Auto 2012-00297 de diciembre 3 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 68001-33-33-013-2012-00297-01 (51.195)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Armando Medrano Cuéllar y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Referencia: Recurso extraordinario de unificación jurisprudencial

Bogotá, D. C., tres de diciembre de dos mil catorce.

Visto el informe secretarial que antecede, corresponde al despacho decidir sobre la admisión del recurso extraordinario de unificación jurisprudencial formulado por la parte demandante contra la sentencia del 30 de enero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

Antecedentes

1. Los señores: Armando Medrano Cuéllar y su grupo familiar, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa, contra la Nación —Fiscalía General de la Nación— con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios que les fueron causados, por la privación injusta de la libertad del señor Medrano Cuéllar, ocurrida entre el 21 de octubre de 2009 y el 1º de julio de 2010.

2. En sentencia del 30 de enero de 2014, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la sentencia del 30 de septiembre de 2013, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Bucaramanga, que negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que la preclusión de la investigación, por aplicación del principio de in dubio pro reo, no implica la condena automática de la Fiscalía General de la Nación.

3. El 10 de febrero de 2014, el apoderado judicial de la parte demandante, interpuso recurso extraordinario de unificación jurisprudencial contra la sentencia del 30 de enero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. Sostuvo que la providencia desconoce el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado respecto de la privación injusta de la libertad, de allí que solicitó su anulación.

4. En auto del 7 de mayo de la presente anualidad, el tribunal, en Sala de Decisión, concedió la impugnación interpuesta y no corrió traslado para sustentar el recurso, en atención a que fue sustentado en el escrito de interposición.

Consideraciones

El artículo 237 numeral 1º de la Constitución Política atribuye al Consejo del Estado la función de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, ello supone que tiene a cargo la función de unificar la jurisprudencia nacional para garantizar a los ciudadanos “cierto nivel de certeza respecto de los comportamientos aceptados dentro de la comunidad”(1) y evitar la arbitrariedad de la administración pública en su actuación. Asimismo, sus pronunciamientos están llamados a sentar las directivas de aplicación del derecho en la jurisdicción contenciosa administrativa para garantizar la igualdad de los ciudadanos frente a la ley.

En virtud de la función constitucional que atribuye al Congreso la facultad de configurar los mecanismos que viabilicen el desempeño de la función del Consejo de Estado, como Tribunal Supremo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1437 de 2011 creó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia como un instrumento judicial para eliminar las eventuales contradicciones que surjan entre las sentencias proferidas en esta jurisdicción, y garantizar la coherencia del sistema. En el marco de la discusión del texto del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se expresó:

“La unificación de la jurisprudencia es una función del Consejo de Estado, como máximo tribunal de lo contencioso administrativo y órgano de cierre de esta jurisdicción, para asegurar la unidad de interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere el caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales, de manera que el nombre del “recurso extraordinario de unificación de la jurisprudencia” es armónico con sus fines, procedencia y causales, y por tanto, ese propósito debe incidir más en su denominación que el efecto del mismo (anulación)”.

En consecuencia, la norma estableció como finalidad del recurso: i) asegurar la unidad de la interpretación del derecho y su aplicación uniforme; ii) garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y iii) reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales, cuando fuere del caso.

En primer lugar, la unidad de la interpretación y aplicación uniforme hace referencia al principio establecido en el artículo 10 del CPACA, que establece el clásico mandato de garantizar el derecho a la igualdad de los ciudadanos ante la ley; asimismo, implica que se respeten los pronunciamientos con vocación de unificación proferidos por el Consejo de Estado, como tribunal supremo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

También destacó como finalidad del recurso garantizar los derechos de las partes y de los terceros perjudicados con la providencia recurrida, y cuando a ello haya lugar reparar los agravios, lo que desarrolla la máxima de igualdad material a los ciudadanos.

Causal para interponer el recurso

El artículo 258 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala:

“ART. 258.—Causal. Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado”.

Esta norma establece que procede el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia en caso de contrariedad u oposición de la sentencia del tribunal a una sentencia de unificación del Consejo de Estado, que en términos de la doctrina hace referencia a lo siguiente:

“Según el artículo 258 ibídem, el recurso puede interponerse cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado”.

“A este respecto y también en relación con el cumplimiento del requisito previsto en el numeral 4º del artículo 262 de la ley en comento sobre “la indicación precisa de la sentencia de unificación jurisprudencial que se estima contrariada y las razones que le sirven de fundamento”, es necesario precisar que la disparidad de interpretación que se advierta entre la sentencia recurrida y la de unificación que se repute contraria, debe estar referida esencialmente a la “ratio decidendi” de una y de otra y no a cualquier otro tipo de consideración o motivación presente en ellas”(2).

Procedencia del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

El artículo 257(3), en concordancia con el 263 de la codificación, señala tres criterios a partir de los cuales se determina la procedencia del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia: el órgano judicial, el tipo de sentencia y la cuantía. Indica que, por regla general, procede contra sentencias dictadas en única y segunda instancia por los tribunales administrativos, que contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado(4), salvo que se trate de los asuntos previstos en los artículos 86, 87 y 88 de la Constitución Política, esto es, acciones de tutela, acciones populares, acciones de grupo y acciones de cumplimiento, que tienen regulación especial. Adicionalmente, cuando se trate de sentencias de contenido patrimonial o económico, restringió su procedencia atendiendo a la cuantía de la condena o, en su defecto, de las pretensiones de la demanda, cuando sea igualo exceda los siguientes montos vigentes al momento de la interposición del recurso:

— Noventa (90) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad.

— Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad.

— Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales.

— Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mensuales legales vigentes, en los procesos sobre contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes.

— Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de reparación directa y en las acciones de repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y personas privadas que de conformidad con la ley cumplan funciones públicas.

La norma establece que el pronunciamiento contrariado debe ser exclusivamente una sentencia de unificación de jurisprudencia, que viene definida por el artículo 270 del CPACA, que señala:

“ART. 270.—Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.

Las sentencias de unificación son aquellas proferidas por el Consejo de Estado en los siguientes eventos: i) por importancia jurídica o trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia; ii) las que decidan los recursos extraordinarios y iii) las relativas al mecanismo de revisión eventual. Igualmente, la Corte Constitucional las definió:

“(...) las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado, de las que por su naturaleza se deriva un alto grado de seguridad y certeza. En efecto, es este órgano el definido por la Constitución como máximo tribunal de lo contencioso - administrativo y órgano de cierre del mismo (C.P., 237), y como tal, ostenta el mandato de unificación jurisprudencial en su jurisdicción, condición que le imprime fuerza vinculante a determinadas decisiones que profiere”(5).

En consecuencia, es razonable la exigencia de que la contrariedad de la sentencia recurrida sea respecto de una sentencia de unificación, dado el alto grado de certeza que se deriva de estas. En esta misma línea de pensamiento, al estudiar la constitucionalidad del mecanismo de extensión de jurisprudencia, señaló el mismo cuerpo colegiado:

“5.3.1. Con base en lo expuesto entonces, se tiene que la decisión del legislador, de limitar a las sentencias de unificación jurisprudencial el mecanismo de extensión de jurisprudencia, adoptada en el amplio ámbito de su potestad normativa, no viola los preceptos de la Constitución que señala el demandante. Por el contrario, al precisar la naturaleza, el sentido y el alcance de dichas sentencias, al igual que los eventos de su aplicación, señalando en detalle el procedimiento que debe observarse para su trámite, está otorgando igualdad de trato a todos los que concurran a su aplicación (C.P., art. 13), y respetando los principios del debido proceso y de la confianza legítima (C.P., arts. 29 y 83). Además, con su consagración no se está desconociendo lo prescrito en el artículo 93 superior, sobre las reglas y estándares fijados por las cortes internacionales, cuyo mandato como criterio hermenéutico relevante se impone a las autoridades, así el legislador no lo mencione expresamente”(6):

Así las cosas, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene vocación de prosperar cuando la sentencia recurrida contraríe o se oponga a una sentencia de unificación jurisprudencial proferida por esta corporación.

Igualmente, para la procedencia de este recurso extraordinario es necesario que cuando la sentencia recurrida sea de contenido económico o patrimonial, alcance un tope de cuantía que para su determinación la misma norma señala una regla de competencia específica, pues establece que se determina o por el monto de la condena, lo que comprende todas las sumas de dinero que el juez reconoció en la sentencia; o por la cuantía de las pretensiones, lo que supone, en la misma lógica del primer supuesto, que deberá tenerse en cuenta la totalidad de las pretensiones de la demanda y no aplicar las reglas generales para determinar la competencia en razón de la cuantía establecida en el artículo 157 del CPACA, porque, se itera, el artículo 257 de la misma codificación es regla especial.

Asimismo, el artículo 263(7) señala que en los eventos en los que sea necesario tener en cuenta el valor del interés para recurrir y no esté determinado en el proceso, antes de resolver sobre la concesión del recurso, el magistrado ponente, en el tribunal administrativo, en el término que le señale y a costa del recurrente, hará que se justiprecie por un perito, mediante dictamen que no será objetable.

Si no se practica el dictamen por culpa del recurrente, se declarará desierto el recurso, contra esta decisión y la que lo declare desierto procede el recurso de queja, ante el Consejo de Estado.

Competencia, legitimación para interponer el recurso e ius postulandi

La competencia para conocer de este recurso viene definida por el artículo 259 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que puntualiza:

“ART. 259.—Competencia. Del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia previsto en este capítulo conocerá, según el acuerdo correspondiente del Consejo de Estado y en atención a su especialidad, la respectiva sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la misma corporación.

De modo que, la competencia para conocer de este recurso extraordinario es de la Sección de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en atención al asunto materia de la sentencia recurrida, por lo cual se atenderá a las reglas de distribución de procesos entre las Secciones establecidas por el reglamento de esta corporación(8). Por otra parte, el artículo 260 del CPACA señala:

“ART. 260.—Legitimación. Se encuentran legitimados para interponer el recurso cualquiera de las partes o de los terceros procesales que hayan resultado agraviados por la providencia, quienes deberán actuar por medio de apoderado a quien se haya otorgado poder suficiente; sin embargo, no se requiere otorgamiento de nuevo poder.

“PAR.—No podrá interponer el recurso quien no apeló la sentencia de primer grado ni adhirió a la apelación de la otra parte, cuando el fallo de segundo grado sea exclusivamente confirmatorio de aquella”.

El recurso podrán interponerlo las partes o los terceros procesales agraviados por la providencia, sin embargo, esta regla de legitimación no es absoluta, por cuanto la disposición no restringe la posibilidad de interponerlo a los sujetos procesales mencionados que no apelaron ni se adhirieron a la apelación de la otra parte de la sentencia de primer grado, cuando la de segunda instancia sea exclusivamente confirmatoria. Asimismo, podrá presentarlo el Ministerio Público, de conformidad con las atribuciones asignadas por el artículo 303, numeral 5º, del CPACA, que establece la atribución de interponer los recursos extraordinarios consagrados en la misma disposición, y el artículo 266 establece que deberá correrse traslado al ministerio cuando no sea recurrente, lo que permite concluir que está legitimado para presentar el recurso; y la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado, que por expresa disposición del literal c) parágrafo 1º, del artículo 610, que consagra las facultades atribuidas a esta entidad para actuar como interviniente en los procesos en los que esté vinculada, le permite interponer recursos ordinarios y extraordinarios; entiéndase todos los procedentes en orden a la legislación aplicable al proceso en el que actúe.

En suma, están legitimados para interponer el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia: i) las partes afectadas con la sentencia, siempre que hubieren apelado la decisión de primera instancia o adherido a la apelación de la parte contraria, cuando la de segunda instancia sea exclusivamente confirmatoria de aquella; ii) los terceros procesales afectados por la sentencia, siempre que hayan apelado la decisión de primera instancia o adherido a la apelación de la parte contraria, cuando la de segunda instancia sea exclusivamente confirmatoria de aquella; iii) el Ministerio Público, de conformidad con la atribución especial consagrada en el numeral 5º del artículo 303; iv) la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de la facultad preceptuada en el literal c) del parágrafo 1º, del artículo 610 del Código General del Proceso.

Ahora, en cuanto al ius postulandi, la norma no exige otorgar nuevo poder para interponerlo, como sí lo exige el recurso extraordinario de revisión, así que basta el poder conferido para presentar la demanda con facultad para ejercer los medios de impugnación de que trata el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que se entiende conferido de conformidad con el artículo 70 del CPC y 77 del CGP.

Interposición del recurso

La interposición del recurso se regula en el artículo 261 del CPACA, que puntualiza:

“ART. 261.—Interposición. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia deberá interponerse por escrito ante el tribunal administrativo que expidió la providencia, a más tardar dentro los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta.

“En el auto en el que el tribunal, en Sala de Decisión, conceda el recurso ordenará dar traslado por veinte (20) días al recurrente o recurrentes para que lo sustenten. Vencido este término, si el recurso se sustentó, dentro de los cinco (5) días siguientes remitirá el expediente a la respectiva sección del Consejo de Estado. Si no se sustenta dentro del término de traslado el recurso se declarará desierto.

“La concesión del recurso no impide la ejecución de la sentencia, salvo cuando haya sido recurrida totalmente por ambas partes y por los terceros reconocidos en el proceso, pero aun en este caso si el recurso no comprende todas las decisiones, se cumplirá lo no recurrido”.

En primer lugar, el recurso se debe interponer a más tardar dentro de los (5) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia recurrida, ante el tribunal administrativo que la expidió, en escrito que, de conformidad con el artículo 262, deberá contener: i) la designación de las partes; ii) la indicación de la providencia impugnada; iii) la relación concreta, breve y sucinta de los hechos en litigio; y iv) la indicación precisa de la sentencia de unificación jurisprudencial(9) que se estima contrariada y las razones que le sirven de fundamento.

Este último requisito, señalar la sentencia de unificación, contrariada y las razones en que se fundamenta, constituye el eje central del recurso, por cuanto del desarrollo preciso y riguroso de este depende su prosperidad. Este requisito se entiende agotado cuando exista correspondencia entre la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado que se considera contrariada y el tema objeto de impugnación de la sentencia del tribunal, es decir, será necesario que el tema concreto de la litis haya sido objeto de pronunciamiento en la sentencia de unificación del Consejo de Estado, es decir, no basta citar una providencia de unificación, sino que su objeto guarde relación con la sentencia recurrida mediante este recurso extraordinario; de lo contrario se procederá conforme a lo establecido en el artículo 265 del CPACA.

Trámite del recurso ante el tribunal: concesión y suspensión de la sentencia recurrida

La norma que se viene de citar prescribe que el recurso debe interponerse ante el tribunal administrativo que expidió la sentencia recurrida y, en consecuencia, es este cuerpo colegiado, en Sala de Decisión, el que concede el recurso, cuando encuentre reunidos los requisitos exigidos en la ley, y debe correr traslado por 20 días al recurrente para que lo sustente. Señala la norma que una vez sustentado debe enviarse dentro de los 5 días siguientes a la Sección del Consejo de Estado que corresponda. En caso contrario, esto es, si no se sustenta, se declarará desierto.

Ahora, la norma advierte que la sola concesión del recurso no impide la ejecución de la sentencia atacada, salvo cuando haya sido recurrida totalmente por ambas partes y por los terceros reconocidos; pero solo respecto de las decisiones recurridas por estos sujetos procesales, lo demás se cumplirá, es decir, lo no recurrido.

Sin embargo, el artículo 264 del CPACA permite que se suspenda el cumplimiento de la providencia cuando lo solicite el recurrente único, siempre que preste caución, dentro de los 10 días siguientes a la notificación del auto que la ordene, cuyo monto y naturaleza fijará el magistrado ponente del tribunal. En el evento en que el recurrente no otorgue la caución, conforme a lo establecido en el auto que la ordenó, no se suspenderá la ejecución de la sentencia. En consecuencia, si el tribunal la considera suficiente decretará la suspensión del cumplimiento de la sentencia, en caso contrario no la suspenderá.

Trámite ante el Consejo de Estado

El artículo 265 del Código de Procedimiento Administrativo señala:

“ART. 265.—Admisión del recurso. Concedido el recurso por el tribunal y remitido el expediente al Consejo de Estado se someterá a reparto en la sección que corresponda.

“Si el recurso reúne los requisitos legales, el ponente lo admitirá. Si carece de los requisitos consagrados en el artículo 262, el ponente los señalará para que el recurrente los subsane en el término de cinco (5) días, y si no lo hiciere, lo inadmitirá y ordenará devolver el expediente al tribunal de origen.

“El recurso será inadmitido cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones:

“1. Cuando, pese haberse concedido por el tribunal, fuere improcedente, por no ser recurrible la providencia o no reúna los requisitos previstos en el artículo 262.

“2. Cuando por cuantía, la providencia no fuere objeto de recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia”.

La norma regula el trámite que debe surtirse en esta corporación. Indica que una vez concedido el recurso y remitido el expediente al Consejo de Estado, será repartido en la Sección que corresponda, de conformidad con lo establecido en el reglamento.

La admisión procederá cuando cumpla los requisitos establecidos en el artículo 262, y permite que el ponente señale un término para que el recurrente subsane, en el término de 5 días, cuando carezca de alguna exigencia. En caso contrario, lo inadmitirá y ordenará devolver el expediente al tribunal de origen.

A su turno, el recurso puede ser inadmitido cuando: i) habiéndose concedido por el tribunal, a) fuere improcedente, por no ser recurrible la providencia o, b) no reúna los requisitos del artículo 263. ii) por cuantía, la providencia no fuere objeto del recurso.

El auto que decide la admisión del recurso deberá notificarse personalmente al Ministerio Público, de conformidad con el artículo 198 del CPACA, y en la misma forma a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, pues si bien la norma guarda silencio sobre la forma de esta providencia, el código le confiere la facultad de interposición del recurso extraordinario, por tanto, no le restringe la posibilidad de actuar dentro de este recurso extraordinario.

Una vez admitido, el artículo 266 ordena que se corra traslado por 15 días a los opositores y al Ministerio Público —cuando no sea recurrente—. Luego, dentro de los 10 días siguientes el ponente podrá citar a las partes a audiencia para oírlos por el término de 20 minutos en los asuntos que considere necesario. La audiencia deberá celebrarse dentro de los (30) días siguientes, contados a partir de la ejecutoria del auto que la señale.

Como se concluye de la norma, es facultativo del magistrado ponente celebrar la audiencia aludida, que debe fijar una fecha no superior a los treinta días siguientes a la ejecutoria del auto que la señale, para evitar que el proceso se dilate injustificadamente. Celebrada la audiencia o declarada fallida, cuando las partes no comparecen, el ponente registrará proyecto de decisión, que si fuere de sentencia deberá hacerse dentro de los 40 días siguientes.

Entonces, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia consta de una etapa de concesión; una admisoria; una de audiencia de las partes, que como advierte la norma es facultativo del ponente su agotamiento; y la decisoria. Por tanto, en este trámite no hay, en principio, etapa probatoria.

Si prospera el recurso, total o parcialmente, el artículo 267 señala que se anulará la decisión, en lo pertinente; y se dictará la que deba reemplazarla o adoptará las decisiones correspondientes. Si la providencia anulada se cumplió, total o parcialmente, el Consejo de Estado deberá declarar sin efecto los actos de ejecución de la sentencia, para ello dispondrá que el juez de primera instancia adopte las medidas a que haya lugar, esto último por cuanto es este quien se encarga del cumplimiento de la sentencia y ordenará al tribunal que en auto de obedecimiento a lo resuelto ordene la cancelación de la caución del artículo 264, cuando a ello hubiere mérito.

Si el recurso se desestima, se condenará en costas al recurrente, y la caución seguirá respondiendo por los perjuicios causados, que deberán liquidarse y aprobarse ante el juez de primera instancia, en incidente que deberá proponerse dentro de los 60 días siguientes a la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior.

Desistimiento

Finalmente, el artículo 268 del CPACA faculta para desistir del recurso, siempre que no se haya dictado resolución judicial que ponga fin al proceso, y lo toma, como es propio de esta figura procesal, como una facultad individual de cada recurrente, de manera que si varias personas lo presentan, solo finaliza para aquellas que así lo manifiesten. Establece que es incondicional, salvo acuerdo de las partes, y solo perjudica a los solicitantes y a sus causahabientes.

El desistimiento se presenta por escrito, personalmente, y salvo que se presente ante el tribunal previo al envío del expediente al Consejo de Estado, quien desistió será condenado en costas.

Caso concreto

El 10 de febrero de 2014, la parte demandante interpuso recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, ante el Tribunal Administrativo de Santander, contra la sentencia del 30 de enero de 2014, notificada el 4 de febrero de la presente anualidad, proferida por el mismo cuerpo colegiado, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la providencia del 30 de septiembre de 2013, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Bucaramanga, que negó las pretensiones de la demanda, es decir, el recurrente apeló la sentencia desestimatoria de las pretensiones proferida en primera instancia, confirmada por el ad quem, por considerar que contraría la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, proferida por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Enrique Gil Botero, Expediente 25.022, y complementariamente citó dos providencias, una de la Corte Constitucional, que no es objeto de unificación por este medio judicial, y 2 providencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, esto es la 26.895 y la 16.932, que no constituyen sentencia de unificación.

Se debe precisar, que si bien la sentencia citada por el demandante es de unificación jurisprudencial, y fue proferida por esta corporación, el aspecto unificado fue el correspondiente al valor probatorio de las copias simples, no sobre el in dubio pro reo, que constituye el objeto del recurso.

No obstante, para garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia y el derecho a la igualdad, y darle prevalencia al derecho sustancial, conforme a lo establecido en el artículo 228 de la Constitución Política, se entenderá que la sentencia de unificación invocada es la proferida el 17 de junio de 2013, por la Sección Tercera de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 23.354, comoquiera que es la única providencia de unificación que en este sentido ha proferido esta corporación.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. Tramítese la solicitud de extensión de la jurisprudencia formulada por el señor Armando Medrano Cuéllar y su grupo familiar.

2. Ordénase el traslado de la anterior solicitud la Nación —Fiscalía General de la Nación— y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por el término común de treinta (30) días, para que aporten las pruebas que consideren pertinentes, de conformidad con el inciso segundo del artículo 269 del CPACA.

3. Por cumplir con los artículos 74 y 75 del CGP, reconócese personería a la abogada Blanca Yensi Barrio Barragán, titular de la tarjeta Nº 105.724, del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la parte demandada, en los términos del poder conferido, que obra a folios 327 del cuaderno principal.

4. Ejecutoriada esta providencia, por la Secretaría General, impártase el trámite de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrado: Enrique Gil Botero.

(1) Corte Constitucional. Sentencia C-836 de 2001.

(2) Chaín Lizcano, Guillermo. “El Recurso Extraordinario de Unificación de Jurisprudencia”. Memorias Seminario Internacional de Presentación del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pág. 373.

(3) Actualmente este artículo se encuentra demandado parcialmente ante la Corte Constitucional. Radicado D10429. Agosto 14 de 2014.

(4) “Artículo 258. Causal. Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado”.

(5) Corte Constitucional. Sentencia C-816-2011.

(6) Corte Constitucional. Sentencia C-588-2012.

(7) “Artículo 263. Cuantía del interés para recurrir. Cuando sea necesario tener en cuenta el valor del interés para recurrir y este no aparezca determinado, antes de resolver sobre la concesión del recurso, el ponente, en el Tribunal Administrativo, dispondrá que aquel se justiprecie por un perito, dentro del término que le señale y a costa del recurrente. Si por culpa de este, no se practica el dictamen, se declarará desierto el recurso. El dictamen no es objetable. Denegado el recurso por el tribunal administrativo o declarado desierto, el interesado podrá recurrir en queja ante el Consejo de Estado”.

(8) Las reglas de distribución de negocios se encuentran consagradas en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 del Consejo de Estado.

(9) Ley 1437 de 2011, artículo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36 de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.