Auto 2012-00242 de mayo 9 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 25000-23-24-000-2012-00242-01

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Actor: José Leonardo Bueno Ramírez

Demandado: Personero del Municipio de Chía

Bogotá, D.C., nueve de mayo de dos mil doce

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

De conformidad con lo arriba expuesto corresponde definir a la Sala si le asiste la razón al demandante en su argumento según el cual la interpuesta fue “una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que pretende la nulidad del Acta 6 de enero 10 de 2012, expedida por el Concejo Municipal de Chía mediante la cual se llevó a cabo la elección del personero de Chía para el periodo de 1º de marzo de 2012 al último de febrero de 2016. Y a título de restablecimiento del derecho, realizar una nueva convocatoria y demás pretensiones establecidos en el líbelo de esta demanda”(5). O si por el contrario, de las súplicas del escrito presentado y de la naturaleza del acto acusado se sigue, pese a la denominación que haya querido darle el actor, que estamos frente a una verdadera demanda electoral.

Recientemente la Sección al estudiar un problema jurídico similar a aquel que hoy nos ocupa consideró:

“Decidir el recurso de alzada impone a la Sala determinar si someter a examen judicial de constitucionalidad y de la legalidad un acto administrativo por el cual se elige a un juez de la República en encargo, y bajo los motivos que informan esta demanda, se debe ejercitar mediante la acción pública electoral, o si ello corresponde al trámite propio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que fue la que en este caso ejercitó la demandante”.

Sobre la naturaleza, procedencia y finalidad del contencioso electoral, la jurisprudencia de la sección ha sido clara en precisar que

“La acción electoral es una acción pública de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa, que se orienta al restablecimiento de la legalidad y del orden jurídico, en la medida en que protege el interés colectivo de la pureza del sufragio. En la acción de nulidad electoral se juzga la legalidad de los actos de nombramiento o elección de los servidores públicos y la pretensión principal es la declaratoria de nulidad de dichos actos, pues se busca la guarda de la legalidad y no un interés particular. En esta clase de acción, por regla general, solo es procedente la pretensión anulatoria del acto, no resultando viables declaraciones o condenas diferentes, por cuanto se trata de un contencioso de carácter objetivo, en el cual, —se repite— lo único que se puede perseguir es la restauración del imperio de la legalidad”(6).

La Sala considera que el acto que en este sub lite se acusa, debido a que dota o concede a la elegida en encargo como juez de la República de jurisdicción y también de mando como autoridad administrativa, en efecto tiene la naturaleza propia y especial de ser un acto electoral”(7).

Como en el antecedente citado, una razonable interpretación de la demanda impone concluir que la acción a la que acude el actor no es otra diferente que la de nulidad electoral, porque de su contenido se evidencia que la inspira el propósito de que en forma total se excluya del ordenamiento jurídico el acto de elección del personero municipal de Chía, concretamente, por el desconocimiento de: (i) los artículos 29 y 313 constitucionales, (ii) el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, y (iii) los artículos 124, 125, 132, 133, 135, 136, 137 y demás normar concordantes del Acuerdo 12 de 2010 del concejo municipal de Chía, de forma tal que, la realización de una nueva convocatoria y elección no implica el restablecimiento de un derecho para el demandante sino, simplemente, la consecuencia jurídica natural de la declaratoria de la nulidad que se pretende.

Así las cosas, el término de caducidad que resulta aplicable al caso sub examine es el de la acción electoral, esto es, el consagrado en el numeral 12 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, de conformidad con el cual “la acción electoral caducará en veinte (20) días, contados a partir del siguiente a aquel en el cual se notifique legalmente el acto por medio del cual se declara la elección o se haya expedido el nombramiento de cuya nulidad se trata. Frente a los actos de confirmación, el término de caducidad de la acción se contará a partir del día siguiente a la fecha en la cual se confirme la designación o nombramiento”.

En consideración a que la declaración de la elección fue notificada el 11 de enero del año en curso, le asiste la razón al a quo cuando concluye que el término para interponer la acción electoral venció el 8 de febrero del presente año, y dado que la demanda fue interpuesta por el actor el 22 de ese mismo mes y año, se tiene que al momento de la presentación de la misma ya se encontraba caducada, razón por la cual se imponía su rechazo.

En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado,

IV. RESUELVE:

1. Confirmar la providencia del 24 de febrero de 2012 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que resolvió rechazar la demanda por considerar que había caducado la acción electoral.

2. Ejecutoriada esta providencia, remítase el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase».

(5) Folio 18 del expediente.

(6) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de noviembre de 2008, Rad. 2007-00477, M.P. Filemón Jiménez Ochoa.

(7) Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del nueve (9) de noviembre de dos mil diez (2010), Radicado: 05001-23-31-000-2007-00437-02, Actor: Flor de María Ruiz Marulanda, Demandado: Araminta Correa Bedoya.