Auto 2012-00369 de junio 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta (30) de junio de dos mil diecisiete (2017).

Consejera Ponente:

María Elizabeth García González

Ref.: Expediente 11001-03-24-000-2012-00369-00

Medida cautelar-Súplica.

Actor: Ramiro Bejarano Guzmán

Tesis: Confirma proveído impugnado. Decreto de corrección de yerros legislativos no puede enmendar incongruencias de los textos legales, solo errores caligráficos o tipográficos.

La Sala decide los recursos ordinarios de súplica interpuestos por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho contra el auto proferido el 19 de diciembre de 2016, por el señor Consejero, doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, en Sala Unitaria, a través del cual decretó la suspensión provisional de los efectos de los artículos 3º, 5º, 6º, 8º, 9º, 14, 16 y 18 del Decreto 1736 de 17 de agosto de 2012, «Por el que se corrigen unos yerros en la Ley 1564 del 12 de julio de 2012, “por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. (...)», expedido por el Gobierno Nacional.

I. ANTECEDENTES

El ciudadano RAMIRO BEJARANO GUZMÁN, quien obra en su propio nombre, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, presentó demanda ante esta Corporación, con el fin de que se declarara la nulidad, previa suspensión provisional, de los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 8º, 9º, 14, 15, 16, 17 y 18 del Decreto 1736 de 17 de agosto de 2012, «Por el que se corrigen unos yerros en la Ley 1564 del 12 de julio de 2012, “por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.” (...)», expedido por el Gobierno Nacional.

II. FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA RECURRIDA

Mediante proveído de 19 de diciembre de 2016, el consejero doctor ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, decretó la suspensión provisional de los efectos de los artículos 3º, 5º, 6º, 8º, 9º, 14, 16 y 18 del Decreto 1736 de 2012, mediante el cual se corrigieron unos yerros del Código General del Proceso, CGP.

El despacho analizó la facultad prevista en el artículo 45 de la Ley 4ª de 20 de agosto de 1913(1), contenida en el capítulo IV, sobre la formación de las leyes y reglas generales relativas a ellas, cuyo tenor dice: «Los yerros caligráficos o tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otras no perjudicarán, y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios, cuando no quede duda en cuanto a la voluntad del legislador» y concluyó que dicha facultad, cuando es ejercida por el Ejecutivo, solo puede abarcar la corrección de errores de redacción, de aplicación de la gramática española, de impresión, de digitación y transcripción, de referencia y de enumeración.

Explicó que, un ejercicio inapropiado de esta facultad desconoce el principio de separación de poderes, en la medida en que permite la concentración de poder en cabeza del Ejecutivo.

Con fundamento en ello, analizó los apartes del decreto acusado y encontró que los artículos 1º, 2º, 15 y 17 no desconocen lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913. Sin embargo, los artículos 3º, 5º, 6º, 8º, 9º, 14, 16 y 18 del Decreto 1736 de 2012 sí son contrarios al precepto legal superior, en la medida en que el Ejecutivo adicionó frases y resolvió sobre errores de concordancia de la Ley 1564 de 2012, «Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones» que trascendieron la facultad de corrección de errores caligráficos o tipográficos.

Advirtió que, la facultad prevista en el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913 tampoco le permite al Ejecutivo corregir contradicciones entre disposiciones legales, a través de la modificación de las mismas, más aún si no se tiene certeza de la voluntad del legislador, pues para algunos de los artículos analizados no se hizo referencia al trámite legislativo de las normas que están en contradicción.

III. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS

1. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (fl. 80) señaló que los decretos de corrección se justifican en la necesidad de enmendar errores en los que puede incurrir el legislador al momento de expedir una ley y buscar el efecto útil de la norma.

Asegura que, la finalidad del Ejecutivo no ha sido la de invadir la competencia del Congreso de la República, ni modificar sus disposiciones, porque el sentido del Decreto 1736 de 2012 no es otro que el de darle al Código General del Proceso los verdaderos alcances pretendidos por el legislador, para poder superar las discusiones y conflictos que puedan presentarse en la aplicación de la norma por parte de los operadores jurídicos.

Agrega que, existen razones adecuadas y suficientes para la corrección efectuada en el decreto demandado, según consta en la memoria justificativa que precedió a su expedición.

Resalta como ejemplo que, los artículos 17 y 18 del proyecto de ley establecían una misma competencia a un mismo juez, pero en primera y en única instancia, error que pudo constatarse en la revisión de los antecedentes del proyecto y que permitió avizorar que lo correcto es la competencia en primera instancia.

Menciona que, también se corrigieron errores de simple concordancia y aquellos que aluden a situaciones imposibles como la supuesta procedencia del recurso de casación frente a las acciones populares.

Por último, indica que, cada uno de los artículos del decreto demandado cuenta con una explicación adecuada y suficiente y evidencian la real voluntad del legislador frente a los errores en el texto definitivo del Código General del Proceso.

2. El Ministerio de Justicia y del Derecho (fl. 84) se refirió a cada uno de los artículos cuyos efectos fueron suspendidos por el proveído recurrido y solicitó que se revocara la decisión para, en su lugar, denegar la medida cautelar solicitada.

La Sala se referirá a sus argumentos en la parte considerativa de la presente providencia.

IV. TRASLADO DEL RECURSO

La parte actora solicitó que se confirmara el proveído impugnado, al haberse demostrado que el Ejecutivo, so pretexto de corregir un yerro caligráfico o tipográfico, terminó reemplazando el texto de la Ley 1564 de 2012.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para resolver, la Sala examinará los siguientes asuntos: (i) medida cautelar de suspensión de los efectos de los actos administrativos; (ii) los decretos de corrección de yerros; (iii) los límites a la facultad del Presidente de la República en la expedición de los decretos de corrección de yerros y (iv) el caso concreto.

V.1. La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos. 

En el marco de las diversas medidas cautelares establecidas en la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,(2) se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 238 de la Constitución Política y desarrollada por los artículos 231 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso en el que se hubiere decretado la medida. Su finalidad, pues, es la de “evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho”.(3)

Merece resaltarse, en relación con el anterior Código Contencioso Administrativo (D. 01/84), que la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos se supeditaba a la manifiesta infracción de la norma invocada, indicándose que en acciones distintas a la objetiva de legalidad se requería demostrar, aunque fuera sumariamente, el perjuicio con la ejecución del acto. Por ello, la innovación más relevante del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (L. 1437) consiste en referirse expresamente a la confrontación de legalidad que debe efectuar el Juez de la medida; es decir, ese análisis inicial de legalidad del acto acusado, de cara a las normas que se estiman infringidas(4).

Acerca de la manera en la que el juez aborda este análisis inicial, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en providencia de 17 de marzo de 2015 (Exp. 2014-03799, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez), señaló:

Para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una valoración del acto acusado que comúnmente se ha llamado valoración inicial, y que implica una confrontación de legalidad de aquél con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud. Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensión sumaria, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa. Y esa valoración inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2º del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no constituye prejuzgamiento, y es evidente que así lo sea, dado que su resolución parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisión final”. (Resaltado fuera del texto).

Como lo refiere la providencia transcrita, es importante la prevención efectuada por el legislador al advertir que la decisión sobre la medida cautelar de ningún modo implica prejuzgamiento, teniendo en cuenta que, como lo ha precisado la Jurisprudencia de esta Sala, se trata de “mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto”.(5)

Requisitos de procedencia de la suspensión de los efectos del acto acusado. 

A voces del artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, “cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”. Entonces, su procedencia está determinada por la violación del ordenamiento jurídico y la necesidad de proteger provisionalmente la legalidad, mientras se profiere la decisión definitiva respecto del acto administrativo demandado(6). Dice así el citado artículo:

ART. 231.Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. 

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos: 

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho. 

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados. 

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla. 

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: 

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o 

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios”. (Negrillas fuera del texto).

Del texto normativo transcrito se desprenden, para la procedencia de la medida cautelar, los siguientes requisitos: i) que se invoque a petición de parte, ii) que exista una violación que surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, iii) si se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acredite, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados.

El problema jurídico. 

En síntesis, los argumentos que sustentaron la decisión recurrida son los que se enumeran a continuación:

1. El Ejecutivo modificó una regla de competencia para enmendar un error de concordancia entre dos disposiciones legales, reformando el contenido de la disposición legal. 

2. El Ejecutivo pretendió enmendar un error de concordancia de una norma con otra que no fue mencionada en el trámite legislativo. 

3. El Ejecutivo corrigió contradicciones entre disposiciones legales, a través de la modificación de las mismas. 

4. Nada sugiere que en el trámite legislativo se hubiera abordado este punto, de acuerdo con la referencia que este se hace en la parte motiva del Decreto enjuiciado. 

La tesis que proponen los recurrentes se resume en los siguientes puntos:

Ministerio de Justicia y del Derecho: 

— La corrección de yerros en las leyes, por vía de decreto presidencial, es un desarrollo de la facultad presidencial de promulgar leyes.

— La corrección de yerros puede implicar la adición, supresión de expresiones o palabras para subsanar un error sistemático de la norma corregida, en tanto no se altere el contenido esencial de la misma.

— El medio idóneo para enmendar los textos legales es un decreto del ejecutivo, porque al Presidente de la República le es atribuida la función de la promulgación de las leyes, lo que involucra su correcta divulgación.

— El Ejecutivo tiene la facultad de corregir inconsistencias de la ley, atendiendo a la racionalidad del legislador, deducida del trámite legislativo en su integridad y de la misma norma.

— La voluntad del legislador que se atiende en el decreto de yerros no necesariamente ha de ser expresa, sino que puede ser deducida de la misma racionalidad de la norma y del trámite legislativo.

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPR): 

Los decretos de corrección se justifican en la necesidad de enmendar errores en los que pueda incurrir el legislador al momento de expedir una ley y buscar el efecto útil de la norma.

A partir de los argumentos esgrimidos por los impugnantes, corresponde a la Sala determinar si el Presidente de la República, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, está habilitado para corregir errores de la ley, a partir de la identificación de inconsistencias y atendiendo a la racionalidad y al efecto útil de la norma; o, por el contrario, como lo determinó la providencia recurrida, con la expedición del acto acusado, el Presidente de la República excedió dicha facultad.

V.2. Los decretos de corrección de yerros. 

Los decretos de corrección de yerros se originan en la facultad que la Constitución Política (art. 189) le reconoce al Presidente de la República, en su calidad de «Suprema Autoridad Administrativa».

Sobre el punto, la Jurisprudencia de la Sala ha señalado que se trata del ejercicio de la facultad de promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento, a la luz de lo dispuesto en el artículo 189, numeral 10, de la Constitución Política(7).

Su fundamento legal se encuentra en el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913(8), conforme al cual «los yerros caligráficos o tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otras no perjudicarán, y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios, cuando no quede duda en cuanto a la voluntad del legislador».

La Corte Constitucional ha precisado que dentro de la función constitucional de promulgar las leyes es válido que “....se haga uso del mecanismo idóneo para enmendar los textos legales cuando ellos presentan errores caligráficos o tipográficos que puedan alterar su sentido real, tal como sucede en el caso en estudio, cual es la publicación de la ley con la corrección del error o la expedición de un decreto que ponga de presente el error y su correspondiente corrección -los cuales no afectan la vigencia y validez de la inicialmente publicada-, actuaciones que le corresponde ejecutar al Presidente de la República,...”. (Sent. C-520/98(9)).

En lo concerniente al control jurisdiccional de los decretos de corrección de yerros, este corresponde al Consejo de Estado, el cual conoce de las acciones contra los decretos dictados por el Gobierno Nacional “[...] cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional [...]” (arts. 237, num. 2º, de la C.P. y 135 del CPACA).

A propósito del órgano judicial competente frente a las demandas contra decretos que enmiendan yerros, la Corte Constitucional, en una acción pública de inconstitucionalidad incoada contra el decreto que precisamente es materia de examen en el caso sub lite, concluyó que esa corporación no era competente para emitir un pronunciamiento de fondo y, en consecuencia, se declaró inhibida, argumentando que la acción se dirigía únicamente contra el decreto presidencial y no contra la ley que se pretendía corregir. En la mencionada sentencia, sostuvo:

«Cuando esta Corte ha emitido juicios de exequibilidad sobre decretos que corrigen yerros, lo ha hecho entonces dentro de su función constitucional de controlar las leyes o los decretos con fuerza de ley (C.P., art. 241). Un ejercicio de control constitucional sobre las leyes o los decretos con fuerza de ley —por su contenido material o, en ciertos casos, por problemas de procedimiento en su formación— supone dilucidar en primer lugar el alcance de la ley o del decreto ley bajo examen. Cuando se demanda un acto del legislador o del legislador extraordinario, que es objeto de enmienda por un decreto de yerros, es entonces natural que la Corte incorpore este decreto al control constitucional pues está evaluándose en esos casos un acto integrado por la decisión del legislador ordinario o extraordinario y el decreto de yerros expedido por la administración. En esos casos, cuando se dan las condiciones competenciales necesarias y suficientes, la Corte define entonces el alcance de la norma sometida a control, y en la elucidación de sus límites semánticos, sintácticos, lógicos y teleológicos, está naturalmente autorizada para definir la función que cumple el decreto de yerros en un marco de supremacía constitucional (C.P., art 4º). Otra enteramente distinta es por ende, en contraste, la hipótesis en que se somete a control solamente el acto administrativo de corrección de yerros —y no la norma que pretende corregir— pero además se cuestiona sobre la base de que viola en primer lugar la ley, y sólo en sentido remoto desconoce el principio de legalidad como precepto constitucional».(10) (Negrillas fuera del texto original).

Finalmente, cabe mencionar que las facultades ejercidas por el Gobierno Nacional al expedir los decretos de enmienda son estrictamente administrativas, conferidas expresamente por la Constitución Política y la ley, y no de carácter legislativo, como lo precisó la jurisprudencia de la Sala mediante sentencia de 8 de mayo de 2008(11):

«[L]as facultades ejercidas por el Gobierno Nacional al expedir el Decreto 2697 de 2004 (Por el cual se corrigen yerros tipográficos del Decreto 2637 de 2004) son estrictamente administrativas, conferidas por la Constitución Política y expresamente por la ley, y no de carácter legislativo.

Ahora bien, el hecho de que el citado decreto tenga como propósito “corregir yerros tipográficos” de una norma con fuerza material de ley, comoquiera que el Decreto 2637 de 19 de agosto de 2004, objeto de la corrección, fue expedido con fundamento en las precisas facultades extraordinarias que el constituyente derivado le confirió en el Acto Legislativo 03 de 2002 al Gobierno Nacional para que “profiera las normas legales necesarias al nuevo sistema”, y como tal modifica disposiciones de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, no convierte aquel en una norma de este mismo rango. Es a todas luces un acto sublegal que se inscribe en el ejercicio de la función administrativa en cuanto al Presidente de la República le corresponde obedecer y velar por el estricto cumplimiento de las leyes, según se lo atribuye el artículo 189, numeral 10, de la Constitución Política, en orden específicamente a corregir yerros de disposiciones con fuerza material y carácter de ley por mandato del artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, luego es un decreto de carácter administrativo y, por ende, un acto administrativo general». (Resaltado fuera del texto original).

V.3. Los límites a la facultad del Presidente de la República en la expedición de los decretos de corrección de yerros. 

Como se indicó, la competencia del Presidente de la República para corregir los yerros de una ley, se fundamenta en el deber de promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento, a voces de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 189 de la Constitución Política.

La mencionada facultad de corrección emerge de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913 y está supeditada a que no exista duda de la voluntad del legislador, pues su finalidad es preservar esta, sin introducir modificaciones o variaciones de tipo sustancial al texto normativo.

Con miras a resolver el problema jurídico planteado por la Sala y determinar el alcance de la facultad de enmienda de normas, en cabeza del Presidente de la República, conviene examinar providencias de la Sección Primera en las que se han establecido importantes pautas al respecto.

Puede citarse, por ejemplo, la sentencia de 3 de mayo de 2002, en la que la Sala encontró ajustado a la ley, el Decreto 623 de 1999, “Por el cual se corrige un yerro en la Ley 491 de 1999, ‘por la cual se establece el seguro ecológico, se modifica el Código Penal y se dictan otras disposiciones’.”, en consideración a que corrigió un error de referencia a la numeración del Código Penal, lo que permitió concluir que el acto acusado “no agrega nada al contenido de la Ley 491 de 1999 y tampoco la menoscaba. Mal podría, entonces, sostenerse que conlleve el ejercicio de función interpretativa”.(12)

En la sentencia de 22 de noviembre de 2002(13), la Sala advirtió que el decreto de yerro demandado era nulo porque “pretendió legislar al revivir una norma subrogada”. Se estudiaba la demanda promovida contra el Decreto 131 de 2001, “por el cual se corrigen yerros de la Ley 640 de 2.001 ‘por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones’.”, expedido por el Gobierno Nacional y se concluyó que la pretendida corrección de un yerro tipográfico, en realidad revivía una norma que había sido subrogada por el artículo 47 de la Ley 640 de 2001, que en últimas fue declarado inexequible(14).

En la sentencia de 30 de enero de 2004(15), la Sala reiteró que la corrección de yerros normativos debe respetar la voluntad del legislador y, en el caso que allí se analizaba, concluyó que el artículo 2º del Decreto 131 de 2001(16) estuvo ajustado a derecho, en razón a que se demostró que el texto final sometido a consideración por la Comisión Accidental de Conciliación y aprobado por las plenarias de Cámara y Senado, no incluía una referencia que fue publicada en la Gaceta, por lo que procedía su corrección.

En relación con el alcance de la facultad de enmienda de normas, en cabeza del Presidente de la República, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-672 de 2005(17), sostuvo:

«No obstante, del contenido material del decreto se infiere que a través de él no se corrige yerro tipográfico alguno sino que, cosa bien distinta, se introducen modificaciones sustanciales al Decreto 2637 y ello es así al punto que, como pasa a verse, se alteran el título, el encabezado y dos de las reglas de derecho consagradas en los artículos 4º y 9º de ese decreto. (...) De este modo, es claro para la Corte que el Gobierno Nacional, a través del Decreto 2697 de 2004 no se limitó a corregir yerros tipográficos advertidos en el Decreto 2637 de ese año, sino que, lejos de ello, le introdujo modificaciones y adiciones que variaron sustancialmente el alcance del título, del encabezado y de dos de las reglas de derecho contenidas en éste último.» (Resaltado fuera del texto original).

Se refirió la Corte a la prohibición del Ejecutivo de usurpar la potestad legislativa del Congreso, en tanto, al introducir una enmienda en un texto normativo que modifique la definición del supuesto de hecho y la determinación de la consecuencia jurídica, lo que en realidad sucede es que se varía una regla del ordenamiento jurídico(18).

Finalmente, en la Sentencia C-634 de 2012(19), la Corte precisó que el Gobierno Nacional no puede exceder su facultad de corregir yerros para hacer modificaciones sustanciales al texto de las leyes o de los decretos leyes, si se varía sustancialmente el sentido de una norma, pues de lo contrario, esta modalidad de decretos podría convertirse “en un instrumento ilegítimo para que el ejecutivo realice modificaciones esenciales a las leyes si no está de acuerdo con las mismas”.

A partir de lo expuesto, la Sala concluye que en virtud de lo preceptuado en el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, si bien el Ejecutivo tiene la facultad de corregir errores caligráficos y tipográficos de los textos legales, ello no puede utilizarse para usurpar la potestad legislativa del Congreso de la República ni tampoco para desconocer reglas de derecho o introducir modificaciones sustanciales al texto de las leyes, pues el fin último de los decretos de corrección de yerros es preservar la voluntad del Legislativo.

Es decir, que el Ejecutivo no puede exceder la facultad de corrección de leyes, so pretexto de enmendar yerros caligráficos o tipográficos, introduciendo modificaciones sustanciales que en realidad corrigen incongruencias y errores de concordancia o contradicciones, lo que implica una labor de interpretación que solo le compete al Juzgador al momento de aplicar la ley.

V.4. El caso concreto. 

El contenido del acto acusado es del siguiente tenor:

«DECRETO 1736 DE 2012

Por el que se corrigen unos yerros en la Ley 1564 del 12 de julio de 2012, “por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el numeral 10 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:

Que una vez publicado el texto definitivo de la Ley 1564 de 2012, “por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, se detectaron yerros en los artículos 18 numeral 1º inciso 1º; 20 numeral 1º inciso 1º; 20 numeral 9º; 137; 163; 338 inciso 1º; 390 numeral 1º; 393; 397 título; 420 numerales 6º y 7º; 455 inciso 3º; 490 parágrafo 2º; 625 numeral 4º; 625 numeral 7º; 625 numeral 9º; 626 literal a); 626 literal c); y 627 literal a); 626 literal c); y 627 numeral 1º de la mencionada ley;

Que el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, Código de Régimen Político y Municipal, señala que: “Los yerros caligráficos o tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otras no perjudicarán, y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios, cuando no quede duda en cuanto a la voluntad del legislador”;

Que el artículo 18 numeral 1º de la Ley 1564 de 2012, dispuso que los jueces civiles municipales deben conocer en primera instancia de los procesos contenciosos de menor cuantía. Que dicho numeral 1º contiene dos alusiones específicas a los procesos de responsabilidad médica, tanto en el inciso 1º como en el inciso 2º, siendo lo correcto, una sola alusión, la del inciso 2º;

Que no queda duda alguna que el legislador quiso incorporar una regla diferente y autónoma en relación con la competencia para conocer de los procesos de responsabilidad médica.

Que en virtud de lo anterior, en sesión plenaria del honorable Senado de la República del 30 de mayo de 2012, se aprobó la inclusión de un nuevo inciso al artículo 18 numeral 1º que establece una regla específica de competencia de los jueces civiles municipales para conocer de los procesos contenciosos de menor cuantía por responsabilidad médica.

La voluntad del legislador de crear una regla diferente y específica, se colige del informe de ponencia para segundo debate (cuarto debate) ante la plenaria del honorable Senado de la República, publicado en la Gaceta del Congreso Nº 261 del 23 de mayo de 2012, que expresó:

ART. 17.—Competencia de los jueces civiles municipales en única instancia. Se realizan ajustes al numeral 1º, para definir que la competencia para los procesos de responsabilidad médica contractual o extracontractual corresponde a la jurisdicción especializada en lo civil. Con ello se busca resolver un conflicto de competencia recurrente con la especialidad laboral, por el conocimiento de este tipo de procesos, cuando ellos tienen origen en el Sistema de Seguridad Social en Salud.

ART. 18.Competencia de los jueces civiles municipales en primera instancia. Se realizan ajustes al numeral 1º, en el mismo sentido de la modificación propuesta para el numeral primero del artículo 17. (Subrayas fuera de texto);

Que el yerro que aquí se corrige, consistió dejar dos alusiones al caso de responsabilidad médica. La del inciso primero del numeral 1º del artículo 18 y la del inciso 2º del mismo numeral. El error consiste entonces que, cuando se introduce la regla específica en el inciso 2º del numeral 1º del artículo 18, no se elimina la alusión “o responsabilidad médica” del inciso 1º, que antes era un inciso único;

Que se trata de un error de concordancia del texto aprobado, que implica eliminar la expresión “o de responsabilidad médica” del inciso 1º del numeral 1º del artículo 18 de la Ley 1564 de 2012;

Que en relación con el artículo 20 numeral 1º de la Ley 1564 de 2012, que establece la competencia de los jueces civiles del circuito en primera instancia, debe corregirse el mismo error descrito respecto del inciso 1º del numeral 1º del artículo 18, con el fin de que concuerden con el numeral 1º del artículo 17 ibídem.

La voluntad del legislador en ese sentido, también se colige del informe de ponencia para segundo debate (cuarto debate) ante la plenaria del honorable Senado de la República, publicado en la Gaceta del Congreso Nº 261 de 23 de mayo de 2012, que expresó:

“ART. 20.—Competencia de los jueces civiles del circuito en primera instancia. Se realizan ajustes al numeral 1º, en el mismo sentido de los propuestos para el artículo 17. (Subrayas fuera de texto):

Que se trata de un error de concordancia del texto aprobado, que implica eliminar la expresión “o de responsabilidad médica” del inciso 1º del numeral 1º del artículo 20 de la Ley 1564 de 2012;

Que, en relación con el mismo artículo 20 de la Ley 1564 de 2012, este dispuso, entre otras cosas, que el factor determinante de la competencia para los asuntos relacionados con los derechos de los consumidores era el factor naturaleza del asunto, mientras que el artículo 390 de la misma ley estableció como factor determinante de la misma competencia otro factor, el actor objetivo-cuantía.

Que no queda duda alguna que la intención del legislador consistía en que el factor determinante para determinar la competencia en asuntos relacionados con los derechos de los consumidores sea el factor objetivo-cuantía que establece el artículo 390 de la Ley 1564 de 2012 y no el factor naturaleza del asunto que establece el artículo 20 de la misma ley.

Lo anterior se hace evidente en el informe de ponencia para segundo debate (cuarto debate) ante la plenaria del honorable Senado de la República, publicado en la Gaceta del Congreso Nº 261 de 23 de mayo de 2012, que expresó:

“(...) los asuntos que versen sobre protección a los derechos de los consumidores deben tramitarse de acuerdo con las mismas reglas que se predican de los jueces ordinarios, y su trámite debe seguir los procedimientos verbal o verbal sumario, según las reglas generales que toman como base la cuantía de las pretensiones. 

(...) 

Se añade, por último un parágrafo 3º, en el que se aclara el criterio de lo expresado respecto de las acciones de protección al consumidor, según se explicó arriba. (...)”. (Subrayas fuera de texto);

Que el yerro que aquí se corrige, consistió en modificar la regla de competencia mediante la introducción de un parágrafo 3º en el artículo 390, sin eliminar una regla precedente y contraria plasmada en el artículo 20;

Que se trata de un error de concordancia o referencia del texto aprobado, que implica aclarar que la competencia asignada en el numeral 9º del artículo 20 de la Ley 1564 de 2012 a los jueces civiles del circuito en primera instancia aplica en procesos de mayor cuantía;

Que en el artículo 137 de la Ley 1564 de 2012, al regular los casos en los que el juez debe poner en conocimiento de la parte afectada la existencia de nulidades procesales, se prevé que ella procede “Cuando se originen en las causales 4, 6 y 7 del artículo 133”;

Que la anterior remisión contiene un error de concordancia, puesto que la numeración del artículo 133 varió al momento de presentarse la ponencia para primer debate (tercer debate) en Senado de la República, según consta en el informe de ponencia publicado en la Gaceta del Congreso Nº 114 del 28 de marzo de 2012, en el cual se cambió la numeración correspondiente a los numerales 6º y 7º, que se integraron en el nuevo numeral 8º, según se lee en el citado informe:

“En el numeral 8º del artículo se fusionan las causales de nulidad previstas en los numerales 6º y 7º del texto aprobado en segundo debate”; 

Que a pesar del cambio en la numeración del artículo 133, no se actualizó la referencia contenida en el artículo 137 incurriendo en un claro yerro de referencia, que se corregirá sustituyendo en este último la expresión “las causales 4, 6 y 7 del artículo 133” por “las causales 4 y 8 del artículo 133”;

Que el inciso 3º del artículo 163 de la Ley 1564 de 2012 dispone la forma en que “La suspensión del proceso ejecutivo por secuestro del ejecutado operará por el tiempo en que permanezca secuestrado más un período adicional igual a este. En todo caso la suspensión no podrá extenderse más allá del término de un (1) año contado a partir de la fecha en que el ejecutado recuperó su libertad”;

Que el citado inciso fue agregado en la ponencia para primer debate (tercer debate) en la Comisión Primera del honorable Senado de la República, junto con la causal tercera de suspensión del proceso del artículo 161, a la que se refería, según consta en el informe de ponencia respectivo, publicado en la Gaceta del Congreso Nº 114 del 28 de marzo de 2012;

Que la causal tercera de suspensión del proceso fue eliminada en la ponencia para segundo debate (cuarto debate) en la plenaria del honorable Senado de la República, según consta en el informe de ponencia respectivo, publicado en la Gaceta del Congreso Nº 261 del 23 de mayo de 2012, que expresó:

“ART. 161.—Suspensión del proceso. Se elimina el numeral 3º, pues la hipótesis allí descrita es imposible jurídicamente. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 986 de 2005, el secuestro tiene como efecto la inoperancia de la exigibilidad de las obligaciones a plazo de la persona privada de la libertad, razón por la cual no puede existir una mora causada con ocasión del secuestro”;

Que el mantenimiento del inciso 3º es un evidente error de referencia, y siendo clara la voluntad del Legislador de que no exista una causal de suspensión del proceso por mora ocasionada por el secuestro, debe ser corregido reiterando el contenido del artículo con la eliminando el inciso 3º del artículo 163 ya mencionado;

Que el inciso 1º del artículo 338 de la Ley 1564 de 2012, al referirse a la cuantía del interés para recurrir en casación, expresa que “Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil” (subrayas fuera de texto), cuando las acciones populares no están incluidas dentro del listado de casos en los que procede el recurso extraordinario de casación de acuerdo con el artículo 334 de la misma ley;

Que se encuentra que la voluntad inequívoca del legislador era la de excluir del recurso extraordinario de casación a las sentencias que se profieran en las acciones populares, tal como se observa en el informe de ponencia para primer debate (tercer debate) en la Comisión Primera del honorable Senado de la República, publicado en la Gaceta del Congreso Nº 114 del 28 de marzo de 2012:

“En el numeral 2º del artículo [334] se eliminan las acciones populares como susceptibles de recurso de casación, en los términos previstos en la Ley 472 de 1998. En efecto, el artículo 67 de esta ley establece que serán susceptibles de casación las sentencias dictadas en los procesos adelantados en ejercicio de las acciones de grupo, mas no así en las acciones populares”. (Subrayas fuera del texto);

Que, en consecuencia, existe un error de referencia en el artículo 338, que debe ser corregido eliminando la alusión a las acciones populares;

Que el numeral 1º del artículo 390 de la Ley 1564 de 2012, por un error tipográfico, se refiere en singular a los artículos 18 y 58 de la Ley 675 de 2001 así: “1. Controversias sobre propiedad horizontal de que tratan el artículo 18 y 58 de la Ley 675 de 2001”. (Subrayas fuera de texto);

Que es obvio el yerro tipográfico por cuanto el Legislador aludía a dos artículos de una ley y no a uno, razón por la cual se corregirá “el artículo” por “los artículos” en el numeral 1º del artículo 390 de la Ley 1564 de 2012;

Que el artículo 393 de la Ley 1564 de 2012, al regular el procedimiento de lanzamiento por ocupación de hecho de predios rurales, contiene una referencia a la figura del “juez agrario”;

Que la especialidad jurisdiccional agraria fue suprimida por la misma Ley 1564 de 2012, que en el literal c) del artículo 626 derogó en su totalidad el Decreto número 2303 de 1989;

Que las competencias atribuidas por el Decreto número 2303 de 1989 a los jueces agrarios fueron asignadas por el Código General del Proceso a los jueces civiles municipales y del circuito, de acuerdo con las reglas generales sobre competencia y cuantía;

Que, en consecuencia, existe un yerro de transcripción en el artículo 393, en el que se hace referencia a una categoría de jueces inexistente, y que debe ser corregido suprimiendo la calificación “agrario” de la norma;

Que el artículo 397 de la misma Ley 1564 de 2012 tiene por título “Alimentos a favor del mayor de edad”. Que el mismo artículo contiene reglas que no corresponden al mencionado título, pues en su parágrafo 2º dispuso un inciso y dos numerales aplicables a los procesos de alimentos a favor de menores de edad.

Es evidente la voluntad del legislador de comprender dentro de un mismo artículo todos los procedimientos sobre alimentos, sin importar que estos fueran a favor de un mayor o de un menor de edad. Por tanto, existe un yerro de concordancia en el título, que debe ser corregido incluyendo, en el título del artículo, la referencia al beneficiario menor de edad;

Que el artículo 420 de la Ley 1564 de 2012, por un error tipográfico, contiene dos numerales identificados con el cardinal “6”, de manera que el artículo contiene ocho numerales, así: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º y 7º;

Que es evidente que lo anterior se debió a un error de digitación, y es clara la voluntad del Legislador de seguir una secuencia lógica de numerales del uno al ocho, así: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º, razón por la cual resulta necesario corregir la nomenclatura de los dos últimos numerales del artículo señalado;

Que en el inciso 3º del artículo 455 de la Ley 1564 de 2012 se prevé que “Cumplidos los deberes previstos en el inciso 1º del artículo anterior el juez aprobará el remate (...)”;

Que los deberes a los que se refiere la mencionada norma no se encuentran en el artículo 454, sino en el 453, en cuyo inciso 1º se dispone que “El rematante deberá consignar el saldo del precio dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia a órdenes del juzgado de conocimiento, descontada la suma que depositó para hacer postura, y presentar el recibo de pago del impuesto del remate si existiere el impuesto”;

Que se trata de un error de referencia, que se ocasionó como consecuencia de la inclusión, para el primer debate (tercer debate) en Senado de la República, de un nuevo artículo intermedio entre las dos normas relacionadas, que reglamenta el remate por comisionado, según consta en el informe de ponencia publicado en la Gaceta del Congreso Nº 114 del 28 de marzo de 2012;

Que dicho error debe ser corregido sustituyendo la expresión “del artículo anterior” por “del artículo 453”;

Que el parágrafo 2º del artículo 490 de la Ley 1564 de 2012 dispone que “El Registro Nacional de Apertura de Procesos de Sucesión deberá estar disponible en el página web del Consejo Superior de la Judicatura”. (Subrayas fuera del texto);

Que lo anterior corresponde a un evidente error tipográfico en la escritura del citado parágrafo, que será corregido para concordar el género del artículo con el del sustantivo “la página”;

Que en el numeral 4º del artículo 625 de la Ley 1564 de 2012, que regula el tránsito de legislación de los procesos ejecutivos en curso a la entrada en vigencia del procedimiento previsto en el Código General del Proceso, contiene tres incisos y dos numerales, estos últimos identificados con los literales b) y c);

Que el texto de la ponencia para primer debate (tercer debate) ante el Senado de la República, en el numeral 4º del mencionado artículo contenía tres literales, a), b) y c), en los que se preveían tres hipótesis de tránsito de legislación para los procesos ejecutivos, dependiendo de las circunstancias del proceso;

Que para el segundo debate (cuarto debate) ante el Senado de la República, se sustituyó el primero de los literales mencionados por dos incisos, en los que se regulan todas las posibles hipótesis de tránsito de legislación en los procesos ejecutivos, tomando dos puntos de referencia: el vencimiento del término de traslado para proponer excepciones de mérito y la providencia que ordene seguir adelante con la ejecución. Que a pesar de lo anterior, se mantuvo, por error el texto de los literales b) y c), que regulan de forma distintas situaciones similares y que debían ser sustituidos por los dos referidos incisos. En consecuencia, los literales b) y c) deben ser eliminados;

Que en el numeral 7º del mismo artículo 625 de la Ley 1564 de 2012 se previó que los plazos para aplicar las reglas del desistimiento tácito de que trata el artículo 317 en los procesos en curso se aplicaría “a partir de la promulgación de esta ley”, lo que constituye un error de referencia, pues de acuerdo con el numeral 4º del artículo 627 de la misma ley, el citado artículo 317 solo entraría en vigencia a partir del primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012);

Que al tratarse un yerro de referencia, debe ser corregido, sustituyendo la expresión “a partir de la promulgación de esta ley”, por “a partir de su entrada en vigencia”;

Que en el mismo artículo 625 se incluyó un numeral 9º en el que se dispuso la entrada en vigencia inmediata, al momento de su promulgación de la prórroga del plazo de duración del proceso previsto en el artículo 121. Que dicho numeral 9º es idéntico en su contenido al numeral 2º del artículo 627 de la misma ley, sobre las reglas de entrada en vigencia del Código;

Que el citado numeral 9º del artículo 625 no contiene una regla sobre tránsito de legislación, sino que se trata de una norma sobre la entrada en vigencia del inciso quinto del artículo 121 de la Ley 1564 de 2012;

Que el yerro que aquí se corrige, consistió en repetir en el numeral 9º del artículo 625 una regla de entrada en vigencia que ya se encontraba incorporada en el artículo 627 de la misma ley, que trata específicamente sobre la entrada en vigor de las normas de la Ley 1564 de 2012;

Que al tratarse de un evidente error de transcripción en el texto aprobado, es procedente eliminar el numeral 9º del artículo 625 de la Ley 1564 de 2012;

Que en el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012 contiene un yerro tipográfico en relación con la referencia que hace al numeral 4º del artículo 627 de la misma ley;

Que dicho error tiene origen en una inconsistencia que se presenta entre el pliego de modificaciones presentado para segundo debate (cuarto debate) ante la plenaria del honorable Senado de la República y el cuadro a doble columna del informe de ponencia presentado para el mismo debate;

Que mientras en el pliego de modificaciones presentado para segundo debate (cuarto debate) ante la plenaria del honorable Senado de la República, el artículo 627 contenía seis numerales identificados consecutivamente (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º), en el cuadro a doble columna del informe de ponencia presentado para el mismo debate el artículo 627 contenía seis numerales identificados como 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 4º; es decir, contenía dos numerales identificados con el número 4, debiendo ser el segundo 4, obviamente un numeral 6º;

Que por error de transcripción durante el trámite legislativo, no se guardó correspondencia entre la derogatoria de las normas dispuestas en el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012 y la remisión al numeral 6º del artículo 627 de la misma ley que contiene la fecha en que esta debe operar;

Que se hace necesario subsanar este error tipográfico, indicando entonces, en el literal c) del artículo 626, que “c) A partir de la entrada en vigencia de esta ley, en los términos del numeral 6º del artículo 627, queda derogado (...)”;

Que en el mismo artículo 626 de la Ley 1564 de 2012 se incluyeron dos reglas diferentes para la derogatoria del artículo 148 de la Ley 446 de 1998, en los literales a) y c) respectivamente;

Que habiéndose dispuesto la derogatoria del artículo 148 de la Ley 446 de 1998 a partir de la promulgación de la ley, y teniendo que dicha regla está directamente relacionada con la entrada en vigencia inmediata del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, sobre el mismo tema, se advierte que la voluntad inequívoca del legislador fue la de excluir del ordenamiento jurídico el artículo 148 de la Ley 446 de 1998 en la oportunidad prevista en el literal a) del artículo 626;

Que la referencia que se hace al artículo 148 de la Ley 446 de 1998 en el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, es un error de concordancia o referencia del texto aprobado;

Que el yerro que aquí se corrige, consistió en incluir dos reglas de derogatoria sobre el mismo artículo y por lo tanto, se elimina la referencia al “artículo 148 salvo los parágrafos 1º y 2º” de la Ley 446 de 1998 contenida en el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, y se incluye en el literal a) del mismo artículo 626;

Que en el artículo 627 numeral 1º y 4 de la Ley 1564 de 2012 existe una inconsistencia en relación con la entrada en vigencia del artículo 30 numeral 8º y parágrafo, pues mientras el numeral 1º establece que este entrará a regir a partir de la promulgación de esta ley, el numeral 4º establece que entrará a regir a partir del primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012);

Que no queda duda alguna de que se trata de un yerro tipográfico y que la voluntad del legislador consistía en que el artículo 30 numeral 8º y parágrafo entrarán a regir a partir del primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012). Lo anterior se colige de la unidad temática y mutua correlación entre las disposiciones contenidas en los artículos 30 numeral 8º y parágrafo, 31 numeral 6º y parágrafo, 32 numeral 5º y parágrafo, que reglamentaban lo relativo a las solicitudes de cambio de radicación y que fueron modificadas en sesión plenaria del honorable Senado de la República del 30 de mayo de 2012 y que conforme al numeral 4º del artículo 627 deben entrar en vigencia en la misma fecha, ello es, el día primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012);

Que a pesar de la anterior modificación, por error, no se elimina la regla del numeral 1º del artículo 627 que fijaba la entrada en vigencia del artículo 30 numeral 8º y parágrafo a partir de la promulgación de la ley;

Que se trata de un error de concordancia o referencia del texto aprobado, que implica la exclusión del artículo 30 numeral 8º, del numeral 1º del artículo 627;

Que por todo lo expuesto, se hace necesario corregir el contenido de los artículos ya referidos de la Ley 1564 de 2012, “por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”;

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ART. 1º—Corríjase el inciso 1º del numeral 1º del artículo 18 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:

“ART. 18. (...) 

1. De los procesos contenciosos de menor cuantía, incluso los originados en relaciones de naturaleza agraria, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa. 

(...)”. 

ART. 2º—Corríjase el inciso 1º del numeral 1º del artículo 20 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:

“ART. 20. (...) 

1. De los contenciosos de mayor cuantía, incluso los originados en relaciones de naturaleza agraria salvo los que le correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa. 

(...)”. 

ART. 3º—Corríjase el numeral 9º del artículo 20 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:

“ART. 20. (...) 

9. De los procesos de mayor cuantía relacionados con el ejercicio de los derechos de los consumidores. 

(...)”. 

ART. 5º—Corríjase el artículo 163 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:

“ART. 163.—Reanudación del proceso. La suspensión del proceso por prejudicialidad durará hasta que el juez decrete su reanudación, para lo cual deberá presentarse copia de la providencia ejecutoriada que puso fin al proceso que le dio origen; con todo, si dicha prueba no se aduce dentro de dos (2) años siguientes a la fecha en que empezó la suspensión, el juez de oficio o a petición de parte, decretará la reanudación del proceso, por auto que se notificará por aviso. 

Vencido el término de la suspensión solicitada por las partes se reanudará de oficio el proceso. También se reanudará cuando las partes de común acuerdo lo soliciten”. 

ART. 6º—Corríjase el inciso 1º del artículo 338 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:

“ART. 338.—Cuantía del interés para recurrir. Cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil. 

(...)”. 

ART. 8º—Corríjase el artículo 393 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:

“ART. 393.—Lanzamiento por ocupación de hecho de predios rurales. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 984 del Código Civil, la persona que explote económicamente un predio rural que hubiere sido privada de hecho, total o parcialmente, de la tenencia material del mismo, sin que haya mediado su consentimiento expreso o tácito u orden de autoridad competente, ni exista otra causa que lo justifique, podrá pedir al respectivo juez que efectúe el lanzamiento del ocupante”. 

ART. 9º—Corríjase el título del artículo 397 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:

“ART. 397.—Alimento a favor del mayor y menor de edad. 

(...)”. 

ART. 14.—Corríjase el numeral 7º del artículo 625 de la Ley 1564 de 2012, quedará así:

“ART. 625. (...) 

7. El desistimiento tácito previsto en el artículo 317 será aplicable a los procesos en curso, pero los plazos previstos en sus dos numerales se contarán a partir de su entrada en vigencia”. 

ART. 15.—Corríjase en artículo 626 (sic)(20) de la Ley 1564 de 2012 y en consecuencia, elimínese el numeral 9º.

ART. 16.—Corríjase el literal a) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:

“ART. 626. (...) 

a) A partir de la promulgación de esta ley quedan derogados: artículos 126, 128, la expresión “y a recibir declaración a los testigos indicados por los solicitantes” del 129, 130, 133, la expresión “practicadas las diligencias indicadas en el artículo 130” del 134, las expresiones “y no hubiere por este tiempo de practicar las diligencias de que habla el artículo 130” y “sin tales formalidades” del 136 y 202 del Código Civil; artículos 9º y 21 del Decreto número 2651 de 1991; los artículos 8º inciso 2º parte final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de 1996; el artículo 148 salvo los parágrafos 1º y 2º de la Ley 446 de 1998; 211 y 544 del Código de Procedimiento Civil; el numeral 1º del artículo 19 y la expresión “por sorteo público” del artículo 67 inciso 1º de la Ley 1116 de 2006; el inciso 2º del artículo 40 de la Ley 1258 de 2008; la expresión “que requerirá presentación personal” del artículo 71, el inciso 1º del artículo 215 y el inciso segundo del artículo 309 de la Ley 1437 de 2011; la expresión “No se requerirá actuar por intermedio de abogado” del artículo 58 numeral 4º, el literal e) del numeral 5º del artículo 58 y el numeral 8º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011; el artículo 34 del Decreto-Ley 19 de 2012; y, cualquier norma que sea contraria a las que entran en vigencia a partir de la promulgación de esta ley”. 

ART. 17.—Corríjase el literal a) (sic) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:

“ART. 626. (...) 

c) A partir de la entrada en vigencia de esta ley, en los términos del numeral 6º del artículo 627, queda derogado el Código de Procedimiento Civil expedido mediante los decretos números 1400 y 2019 de 1970 y las disposiciones que lo reforman; el Decreto número 508 de 1974; artículos 151, 157 a 159, las expresiones “mediante prueba científica” y “en atención a lo consagrado en la Ley 721 de 2001” del 214 la expresión “En el respectivo proceso el juez establecerá el valor probatorio de la prueba científica u otras si así lo considera” del 217, 225 al 230, 402, 404, 405, 409, 410, la expresión “mientras no preceda” y los numerales 1º y 2º del artículo 757, el 766 inciso final, y 1434 del Código Civil; artículos 6º, 8º, 9º, 68 a 74, 804 inciso 1º, 805 a 816, 1006, las expresiones “según las condiciones de la correspondiente póliza” y “de manera seria y fundada” del numeral 3º del artículo 1053, y artículos 2027 al 2032 del Código de Comercio; artículo 88 del Decreto número 1778 de 1954; artículos 11, 14 y 16 a 18 de la Ley 75 de 1968; artículo 69 del Decreto número 2820 de 1974; el Decreto número 206 de 1975; artículo 25 de la Ley 9ª de 1989; artículo 36 del Decreto número 919 de 1989; el Decreto número 2272 de 1989; el Decreto número 2273 de 1989; el Decreto número 2303 de 1989; artículos 139 al 147 y 320 a 325 del Decreto-Ley 2737 de 1989; la expresión “Los procesos de disolución y liquidación de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, se tramitará por el procedimiento establecido en el Título XXX del Código de Procedimiento Civil y serán del conocimiento de los jueces de familia, en primera instancia” del artículo 7º y 6º parágrafo de la Ley 54 de 1990; artículos 10, 11, 21, 23, 24, 41, 46 al 48, 50, 51, 56 y 58 del Decreto número 2651 de 1991; artículos 7º y 8º de la Ley 25 de 1992; artículos 24 al 30, y 32 de la Ley 256 de 1996; artículo 54 inciso 4º de la Ley 270 de 1996, el artículo 62 y 94 de la Ley 388 de 1997; artículos 2º a 6º, 9º, 10 al 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25 a 29, 103 y 137; artículos 43 a 45 de la Ley 640 de 2001; artículo 49 inciso 2º, el parágrafo 3º del artículo 58, y la expresión “Será aplicable para efectos del presente artículo, el procedimiento consagrado en el artículo 194 del Código de Comercio o en las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen” del artículo 62 inciso 2º de la Ley 675 de 2001; artículos 7º y 8º de la Ley 721 de 2001; la Ley 794 de 2003; artículos 35 a 40 de la Ley 820 de 2003; el artículo 5º de la Ley 861 de 2003; artículo 111 numeral 5º Ley 1098 de 2006; artículo 25 de la Ley 1285 de 2009; artículos 40 a 45 y 108 de la Ley 1306 de 2009; artículos 1 a 39, 41, 42, 44, 113, 116, 117, 120 y 121 de la Ley 1395 de 2010; el artículo 80 de la Ley 1480 de 2011; y las demás disposiciones que le sean contrarias”. 

ART. 18.—Corríjase el numeral 1º del artículo 627 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:

“ART. 627. (...) 

1. Los artículos 24, 31 numeral 2º, 33 numeral 2º, 206, 467, 610 a 627 entrarán a regir a partir de la promulgación de esta ley”. 

“(...)”...» 

La providencia recurrida decretó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la violación del artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, cuyo tenor dispone:

«ART. 45.—Los yerros caligráficos o tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otras no perjudicarán, y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios, cuando no quede duda en cuanto a la voluntad del legislador». 

Del examen específico de los artículos acusados del Decreto 1736 de 2012 

Artículo 3º: corrigió el artículo 20, numeral 9º, de la Ley 1564, en el siguiente sentido:

Ley 1564 de 2012.Decreto 1736 de 2012.
ART. 20.—Competencia de los jueces civiles del circuito en primera instancia. Los jueces civiles del circuito conocen en primera instancia de los siguientes asuntos:
(...)
9. De los procesos relacionados con el ejercicio de los derechos del consumidor.
ART. 3º—Corríjase el numeral 9º del artículo 20 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:
“ART. 20.—Competencia de los jueces civiles del circuito en primera instancia. Los jueces civiles del circuito conocen en primera instancia de los siguientes asuntos:
9. De los procesos de mayor cuantíarelacionados con el ejercicio de los derechos de los consumidores.
(...)”.

Para justificar la corrección, el decreto acusado hace referencia al informe de ponencia para segundo debate (cuarto debate) ante el Senado de la República, publicado en la Gaceta del Congreso Nº 261 de 23 de mayo de 2012, en los siguientes términos:

«Que, en relación con el mismo artículo 20 de la Ley 1564 de 2012, este dispuso, entre otras cosas, que el factor determinante de la competencia para los asuntos relacionados con los derechos de los consumidores era el factor naturaleza del asunto, mientras que el artículo 390 de la misma ley estableció como factor determinante de la misma competencia otro factor, el factor objetivo-cuantía. 

Que no queda duda alguna que la intención del legislador consistía en que el factor determinante para determinar la competencia en asuntos relacionados con los derechos de los consumidores sea el factor objetivo-cuantía que establece el artículo 390 de la Ley 1564 de 2012 y no el factor naturaleza del asunto que establece el artículo 20 de la misma ley. 

Lo anterior se hace evidente en el informe de ponencia para segundo debate (cuarto debate) ante la plenaria del honorable Senado de la República, publicado en la Gaceta del Congreso Nº 261 de 23 de mayo de 2012, que expresó: 

“(...) los asuntos que versen sobre protección a los derechos de los consumidores deben tramitarse de acuerdo con las mismas reglas que se predican de los jueces ordinarios, y su trámite debe seguir los procedimientos verbal o verbal sumario, según las reglas generales que toman como base la cuantía de las pretensiones. 

(...) 

Se añade, por último un parágrafo 3º, en el que se aclara el criterio de lo expresado respecto de las acciones de protección al consumidor, según se explicó arriba. (...)”. (Subrayas fuera de texto); 

Que el yerro que aquí se corrige consistió en modificar la regla de competencia mediante la introducción de un parágrafo 3º en el artículo 390, sin eliminar una regla precedente y contraria plasmada en el artículo 20; 

Que se trata de un error de concordancia o referencia del texto aprobado, que implica aclarar que la competencia asignada en el numeral 9º del artículo 20 de la Ley 1564 de 2012 a los jueces civiles del circuito en primera instancia aplica en procesos de mayor cuantía;». 

En la intervención que realiza el Ministerio de Justicia y del Derecho en relación con este artículo indica que:

«Bien podía el Ejecutivo corregir la inconsistencia en la cual se incurrió por un error formal en el trámite de la ley, al modificar una norma posterior sin tener en cuenta que la misma repercutía en una norma previa con la cual constituía una unidad normativa, como era que al diversificar el procedimiento sobre protección al consumidor en verbal o en verbal sumario, según la cuantía, y que ya le había asignado a los jueces del circuito la competencia para conocer de procesos contenciosos de mayor cuantía y, específicamente, según la naturaleza, los procesos sobre protección al consumidor, automáticamente estaba modificando el artículo sobre tales competencias”. (Resaltado es del texto original).

Para decretar la suspensión provisional de los efectos de la norma en cuestión, la providencia recurrida señaló:

«En el artículo 390 del Código General del Proceso, se siguió un criterio diferente al previsto en el numeral 9º del artículo 20, pues se indicó que los procesos en los que se juzgue la violación de los derechos de los consumidores, exceptuando las acciones populares y de grupo, se tramitarían por el proceso verbal o por el verbal sumario, atendiendo la cuantía.

Lo discutido en el trámite legislativo y que se cita en el decreto acusado ha sido el procedimiento bajo el cual se tramitan los procesos relacionados con la violación de los derechos de los consumidores (procedimiento verbal o verbal sumario), siguiendo para el efecto el factor objetivo de la cuantía, discusión que dio lugar a adicionar un parágrafo 3º al artículo 390 del Código General del Proceso, pero no se menciona ni se hace referencia alguna a lo atinente a la regla de competencia fijada en el artículo 20 de la Ley 1564 de 2012.

Por lo esbozado, en forma preliminar, el despacho considera que la adición de la frase «de mayor cuantía», no constituye la corrección de un error caligráfico o tipográfico, conforme lo autoriza el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913. El Ejecutivo procedió, como lo reconoce en el decreto acusado, a modificar una regla de competencia para enmendar un error de concordancia entre dos disposiciones legales, reformando el contenido de la disposición legal, lo cual no está autorizado por la disposición mencionada».

Conclusión de la Sala: como se indicó, para la Sala, la corrección de errores caligráficos o tipográficos no permite que se enmienden incongruencias, yerros de concordancia o contradicciones entre disposiciones legales contenidas en una misma norma. Por ende, no es posible que al advertir un error de concordancia entre los artículos 20, numeral 9º, y 390, parágrafo 3º, el Ejecutivo haya procedido a introducir la frase “mayor cuantía”, pues sin duda con ello varió una regla de competencia, acudiendo al mecanismo de interpretación que le está vedado por ser labor del juez.

Artículo 5º: este artículo corrigió el artículo 163 de la Ley 1564.

Ley 1564 de 2012.Decreto 1736 de 2012.
ART. 163.—La suspensión del proceso por prejudicialidad durará hasta que el juez decrete su reanudación, para lo cual deberá presentarse copia de la providencia ejecutoriada que puso fin al proceso que le dio origen; con todo, si dicha prueba no se aduce dentro de dos (2) años siguientes a la fecha en que empezó la suspensión, el juez de oficio o a petición de parte, decretará la reanudación del proceso, por auto que se notificará por aviso.
Vencido el término de la suspensión solicitada por las partes se reanudará de oficio el proceso. También se reanudará cuando las partes de común acuerdo lo soliciten.
La suspensión del proceso ejecutivo por secuestro del ejecutado operará por el tiempo en que permanezca secuestrado más un periodo adicional igual a este. En todo caso la suspensión no podrá extenderse más allá del término de un (1) año contado a partir de la fecha en que el ejecutado recuperé su libertad.
ART. 5º—Corríjase el artículo 163 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:
ART. 163.—La suspensión del proceso por prejudicialidad durará hasta que el juez decrete su reanudación, para lo cual deberá presentarse copia de la providencia ejecutoriada que puso fin al proceso que le dio origen; con todo, si dicha prueba no se aduce dentro de dos (2) años siguientes a la fecha en que empezó la suspensión, el juez de oficio o a petición de parte, decretará la reanudación del proceso, por auto que se notificará por aviso.
Vencido el término de la suspensión solicitada por las partes se reanudará de oficio el proceso. También se reanudará cuando las partes de común acuerdo lo soliciten.

Para justificar la corrección, el decreto acusado menciona:

«Que el inciso 3º del artículo 163 de la Ley 1564 de 2012 dispone la forma en que “La suspensión del proceso ejecutivo por secuestro del ejecutado operará por el tiempo en que permanezca secuestrado más un período adicional igual a este. En todo caso la suspensión no podrá extenderse más allá del término de un (1) año contado a partir de la fecha en que el ejecutado recuperó su libertad”; 

Que el citado inciso fue agregado en la ponencia para primer debate (tercer debate) en la Comisión Primera del honorable Senado de la República, junto con la causal tercera de suspensión del proceso del artículo 161, a la que se refería, según consta en el informe de ponencia respectivo, publicado en la Gaceta del Congreso Nº 114 del 28 de marzo de 2012; 

Que la causal tercera de suspensión del proceso fue eliminada en la ponencia para segundo debate (cuarto debate) en la plenaria del honorable Senado de la República, según consta en el informe de ponencia respectivo, publicado en la Gaceta del Congreso Nº 261 del 23 de mayo de 2012, que expresó: 

“ART. 161.—Suspensión del proceso. Se elimina el numeral 3º, pues la hipótesis allí descrita es imposible jurídicamente. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 986 de 2005, el secuestro tiene como efecto la inoperancia de la exigibilidad de las obligaciones a plazo de la persona privada de la libertad, razón por la cual no puede existir una mora causada con ocasión del secuestro”. (Subrayas fuera de texto); 

Que el mantenimiento del inciso 3º es un evidente error de referencia, y siendo clara la voluntad del Legislador de que no exista una causal de suspensión del proceso por mora ocasionada por el secuestro, debe ser corregido reiterando el contenido del artículo con la [SIC] eliminando el inciso 3º del artículo 163 ya mencionado». (Resaltado fuera del texto original).

En la intervención que realiza el Ministerio de Justicia y del Derecho en relación con este artículo indica que:

«La voluntad del legislador no necesariamente ha de ser expresa sino, como lo manifiesta la Corte en su Jurisprudencia, puede ser deducida de la misma racionalidad de la norma y ella, en este caso, se atendió corrigiendo la inconsistencia formal en la cual se incurrió durante el trámite legislativo». 

Para decretar la suspensión provisional de los efectos de la norma en cuestión, la providencia recurrida señaló:

«El hecho de que se eliminara la causal de suspensión a la que se refiere el Decreto acusado implica que pudiera existir incongruencia con el artículo 163 del Código General del Proceso, el cual regula la reanudación del proceso, que se refería nuevamente a la suspensión del proceso ejecutivo por secuestro del ejecutado y que contemplaba las condiciones para su reanudación.

El objetivo de la corrección fue enmendar un error de concordancia entre los artículos 161 y 163 del Código General del Proceso con la eliminación del inciso completo en la última norma que es necesario indicar no fue mencionada en momento alguno en el trámite legislativo, pues únicamente se hizo referencia al artículo 161 del Código General del Proceso.»

Conclusión de la Sala: La modificación efectuada por el acto acusado no constituye la corrección de un error caligráfico o tipográfico, conforme lo autoriza el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, pues el Gobierno Nacional procedió a reformar el contenido del artículo 163 del CGP para que cesara su incongruencia con el artículo 161, lo cual no está autorizado por la disposición legal mencionada e implica una labor de interpretación propia del Juez.

Artículo 6º: corrigió el inciso primero del artículo 338 de la Ley 1564:

Ley 1564 de 2012Decreto 1736 de 2012
«ART. 338.—Cuantía del interés para recurrir. Cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil».«ART. 6º—Corríjase el inciso 1º del artículo 338 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:
“ART. 338.—Cuantía del interés para recurrir. Cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil.
(...)”».

Para justificar la corrección, el decreto acusado menciona:

«Que el inciso 1º del artículo 338 de la Ley 1564 de 2012, al referirse a la cuantía del interés para recurrir en casación, expresa que “Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil” (subrayas fuera de texto), cuando las acciones populares no están incluidas dentro del listado de casos en los que procede el recurso extraordinario de casación de acuerdo con el artículo 334 de la misma ley; 

Que se encuentra que la voluntad inequívoca del legislador era la de excluir del recurso extraordinario de casación a las sentencias que se profieran en las acciones populares, tal como se observa en el informe de ponencia para primer debate (tercer debate) en la Comisión Primera del honorable Senado de la República, publicado en la Gaceta del Congreso Nº 114 del 28 de marzo de 2012: 

“En el numeral 2º del artículo [334] se eliminan las acciones populares como susceptibles de recurso de casación, en los términos previstos en la Ley 472 de 1998. En efecto, el artículo 67 de esta ley establece que serán susceptibles de casación las sentencias dictadas en los procesos adelantados en ejercicio de las acciones de grupo, mas no así en las acciones populares”. (Subrayas fuera del texto); 

Que, en consecuencia, existe un error de referencia en el artículo 338, que debe ser corregido eliminando la alusión a las acciones populares;». 

En la intervención que realiza el Ministerio de Justicia y del Derecho en relación con este artículo indica que:

«El Ejecutivo utilizó el medio idóneo constitucionalmente admitido para corregir los errores evidenciados en el artículo corregido, atendiendo a la racionalidad del legislador, deducida del trámite legislativo en su integridad y de la norma misma conformada en este caso como un todo por lo dispuesto en los artículos 334 y 338 de la ley objeto de corrección». 

Para decretar la suspensión provisional de los efectos de la norma en cuestión, la providencia recurrida señaló:

«El Ejecutivo, entonces, no procedió a corregir un error caligráfico o tipográfico, conforme lo autoriza el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, sino a reformar el contenido del artículo 338 del Código General del Proceso para hacerlo congruente con el artículo 334 del mismo estatuto eliminando la alusión que a las acciones populares hacía el artículo, lo cual no corresponde a una atribución autorizada por la disposición legal mencionada».

Conclusión de la Sala: al eliminar la alusión a las acciones populares en el artículo 338 del Código General del Proceso, con la finalidad de hacerlo congruente con el artículo 334 ídem, el Ejecutivo desbordó los límites de las correcciones tipográficas o caligráficas, rebasando el ámbito definido por el Legislador en el precepto modificado.

Artículo 8º: corrigió el artículo 393 de la Ley 1564:

Ley 1564 de 2012.Decreto 1736 de 2012.
«ART. 393.—Lanzamiento por ocupación de hecho de predios rurales. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 984 del Código Civil, la persona que explote económicamente un predio rural que hubiere sido privada de hecho, total o parcialmente, de la tenencia material del mismo, sin que haya mediado su consentimiento expreso o tácito u orden de autoridad competente, ni exista otra causa que lo justifique, podrá pedir al respectivo juez agrario que efectúe el lanzamiento del ocupante».«ART. 8º—Corríjase el artículo 393 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:
“ART. 393.—Lanzamiento por ocupación de hecho de predios rurales. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 984 del Código Civil, la persona que explote económicamente un predio rural que hubiere sido privada de hecho, total o parcialmente, de la tenencia material del mismo, sin que haya mediado su consentimiento expreso o tácito u orden de autoridad competente, ni exista otra causa que lo justifique, podrá pedir al respectivo juez que efectúe el lanzamiento del ocupante”».

Para justificar la corrección, el decreto acusado menciona:

«Que el artículo 393 de la Ley 1564 de 2012, al regular el procedimiento de lanzamiento por ocupación de hecho de predios rurales, contiene una referencia a la figura del “juez agrario”; 

Que la especialidad jurisdiccional agraria fue suprimida por la misma Ley 1564 de 2012, que en el literal c) del artículo 626 derogó en su totalidad el Decreto número 2303 de 1989; 

Que las competencias atribuidas por el Decreto número 2303 de 1989 a los jueces agrarios fueron asignadas por el Código General del Proceso a los jueces civiles municipales y del circuito, de acuerdo con las reglas generales sobre competencia y cuantía; 

Que, en consecuencia, existe un yerro de transcripción en el artículo 393, en el que se hace referencia a una categoría de jueces inexistente, y que debe ser corregido suprimiendo la calificación “agrario” de la norma;». 

En la intervención que realiza el Ministerio de Justicia y del Derecho en relación con este artículo indica que:

«Se corrigió una inconsistencia en la cual se incurrió en el trámite legislativo en cuanto que al modificar en dicho trámite un artículo de la ley, no se tuvo en cuenta que dicha modificación repercutía en un artículo precedente y que es clara la racionalidad del legislador a este respecto, la misma se atendió en este caso, corrigiendo el error mediante el mecanismo constitucionalmente idóneo». 

Para decretar la suspensión provisional de los efectos de la norma en cuestión, la providencia recurrida señaló:

«Conforme al artículo 626 del Código General del Proceso, literal c), se derogó el Decreto 2303 de 1989, mediante el cual se creaba y organizaba la jurisdicción agraria.

Esas competencias fueron atribuidas a los jueces de la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, como puede evidenciarse, a manera ilustrativa, en los artículos 17, 18 (tanto en su versión original, como en la corregida por el Decreto 1736 de 2012) y 20 (tanto en su versión original, como en la corregida por el Decreto 1736 de 2012) del Código General del Proceso.

Así, la referencia a los jueces agrarios, en el artículo 393 de la Ley 1564 de 2012, resultaría contraria a la derogatoria de dicha jurisdicción y al reparto de las competencias de los jueces agrarios a los jueces civiles.

Es este, entonces, a juicio de este despacho, un error de concordancia entre textos legales, que pretendió resolver el Gobierno Nacional modificando el citado artículo 393 de la Ley 1564 de 2012, lo cual escapa a las facultades entregadas en el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, que se limitan a la corrección de errores caligráficos o tipográficos».

Conclusión de la Sala: La modificación efectuada por este artículo no constituye la corrección de un error caligráfico o tipográfico, conforme lo autoriza el artículo 45 de la Ley 4ª, pues el Gobierno Nacional procedió a reformar el contenido del artículo 393 del Código General del Proceso para que cesara su incongruencia con el artículo 626, literal c), que derogó la Jurisdicción Agraria, lo cual no está autorizado por la disposición legal mencionada.

Artículo 9º: corrigió el artículo 397 de la Ley 1564:

Ley 1564 de 2012Decreto 1736 de 2012
«ART. 397.—Alimentos a favor del mayor de edad. En los procesos de alimentos se seguirán las siguientes reglas:
(...)».

ART. 9º—Corríjase el título del artículo 397 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:
«ART. 397.—Alimento a favor del mayor y menor de edad. En los procesos de alimentos se seguirán las siguientes reglas:
(...)».

Para justificar la corrección, el decreto acusado menciona:

«Que el artículo 397 de la misma Ley 1564 de 2012 tiene por título “Alimentos a favor del mayor de edad”. Que el mismo artículo contiene reglas que no corresponden al mencionado título, pues en su parágrafo 2º dispuso un inciso y dos numerales aplicables a los procesos de alimentos a favor de menores de edad. 

Es evidente la voluntad del Legislador de comprender dentro de un mismo artículo todos los procedimientos sobre alimentos, sin importar que estos fueran a favor de un mayor o de un menor de edad. Por tanto, existe un yerro de concordancia en el título, que debe ser corregido incluyendo, en el título del artículo, la referencia al beneficiario menor de edad;». 

En la intervención que realiza el Ministerio de Justicia y del Derecho en relación con este artículo indica que:

«(...) bien podía el Ejecutivo corregir el error en el texto publicado de la ley, atendiendo a la voluntad real del legislador, deducida del texto mismo del contenido del artículo». 

Para decretar la suspensión provisional de los efectos de la norma en cuestión, la providencia recurrida señaló:

«Este despacho advierte que en relación con este artículo nada se señala con respecto al trámite legislativo previo y resalta, entonces, que la facultad prevista en el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913 no está prevista para enmendar errores de concordancia como el que se presenta en el artículo 397 de la Ley 1564 de 2012, pues la competencia, se reitera, se limita a la corrección de errores caligráficos o tipográficos, no siendo permitido al Gobierno Nacional la modificación de las normas, como lo hizo en esta oportunidad, lo que permite concluir, inicialmente, que el Ejecutivo transgredió el citado artículo de la Ley 4 de 1913».

Conclusión de la Sala: para la Sala, en tanto que la corrección de errores caligráficos o tipográficos no permite que se enmienden incongruencias, yerros de concordancia o contradicciones entre disposiciones legales contenidas en una misma norma, el Ejecutivo excedió lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913 y, por lo tanto, debe confirmase la suspensión provisional de los efectos del artículo 9º demandado.

Artículo 14: corrigió el numeral 7º del artículo 625 de la Ley 1564:

Ley 1564 de 2012Decreto 1736 de 2012
«ART. 625.—Tránsito de legislación. Los procesos en curso al entrar a regir este código, se someterán a las siguientes reglas de tránsito de legislación:
(...)
7. El desistimiento tácito previsto en el artículo 317 será aplicable a los procesos en curso, pero los plazos previstos en sus dos numerales se contarán a partir de la promulgación de esta ley.»
«ART. 14.—Corríjase el numeral 7º del artículo 625 de la Ley 1564 de 2012, quedará así:
ART. 625.—Tránsito de legislación. Los procesos en curso al entrar a regir este código, se someterán a las siguientes reglas de tránsito de legislación:
(...)
7. El desistimiento tácito previsto en el artículo 317 será aplicable a los procesos en curso, pero los plazos previstos en sus dos numeralesse contarán a partir de su entrada en vigencia”».

Para justificar la corrección, el decreto acusado menciona:

«Que en el numeral 7º del mismo artículo 625 de la Ley 1564 de 2012 se previó que los plazos para aplicar las reglas del desistimiento tácito de que trata el artículo 317 en los procesos en curso se aplicaría “a partir de la promulgación de esta ley”, lo que constituye un error de referencia, pues de acuerdo con el numeral 4º del artículo 627 de la misma ley, el citado artículo 317 solo entraría en vigencia a partir del primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012); 

Que al tratarse un yerro de referencia, debe ser corregido, sustituyendo la expresión “a partir de la promulgación de esta ley”, por “a partir de su entrada en vigencia”;». 

En la intervención que realiza el Ministerio de Justicia y del Derecho en relación con este artículo indica que:

«(...) el querer del legislador, inferido de la misma norma, conformada como se expresó anteriormente, era que mientras la figura del desistimiento tácito en general sí se aplicara a los procesos en curso y, por tanto, entraría a regir a partir de la promulgación del Código, los plazos para la ocurrencia de dicho desistimiento sólo contarían a partir de la vigencia diferida del artículo que los contempla, esto es, el 1º de octubre de 2012, acorde con el numeral 4º del artículo 627». 

Para decretar la suspensión provisional de los efectos de la norma en cuestión, la providencia recurrida señaló:

«Este despacho estima que la facultad prevista en el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913 no le permite al Ejecutivo corregir contradicciones entre disposiciones legales, a través de la modificación de las mismas, pues, se reitera, aquella está prevista en los eventos en que se presenten yerros caligráficos o tipográficos, sumado al hecho de que, en esta oportunidad, no se tiene certeza de la voluntad del legislador pues nada se indica en relación con el trámite legislativo de las normas que están en contradicción. El despacho encuentra, entonces, que se violó el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913».

Conclusión de la Sala: se reitera que la corrección de errores caligráficos o tipográficos no permite que se enmienden incongruencias, yerros de concordancia o contradicciones entre disposiciones legales contenidas en una misma norma. En este caso, no podía el Ejecutivo corregir la contradicción evidente entre el numeral 7º del artículo 625 y el numeral 4º del artículo 627, pues con ello excedió la facultad prevista en el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913.

Artículo 16: corrigió el literal a) del artículo 626 de la Ley 1564:

Ley 1564 de 2012Decreto 1736 de 2012
«ART. 626.—Derogaciones. Deróguense las siguientes disposiciones:
a) A partir de la promulgación de esta ley quedan derogados: artículos 126, 128, la expresión “y a recibir declaración a los testigos indicados por los solicitantes” del 129, 130, 133, la expresión “practicadas las diligencias indicadas en el artículo 130” del 134, las expresiones “y no hubiere por este tiempo de practicar las diligencias de que habla el artículo 130” y “sin tales formalidades” del 136 y 202 del Código Civil; artículos 9º y 21 del Decreto 2651 de 1991; los artículos 8º inciso 2º parte final, 209A y 209B de la Ley 270 de 1996; el artículo 148 de la Ley 446 de 1998; 211 y 544 del Código de Procedimiento Civil; el numeral 1º del artículo 19 y la expresión “por sorteo público” del artículo 67 inciso 1º de la Ley 1116 de 2006; el inciso 2º del artículo 40 de la Ley 1258 de 2008; la expresión “que requerirá presentación personal” del artículo 71, el inciso 1º del artículo 215 y el inciso 2º del artículo 309 de la Ley 1437 de 2011; la expresión “No se requerirá actuar por intermedio de abogado” del artículo 58 numeral 4º, el literal e) del numeral 5º del artículo 58 y el numeral 8º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011; el artículo 34 del Decreto-Ley 19 de 2012; y, cualquier norma que sea contraria a las que entran en vigencia a partir de la promulgación de esta ley.
«ART. 16.—Corríjase el literal a) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:
“ART. 626.—Derogaciones. Deróguense las siguientes disposiciones:
a) A partir de la promulgación de esta ley quedan derogados: artículos 126, 128, la expresión “y a recibir declaración a los testigos indicados por los solicitantes” del 129, 130, 133, la expresión “practicadas las diligencias indicadas en el artículo 130” del 134, las expresiones “y no hubiere por este tiempo de practicar las diligencias de que habla el artículo 130” y “sin tales formalidades” del 136 y 202 del Código Civil; artículos 9º y 21 del Decreto número 2651 de 1991; los artículos 8º inciso 2º parte final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de 1996; el artículo 148salvo los parágrafos 1º y 2º de la Ley 446 de 1998; 211 y 544 del Código de Procedimiento Civil; el numeral 1º del artículo 19 y la expresión “por sorteo público” del artículo 67 inciso 1º de la Ley 1116 de 2006; el inciso 2º del artículo 40 de la Ley 1258 de 2008; la expresión “que requerirá presentación personal” del artículo 71, el inciso 1º del artículo 215 y el inciso segundo del artículo 309 de la Ley 1437 de 2011; la expresión “No se requerirá actuar por intermedio de abogado” del artículo 58 numeral 4º, el literal e) del numeral 5º del artículo 58 y el numeral 8º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011; el artículo 34 del Decreto-ley 19 de 2012; y, cualquier norma que sea contraria a las que entran en vigencia a partir de la promulgación de esta ley”».

Para justificar la corrección, el decreto acusado menciona:

«Que en el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012 contiene un yerro tipográfico en relación con la referencia que hace al numeral 4º del artículo 627 de la misma ley; 

Que dicho error tiene origen en una inconsistencia que se presenta entre el pliego de modificaciones presentado para segundo debate (cuarto debate) ante la plenaria del honorable Senado de la República y el cuadro a doble columna del informe de ponencia presentado para el mismo debate; 

Que mientras en el pliego de modificaciones presentado para segundo debate (cuarto debate) ante la plenaria del honorable Senado de la República, el artículo 627 contenía seis numerales identificados consecutivamente (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º), en el cuadro a doble columna del informe de ponencia presentado para el mismo debate el artículo 627 contenía seis numerales identificados como 1º, 2º, 3º, 4º, 5 y 4º; es decir, contenía dos numerales identificados con el número 4, debiendo ser el segundo 4, obviamente un numeral 6; 

Que por error de transcripción durante el trámite legislativo, no se guardó correspondencia entre la derogatoria de las normas dispuestas en el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012 y la remisión al numeral 6º del artículo 627 de la misma ley que contiene la fecha en que esta debe operar; 

Que se hace necesario subsanar este error tipográfico, indicando entonces, en el literal c) del artículo 626, que “c) A partir de la entrada en vigencia de esta ley, en los términos del numeral 6º del artículo 627, queda derogado (...)”; 

Que en el mismo artículo 626 de la Ley 1564 de 2012 se incluyeron dos reglas diferentes para la derogatoria del artículo 148 de la Ley 446 de 1998, en los literales a) y c) respectivamente; 

Que habiéndose dispuesto la derogatoria del artículo 148 de la Ley 446 de 1998 a partir de la promulgación de la ley, y teniendo que dicha regla está directamente relacionada con la entrada en vigencia inmediata del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, sobre el mismo tema, se advierte que la voluntad inequívoca del legislador fue la de excluir del ordenamiento jurídico el artículo 148 de la Ley 446 de 1998 en la oportunidad prevista en el literal a) del artículo 626; 

Que la referencia que se hace al artículo 148 de la Ley 446 de 1998 en el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, es un error de concordancia o referencia del texto aprobado; 

Que el yerro que aquí se corrige, consistió en incluir dos reglas de derogatoria sobre el mismo artículo y por lo tanto, se elimina la referencia al “artículo 148 salvo los parágrafos 1º y 2º” de la Ley 446 de 1998 contenida en el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, y se incluye en el literal a) del mismo artículo 626». 

En la intervención que realiza el Ministerio de Justicia y del Derecho en relación con este artículo indica que:

«(...) entendida la racionalidad del legislador a partir de la visión integral de las normas mencionadas (art. 148 de la L. 446/98, objeto de derogación, artículo 24 del nuevo código que regula la misma materia, el literal a) del artículo 626 del nuevo código que contempla la entrada en vigencia de esta nueva normatividad al respecto a partir de la promulgación de la ley y el literal c) del mismo artículo 626 que repite la derogación del artículo 148 de la Ley 446 de 1998, pero exceptuando sus dos parágrafos) era procedente, acorde con la jurisprudencia constitucional, que mediante un decreto de corrección de errores se corrigiera ese yerro y se exceptuara de la derogación del artículo 148 de la Ley 446 de 1998 a esos parágrafos, dejando la fecha de derogación del resto del artículo a partir de la promulgación del código, pues a partir de ese momento también entraría a regir la nueva regulación sobre la materia de que trata la norma derogada, dejando a salvo de tal derogatoria los parágrafos exceptuados por el legislador en el literal c) mencionado».

Para decretar la suspensión provisional de los efectos de la norma en cuestión, la providencia recurrida señaló:

«Son dos los errores los que se corrigen, conforme a lo señalado por el Gobierno Nacional. El primero, un error que cataloga como «tipográfico» consistente en que el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012 hace referencia al numeral 4º del artículo 627 de la misma ley, cuando ha debido hacer referencia a un numeral 6º, el cual fue originado por un error que a su vez presentaba el citado artículo durante el trámite legislativo que contemplaba dos numerales 4º y que finalmente fue corregido en dicha norma pero no en el artículo 626 de la Ley 1564 de 2012.

El segundo error que se corrigió en el decreto acusado fue la consagración de dos reglas de derogatoria sobre el mismo artículo, esto es, sobre el artículo 148 de la Ley 446 de 1998. En el literal a), se indica que dicho artículo sería derogado en su integridad, mientras que en el literal c) se indicó que sería derogado el artículo «148 salvo los parágrafos 1º y 2º de la Ley 446 de 1998».

Este despacho, en relación con el primero de los errores corregidos, siguiendo lo expuesto por el decreto acusado en relación con el trámite legislativo, encuentra que, como lo indica el Ejecutivo, existió un error tipográfico pues no se «guardó correspondencia entre la derogatoria de las normas dispuestas en el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012 y la remisión al numeral 6º del artículo 627 de la misma ley que contiene la fecha en que esta debe operar» y su corrección era procedente de acuerdo con la facultad prevista en el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913.

Sin embargo, frente al segundo error, este despacho, en esta etapa inicial del proceso, reitera lo expuesto a lo largo de esta providencia consistente en que la facultad que fue otorgada al Ejecutivo no comporta la atribución de modificar las disposiciones legales a fin de subsanar la contradicción entre las mismas, como lo ha hecho eliminando «(...) la referencia al “artículo 148 salvo los parágrafos 1º y 2º” de la Ley 446 de 1998 contenida en el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, y se incluye en el literal a) del mismo artículo 626 (...)». La facultad, como se ha indicado en esta providencia, está prevista en los eventos en que se presenten yerros caligráficos o tipográficos, los cuales no se evidencian».

Conclusión de la Sala: el error corregido consistió en la fijación de dos reglas de derogatoria del artículo 148 de la Ley 446 de 1998. En el literal a) del artículo 626, se indicó que sería derogado en su integridad, mientras que en el literal c) del mismo artículo 626, se dijo que sería derogado “salvo los parágrafos 1º y 2º de la Ley 446 de 1998”.

Para la Sala, tal error no era susceptible de corrección, a través del Decreto acusado, dado que, se insiste, no es viable que se enmienden incongruencias, yerros de concordancia o contradicciones entre disposiciones legales contenidas en una misma norma, a través de la facultad prevista en el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913.

Artículo 18: corrigió el numeral 1º del artículo 627 de la Ley 1564:

Ley 1564 de 2012Decreto 1736 de 2012
«ART. 627.—Vigencia. La vigencia de las disposiciones establecidas en esta ley se regirá por las siguientes reglas:
1. Los artículos 24, 30 numeral 8º y parágrafo, 31 numeral 2º, 33 numeral 2º, 206, 467, 610 a 627 entrarán a regir a partir de la promulgación de esta ley.

«ART. 18.—Corríjase el numeral 1º del artículo 627 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:
ART. 627. (...)
1. Los artículos 24, 31 numeral 2º, 33 numeral 2º, 206, 467, 610 a 627 entrarán a regir a partir de la promulgación de esta ley”.

Para justificar la corrección, el decreto acusado menciona:

«Que en el artículo 627 numeral 1º y 4º de la Ley 1564 de 2012 existe una inconsistencia en relación con la entrada en vigencia del artículo 30 numeral 8º y parágrafo, pues mientras el numeral 1º establece que este entrará a regir a partir de la promulgación de esta ley, el numeral 4º establece que entrará a regir a partir del primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012); 

Que no queda duda alguna de que se trata de un yerro tipográfico y que la voluntad del legislador consistía en que el artículo 30 numeral 8º y parágrafo entrarán a regir a partir del primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012). Lo anterior se colige de la unidad temática y mutua correlación entre las disposiciones contenidas en los artículos 30 numeral 8º y parágrafo, 31 numeral 6º y parágrafo, 32 numeral 5º y parágrafo, que reglamentaban lo relativo a las solicitudes de cambio de radicación y que fueron modificadas en sesión plenaria del honorable Senado de la República del 30 de mayo de 2012 y que conforme al numeral 4º del artículo 627 deben entrar en vigencia en la misma fecha, ello es, el día primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012); 

Que a pesar de la anterior modificación, por error, no se elimina la regla del numeral 1º del artículo 627 que fijaba la entrada en vigencia del artículo 30 numeral 8º y parágrafo a partir de la promulgación de la ley; 

Que se trata de un error de concordancia o referencia del texto aprobado, que implica la exclusión del artículo 30 numeral 8º, del numeral 1º del artículo 627;». 

En la intervención que realiza el Ministerio de Justicia y del Derecho en relación con este artículo indica que:

«Ante esta inconsistencia y ante la claridad de la voluntad del legislador inferida del trámite legislativo en cuanto a que en el último debate se estableció que lo referente al cambio de radicación de los procesos tanto en la Corte Suprema, como en los tribunales y en los juzgados, entraría en vigencia a partir del 1º de octubre de 2012, se infiere la racionalidad del legislador en cuanto a que las competencias, cualquiera fuera la autoridad señalada para asumirlas, no entrarían a regir inmediatamente sino de manera diferida, con posterioridad a la promulgación de la ley, esto es, como quedó en el citado numeral 4º del artículo 627, a partir del 1º de octubre de 2012». 

Para decretar la suspensión provisional de los efectos de la norma en cuestión, la providencia recurrida señaló:

«Si bien es claro que existe unidad temática y mutua correlación entre los artículos 30 (num. 8º y par.), 31 (num. 6º y par.), 32 (num. 5º y par.) en la medida en que reglamentan el cambio de radicación, lo cierto es que no puede tenerse certeza de que la voluntad del legislador haya sido que dichas disposiciones entraran en vigencia el día primero de octubre de 2012 y no en la fecha de promulgación de la ley, pues nada sugiere que en el trámite legislativo se hubiere abordado este punto, de acuerdo con la referencia que a este se hace en la parte motiva del decreto enjuiciado».

Conclusión de la Sala: el Ejecutivo pretendió corregir un error de concordancia entre los numerales 1º y 4º del artículo 627 de la Ley 1564, lo que, según se ha determinado a lo largo de la providencia, no es posible efectuar en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913.

En este orden de ideas, para la Sala asistió razón al Consejero ponente al decretar la suspensión provisional de los efectos de los artículos 3º, 5º, 6º, 8º, 9º, 14, 16 y 18 del Decreto 1736 de 2012, expedido por el Gobierno Nacional, por lo que confirmará el proveído recurrido, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELV E:

1. CONFÍRMASE la providencia de 19 de diciembre de 2016.

2. En firme la presente providencia, devuélvase el expediente al despacho de origen.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de junio de 2017.

Consejeros: María Elizabeth García González—Hernando Sánchez Sánchez.

1 Sobre régimen político y municipal.

2 El artículo 230 del CPACA señala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, “una o varias de las siguientes” cautelas: ordenar que se mantenga una situación, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta “vulnerante o amenazante”, cuando fuere posible (num. 1º); suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual, dentro de ciertas condiciones (num. 2º); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (num. 3º); ordenar que se adopte una decisión, o que se realice una obra o una demolición de una obra con el objeto de evitar el acaecimiento de un perjuicio o que los efectos de este se agraven (num. 4º); impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer (num. 5º). Cuando la medida cautelar implique la adopción de un acto discrecional, el juez no puede sustituir a la autoridad competente, sino limitarse a ordenar su adopción según la ley (par.).

3 Providencia citada ut supra, consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

4 Vale la pena ahondar en el tema de la transición del régimen de las medidas cautelares que tuvo lugar con el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, asunto explicado en la providencia de 17 de marzo de 2015 (Exp. 2014-03799), en la cual se puntualizó: “Ahora bien, centrando el estudio en la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo, es notorio para la Sala que la nueva disposición, sin desconocer los rasgos característicos del acto administrativo, amplió, en pro de una tutela judicial efectiva, el ámbito de competencia que tiene el juez de lo contencioso administrativo a la hora de definir sobre la procedencia de tal medida cautelar; y ese cambio, que se refleja en el tenor literal de la norma, consulta la intención del legislador y el entendimiento de la medida cautelar en el marco constitucional. Una interpretación del artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo teniendo en cuenta solamente la variación literal del enunciado normativo, pudo haber generado en los inicios de su aplicación la idea de que la existencia de una manifiesta infracción, a la que hacía referencia el artículo 152 del anterior código, fue reemplazada por el surgimiento en el análisis judicial de una oposición entre el acto y las normas superiores, sin que ello comportara una diferencia material en el contenido normativo de ambas disposiciones. Sin embargo, estudiados los antecedentes de la disposición debe arribarse a una conclusión diferente, dado que, se insiste, la medida cautelar en el nuevo escenario judicial de esta jurisdicción obedece y reclama la tutela judicial efectiva”. (Resaltado es del texto).

5 Así lo sostuvo la Sala en la providencia de 11 de marzo de 2014 (Exp. 2013 00503, C.P. Guillermo Vargas Ayala), al expresar que: “Con el ánimo de superar los temores y las reservas que siempre acompañaron a los jueces respecto del decreto de la suspensión provisional en vigencia de la legislación anterior, célebre por su escasa efectividad producto de las extremas exigencias que la jurisprudencia le impuso para salvaguardar su imparcialidad, el inciso segundo del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo expresamente dispone que ‘[l]a decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento’. De lo que se trata, entonces, con esta norma, es de brindar a los jueces ‘la tranquilidad de que se trata de mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto sub lite’ [ ]. Una suerte de presunción iure et de iure, sobre cómo acceder a la medida no afecta la imparcialidad del Juez ni compromete su capacidad de discernimiento ni poder de decisión, que busca además promover la efectividad del nuevo régimen cautelar introducido.

La jurisprudencia ya ha ido señalado que este enunciado debe ser visto como un límite a la autorización que se otorga al juez para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximación al asunto este análisis debe ser apenas preliminar, razón por la cual no puede suponer un examen de fondo o ‘prejuzgamiento’ de la causa [ ]. La carga de argumentación y probatoria que debe asumir quien solicita la medida cautelar, garantizan que el juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender esta valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia”. (Negrillas fuera del texto).

6 Esto significa que la suspensión provisional, como toda medida cautelar, debe estar siempre debidamente sustentada en los dos pilares fundamentales sobre los cuales se edifica todo sistema cautelar, a saber: los principios del periculum in mora y del fumus boni iuris, en virtud de los cuales siempre se tendrá que acreditar en el proceso el peligro que representa el no adoptar la medida y la apariencia del buen derecho respecto del cual se persigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia que ponga fin al litigio.

7 Consejo de Estado-Sección Primera. Sentencia de 8 de mayo de 2008, Exp. 2004-00332-01, C.P. Rafael E. Ostau Lafont Pianeta.

8 Sobre régimen político y municipal.

9 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

10 Sentencia C-041 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.

11 Ut supra, pág. 15.

12 Consejo de Estado – Sección Primera. Sentencia de 3 de mayo de 2002, Exp. 2000-06520-01, C.P. Camilo Arciniegas Andrade.

13 Consejo de Estado – Sección Primera. Sentencia de 22 de noviembre de 2002, Exp. 2001-00068-01, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

14 Sentencia C-500 de 2001.

15 Consejo de Estado – Sección Primera. Sentencia de 30 de enero de 2004, Exp. 2001-00076-01, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

16 “ART. 2º—Corríjase el artículo 37 de la Ley 640 de 2001 en el sentido de que su tenor literal es el siguiente:

“ART. 37.—Requisito de procedibilidad en asuntos de lo contencioso administrativo. Antes de incoar cualquiera de las acciones previstas en los artículos 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, las partes, individual o conjuntamente, deberán formular solicitud de conciliación extrajudicial, si el asunto de que se trate es conciliable. La solicitud se acompañará de la copia de la petición de conciliación enviada a la entidad o al particular, según el caso, y de las pruebas que fundamenten las pretensiones (...)”. 

17 En esa oportunidad, la Corte efectuó el pronunciamiento de inexequibilidad justificada en que se demandaban dos tipos de decretos (D. 2637 y 2697 de 2004); el primero de ellos preveía una regulación con fuerza material de ley estatutaria; el segundo era un decreto que pretendía corregir yerros, pero que en realidad “tocó aspectos sustanciales del Decreto 2637 de 2004 y la Ley 270 de 1996”. En vista de esta relación de estrecha dependencia, al controlar el decreto expedido en ejercicio de funciones legislativas, la Corte debía tener en cuenta el decreto que pretendía corregir sus aparentes yerros. Tras observar que el Decreto 2637 de 2004 —estatutario— era inconstitucional, y que el de corrección de yerros presuponía su existencia, debía también declararse inexequible este último si bien sólo “por consecuencia”. (Ver comentarios en la Sentencia C-041 de 2015).

18 Sobre la noción de regla, la Sentencia C-1287 de 2001 dijo: «En lo que concierne a las reglas, tales serían las disposiciones jurídicas en las que se “define, en forma general y abstracta, un supuesto de hecho y se determina la consecuencia o consecuencias jurídicas que se derivan de la realización del mismo; una disposición, pues, derechamente construida para regular u ordenar de forma directa la vida humana, la realidad social” Es decir, virtud de esta estructura lógica, las reglas operan como silogismos.».

19 En ese caso se demandaba únicamente un decreto con fuerza de ley (expedido en virtud de facultades extraordinarias conferidas por la ley al Presidente de la República). La Corte sin embargo constató durante el proceso que dicho decreto ley había sido corregido por un decreto de yerros (D. 053/2012). Además advirtió que existía una clara extralimitación de competencias por parte del Presidente. La decisión fue entonces integrar al control el decreto de yerros, pero sólo en la medida en que pretendía definir el alcance de la norma con fuerza de ley demandada. Sobre la base de su competencia expresa para controlar el decreto ley (C.P, art. 241, num. 5º).

20 Ver en la parte final de esta norma la Fe de erratas: «En la página 5 del mencionado diario se presentó un error tipográfico en el artículo 15 de este decreto que dice: “Corríjase en el artículo 626 de la Ley 1564 de 2012 y en consecuencia, elimínese el numeral 9º” cuando lo correcto es: “Corríjase en el artículo 625 de la Ley 1564 de 2012 y en consecuencia, elimínese el numeral 9º”».