Auto 2012-00278 de febrero 17 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2012-00278-00

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Medio de control: Nulidad

Actor: Isaac Alfonso Devis Granados

Bogotá, D.C., diecisiete de febrero de dos mil catorce.

El ciudadano ISAAC ALFONSO DEVIS GRANADOS, actuando en su propio nombre, instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad, ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad, previa suspensión provisional, de los efectos del Acuerdo 2 de 4 de abril de 2012, “Por medio del cual se establece y reglamenta la prestación del servicio público de televisión abierta radiodifundida digital terrestre - TDT”, expedido por la junta directiva de la otrora Comisión Nacional de Televisión, hoy Agencia Nacional de Televisión .

I. La demanda fue admitida, mediante auto de 11 de diciembre de 2013.

II. Con la demanda, el actor solicita la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado, por violación del artículo 13 de la Ley 182 de 1995, según el cual, para la adopción de los actos de carácter general, que sean competencia de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, hoy AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN, ANTV, es necesario que la materia que se propone reglamentar, se comunique a través de medios de comunicación de amplia difusión.

Señala el actor que dicho deber legal fue desatendido por la entidad demandada al expedir el acto administrativo acusado, razón por la cual “terminó adoptando temas en el respectivo Acuerdo que no fueron tratados, ni puestos en conocimiento con el correspondiente Proyecto”.

Asegura que en el proyecto inicial no se hizo alusión alguna a temas de “encadenamiento” y “desencadenamiento”, los cuales fueron incluidos en el acuerdo definitivo, sin haber sido discutidos ni difundidos ampliamente.

Agrega que la conducta de la entidad demandada vulnera el principio de buena fe, habida cuenta de que el acto acusado fue expedido cuando apenas faltaban ocho (8) días para cesar en sus funciones y a espaldas de los administrados, de manera premeditada.

Arguye que los artículos 4º, 8º 9º, parágrafo segundo, 13, parágrafo tercero, 22, 23 y 29 del Acuerdo 2 de 2012, cuya nulidad pretende, relativos a las definiciones de “encadenamientos” y “desencadenamientos”; “cese de las emisiones de televisión terrestre”; “prestación del servicio en el período de transición”; “gestión de un multiplex digital por parte de los operadores locales sin ánimo de lucro” e “indicadores de implementación de la TDT”, carecen de respaldo en el Proyecto inicial, de tal suerte que dichos temas se incluyeron en forma sorpresiva, con la consecuente violación flagrante del procedimiento especial consagrado para la adopción de los Acuerdos en la Ley 182 de 1995.

III. De la solicitud de suspensión provisional, se corrió traslado a la parte demandada, AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN, ANTV, quien se manifestó de la siguiente manera:

Aseguró que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 182 de 1995, que desarrolló los artículos 76 y 77 de la Constitución Política, a la otrora Comisión Nacional de Televisión, le correspondía, en representación del Estado, la titularidad y reserva del servicio público de televisión, así como la competencia para intervenir, dirigir, regular, desarrollar y ejecutar planes y programas de este servicio.

Indicó que fue el Legislador quien le concedió a la citada entidad amplias facultades para clasificar discrecionalmente los distintos géneros o modalidades del servicio de televisión y para reglamentar su implementación y funcionamiento, conforme se desprende de los artículos 5º y 12 de la Ley 182 de 1995.

Agregó que los artículos 19 y 20 de la referida Ley, establecían las definiciones de “televisión radiodifundida” y “televisión abierta”, la cual podía ser restringida por la Comisión Nacional de Televisión a determinados usuarios.

Argumentó que con base en las Leyes 182 de 1995 y 335 de 1996, la Comisión Nacional de Televisión expidió el acto administrativo acusado, Acuerdo 2 de 4 de abril de 2012, con el objeto de establecer las condiciones básicas para la prestación del servicio de televisión abierta radiodifundida digital terrestre (TDT), para adelantar la transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre, así como el cese de las emisiones de televisión abierta radiodifundida analógica.

Señaló que contra el acto acusado también cursa una demanda de nulidad, en esta Corporación, radicada bajo el número 2012-0267, promovido por CASA EDITORIAL EL TIEMPO CEETTV S.A., cuyo objeto es obtener la declaratoria de nulidad del artículo 4º del referido Acuerdo 2 de 2012, en lo que se refiere a la definición de encadenamientos.

Adujo que en dicho proceso, mediante proveído de 29 de abril de 2013, se denegó la solicitud de suspensión provisional en consideración a que la Ley 182 de 1995 contempla la posibilidad de que los operadores de diferentes categorías de cubrimiento, acudan a la figura del encadenamiento, con el fin de trasmitir en un área distinta a la de su concesión, decisión que fue objeto del recurso de reposición, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de auto de 8 de julio de 2013.

Arguyó que la medida cautelar de suspensión provisional, no tiene vocación de prosperidad en esta oportunidad, habida cuenta de que el Acuerdo 2 de 2012, cuya nulidad se pretende, contiene un total de 30 artículos, mientras que los reparos formulados por el actor, únicamente están dirigidos contra el tema del encadenamiento y desencadenamiento y contra los artículos 8º y 9º, parágrafo 2º.

Advirtió que el artículo 4º del acto acusado establece que “En caso de presentarse alguna diferencia en el alcance, significado o interpretación de los términos definidos en el presente acuerdo, se acudirá a lo definido o establecido por la UIT y, en su defecto, por la ETSI”, los cuales son organismos pioneros en la regulación de las telecomunicaciones a nivel internacional, por lo que, a su juicio, no existe razón alguna para considerar que dicho Acuerdo 2 de 2012, es violatorio del procedimiento establecido para su expedición.

Estimó que hasta tanto no se analicen las pruebas en su conjunto y los antecedentes administrativos del acto acusado, no es posible emitir un juicio de valor, menos aún, si se tiene en cuenta que las disposiciones atacadas guardan proporción con los cambios que deben producirse en desarrollo de la implementación de los nuevos modelos y las tecnologías en el sector de la televisión.

IV. Consideraciones del despacho

La suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, es una medida cautelar prevista en el artículo 230, numeral 3º, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuya finalidad, al igual que las demás medidas cautelares previstas en el mismo, es la de proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, tal como lo prevé el artículo 229 ibídem.

El artículo 231, inciso 1º, de dicho código, establece como requisitos de procedencia de la citada medida cautelar, los siguientes: i) violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado y ii) que la violación surja del análisis del acto acusado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas, o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

En el presente asunto, el actor aduce como violado el artículo 13 de la Ley 182 de 20 de enero 1995, pues, a su juicio, la entidad demandada, Comisión Nacional de Televisión, hoy Autoridad Nacional de Televisión —ANTV—, en el texto del Acuerdo 2 de 2012, cuya nulidad se pretende, se incluyeron temas que no se encontraban en el proyecto que se sometió a discusión, tales como las definiciones de “encadenamiento” y “desencadenamiento”, entre otras disposiciones, que no contaron con la amplia difusión que exige el citado artículo 13, lo cual condujo a que el público fuera sorprendido con la regulación de dichos temas, circunstancia que evidencia su flagrante violación, en la cual sustenta la solicitud de suspensión provisional.

Como objeto de la medida cautelar, señala los artículos 4º, 8º, 9º, parágrafo segundo, 13, parágrafo tercero, 22, 23 y 29 del referido acuerdo, relativos a las definiciones de “encadenamiento” y “desencadenamiento”; “cese de las emisiones de televisión terrestre”; “prestación del servicio en el periodo de transición”; “gestión de un multiplex digital por parte de los operadores locales sin ánimo de lucro” e “indicadores de implementación de la TDT”, los cuales, reitera, carecen de respaldo en el proyecto inicial.

IV.1. Cuestión previa.

Antes de abordar el análisis sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada, la Sala Unitaria advierte que en el despacho del Consejero de Estado doctor Guillermo Vargas Ayala, cursa el proceso de nulidad radicado bajo el número 2012-00267-00, promovido por CEETTV S. A., contra la Comisión Nacional de Televisión, con el fin de obtener la nulidad de los artículos 4º y 23 del Acuerdo 2 de 2012, que también son objeto de impugnación en el proceso de la referencia.

En dicho expediente, la parte actora solicitó la suspensión provisional de las disposiciones mencionadas, por presunta violación de los artículos 22, 35, 36 y 37 de la Ley 182 de 20 de enero de 1995, pues, a su juicio, las figuras del “encadenamiento” y “desencadenamiento”, tal como fueron reguladas en el acuerdo, son ilegales en tanto que “desconocen la clasificación del servicio en función del nivel de cubrimiento, lo que da lugar a que los canales segmenten su señal y desdibuja la naturaleza de la clasificación del servicio y posibilita a los operadores incursionar en niveles diferentes a los autorizados en la concesión”.

Dicha solicitud de medida cautelar, fue resuelta por el consejero conductor del proceso, mediante auto de 29 de abril de 2013, en el sentido de denegarla, entre otras razones, porque la misma Ley 182 de 1995 contempla la posibilidad de que los operadores de diferentes categorías utilicen la figura del encadenamiento para prestar el servicio de televisión en distintos niveles y porque la competencia de la CNTV para regular lo concerniente a los encadenamientos está expresamente consagrada en el artículo 5º de dicha ley.

Por otra parte, estimó el Magistrado Ponente que “el desencadenamiento en vez de permitir la incursión de operadores en niveles supuestamente no autorizados, revierte este efecto toda vez que da lugar a la desvinculación de las estaciones de televisión que en algún momento estuvieron encadenadas”.

Como ya se dijo, la suspensión provisional solicitada en el referido proceso, conocido por el doctor Vargas Ayala, fue denegada y confirmada a través de proveído de 8 de julio de 2013, al resolver el recurso de reposición contra la decisión inicial.

Sin embargo, ocurre que en el asunto de la referencia, si bien es cierto que se solicita la nulidad del Acuerdo 2 de 4 de abril de 2012, incluidos los artículos 4º y 23, cuya suspensión provisional fue objeto de estudio por el citado Consejero de Estado, también lo es que el concepto de violación mencionado en el proceso número 2012-0067-00, es diferente al que se endilga en esta oportunidad.

En efecto, en el proceso de la referencia, el actor señala como violado el artículo 13 de la Ley 182 de 1995 y no los artículos 22, 35, 36 y 37 de la misma, invocados en el otro proceso. Ello quiere decir, que en el caso bajo examen, no se discute si la ley permite o prohíbe el “encadenamiento” y “desencadenamiento” ni si la CNTV tiene o no la competencia para regular la materia. Lo que se pretende esclarecer en esta oportunidad es si la entidad demandada atendió cabalmente el procedimiento previsto en el artículo 13 de la citada ley para la adopción del acto administrativo acusado o si, contrario a ello, omitió la obligación de “comunicar a través de medios de comunicación de amplia difusión la materia que se propone reglamentar”.

En tales circunstancias, para adoptar la decisión sobre la solicitud de suspensión provisional de los artículos 4º, 8º, 9º, parágrafo segundo, 13, parágrafo tercero, 22, 23 y 29 del Acuerdo 2 de 2012, que se pretende en esta oportunidad, el despacho procede a efectuar el análisis correspondiente, esto es, la confrontación de las citadas disposiciones del acto acusado con el artículo 13 de la Ley 182 de 1995.

IV.2. Caso concreto.

Como quedó visto, el problema jurídico que presenta el asunto de la referencia, consiste en establecer si las disposiciones del Acuerdo 002 de 4 de abril de 2012 de la CNTV, que según dice el actor, no fueron incluidas en el proyecto que dio origen al mismo, vulneran en forma flagrante el artículo 13 de la Ley 182 de 1995, de tal suerte que deba decretarse la suspensión provisional de los mismos.

Al efecto, resulta útil traer a colación las precisiones hechas por este despacho, frente al deber legal consagrado en la norma presuntamente violada, esto es, la obligación de publicidad durante la etapa de formación de los actos generales emanados de la Comisión Nacional de Televisión. Así dijo la Sala Unitaria(2):

“De todo lo anterior se desprende que en el proceso de expedición del acto acusado, la demandada no dio cumplimiento cabal al requisito de publicidad que exige el artículo 13 de la Ley 182 de 1995, pues si bien es cierto que, como lo advirtió el despacho en el auto recurrido, la CNTV adelantó las etapas de publicación y discusión de la materia a reglamentar, no lo es menos que era indispensable que en dichas etapas se dieran a conocer a los interesados los estudios que sirvieron de base al proyecto de acuerdo que se sometió a discusión, a fin de que pudiera desarrollarse el respectivo debate que el Legislador previó para la expedición de los actos generales de dicha entidad.

En este orden de ideas, de la comparación del contenido del acto demandado y del artículo 13 de la Ley 182 de 1995 examinado, advierte la Sala Unitaria que efectivamente no se cumplió totalmente con el requisito de publicidad en la formación de los actos generales de la CNTV, porque no se dio a conocer la materia que se iba a reglamentar, pues, se repite, el Acuerdo 1 de 2012 se expidió sin someter a discusión los estudios exigidos para tal efecto, que, según su parte motiva, sirvieron de fundamento para que esa entidad adoptara el reglamento de los sistemas que garantizan el acceso de las personas sordas e hipoacúsicas al servicio público de televisión.

Frente a este asunto en particular, la Sección Primera ha sostenido que:

“Se observa que según ese texto [artículo 13, Ley 182 de 1995], la Comisión Nacional de Televisión puede proferir acuerdos, y que estos constituyen actos administrativos de carácter reglamentario en el ejercicio de sus funciones y sobre los asuntos a su cargo o de su competencia, esto es, los relativos al servicio público de televisión, en los términos señalados en los artículos 76 y 77 de la Constitución Política y de la Ley 182 de 1995, artículos 6º y ss.

Que para la adopción de los referidos reglamentos o ‘acuerdos’, el procedimiento se debe iniciar con una amplia divulgación de ‘la materia que se propone reglamentar’, mediante publicación en medios masivos de comunicación.

(...).

Así las cosas, en relación con tales reglamentaciones, esa disposición es inequívoca en cuanto a lo imperativo o ineludible del trámite en ella señalado para su adopción, de suerte que este aspecto procedimental o formal de los acuerdos de la CNTV, es reglado, y por lo tanto se trata de una formalidad sustancial, según calificación de la doctrina y la jurisprudencia, que por lo demás es un claro desarrollo del carácter participativo de la democracia colombiana, consagrada en el artículo 1º de la Constitución Política, y del artículo 40 de la Constitución Política en cuanto al derecho de los colombianos a tener iniciativa en corporaciones públicas en relación con asuntos de especial interés general y social, como justamente son los relativos a la regulación de la televisión”(3) (resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Sección Tercera de esta corporación ha señalado que:

“Lo anterior demuestra que en esta materia, ha sido intención del legislador brindarles la oportunidad de participación a los destinatarios de las normas reglamentarias del servicio de la televisión en la elaboración de las mismas, dándoles oportunidad de opinar, antes de que sean tomadas las decisiones definitivas por la entidad competente, es decir, por la Comisión Nacional de Televisión.

Observa la Sala que el Consejo de Estado ya se ha pronunciado sobre la exigencia de este requisito legal de formación de actos administrativos de carácter general como el demandado —Acuerdos de la Junta Directiva de la CNTV—, considerando que su omisión vicia estas decisiones y declarando nulo el acto que ha incurrido en dicha irregularidad”(4) (resaltado fuera del texto).

En el caso examinado, la Sala Unitaria hace hincapié en el hecho de que la jurisprudencia de esta corporación, como quedó visto, ha sostenido que la finalidad del artículo 13 de la Ley 182 de 1995, al ordenar que se dé a conocer a los interesados la materia que se pretende reglamentar, es la de permitir el desarrollo del “respectivo debate que el legislador previó para la expedición de los actos generales de dicha entidad”.

Por lo tanto, no existe duda alguna de que para la adopción de actos de carácter general por parte de la CNTV, previamente, debe dar a conocer al público, a través de medios de comunicación de amplia difusión, la materia que se propone reglamentar, so pena de transgredir el procedimiento establecido en el artículo 13 de la Ley 182 de 20 de enero de 1995, previsto para tal efecto.

En el presente asunto, se constata lo afirmado por el demandante, en el sentido de que las definiciones de “encadenamiento” y “desencadenamiento” contenidas en el artículo 4º del acto administrativo acusado, Acuerdo 2 de 2012, no fueron incluidas en el texto del proyecto sometido a divulgación, conocimiento y discusión del público.

En efecto, a folios 17 a 30 del cuaderno principal, obra el proyecto de acuerdo, “Por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio público de televisión radiodifundida en tecnología digital terrestre —TDT—”, en cuyo artículo contentivo de “definiciones”, visible a folio 21, no se alude a los temas de “encadenamiento” y “desencadenamiento”, y tampoco se desarrollan en parte alguna de dicho proyecto, pero sí fueron incluidos en los artículos 4º, 22 y 23 del acto acusado, que obra a folios 54 a 68.

El acto administrativo acusado expuso en su parte considerativa, entre otros, los siguientes argumentos:

“Que la CNTV en curso del estudio del proyecto regulatorio, procedió a publicarlo en el Diario Oficial Nº 48169 del 22 de agosto de 2011, y en cumplimiento de las determinaciones de junta directiva números 1750 y 1754 de 2011, recibió 38 observaciones, incluidas en las expuestas en la jornada de socialización llevada a cabo en ACIEM el 31 de agosto de 2011, escenario abierto por la CNTV en aras de la construcción conjunta de la regulación.

Que todas las observaciones fueron objeto de estudio y respuesta según documento publicado en la página web de la entidad, bajo un análisis que contó con el acompañamiento y asesoría de un experto externo, de acuerdo con las determinaciones de junta directiva números 1765 y 1775.

Que así, observando el trámite establecido en el parágrafo del artículo 12 y en el artículo 13 de la Ley 182 de 1995, y de acuerdo con las competencias antes descritas, la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión en sesión del 4 de abril de 2012, según consta en el Acta 1805, aprobó la expedición del acuerdo por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio público de televisión abierta radiodifundida en tecnología digital terrestre —TDT—” (las negrillas y subrayas no son del texto original).

Ahora bien, con la demanda, el actor aportó copia del documento denominado “Respuesta a observaciones sobre el proyecto de acuerdo “por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio público de televisión abierta radiodifundida en tecnología digital terrestre —TDT—” diciembre de 2011”, que en su página 3ª, mencionó lo siguiente:

“En este documento se agrupan las observaciones de los distintos remitentes, según los títulos dispuestos en el proyecto de acuerdo y se presenta una respuesta consolidada respecto del tema materia de análisis. Los textos completos de las observaciones recibidas oportunamente están disponibles en la página web de la CNTV www.cntv.gov.co

Es importante advertir que el presente documento solamente hará referencia a las observaciones formuladas en relación con los asuntos de que trata el proyecto de acuerdo sometido a discusión, de manera que aquellos que no guardan relación directa con su contenido, no serán objeto de respuesta (las negrillas y subrayas no son del texto original).

En el punto 2.2 de dicho documento, se trató el tema correspondiente a “Definiciones”, frente a una observación presentada por TVPC, en cuanto al concepto de “programación de televisión”, que fue resuelta por la CNTV en el sentido de que “El proyecto no está llamado a regular a los operadores de TV por suscripción”.

Con dicha respuesta se agotó la discusión sobre el tema de “definiciones”, de manera que no se hizo alusión ni se discutió la materia de “encadenamiento” y “desencadenamiento”, que resultó incluida en el acto administrativo acusado, esto es, en el artículo 4º del Acuerdo 2 de 2012.

Similar situación se presenta frente a los artículos 22 y 23 del citado acuerdo, que consagraron la regulación de la materia mencionada, pues no se advierte que esta haya sido objeto de discusión por parte del público interesado, si se tiene en cuenta que en el documento denominado “Respuesta a observaciones sobre el proyecto de acuerdo”, no se hace referencia alguna a la misma, es decir, que no se formularon acotaciones en tal sentido, que dieran lugar a incluir la regulación de “encadenamiento” y “desencadenamiento” en el acuerdo definitivo, lo cual, bien puede hallar explicación en el hecho de que el tema no formaba parte del proyecto previamente difundido.

Adicionalmente, a folios 83 a 92 del cuaderno que contiene la solicitud de la medida cautelar de suspensión provisional, obra copia del proyecto de acuerdo “por medio del cual se establecen condiciones técnicas para la prestación del servicio de televisión radiodifundida en tecnología digital en Colombia”, dentro del cual tampoco se mencionan los conceptos de “encadenamiento” y “desencadenamiento”.

En tales circunstancias, para la Sala Unitaria, del análisis del acto administrativo acusado y su confrontación con la norma superior invocada como violada (L. 182 de 20 de ene. 20/95, art. 13), y del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud(5), es evidente que la regulación del tema de “encadenamiento” y “desencadenamiento”, incluida en el Acuerdo 002 de 4 de abril de 2012, no formó parte del proyecto sometido al conocimiento y discusión del público interesado; tampoco fue incluido en el proyecto de acuerdo que establecía las condiciones técnicas para la prestación del servicio de televisión radiodifundida en TDT, ni existe evidencia de que tal inclusión en el acuerdo definitivo haya ocurrido con ocasión de las observaciones presentadas por la comunidad durante el proceso de socialización del citado proyecto.

Ello deja claro que la materia que pretendía regular la CNTV, en cuanto a encadenamientos y desencadenamientos, no cumple, en principio, con el requisito previsto en el artículo 13 de la Ley 182 de 1995, para la adopción de actos generales, a saber, el de “comunicar a través de medios de comunicación de amplia difusión la materia que se propone reglamentar”, lo cual impone decretar medida cautelar de suspensión provisional de los artículos 4º, únicamente en cuanto a las definiciones de “encadenamientos” y “desencadenamientos”; 22 y 23 del Acuerdo 2 de 4 de abril de 2012, emanado de la entidad demandada.

En lo que tiene que ver con otras disposiciones, cuya suspensión provisional también pretende el actor, que tampoco formaron parte del cuerpo del proyecto de acuerdo, que dio lugar al acto administrativo acusado, esto es, el parágrafo 2º del artículo 9º, el parágrafo 3º del artículo 13 y el artículo 29, el despacho considera lo siguiente:

El tenor literal de dichas disposiciones, es como sigue:

“ART. 9º—Prestación del servicio en el periodo de transición…

(…)

PAR. 2º—Los operadores garantizarán a los usuarios del servicio la divulgación de las condiciones de transición, de manera amplia, oportuna y suficiente”.

“ART. 13.—Gestión de un multiplex digital por parte de los operadores locales sin ánimo de lucro…

(…)

PAR. 3º—La CNTV o la entidad que haga sus veces, realizará los ajustes o modificaciones a los que haya lugar en la administración del multiplex como consecuencia de la implementación del estándar tecnológico en las condiciones definidas por la CNTV o la entidad que haga sus veces”.

“ART. 29.—El presente acuerdo regula las condiciones generales para la prestación del servicio público de televisión abierta radiodifundida digital terrestre. En todo caso, de acuerdo con el monitoreo que realice la Comisión Nacional de Televisión o la entidad que haga sus veces, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, podrá posteriormente regular e intervenir en aspectos específicos según las necesidades del mercado”.

De una comparación entre el proyecto de acuerdo, visible a folios 17 a 30 del cuaderno principal, y el acto administrativo acusado, se advierte que, en efecto, los preceptos transcritos no se encontraban en aquél. Sin embargo, al consultar el documento denominado “Respuesta a observaciones sobre el proyecto de acuerdo”, aludido en párrafos precedentes, aportado por el demandante, se observa que los temas desarrollados en las citadas disposiciones, fueron objeto de reparos por parte de algunos ciudadanos, canales regionales, como Telepacífico y la Cadena Caracol, y que en virtud de estas, el proyecto inicial sufrió algunas modificaciones.

En efecto, tal como se observa en la respuesta dada por la CNTV a las observaciones de los administrados, el proyecto de acuerdo sería ajustado en lo que tenga que ver con la obligación de los operadores de garantizar que el televidente no se verá afectado con la finalización del servicio con tecnología analógica.

La referida entidad, se pronunció frente a las observaciones hechas por Telepacífico, Tovar, Fajardo & Asociados Ltda., Mauricio López Calderón y Caracol, en relación con el tema de “condiciones para el periodo de transición y cese de la prestación del servicio analógico”, en los siguientes términos(6):

“2. Que para darse la finalización del servicio con tecnología analógica en una determinada área geográfica la CNTV evaluará el estudio de conveniencia y las consideraciones con las cuales el operador solicitante demuestre que el televidente no se verá afectado.

El cese de las emisiones analógicas debe efectuarse de manera gradual, teniendo en cuenta que el despliegue e implementación digital supone un plan que obedezca a las condiciones específicas de cada operador en términos financieros, económicos, jurídicos y técnicos.

En cuanto a la protección de los derechos de los usuarios del servicio de televisión, se ajustará el proyecto en el sentido de imponer la obligación a los operadores que se anticipen al apagón bajo las condiciones prescritas, de garantizar la divulgación del cese de la trasmisión de la señal analógica” (las negrillas y subrayas no son del texto original).

Lo anterior, pone de presente que la inclusión del parágrafo segundo del artículo 9º del Acuerdo 2 de 2012, responde a las observaciones hechas por los interesados, dentro de la etapa de socialización del proyecto de acuerdo y, por lo tanto, no se advierte violación manifiesta del artículo 13 de la Ley 182 de 1995, en los términos señalados por el actor.

Igual consideración procede frente al cargo de violación manifiesta de la ley, con la inclusión del parágrafo tercero del artículo 13, relativo a la “gestión del multiplex digital”, habida cuenta de que el tema fue reprochado por el Canal HSB - Politécnico Santafé de Bogotá, como consta en el documento denominado “respuesta a observaciones sobre el proyecto de acuerdo”, ante lo cual la CNTV(7), manifestó:

“La CNTV busca que los operadores locales sin ánimo de lucro, por iniciativa propia puedan acordar la operación del multiplex y establecer de común acuerdo las condiciones para la gestión y operación técnica del mismo, sin perjuicio de que como se anunció anteriormente, de considerarlo necesario, la CNTV imponga las condiciones específicas y detalladas bajo las cuales debe operarse el servicio concesionado a tales operadores, específicamente en cuanto corresponde a la operación del multiplex, entre ellas, las que se refieren a la solución de conflictos que surjan entre los operadores como consecuencia de la compartición del multiplex”.

Obsérvese entonces, que el artículo 13 del Acuerdo 2 de 2012, fue divulgado, conocido y discutido por los interesados, al punto de que propusieron observaciones al respecto, lo cual está en consonancia con el deber legal previsto en el artículo 13 de la Ley 182 de 1995, por lo que la medida cautelar de suspensión provisional no prospera respecto de dicha disposición.

De la misma manera, se encuentra que en la página 75 del documento “respuesta a observaciones sobre el proyecto de acuerdo” la CNTV, frente a algunas observaciones hechas por la Superintendencia de Industria y Comercio, expresó que:

“La televisión digital terrestre no resulta ajena a las disposiciones regulatorias existentes en la materia, y en todo caso, la CNTV estará atenta a ejercer las facultades mencionadas en caso de evidenciar la necesidad de expedir la regulación que resulte necesaria para asegurar no solo el acceso al mercado de que se trate, sino condiciones de competencia efectiva en el mismo”.

Por lo tanto, no se advierte que el artículo 29 del acto administrativo acusado, transcrito en párrafos precedentes, carezca por completo de debate, por lo que no se observa la violación manifiesta de la ley como lo alega el actor.

Finalmente, en cuanto a la afirmación del aquí demandante en el sentido de que el artículo 8º(8) del acto administrativo acusado, no tiene respaldo en el proyecto de acuerdo, la misma no resulta cierta, habida cuenta de que sí estaba en el texto sometido a discusión del público interesado, contenido en el artículo 10, como se evidencia al comparar este documento con el Acuerdo 2 de 2012, acusado.

En efecto, a folio 26 del cuaderno principal, se observa el artículo 10 del proyecto de acuerdo, con el siguiente texto:

“ART. 10.—Cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica. Sin perjuicio de las fechas determinadas para cada una de las modalidades del servicio, las emisiones de televisión radiodifundida terrestre con tecnología analógica cesarán antes del 31 de diciembre de 2019, sin perjuicio de que la CNTV adelante dicho plazo…”.

La disposición transcrita, quedó incorporada en el artículo 8º del Acuerdo 2 de 2012, en la que se incluyó la palabra “abierta” en la expresión “televisión radiodifundida (abierta) terrestre”; lo que, a juicio del despacho no es suficiente para concluir que el acto administrativo acusado carece de respaldo en el proyecto de acuerdo, como lo asegura el actor.

Por lo tanto, el cargo de violación manifiesta a este respecto tampoco tiene vocación de prosperidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria,

RESUELVE:

1. DECRÉTASE la suspensión provisional del artículo 4º del Acuerdo 2 de 4 de abril de 2012, emanado de la Comisión Nacional de Televisión —CNTV—, hoy Autoridad Nacional de Televisión —ANTV—, en cuanto a las definiciones de “desencadenamientos” y “encadenamientos”, y de los artículos 22 y 23 del mismo acuerdo, relativos a dichas definiciones.

2. DENIÉGASE la medida cautelar de suspensión provisional, en cuanto a los artículos 8º, 9º, parágrafo 2º y 13, parágrafo 3º, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 26 de septiembre de 2013, proferido en el Expediente 2012-00064-00, M. P. María Elizabeth García González.

(3) Providencia de 13 de mayo de 2010, Expediente 2004-00375, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

(4) Providencia de 13 de mayo de 2009, Expediente 2004-00020, C. P. Ramiro Saavedra Becerra.

(5) Proyecto de acuerdo “Por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio público de televisión radiodifundida en tecnología digital terrestre —TDT—”; proyecto de acuerdo “Por medio del cual se establecen condiciones técnicas para la prestación del servicio de televisión radiodifundida en tecnología digital en Colombia” y documento denominado “respuesta a observaciones sobre el proyecto de acuerdo “Por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio público de televisión radiodifundida en tecnología digital terrestre —TDT—”.

(6) Página 29 del documento denominado “respuesta a observaciones sobre el proyecto de acuerdo”.

(7) Página 36 del cuaderno contentivo de la respuesta dada a las observaciones sobre el proyecto de acuerdo.

(8) Dicha disposición prevé:

“Cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica. Sin perjuicio de las fechas determinadas para cada una de las modalidades del servicio, las emisiones de televisión abierta radiodifundida terrestre analógica cesarán antes del 31 de diciembre de 2019, no obstante lo cual, la CNTV o la entidad que haga sus veces, con base en los análisis, desarrollos e implementaciones realizados podrá adelantar dicho plazo”.