Sentencia 2012-00245 de julio 3 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 76001 2331 000 2012 00245 01

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actora: C.I. Manufacturas Femeninas Ltda.

Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Bogotá, D.C., tres de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Las consideraciones

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado ele la parte actora contra el auto de 23 de marzo de 2012 mediante el cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca rechazó la demanda presentada contra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi al considerar que debió agotarse el requisito de la conciliación extrajudicial.

4.1. Competencia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conocer los recursos de apelación interpuestos contra los autos proferidos en primera instancia por los tribunales administrativos que sean susceptibles de este recurso de conformidad con el numeral 1º del artículo 181 ibídem.

4.2. Caso concreto.

En esta oportunidad se debe determinar si con la pretensión de nulidad y restablecimiento de actos por medio de los cuales se niega un avalúo catastral es exigible el requisito de procedibilidad de acudir a la conciliación extrajudicial.

El artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 que adicionó la Ley 270 de 1996 estableció que siempre que los asuntos sean conciliables y las demandas se promuevan en ejercicio de las acciones establecidas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, se exigirá como requisito de procedibilidad el trámite de la conciliación extrajudicial. Señala la norma:

“Apruébanse como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente: artículo 42A conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa. A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial”.

Según lo visto a partir de la expedición de la Ley 1285 de 2009 para interponer las demandas de reparación directa, de controversias contractuales y de nulidad y restablecimiento del derecho, se debe allegar constancia que acredite el trámite de la conciliación extrajudicial, so pena de que se rechace.

Revisado el expediente se observa que lo pretendido con la demanda es la nulidad de las resoluciones 57-2010 de 27 de abril de 2010 y 472-2011 de 28 de octubre de 2011 proferidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, las cuales deciden sobre el avalúo catastral del predio identificado con el número 004-01-0003-0211-00.

Para el caso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho los únicos tópicos que escapan al requisito de la conciliación son aquellos referidos a asuntos tributarios.

Comoquiera que con la demanda instaurada se pretende la nulidad de resoluciones que fijaron el avalúo catastral de un predio es forzoso indicar que dicho avalúo tiene como objetivos la formación, actualización de la formación, conservación del catastro y la determinación físico-jurídica en forma cada vez más completa de los límites de la propiedad inmueble en beneficio de los propietarios o poseedores, de la comunidad y del Estado, elementos que sirven para la liquidación del impuesto predial.

Se advierte que aunque la determinación de los avalúos por parte de las oficinas de catastro incide directamente en la fijación del impuesto predial, una y otra función están asignadas a diferentes autoridades de manera que, si bien la base gravable del impuesto predial es el avalúo catastral y la tarifa se fija en función de esa base, las controversias surgidas con ocasión del avalúo catastral no son de carácter tributario.

En otras palabras, las resoluciones expedidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi cuestionadas ante esta Jurisdicción no son las que imponen el tributo sino actos que fijan el avalúo catastral, que si bien tienen relación con dicha liquidación, pues, son la base gravable del impuesto predial, constituyen actos administrativos independientes de aquel.

En ese orden de ideas el despacho considera que la parte actora sí tenía la obligación de cumplir con el requisito establecido en artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 comoquiera que en el presente caso no se presenta ninguno de los eventos exceptuados de la conciliación extrajudicial previstos en el parágrafo 1º del artículo 2º del Decreto 1716 de 2009.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto apelado.

2. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen, una vez este en firme el presente auto.

Notifíquese y cúmplase».