Sentencia 2012-00387 de mayo 7 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000233700020120038701

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Actor: Proyecto 101 S.A. contra la Secretaría Distrital de Hacienda

Número interno: 20183

Auto

Bogotá, D.C., siete de mayo dos mil catorce.

EXTRACTOS: «5. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala establecer si la demanda presentada por la sociedad Proyecto 101 S.A. en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se formuló dentro del término de caducidad establecido en el artículo 164 [d] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Antes de abordar el estudio de este asunto, es del caso precisar que los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) consagran los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho.

Las pretensiones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho tienen por finalidad restablecer el orden jurídico que ha sido quebrantado por la administración al expedir actos administrativos que infringen normas de carácter superior.

La pretensión de nulidad se dirige contra actos administrativos generales y busca restaurar el ordenamiento jurídico, en tanto que, la de nulidad y restablecimiento del derecho tiene además de esa finalidad la de restablecer un derecho subjetivo que resultó afectado por los actos de la administración.

Ahora bien, conforme con el literal d) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la posibilidad de interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho caduca al cabo de cuatro meses, contados a partir del día siguiente de la notificación, comunicación o ejecución del acto.

Pues bien, la caducidad es un límite que se impone al ejercicio de los medios de control contencioso administrativos con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica con respecto a los actos proferidos por la administración. Ocurre como consecuencia de la inactividad del administrado, quien deja transcurrir el tiempo fijado por la ley sin ejercer el respectivo medio de control.

La caducidad es uno de los requisitos de la demanda cuya verificación se hace por el juez al momento de admitir la demanda, según lo establecen los artículos 170 y 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Con respecto al conteo del término de caducidad, esta corporación se pronunció en auto del 28 de octubre de 2010, con ponencia del magistrado Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, dentro del expediente radicado bajo el número 2009-00078, así: “En tal orden, cuando se trate de contabilizar el término a partir del cual ocurre el fenómeno de la caducidad de la mentada acción, debe seguirse la regla del cómputo de meses, es decir, que en ella no se excluyen los días de interrupción de vacancia judicial o los que por cualquier otra causa el despacho se encuentre cerrado, por ejemplo la suspensión del servicio de administración de justicia, a menos que el término se venza en uno de ellos, caso en el cual el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente...”(4).

Consecuente con lo anterior, ni el cese de actividades ni la vacancia judicial, interrumpen el término de caducidad para ejercer el medio de control, diferente es que el plazo expire cuando el despacho se encuentre cerrado, caso en el cual el término se extiende hasta el primer día hábil siguiente.

Pues bien, en este caso está probados los siguientes hechos:

1. Que el acto administrativo que resolvió el recurso de reconsideración fue notificado el 27 de junio de 2012(5) y, por tanto el término de caducidad vencía el 28 de octubre del mismo año.

2. Que la demanda fue radicada ante la Personería de Bogotá el 26 de octubre de 2012 y remitida por esta entidad al tribunal el 30 de octubre del mismo año(6).

3. Que la demanda fue recibida en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 27 de noviembre de 2012 y que fue sometida a reparto ese mismo día(7).

4. Que los términos judiciales no corrieron durante los días 22 de octubre a 23 de noviembre de 2012 por el cese de actividades de la rama judicial.

Así, dado que el término de caducidad venció el 28 de octubre de 2012, fecha para la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se encontraba en cese de actividades, el plazo para presentar la demanda se extendió hasta el 26 de noviembre del mismo año, día hábil siguiente a la terminación del paro judicial que ocurrió entre el 26 de octubre y el 23 de noviembre de 2012(8).

Aduce la sociedad demandante que “... ante la imposibilidad de radicar la demanda ente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca...” la presentó en la Personería de Bogotá el 26 de octubre de 2012(9), es decir antes de que venciera el termino de caducidad.

Pues bien, el artículo 118 de la Constitución Política de Colombia establece que las personerías municipales pueden ejercer el Ministerio Público. A ellas corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.

La Personería Distrital de Bogotá es un organismo de control que tiene, entre otras funciones, la de atender los requerimientos ciudadanos(10) en virtud de la cual “recibe, tramita, gestiona y resuelve, según el caso, las peticiones, quejas reclamos, de información y/o consultas de la ciudadanía, estas se pueden presentar por medio escrito, telefónico, personal o en línea”.

En este caso, la sociedad demandante acudió a la Personería Distrital y le solicitó que remitiera la demanda al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada la situación de cese de actividades que se dio entre el 22 de octubre y el 23 de noviembre de 2012. La Personería remitió la demanda el 30 de octubre del 2012 y fue recibida en el tribunal el 27 de noviembre del mismo año.

Es claro que la intención del demandante al radicar la demanda ante la Personería Distrital era la de presentarla en tiempo y por esa razón radicó el escrito antes de que operara el fenómeno de la caducidad y solicitó a la Personería Distrital que remitiera la demanda una vez se levantara el cese de actividades de la rama judicial.

Ahora bien, aunque no existe una norma que establezca ante qué autoridad se debe interponer la demanda en el caso de cese de actividades de la rama judicial, el demandante debió acatar el criterio fijado por la jurisprudencia de esta corporación, que encuentra asidero legal en el artículo 62 del régimen municipal y político(11), según el cual en casos de cese de actividades de la rama judicial el término de caducidad se extiende hasta el día hábil siguiente a aquel en que se reinician las actividades, como se puede colegir de la jurisprudencia antes citada.

Esta interpretación no solo garantiza el derecho de acceso a la administración de justicia, sino que da prevalencia al derecho sustancial sobre las formas jurídicas y, mantiene el equilibrio en las cargas procesales que tienen las partes.

Sin embargo y, precisamente para hacer efectivo ese derecho fundamental y, teniendo en cuenta la situación excepcional por la que atravesó la rama judicial entre el 22 de octubre y el 23 de noviembre de 2012, se tendrá como fecha de presentación de la demanda el 26 de octubre de 2012, esto es, el día en que el demandante radicó ante la Personería Distrital la solicitud de remitir el escrito contentivo de la misma al Tribunal Administrativo de Cundinamarca una vez se normalizara la prestación de los servicios en esa corporación.

En todo caso, la sala aclara que no corresponde a las personerías municipales o al Ministerio Público en general, recibir o radicar las demandas que en ejercicio de un medio de control formulen las personas con la finalidad de poner en movimiento el aparato de administración de justicia para que dirima ciertos conflictos.

Por otra parte y, como bien lo señala la sociedad demandante, el trámite de envío de la demanda de la Personería de Bogotá al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, escapa de su control, por lo tanto, las consecuencias que haya traído la demora en la remisión de la demanda no se le pueden endilgar a esta, pues harían nugatorio su derecho de acceso a la administración de justicia.

En conclusión, los argumentos formulados en el recurso de apelación por la parte demandada en este proceso, no están llamados a prosperar, razón por la que se confirmará la decisión tomada por la magistrada ponente en la audiencia inicial celebrada en el proceso de la referencia el 30 de mayo de 2013.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

CONFÍRMASE la decisión tomada por la magistrada ponente en la audiencia inicial celebrada en el proceso de la referencia.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(4) Sobre este tema y en el mismo sentido también se pueden consultar las providencias proferidas por distintas secciones del Consejo de Estado en los expedientes distinguidos con los siguientes números de radicación 27001-23-31-000-2009-00093-01; 68001-23-31-000-2006-02351-01; 11001-23-25-000-2010-00160-00; 68001-23-33-000-2013-00341-01; 25000-23-36-000-2013-00525-01.

(5) Folio 65.

(6) Folios 104 y 105.

(7) Folio 107.

(8) El 23 de noviembre de 2012 fue viernes.

(9) Folio 105.

(10) http://www.personeriabogota.gov.co/servicios/requerimientos-ciudadanos.

(11) Ley 4ª de 1913. ART 62.—En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil.