Auto 2012-00324 de marzo 6 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2012-00324-01

Número interno: 20068

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá contra la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA

Auto

Bogotá, D.C., seis de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La figura del desistimiento tácito de la demanda fue incorporada dentro de las medidas de descongestión judicial incluidas en la Ley 1395 de 2010.

En lo que tiene que ver con la jurisdicción contenciosa administrativa la mencionada ley modificó el numeral 4º del artículo 207 del Decreto 1 de 1984 para incluir la mencionada figura así:

“ART. 65.—El numeral 4º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo quedará así:

4. Que el demandante deposite, en el término que al efecto se le señale, la suma que prudencialmente se considere necesaria para pagar los gastos ordinarios del proceso, cuando hubiere lugar a ellos. El remanente, si existiere, se devolverá al interesado, cuando el proceso finalice. Si dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo previsto en el inciso anterior no se acredita el pago de los gastos procesales, se entenderá que el demandante ha desistido de la demanda y se procederá en forma inmediata al archivo del expediente”.

Al tenor de esta disposición si el demandante no acredita el pago de los gastos procesales dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo otorgado para ello en el auto admisorio de la demanda, se entenderá que desistió de la demanda, pues los gastos procesales precisamente se fijan para lograr la notificación personal de la contraparte y sufragar los demás gastos que se generen en el proceso.

Por lo tanto, la falta del pago de los gastos procesales impide que se despliegue la actividad jurisdiccional cuyo impulso se inició al incoar la demanda, pues no se podría, por ejemplo, enterar al demandado de la existencia del proceso para que ejerza su derecho de defensa y, en consecuencia, no sería posible desarrollar el proceso y llevarlo a su fin con la respectiva sentencia.

Ahora bien, la disposición de la Ley 1395 arriba citada, tenía por objeto evitar que los despachos judiciales siguieran congestionados con procesos inactivos a causa de la negligencia de las partes que no les daban el debido impulso procesal.

La Sala fijó los presupuestos para que opere el desistimiento de la demanda y el archivo del expediente así(3):

1. Que el juez ordene, a cargo de la parte demandante, depositar una suma determinada de dinero para sufragar los gastos ordinarios del proceso. Generalmente, esa orden se hace en el auto admisorio de la demanda.

2. Que el juez, en la providencia, fije un plazo determinado para que la demandante cumpla con esa carga.

3. Que la parte demandante no acredite la consignación de los gastos procesales después de transcurrido un mes, contado a partir del vencimiento del plazo fijado por el juez para ese pago.

4. Que el cumplimiento de esa carga sea necesario para continuar con la actuación, concretamente con la notificación personal del auto admisorio a la parte demandada.

Así, en este caso procedería declarar el desistimiento tácito de la demanda, pues en la fecha en la que el tribunal profirió el auto apelado, la parte demandante no había pagado los gastos procesales.

Sin embargo, ha sido criterio reiterado de la Sala(4) aceptar que cuando el demandante paga los gastos del proceso dentro del término de ejecutoria del auto que decretó el desistimiento, esto es, antes de que quede en firme, ha cumplido con la carga procesal que se le impuso en el auto admisorio de la demanda y está demostrado su interés de continuar con el proceso, así que se ha ordenado continuar con el trámite del mismo con el fin de garantizar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

En este caso, está probado en el expediente(5) que, antes de que el auto apelado quedara en firme(6), la parte demandante aportó al proceso el comprobante de consignación en el que consta que el 19 de febrero de 2013 pagó los gastos procesales que fijó el tribunal en el auto admisorio de la demanda.

En consecuencia, la Sala revocará el auto que declaró el desistimiento tácito de la demanda y, en su lugar, ordenará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que continúe con el trámite del proceso.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

Revócase el auto del 8 de febrero de 2013. En su lugar, ordénase al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que continúe con el trámite del proceso, conforme con las razones expuestas en esta providencia.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(3) Auto del 15 de noviembre de 2012. Número interno: 19568. M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(4) Entre otros los autos del: 25 de julio de 2013. Número interno: 20031. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y 15 de noviembre 2012. Número interno: 19568. M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(5) Folio 96 del expediente.

(6) El auto apelado fue notificado por estado fijado el 14 de febrero de 2013, por lo tanto, quedó ejecutoriado el 19 de febrero del mismo año.