda se fundamentó en los siguientes hechos:

— Que el señor Gustavo Lara habría caído en un desagüe abierto al lado del Parque Muvdi en horas de la noche debido a que presuntamente no había señalización de alerta.

— Que el mencionado señor fue trasladado al Hospital Universitario del Norte en donde le habrían practicado una cirugía de reducción y osteosíntesis con fijador externo debido a que presentó fractura de tibia y peroné.

— Con ocasión de una denuncia presentada por sus familiares, al señor Lara Moreno lo habrían remitido a medicina legal donde le dieron una incapacidad provisional de 70 días, posteriormente otra incapacidad de otros 70 días y finalmente “120 días con secuelas médico legales de deformidad física que afectó el cuerpo de carácter permanente. Posteriormente se envió a la junta médica del Seguro Social en donde determinaron una discapacidad de un 19.50%”.

— Que después del accidente, al señor Gustavo Lara se le limitó su actividad física lo cual le ha provocado quebrantos de salud, además, como consecuencia también del insuceso le habría quedado una pierna más corta que la otra, circunstancia que le impediría continuar con su vida habitual.

1.2. En auto del 30 de octubre de 2012, el tribunal a quo admitió la demanda y ordenó notificar personalmente a las partes demandadas, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado dicha providencia (fls. 68-69, cdno. 1).

1.3. La notificación de la demanda a las partes se realizó el 3 de diciembre de 2012, vía correo electrónico (fls. 72-73, cdno. 1).

1.4. El apoderado de la entidad demandada, Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, contestó la demanda el 14 de febrero de 2013.

Así mismo formuló llamamiento en garantía el 28 de junio de 2013 de conformidad con lo siguiente:

“l. Hechos del llamamiento en garantía.

1. El 14 de septiembre de 2009, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Compañía QBE Seguros S.A., suscribieron la póliza de responsabilidad civil extracontractual, cuyo objeto es la cobertura de los perjuicios patrimoniales que sufra la agencia con motivo de la responsabilidad civil que le sea atribuible de acuerdo con la ley colombiana por lesiones o muerte a personas y/o destrucción, pérdidas de bienes causados durante el giro normal de sus actividades, durante la vigencia comprendida del 20 de agosto de 2009 al 1º de febrero de 2011.

2. Con base en la anterior cobertura de llegar a declararse la responsabilidad de la entidad que represento en el presente asunto contencioso, la Aseguradora QBE deberá cubrir la condena que se impute a la agencia.

II. Del alcance y extensión del llamamiento en garantía.

En la eventualidad de que el honorable tribunal decidiera declarar la responsabilidad de la Agencia Nacional de Infraestructura en el reconocimiento y pago de los valores pretendidos por los accionantes, ello es, la prosperidad a las pretensiones relativas al pago de la totalidad de los perjuicios ocasionados a los demandantes, solicito se condene a la QBE Seguros S.A., al reintegro de todo lo que la agencia tuviera que pagar en virtud del “daño ocasionado”. Así mismo, sus correspondientes ajustes, costas y gastos del proceso.

En consecuencia en el evento de acceder a las pretensiones de la demanda en relación con los hechos que dieron lugar a la acción de reparación directa, me permito solicitar al honorable tribunal disponga la regulación de las prestaciones a cargo de la entidad llamada en garantía y a favor de la agencia” (fls. 151 a 153, cdno. 1).

2. El auto impugnado.

En auto del 30 de septiembre de 2013, el Tribunal Administrativo del Atlántico negó el llamamiento en garantía formulado por la parte demandada, por considerar que fue presentado fuera del tiempo previsto para ello (fls. 163-168, cdno. ppal.).

3. El recurso de apelación.

El 3 de octubre de 2013, la entidad demandada, Agencia Nacional de Infraestructura —ANI—, interpuso oportunamente recurso de apelación contra la anterior providencia. Citó el artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y argumentó lo siguiente:

“La norma procesal que regula el llamamiento no precisa o señala un término específico para efectuar la convocatoria del tercero, pues solamente dispone de los requisitos formales y sustanciales para su formulación.

Sin embargo, en una interpretación sistemática del capítulo especial y específico del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sobre intervención de terceros, sin que exista en el código una regulación adicional sobre la materia, en términos generales se dispuso que la vinculación de terceros procedía hasta antes de la fijación de fecha de primera audiencia de trámite, como lo señala expresamente el artículo 24 del estatuto ibídem:

“Desde la admisión de la demanda y hasta antes de que se profiera el auto que fija fecha para la realización de la audiencia inicial, en los procesos con ocasión de pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, contractuales y de reparación directa (...)”.

Así, la oportunidad para convocar en garantía en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se extiende hasta antes de la fecha de la primera audiencia, y corresponde a un período procesal independiente a la contestación de la demanda.

En consecuencia, corresponde en el presente caso a la autoridad judicial pronunciarse sobre el llamamiento en garantía formulado por la Agencia Nacional de Infraestructura, por lo que debe revocar el auto recurrido y conforme a las normas procesales pertinentes, admitirlo.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe aclarar que si bien el artículo 174 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que dentro del término de traslado de la demanda, la parte accionada deberá contestar, proponer excepciones, solicitar pruebas, presentar demanda de reconvención y llamar en garantía, esta regulación no fija un término preclusivo para la intervención del tercero atada al traslado, por cuanto existe norma especial y posterior que regula la intervención de terceros, determinación que no circunscribe el llamamiento a este término, sino que antes bien lo contempla para la intervención de terceros frente a la primera audiencia de trámite del artículo 180” (fls. 170-173, cdno. ppal.).

4. En auto del 18 de diciembre de 2013(1), el tribunal concedió el recurso de apelación propuesto por la entidad demandada, Agencia Nacional de Infraestructura —ANI— (fls. 182-183, cdno. ppal.).

II. Consideraciones

2. Aspectos procesales.

Ab initio conviene aclarar que el presente asunto se regirá bajo las disposiciones de la Ley 1437 de 2011 —Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo— junto con sus modificaciones, comoquiera que la demanda se presentó el 20 de septiembre de 2012, esto es cuando ya había entrado en vigencia la aludida ley, lo cual ocurrió el 2 de julio de 2012.

Previo a resolver de fondo el recurso de apelación contra el auto que denegó el llamamiento en garantía propuesto por la entidad demandada, Agencia Nacional de Infraestructura —ANI—, estima el despacho conveniente llevar a cabo algunas consideraciones acerca de las modificaciones introducidas por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, en relación con el trámite del recurso de apelación contra autos.

El artículo 308 dispone:

“Régimen de transición y vigencia. El presente código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior” (se resalta).

Así las cosas, comoquiera que la demanda en referencia se presentó ante el Tribunal Administrativo del Atlántico el 20 de septiembre de 2012, esto es en vigencia de la Ley 1437 de 2011, resulta claro que la misma se rige por el aludido Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Así mismo, el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo determinó, de manera taxativa, nueve (9) providencias de carácter interlocutorio pasibles del recurso de apelación, entre las cuales se encuentran las siguientes:

“1. El que rechace la demanda.

2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.

3. El que ponga fin al proceso.

4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que sólo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público.

5. El que resuelva la liquidación de la condena o de los perjuicios.

6. El que decreta las nulidades procesales.

7. El que niega la intervención de terceros.

8. El que prescinda de la audiencia de pruebas.

9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente” (resaltado fuera del texto original).

En relación con el trámite del recurso de apelación contra autos, el artículo 244 de la Ley 1437 de 2011 estableció que una vez concedido el recurso, se remitirá el expediente respectivo al inmediato superior para que lo decida de plano; en este aspecto conviene destacar que dicho procedimiento corresponde a una novedad introducida por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dentro del trámite de apelación de autos, comoquiera que el artículo 212 del Decreto-Ley 1 de 1984, modificado por el artículo 68 de la Ley 1395 de 2010(2), contemplaba que la única decisión que se debía resolver de plano, sin necesidad de auto admisorio dictado por el superior, era aquel que desataba una solicitud de suspensión provisional, distinción que no se efectuó en la Ley 1437 de 2011 toda vez que dispuso —se insiste— que en cuanto el recurso de apelación contra alguna de las decisiones previstas en el artículo 243 del citado cuerpo normativo sea remitido al superior, deberá resolverse de plano.

De otra parte conviene destacar que el Código General del Proceso —Ley 1564 de 2012—, en su artículo 326, dispuso que el trámite de apelación contra autos quedaría así:

“Cuando se trate de apelación de un auto, del escrito de sustentación se dará traslado a la parte contraria en la forma y por el término previsto en el inciso 2º del artículo 110. Si fueren varios los recursos sustentados, el traslado será conjunto y común. Vencido el traslado se enviará el expediente o sus copias al superior.

Si el juez de segunda instancia lo considera inadmisible así lo decidirá en auto; en caso contrario resolverá de plano y por escrito el recurso. Si la apelación hubiere sido concedida en el efecto devolutivo o en el diferido, se comunicará inmediatamente al juez de primera instancia, por cualquier medio, de lo cual se dejará constancia. El incumplimiento de este deber por parte del secretario constituye falta gravísima” (se resalta).

Como se puede observar, el trámite del recurso de apelación contra autos en el Código General del Proceso está enfocado en la misma línea en que lo estableció el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, esto es que también dispuso que si el juez considera admisible la apelación contra un auto, debe resolverla de plano y por escrito.

En este punto conviene destacar que en el informe de ponencia para primer debate del Proyecto de Ley 159 de 2011 Senado y 196 de 2011 Cámara, el cual finalmente se convirtió en la mencionada Ley 1564 de 2012, respecto de los medios de impugnación, se señaló lo siguiente:

“1. Simplifica el trámite de las apelaciones y limita la misma mediante la adopción de la denominada apelación impugnaticia en contraposición con la apelación panorámica que actualmente rige. (...)” (resaltados adicionales).

De manera que, tratándose de la decisión por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación contra un auto que negó la intervención de un tercero, se concluye que se debe resolver la presente providencia de plano y por escrito.

3. Problema jurídico.

En el sub examine se tiene que el Tribunal Administrativo del Atlántico negó el llamamiento en garantía solicitado por el impugnante al considerar que fue presentado fuera del tiempo previsto para ello comoquiera que, bajo el concepto del a quo, el momento para solicitar llamamiento en garantía lo constituye la contestación de la demanda, en virtud de los dictados contenidos en los artículos 171 y 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; por su parte, la entidad demandada, Agencia Nacional de Infraestructura —ANI—, en su recurso de apelación, expuso que la aludida codificación no dispone un término específico para convocar a un tercero y que, por lo tanto, el plazo para hacer la aludida solicitud corre desde la admisión de la demanda hasta antes de fijar fecha para audiencia inicial en virtud del artículo 224 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En línea con lo anterior, el problema jurídico del sub examine consiste en determinar cuál es el término previsto en la Ley 1437 de 2011 para solicitar un llamamiento en garantía, con el fin de establecer si el llamamiento propuesto por el recurrente resulta extemporáneo o no.

3.1. Generalidades del llamamiento en garantía.

El llamamiento en garantía, como se ha manifestado en múltiples ocasiones, tiene ocurrencia cuando entre la parte o persona citada y la que hace el llamamiento existe una relación de orden legal o contractual, con el fin de que aquella pueda ser vinculada a las resultas del proceso y, en particular, para que sea obligada a resarcir un perjuicio o a efectuar un pago que sea impuesto en la sentencia que decida el respectivo proceso.

En cuanto tiene que ver con los requisitos y el trámite aplicables a esta figura de vinculación procesal, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aplicación de la previsión legal contenida en el artículo 225 de esta misma codificación, dispone:

“ART. 225.—Llamamiento en garantía. Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.

El llamado, dentro del término de que disponga para responder el llamamiento que será de quince (15) días, podrá, a su vez, pedir la citación de un tercero en la misma forma que el demandante o el demandado.

El escrito de llamamiento deberá contener los siguientes requisitos:

1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al proceso.

2. La indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito.

3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen.

4. La dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales.

El llamamiento en garantía con fines de repetición se regirá por las normas de la Ley 678 de 2001 o por aquellas que la reformen o adicionen”.

La incorporación a la cual alude el citado artículo 225 se refiere a las exigencias que deben cumplirse para la procedencia de esta forma de vinculación de terceros, entre las que se destaca, respecto de lo que a los requisitos de la solicitud correspondiente se refiere, lo siguiente:

• El nombre del llamado y el de su representante;

• El lugar de su domicilio o residencia;

• El relato de los hechos en que se apoya el llamamiento y los fundamentos de derecho que lo soportan;

• La dirección de la oficina o habitación donde el denunciante su apoderado recibirán las notificaciones personales.

En relación con la exigencia de que en el escrito de llamamiento se expongan los hechos en que se apoya la citación del tercero y los fundamentos de derecho que sustenten la actuación, se ha precisado que tiene por finalidad establecer los extremos y elementos de la relación sustancial que se solicita sea definida por el juez, así como ofrecer un fundamento fáctico y jurídico mínimo del derecho legal o contractual en que se apoya el llamamiento, en orden a que la invocación de ese instrumento procesal sea serio, razonado y responsable y, al propio tiempo, se garantice el derecho de defensa de la persona que sea citada en tal condición a proceso.

En consonancia con lo anterior, esta corporación ha sostenido que la demostración del derecho legal o contractual en que se funda la petición de llamamiento tiene como razón de ser el derecho que surge para el llamante de exigir la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reintegro del pago que tuviera que hacer en virtud de la sentencia condenatoria que se profiera en su contra, de manera que en la misma sentencia que falle sobre la litis principal se defina también la relación que pueda existir entre llamante y llamado.

Así mismo, el artículo 172 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone:

“Traslado de la demanda. De la demanda se correrá traslado al demandado, al Ministerio Público y a los sujetos que, según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso, por el término de treinta (30) días, plazo que comenzará a correr de conformidad con lo previsto en los artículos 199 y 200 de este código y dentro del cual deberán contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía, y en su caso, presentar demanda de reconvención (se resalta y se subraya).

Por su parte, el artículo 199 del mismo estatuto determina:

Notificación personal del auto admisorio y del mandamiento de pago a entidades públicas, al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a particulares que deban estar inscritos en el registro mercantil. El auto admisorio de la demanda y el mandamiento de pago contra las entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones propias del Estado se deben notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, o directamente a las personas naturales, según el caso, y al Ministerio Público, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales a que se refiere el artículo 197 de este código.

De esta misma forma se deberá notificar el auto admisorio de la demanda a los particulares inscritos en el registro mercantil en la dirección electrónica por ellos dispuesta para recibir notificaciones judiciales.

El mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y contener copia de la providencia a notificar y de la demanda.

Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El secretario hará constar este hecho en el expediente.

En este evento, las copias de la demanda y de sus anexos quedarán en la secretaría a disposición del notificado y el traslado o los términos que conceda el auto notificado, sólo comenzarán a correr al vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación. Deberá remitirse de manera inmediata y a través del servicio postal autorizado, copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio, sin perjuicio de las copias que deban quedar en el expediente a su disposición de conformidad con lo establecido en este inciso.

En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde sea demandada una entidad pública, deberá notificarse también a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los mismos términos y para los mismos efectos previstos en este artículo. En este evento se aplicará también lo dispuesto en el inciso anterior.

La notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se hará en los términos establecidos y con la remisión de los documentos a que se refiere este artículo para la parte demandada.

En línea con lo anterior, es claro que una vez surtida la última notificación personal empiezan a correr 25 días para que, a su turno, se inicie el cómputo del plazo dispuesto en el citado artículo 172, de 30 días más, para la contestación de la demanda y, entre otras cosas, solicitar el llamamiento en garantía, si a ello hubiere lugar.

En el caso concreto se tiene que el 3 de diciembre de 2012 se realizó la notificación a las partes vía correo electrónico, es decir que a partir del día siguiente empezaron a contarse los 25 días dispuestos en el artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los cuales se cumplieron el 30 de enero de 2013 y a partir del día siguiente empezó a contabilizarse el plazo de 30 días previsto en el artículo 172 de la misma codificación para solicitar llamamiento en garantía, término que se cumplió el 13 de marzo de 2013.

En efecto, si bien la entidad demandada, Agencia Nacional de Infraestructura —ANI—, presentó su escrito de contestación de la demanda dentro del término previsto para ello, esto es el 14 de febrero de 2013, lo cierto es que dentro de ese escrito no realizó mención alguna acerca del llamamiento en garantía y sólo hasta el 28 de junio del mismo año elevó dicha solicitud en relación con la empresa QBE Seguros S.A., fecha que, como se ha dejado claro, resulta posterior al plazo dispuesto por la Ley 1437 de 2011 para esos efectos.

De conformidad con lo anterior, se confirmará la decisión que adoptó el Tribunal Administrativo del Atlántico, esto es negar el llamamiento en garantía formulado por la entidad demandada, Agencia Nacional de Infraestructura —ANI—.

Ahora bien, la entidad demandada, Agencia Nacional de Infraestructura —ANI—, en su recurso de apelación expuso que la norma que debía aplicarse a su caso concreto es la del artículo 224 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, comoquiera que la aludida codificación no hacía referencia expresa al plazo establecido para solicitar el llamamiento en garantía. A su tenor:

“ART. 224.—Coadyuvancia, litisconsorte facultativo e intervención ad excludendum en los procesos que se tramitan con ocasión de pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, contractuales y de reparación directa. Desde la admisión de la demanda y hasta antes de que se profiera el auto que fija fecha para la realización de la audiencia inicial, en los procesos con ocasión de pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, contractuales y de reparación directa, cualquier persona que tenga interés directo, podrá pedir que se la tenga como coadyuvancia o impugnadora, litisconsorte o como interviniente ad excludendum.

El coadyuvante podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio.

En los litisconsorcios facultativos y en las intervenciones ad excludendum es requisito que no hubiere operado la caducidad. Igualmente, se requiere que la formulación de las pretensiones en demanda independiente hubiera dado lugar a la acumulación de procesos.

De la demanda del litisconsorte facultativo y el interviniente ad excludendum, se dará traslado al demandado por el término establecido en el artículo 172 de este código”.

Como se observa, el transcrito artículo 224 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo hace referencia a las figuras de la coadyuvancia, el litisconsorcio facultativo y la intervención ad excludendum, instituciones procesales que si bien constituyen una forma de intervención de terceros, no comprenden el llamamiento en garantía.

En ese orden de ideas, resulta evidente que como lo que se pretende en el sub examine no es la coadyuvancia, ni el litisconsorcio facultativo, ni la intervención ad excludendum sino el llamamiento en garantía, la normativa aplicable al caso concreto es aquella establecida en los artículos 172, 199, 225 y 227 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y no el artículo 224 propuesto por el recurrente. Nuevamente.

En conclusión, se reitera, como hay normatividad expresa que establece que el llamamiento en garantía debe hacerse dentro del término previsto para contestar la demanda, la solicitud elevada por la entidad demandada, Agencia Nacional de Infraestructura —ANI—, debe tenerse como extemporánea.

En mérito de lo expuesto, el despacho

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto apelado, esto es el proferido el 30 de septiembre de 2013 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante el cual se negó el llamamiento en garantía respecto de la Aseguradora QBE Seguros S.A.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Magistrado: Mauricio Fajardo Gómez.

(1) Este proceso le correspondió a este despacho en reparto del 10 de febrero de 2014.

(2) Artículo 212 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 68 de la Ley 1395 de 2010: “Apelación de autos. Con excepción del auto de suspensión provisional, cuyo recurso de apelación se resuelve de plano, el procedimiento para decidir el que se interponga contra los demás que sean objeto del mismo, será el siguiente:

El recurso se interpondrá y sustentará ante el a quo dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del auto recurrido. Una vez sustentado el recurso se enviará al superior para su admisión. Si el recurso no es sustentado oportunamente, se declarará desierto por el inferior y ejecutoriado el auto objeto de la apelación.

Si el recurso reúne los requisitos legales, será admitido por el superior mediante auto que ordene poner el memorial que lo fundamente a disposición de la parte contraria, durante tres (3) días en la secretaría.

Si ambas partes apelaren, los términos serán comunes.

Vencido el término de traslado a las partes, se debe remitir al ponente para que elabore proyecto de decisión.

El ponente registrará proyecto de decisión en el término de diez (10) días y la Sala debe resolver dentro de los cinco días siguientes”.