AUTO 2012-00289 DE FEBRERO 14 DE 2018

 

Auto 2012-00289 de febrero 14 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 25000-23-41-000-2012-00289-01

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubla Velásquez Rico

Actor: Mariela Aguirre Palmar y otros

Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otro

Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo (L. 1437/2011).

Temas: Régimen jurídico aplicable - Aplicación del Código de Procedimiento Civil en las acciones de grupo por remisión normativa del artículo 68 de la Ley 472 de 1998, para los aspectos no regulados en ese cuerpo normativo —tránsito de legislación previsto en el Código General del Proceso— la decisión apelada y el recurso contra la misma constituyen actuaciones adelantadas con antelación al auto de unificación sobre la vigencia del Código General del Proceso en esta jurisdicción, por lo que se deben entender como situaciones jurídicas consolidadas y, por tanto, el asunto se regirá hasta su terminación por las normas con base en las cuales fue adelantado, en este caso el Código de Procedimiento Civil / EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA - solamente se configura por las razones previstas en el numeral 7º, del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil.

Bogotá, D.C., catorce de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Normativa aplicable a la controversia.

Para el despacho, resulta importante señalar que si bien la Ley 1437 de 2011 contiene disposiciones que regulan aspectos procesales y sustanciales atinentes a la acción de grupo(6) —denominada en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo como medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo—, lo cierto es que este mecanismo judicial tiene regulación específica en la Ley 472 de 1998, disposición que, a su vez, hace expresa remisión al Código de Procedimiento Civil en los aspectos no regulados en ese cuerpo normativo(7).

Lo anterior para señalar que la normativa aplicable al presente asunto será la contenida en la Ley 472 de 1998 y, en sus aspectos no regulados, se acudirá a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en relación con la competencia y la caducidad.

En punto de la aplicación de la normativa procesal, no desconoce el despacho que a partir del 10 de enero de 2014 empezó a regir el Código General del Proceso, según lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación(8); sin embargo, conviene destacar que tanto el auto apelado como el recurso de apelación interpuesto constituyen actuaciones adelantadas en un momento en el que no existía uniformidad acerca de la entrada en vigencia del Código General del Proceso(9), de ahí que al presente caso le resulte aplicable la conclusión a la cual arribó esta corporación, mediante providencia del 6 de agosto de 2014(10), cuyo acápite pertinente se transcribe a continuación:

“En consecuencia, toda vez que sólo hasta el 25 de junio de 2014 la corporación —Sala Plena de lo Contencioso Administrativo— despejó las dudas en relación a la vigencia del Código General del Proceso para nuestra jurisdicción, se precisa lo siguiente: i) Aquellas actuaciones procesales surtidas con fundamento en las normas del Código de Procedimiento Civil de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo en el lapso comprendido entre el 1º de enero de 2014 y el 25 de junio de 2014, se tendrán como situaciones jurídicas consolidadas y en consecuencia, se regirán hasta su terminación por las normas con base en las cuales fueron adelantadas. según las reglas establecidas en el artículo 624 del Código General del Proceso” (se resalta).

Con fundamento en estas consideraciones se concluye que para el caso bajo estudio, la remisión normativa contenida en el artículo 68 de la Ley 472 de 1998, para los aspectos no regulados en esta, corresponderá al Código de Procedimiento Civil y no al Código General del Proceso.

2. Procedencia del recurso de apelación y competencia del despacho para decidirlo.

El recurso de apelación resulta procedente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 351 del Código de Procedimiento Civil(11) —aplicable en la medida en que la Ley 472 de 1998 no regula lo atinente a la apelación de autos—, toda vez que se interpuso contra un auto que dio por terminado el proceso, en este caso, como consecuencia de la prosperidad de la excepción de inepta demanda.

El despacho es competente para adoptar la presente decisión, por cuanto esta no implica la terminación del proceso, dado que el auto apelado será revocado, según se explicará más adelante.

3. Naturaleza de la excepción previa de inepta demanda.

Toda vez que el recurso de apelación guarda estrecha relación con la adecuación que el tribunal hizo respecto de las excepciones propuestas por la parte demandada al equipararlas o asociarlas con la de inepta demanda, es del caso explicar el alcance de este medio exceptivo, para efectos de precisión y claridad sobre el particular.

Pues bien, la demanda ha sido entendida como el instrumento o el mecanismo a través del cual las personas ejercen su derecho de acción, es decir, la posibilidad de acudir ante la jurisdicción en procura de sus intereses, con el fin de obtener una decisión de fondo, de ahí que uno de los presupuestos procesales para proferir sentencia sea la demanda en forma.

Lo anterior resulta importante para señalar que la demanda debe cumplir con unos requisitos formales, previamente establecidos por el legislador, los cuales, para el asunto bajo estudio, están contemplados en el artículo 52 de la Ley 472 de 1998, disposición normativa que prevé lo siguiente:

“La demanda mediante la cual se ejerza una acción de grupo deberá reunir los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil o en el Código Contencioso Administrativo, según el caso, y además expresar en ella:

“1. El nombre del apoderado o apoderados, anexando el poder legalmente conferido.

“2. La identificación de los poderdantes, identificado sus nombres, documentos de identidad y domicilio.

“3. El estimativo del valor de perjuicios que se hubieren ocasionado por la eventual vulneración.

“4. Si no fuere posible proporcionar el nombre de todos los individuos de un mismo grupo, expresar los criterios para identificarlos y definir el grupo.

“5. La identificación del demandado.

“6. La justificación sobre la procedencia de la acción de grupo en los términos de los artículos 3º y 49 de la presente ley.

“7. Los hechos de la demanda y las pruebas que se pretendan hacer valer dentro del proceso”.

A su turno, el artículo 46 de la Ley 472 de 1998, en relación con la procedencia de la acción de grupo, dispone que “las acciones de grupo son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas” y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al pronunciarse respecto del requisito de la conformación del grupo, determinó que “[para] la legitimación por activa en las acciones de grupo no se requiere conformar un número de veinte personas que instauren la demanda, pues basta que un miembro del grupo que actúe a su nombre establezca en la demanda los criterios que permitan establecer la identificación del grupo afectado”(12).

La anterior precisión configura el punto de partida para entender el alcance de la excepción de inepta demanda, a la luz de los requisitos propios de la acción de grupo, particularmente en lo que atañe a la justificación sobre su procedencia, de ahí que resulte importante abordar el análisis de este medio exceptivo, dentro de los parámetros del estatuto procesal civil —norma aplicable por remisión del artículo 68 de la Ley 472, según se ha explicado—.

El Código de Procedimiento Civil, en su artículo 97, numeral 7º, contempla la “ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones” como una excepción previa, susceptible de ser propuesta por el demandado, de ahí que deba entenderse que este medio exceptivo está llamado a prosperar cuando la demanda carece de los requisitos de forma previstos en la ley o cuando no se cumplen las reglas para la figura procesal de la acumulación de pretensiones.

En el caso sub examine, se observa que el tribunal a quo declaró probada la excepción de “inepta demanda por indebida escogencia de la acción y por improcedencia de la acción ante la desintegración del grupo”, lo cual devino en la terminación del proceso; actuación que, en criterio del despacho, no se acompasa con el marco conceptual y normativo expuesto en precedencia, por lo que requiere ser precisada.

Ciertamente, lo que se observa es que el tribunal declaró probada una excepción no prevista en el ordenamiento jurídico, a partir de la interpretación de los argumentos expuestos por las entidades demandadas y, como consecuencia de ello, dio por terminado el proceso, aun cuando ello no estaba permitido en el estatuto procesal, tal como se explicará más adelante.

Precisado lo anterior, procede el despacho a resolver el recurso interpuesto.

4. Caso concreto.

En orden a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es necesario señalar que el Despacho advierte la presencia de algunas irregularidades en la aplicación del estatuto procesal por parte de la mencionada autoridad judicial, que merecen ser tenidas en cuenta para que, en lo sucesivo, se cumplan las previsiones legales que rigen el tema de las excepciones previas.

Como punto de partida para abordar el estudio de las excepciones previas en las acciones de grupo, resulta pertinente señalar que el artículo 57 de la Ley 472 de 1998 efectuó la siguiente remisión normativa:

“Contestación, excepciones previas. La parte demandada podrá interponerse excepciones de mérito con la contestación de la demanda, así como las excepciones previas señaladas en el Código de Procedimiento Civil. Las excepciones de acuerdo con su naturaleza, se resolverán de conformidad con las reglas previstas en el Código de Procedimiento Civil” (se resalta).

Con fundamento en la norma transcrita, es dable concluir que, en punto de las excepciones previas, la autoridad judicial debe ceñirse a las previsiones contenidas en el estatuto procesal civil, lo cual no ocurrió en el presente asunto, por cuanto el tribunal de primera instancia incurrió en algunas irregularidades que no pueden pasar inadvertidas.

En primer lugar, se precisa desde ahora que la excepción de inepta demanda no tiene la virtualidad de dar por terminado el proceso, como erróneamente lo consideró el tribunal, habida cuenta de que el numeral 7º del artículo 99 del Código de Procedimiento Civil establece que “Cuando prospere alguna de las excepciones previstas en los numerales 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 10 e inciso final del artículo 97, sobre la totalidad de las pretensiones o de las partes, el juez se abstendrá de decidir sobre las demás, y declarará terminado el proceso. Pero si el auto fuere apelado y el superior lo revoca, éste deberá pronunciarse sobre las demás excepciones propuestas” y como la excepción que se declaró probada correspondía a la señalada en el numeral 7º del artículo 97 ibídem, resulta evidente que el tribunal no podía relevarse de estudiar las demás excepciones y menos terminar el proceso, como en efecto lo hizo.

En este orden de ideas, resulta evidente que la excepción que el tribunal adecuó y entendió como inepta demanda no tenía la vocación de terminar el proceso y ello supone una imprecisión en la aplicación de las normas procesales, que debe ser enmendada, como en efecto se hará.

En segundo lugar, en relación con la inepta demanda como excepción previa, es menester reiterar que el artículo 52 de la Ley 472 de 1998 estableció los requisitos de la demanda, disposición normativa que debe armonizarse con el contenido del artículo 46 ibídem, en relación con las condiciones uniformes respecto de la causa del daño alegado por el grupo demandante.

Desde esta perspectiva, es pertinente concluir que la excepción de inepta demanda solamente podía declararse probada como consecuencia del incumplimiento de los mencionados requisitos —o por una indebida acumulación de pretensiones, lo cual no se vislumbra en el caso bajo estudio— y no por la interpretación que hizo el operador judicial respecto de la situación fáctica aludida por el grupo demandante y menos por la adecuación de las manifestaciones del extremo demandado a título de excepciones.

En criterio del despacho, la parte actora cumplió los requisitos previstos en el artículo 52 de la Ley 472 de 1998, tal como se señaló en el auto admisorio de la demanda, providencia en la cual se precisó que sería admitida en garantía del derecho al acceso a la Administración de Justicia y que las situaciones específicas de los demandantes —particularmente en punto de la caducidad de la acción serían abordadas como un asunto de fondo al momento de proferir sentencia—(13).

Así las cosas, el análisis del tribunal resultó equivocado, al entender que el daño alegado por el grupo obedecía a afectaciones individuales derivadas de cada contrato de compraventa, dado que desde la admisión de la demanda se indicó que el grupo se encontraba debidamente determinado, por lo que no resultaba razonable cambiar el criterio esbozado, tomando como fundamento únicamente las manifestaciones contenidas en las excepciones propuestas por las entidades demandadas.

A manera de ejemplo, respecto de las consideraciones expuestas por el tribunal en el auto admisorio, el despacho considera pertinente citar la siguiente (se transcribe de forma literal, con los posibles errores):

Si bien el grupo se encuentra debidamente determinado, toda vez que equivale a las personas que se vieron afectadas con la adquisición de los predios para para ejecutar las obras del contrato de concesión suscrito entre las entidades accionadas, las ventas de cada uno de estos fueron individuales y se dieron en distintas fechas, razón por la que se debe computar el término de caducidad para cada uno de ellos”(14) (se resalta).

En este orden de ideas, en criterio del despacho, no le asistió razón al tribunal al concluir que se configuró la excepción de inepta demanda por incumplimiento de los requisitos formales de la misma, particularmente en lo que atañe a la identificación del grupo, pues, se insiste, que esa situación fue establecida desde el auto admisorio de la demanda, sin perjuicio de que el análisis de fondo de la controversia imponga una conclusión distinta frente a temas como la caducidad y su eventual incidencia en la integración del grupo.

En virtud de lo anterior, el despacho concluye que no había lugar a declarar probada la excepción de “inepta demanda por indebida escogencia de la acción y por improcedencia de la acción ante la desintegración del grupo”, por una parte, porque en el ordenamiento jurídico no existe la excepción en la forma en que fue declarada y, por otro lado, porque no es cierto que se hubieren incumplido los requisitos previstos en el artículo 52 de la Ley 472 de 1998.

Finalmente, debe llamarse la atención en que si el tribunal pretendía decidir la excepción previa de inepta demanda, debió dar aplicación al numeral 4º del artículo 99 del Código de Procedimiento Civil(15), en el sentido de ordenar, en el auto de traslado de las excepciones, la subsanación de los defectos advertidos, lo cual no ocurrió.

En efecto, de la lectura del auto proferido por el tribunal, el 24 de febrero de 2014(16), —que corrió traslado de las excepciones— se observa que no se dio la oportunidad a la parte demandante de sanear los posibles defectos de la demanda, lo cual constituye una irregularidad de orden procesal, máxime si se tiene en cuenta que posteriormente se declaró probada la excepción de inepta demanda —prevista en el artículo 97.7 del Código de Procedimiento Civil—.

Las situaciones puestas de presente suponen la inaplicación de las normas procesales pertinentes al caso concreto, de ahí que resulte imperioso no solamente revocar el auto apelado, sino ordenar al tribunal de origen que retome la actuación y decida las demás excepciones que tengan el carácter de previas, sin perder de vista que el tema de la caducidad y su eventual incidencia en la integración del grupo es un asunto propio de la sentencia.

A manera de conclusión, el despacho reitera que i) la inepta demanda no es una de las excepciones con la virtualidad de terminar el proceso, ii) lo que el tribunal denominó como “inepta demanda por indebida escogencia de la acción y por improcedencia de la acción ante la desintegración del grupo” no constituye una excepción previa y, por ende, no debió declarar su prosperidad; iii) adicionalmente, no se surtió en debida forma el trámite previsto para la excepción de inepta demanda —oportunidad para subsanar los defectos formales—; y iv) en todo caso, desde la admisión de la demanda se constató el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el artículo 52 de la Ley 472 de 1998, razones suficientes para revocar la providencia apelada.

Con todo, no sobra reiterar que el tema de la afectación individual o grupal con ocasión de los hechos relatados en la demanda constituye el fondo del litigio, por lo que la decisión al respecto solamente podrá proferirse en la sentencia, con fundamento en el material probatorio legalmente allegado a la actuación.

En mérito de lo expuesto, se, RESUELVE:

1. REVOCAR el auto proferido el 22 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, mediante el cual declaró probada la excepción de “inepta demanda por indebida escogencia de la acción y por improcedencia de la acción ante la desintegración del grupo”.

2. Por secretaría de la Sección, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para que continúe con el trámite del proceso, de conformidad con las consideraciones expuestas en precedencia.

Notifíquese y cúmplase.»

6 Particularmente en lo que atañe a la competencia la caducidad y el tipo de pretensión de este medio de control.

7 En efecto, el artículo 68 de la Ley 472 dispone: “En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente título, se aplicarán a las Acciones de Grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”.

8 Respecto de la vigencia del Código General del Proceso para esta jurisdicción, se puede consultar el auto proferido el 25 de junio de 2014 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Enrique Gil Botero, expediente 49.299, reiterado por este despacho en auto del 17 de marzo de 2017, expediente (49190).

9 Las mencionadas actuaciones datan del mes de mayo de 2014, en tanto que el auto de unificación fue proferido el 25 de junio de 2014, según se acaba de indicar.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, C.P. Enrique Gil Botero, expediente (50408). En esta providencia se dio alcance al auto de unificación, en relación con las actuaciones adelantadas en el lapso comprendido entre el 1º de enero y el 25 de junio de 2014.

11 Modificado por el artículo 14 de la Ley 1395 de 2010, a cuyo tenor: “(...) También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:

“(...) 6. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso”.

12 Sentencia C-116 del 13 de febrero de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

13 Ver folio 445, cuaderno principal.

14 Folio 444, cuaderno principal.

15 “ART. 99.—Trámite y decisión de las excepciones previas. Las excepciones previas se tramitarán y decidirán de la siguiente manera:

“4. Cuando se trate de las excepciones contempladas en los numerales 4º, 5º, 6º y 7º del artículo 97, en el auto que dé traslado de ellas el juez ordenará al demandante, dentro del término de dicho traslado, subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos” (se resalta).

16 Folio 608, cuaderno principal.